Amazon llegó a España hace 15 años para vender libros por internet y ya tiene miles de empleados, decenas de instalaciones y una enorme infraestructura tecnológica detrás. De hecho, una parte cada vez más importante en este negocio ya no se encuentra en las compras que hacemos desde casa, sino en los centros de datos y la inteligencia artificial. El 15 de septiembre de 2011, pocos minutos después de abrir Amazon.es, un cliente de Murcia hizo el primer pedido de la compañía en España: un ejemplar del Código Penal.Desde entonces, aquel pequeño catálogo de libros se ha convertido en una plataforma que reúne comercio electrónico, logística, dispositivos y servidores en la nube e inteligencia artificial. La compañía de Jeff Bezos informa de que en estos 15 años ambos han invertido más de 25 millones de euros en España y actualmente cuenta con más de 30.000 empleados fijos y su red incluye alrededor de 40 instalaciones logísticas, oficinas en Madrid y Barcelona, dos centros de innovación y más de 20.000 puntos de recogida. De hecho, este año ha abierto su primer centro de distribución en España, en Zaragoza, y tiene prevista una nueva estación logística en Paterna.Amazon se transforma por completo con AWSDurante el año pasado, Amazon entregó en España más de 190 millones de artículos en el mismo día o al día siguiente a clientes Prime, su cifra más alta hasta la fecha. Como bien sabemos, Amazon ya no solo es una tienda, sino que también desarrolla dispositivos como el Kindle, Echo y Alexa, la cual comenzó a funcionar en español en 2018.Ahora, una de las grandes apuestas se encuentra en Amazon Web Services (AWS), su división de servicios de la nube. Esta es la infraestructura que permite a empresas almacenar datos, ejecutar aplicaciones y utilizar tecnologías de IA sin tener que construir centros de datos. Aragón ocupa un lugar importante con la región AWS Europa inaugurada en noviembre del 2022. Cuenta con tres zonas de disponibilidad repartidas entre Zaragoza y Huesca.El pasado mes de marzo, Amazon anunció que elevaría hasta los 33.700 millones de euros la inversión en España para ampliar esta infraestructura de centros de datos e impulsar la inteligencia artificial. De dicha cantidad, 15.700 millones corresponden a la región de Aragón. Además de que también prevén construir en la misma comunidad autónoma instalaciones para la fabricación, reparación y reciclaje de servidores de inteligencia artificial.Así que, quince años después de aquel primer pedido, Amazon se ha transformado por completo.

Google ha querido comprobar si la inteligencia artificial puede encontrar diferentes formas de conseguir un objetivo y lo ha conseguido. Google DeepMind, el principal laboratorio de investigación y desarrollo de IA de Google, ha realizado un experimento con 100 agentes autónomos basados en Gemini 3.1 Pro. La idea era ponerlos a trabajar juntos para resolver problemas matemáticos, aunque se produjeron comportamientos muy dispares. Varios descubrieron un atajo para saltarse las reglas y otros agentes denunciaron las trampas, en lugar de seguirles el juego.En el estudio se explica que los agentes debían resolver 71 problemas matemáticos, desde ejercicios relativamente sencillos hasta muy complejos, incluidas algunas conjeturas que ningún humano ha logrado demostrar. Pero antes de comenzar, todos los agentes recibieron las siguientes instrucciones: tenían que realizar demostraciones matemáticas legítimas y cualquier intento de trampa sería detectado y sancionado. Durante la primera hora todo funcionó tal y como estaba previsto y los agentes resolvieron 31 de los 71 problemas, pero todo cambió cuando uno de ellos encontró un fallo en el sistema de comprobar las demostraciones. El error permitía modificar determinadas partes del código para convertir el problema en algo mucho más sencillo, sin tener que demostrarlo. Este descubrimiento se compartió en una biblioteca de conocimiento común y los agentes comenzaron a utilizarlo. Como resultado, en apenas 27 minutos, los otros 34 problemas fueron aceptados mediante este método, aunque poco después los investigadores detectaron diferentes comportamientos entre los agentes:Un 9% utilizaron el fallo.Un 5% empezó resistiéndose, pero terminó haciendo lo mismo al ver que sus compañeros avanzaban más rápido.Un 62% ni siquiera se enteró de que existía esa vulnerabilidad y continuó resolviendo los problemas de forma legítima.Denuncia de las trampas e incluso un boicotSin embargo, sí que hubo un 24% que llamó especialmente la atención. Este conjunto de agentes no solo rechazó las trampas, sino que avisó a sus compañeros a través de un foro y presentó quejas contra quienes habían utilizado el fallo. De hecho, uno de ellos incluso organizó un boicot, amenazando con dejar de enviar demostración hasta que se reconociera que otros habían ‘jugado sucio’.Por desgracia, todo se quedó en nada para los agentes que sí hicieron las cosas bien, porque estos carecían de herramientas para castigar a los infractores y eliminar sus resultados. A modo de conclusión, para DeepMind el experimento demuestra que los conjuntos de agentes necesitarán de mejores sistemas de verificación y mecanismos que les permitan actuar ante este tipo de situaciones.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) está investigando la primera notificación que recibe el organismo en relación con una brecha de datos personales realizada mediante un agente de inteligencia artificial que utilizó «un conocido modelo de lenguaje» del que, por el momento, … no ha trascendido el nombre.
Según un comunicado realizado por la AEPD, el agente de IA, con capacidad para realizar acciones de forma casi autónoma, inició una búsqueda de vulnerabilidades que le permitió acceder al sistema afectado. Una vez dentro, comenzó a buscar nuevas vulnerabilidades en la aplicación, con las que pudo modificar datos personales y acceder a facturas.

«Con carácter previo a ningún tipo de conclusión, hay que señalar que la información disponible procede de la notificación presentada por la organización afectada y deberá ser objeto del correspondiente análisis», remarcan desde la AEPD. La agencia recuerda también que la utilización de un modelo de IA de una empresa conocida no implica «que el modelo o la infraestructura de su proveedor hayan sido comprometidos ni que la herramienta haya sido diseñada para desarrollar actividades maliciosas».

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Rodrigo Alonso

En su lugar, Protección de Datos llama la atención sobre la posibilidad de que un tercero, con fines maliciosos, haya podido utilizar esta tecnología para «encadenar exitosamente distintas fases del ataque» que ahora mismo está siendo investigado.
La utilización de inteligencia artificial en actividades maliciosas no es nueva. Igual que tampoco lo es que un agente de IA lance un ciberataque exitoso contra una empresa. El pasado julio, OpenAI reconoció que algunos de sus modelos de IA más competentes habían encontrado una brecha en el entorno en el que estaban siendo puestos a prueba. Desde allí se habían conectado a la red para, finalmente, lanzar ciberataques exitosos contra varias empresas, entre ellas Hugging Face. Posteriormente otras compañías de inteligencia artificial, como Anthropic y Meta reconocieron que sus modelos habían protagonizado acciones parecidas en los últimos meses.
La AEPD señala que la aparición de agentes de IA representa «un cambio cualitativo» en lo que se refiere a las amenazas existentes en la red: «Un agente puede recibir un objetivo, planificar tareas intermedias, utilizar herramientas, ejecutar código, consultar fuentes, interpretar resultados y modificar su actuación, de forma autónoma, en función de lo que encuentra».
También hace referencia a un documento del Centro Criptológico Nacional en el que se advierte de que «la IA ofensiva se está convirtiendo en una capacidad operativa integrada en campañas reales y recomienda reforzar los controles esenciales, acelerar la gestión de vulnerabilidades, proteger las identidades, controlar la cadena de suministro y gobernar adecuadamente el uso de agentes».

Cambios en los protocolos

La agencia destaca a su vez que el incidente que se investiga «confirma la necesidad de incorporar expresamente los ataques asistidos o ejecutados mediante IA a los análisis de riesgos de los tratamientos. Es decir, no basta con incluir una referencia genérica a ‘malware’, ‘phishing’ o acceso no autorizado, pues esta automatización puede modificar sustancialmente la probabilidad, velocidad y alcance del incidente.
En segundo lugar, la AEPD indica que se deben comenzar «a revisar los tiempos de respuesta»: «Los procedimientos diseñados para ataques ejecutados manualmente pueden resultar insuficientes cuando un agente analiza simultáneamente múltiples activos, prueba distintas vías de acceso y adapta su comportamiento con rapidez».
Finalmente, remarca que la llegada de los agentes de IA capaces de lanzar ciberataques contra empresas «debe impulsar una revisión inmediata de los modelos de seguridad y protección de datos»: «Responsables, encargados y delegados de protección de datos deben prepararse para un escenario en el que la velocidad del ataque será cada vez mayor, pero en el que continuarán siendo decisivos los mismos fundamentos: conocer los tratamientos, minimizar los datos, limitar los accesos, corregir vulnerabilidades, controlar a los proveedores y estar preparados para responder».

Microsoft ha acordado implementar diez principios de seguridad y privacidad para regular el uso de la inteligencia artificial en los colegios. Hace apenas una semana, grandes distritos escolares como Nueva York y Los Ángeles anunciaron suspensiones temporales del uso de herramientas de IA en … las clases para analizar sus riesgos e imponer la seguridad adecuada.
Frente al recelo que muestran familias y docentes respecto al impacto de la tecnología en los menores de edad, la compañía de Satya Nadella ha pactado una serie de reglas, recogidas en la ‘Norma nacional de seguridad y privacidad en materia de IA’, que los centros educativos de Estados Unidos podrán incorporar en sus contratos a partir de noviembre.

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Mercedes Benítez

El pacto se aprobó junto a la Federación Estadounidense de Profesores (AFT, por sus siglas en inglés) y su filial neoyorquina UFT. Ante la falta de un marco legal que regule las herramientas de IA en el ámbito educativo, la iniciativa otorga la responsabilidad de la protección de datos a las tecnológicas.
Así, los centros escolares tendrán unas salvaguardas legales para evitar que los datos personales y privados de los alumnos acaben convertidos en material comercial o de entrenamiento informático, entre otras condiciones.

Medidas de protección para los centros educativos

1.

Prohibición del entrenamiento de la IA con datos de alumnos o docentes.

2.

Minimización de datos desde el diseño, solo recopilan lo necesario.

3.

Los alumnos son los propietarios de sus datos, no pueden venderse ni utilizarse con fines publicitarios o para el desarrollo de productos.

4.

Supervisión humana y explicabilidad para las decisiones difíciles, prohibiendo los «compañeros de IA».

5.

Los proveedores deben mantener sus certificaciones, notificar las infracciones y subsanarlas.

6.

Los datos están cifrados, su acceso está controlado, se someten a pruebas independientes y están amparados por planes de respuesta ante incidentes.

7.

Consentimiento significativo y transparencia para las familias, que recibirán guías claras.

8.

Los productos deben ser accesibles y justos.

9.

Sin ‘feature creep’ ni dependencia de un solo proveedor.

10.

Responsabilidad a largo plazo sobre los datos, que solo se conservarán cuando sea necesario.

La paradoja es evidente. Las compañías que durante años han competido por desarrollar modelos cada vez más potentes son ahora las que empiezan a pedir que la carrera avance con algo más de calma.Dario Amodei, CEO de Anthropic, ha sido el más explícito. Este fin de semana pidió ralentizar el crecimiento de las capacidades de los modelos para que las medidas de seguridad tengan tiempo de avanzar al mismo ritmo. Su propuesta incluye evaluadores externos dentro de los laboratorios, estándares comunes entre las compañías y, en una fase posterior, coordinación entre gobiernos.Sam Altman también ha respaldado unas reglas de seguridad comunes para la llamada IA de frontera. El CEO de OpenAI ha defendido incluso un marco federal, auditorías independientes y controles que puedan retrasar deliberadamente determinados avances. «Ninguna presión competitiva estadounidense debería justificar la imprudencia», ha escrito en X.Eso no significa que las alertas sean una estrategia para proteger su negocio. Los incidentes registrados este verano con modelos de OpenAI y Anthropic muestran que existen problemas de seguridad reales. Pero también es cierto que no todas las empresas parten del mismo lugar si desarrollar IA se vuelve más caro, lento y regulado. Cuantas más exigencias, más difícil es entrar en la carreraCrear uno de los modelos más avanzados del mundo ya está al alcance de muy pocas compañías. Hace falta dinero, enormes centros de datos, chips especializados, energía, investigadores y acceso a grandes cantidades de información. Añadir auditorías constantes, evaluaciones independientes y nuevas obligaciones de seguridad aumenta todavía más ese coste.OpenAI, Google, Anthropic o xAI pueden dedicar equipos enteros a cumplir esos requisitos. Para una compañía pequeña o un nuevo competidor, hacerlo puede ser bastante más complicado.Es un problema conocido en regulación: unas normas diseñadas para controlar a los actores más poderosos pueden terminar convirtiéndose en una barrera para quienes quieren competir con ellos.La OCDE ha advertido ya de riesgos de concentración en el mercado de la inteligencia artificial, especialmente por la dificultad de acceder a elementos esenciales como chips, capacidad de computación y datos. A medida que aumenta el coste de competir en la frontera, esa ventaja de los actores ya establecidos puede crecer. Decidir cómo se controlaHay otro elemento importante. Las grandes compañías no están esperando a que los gobiernos decidan completamente cómo debe regularse esta tecnología: ellas mismas están proponiendo los mecanismos de control.Amodei quiere que los principales laboratorios acuerden estándares comunes y que los evaluadores externos puedan comprobar cómo desarrollan los modelos, no solo analizarlos cuando ya están terminados. Anthropic asegura que permitirá a estos revisores un acceso similar al de determinados empleados de la compañía.Altman plantea algo parecido. OpenAI quiere compartir criterios sobre alineamiento, monitorización y seguridad con el resto de la industria y considera que las empresas pueden empezar a trabajar juntas incluso antes de que exista una nueva legislación. Ese planteamiento tiene una ventaja evidente: puede permitir introducir controles mucho más rápido que un proceso legislativo.Pero también deja a las compañías más poderosas en una posición privilegiada para participar en la definición de qué se considera suficientemente seguro y qué tendrán que hacer sus competidores para demostrarlo.El propio Altman ha advertido este lunes, sin embargo, de la otra cara del problema. Para el responsable de OpenAI, una de las formas en las que el desarrollo de la inteligencia artificial podría «salir muy mal» sería precisamente que demasiado poder quedase concentrado en una sola empresa, persona, laboratorio o país. Frenar los nuevos modelos no significa frenar el negocioHay además una diferencia importante entre desarrollar una nueva generación de inteligencia artificial y explotar comercialmente la que ya existe.OpenAI, Google, Anthropic y xAI disponen ya de modelos capaces de programar, analizar documentos, generar contenido o realizar tareas de forma autónoma. Una ralentización de la carrera por entrenar sistemas todavía mayores no impediría seguir extendiendo los actuales entre empresas y consumidores.Reuters señala que una desaceleración de los llamados modelos de frontera podría incluso desplazar parte del negocio hacia la inferencia, es decir, hacia utilizar masivamente los modelos ya construidos en lugar de gastar cada vez más dinero en entrenar al siguiente.Aunque tampoco todos los gigantes saldrían beneficiados. Un cambio de este tipo podría alterar el enorme negocio de chips y centros de datos construido alrededor del entrenamiento de nuevos modelos y abrir oportunidades a empresas especializadas en ejecutar IA de forma más barata. Y nadie quiere frenar si China sigue acelerandoExiste, finalmente, un límite que los propios responsables de estas compañías reconocen: la competición entre Estados Unidos y China.Amodei propone ralentizar el desarrollo dentro de los países democráticos, pero al mismo tiempo reclama mantener restricciones sobre los chips avanzados que puede comprar China y evitar que las compañías del país asiático accedan fácilmente a tecnología estadounidense. Su objetivo es conservar una ventaja suficiente para poder reducir el ritmo sin perder el liderazgo.Ahí aparece quizá la mayor contradicción de todo este debate: los laboratorios quieren más seguridad, pero ninguno quiere ser el único que levante el pie del acelerador. Por eso, que las grandes tecnológicas puedan beneficiarse de unas normas más exigentes no significa que sus preocupaciones sean falsas. Ambas cosas pueden ocurrir a la vez. La IA puede necesitar controles más fuertes y, al mismo tiempo, esos controles pueden beneficiar especialmente a quienes ya disponen del dinero, la infraestructura y la influencia necesarios para cumplirlos.

La inteligencia artificial ya no se limita a ayudar a los ciberdelincuentes a redactar mensajes fraudulentos o buscar fallos de seguridad. En plena vorágine de las grandes tecnológicas implicadas en la industria pidiendo frenar el desarrollo de esta tecnología, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha comunicado que ha recibido la primera notificación de una brecha de datos personales en la que el ataque habría sido ejecutado mediante un agente de IA conectado a un conocido modelo de lenguaje.Según la información facilitada por la organización afectada, un tercero utilizó este agente para desarrollar las distintas fases del ataque. El sistema comenzó buscando vulnerabilidades en archivos genéricos y consiguió iniciar sesión correctamente en una aplicación.Una vez dentro, continuó examinando de forma autónoma posibles fallos de seguridad. Tras localizar una nueva vulnerabilidad, habría logrado modificar datos personales y acceder a facturas.La AEPD todavía debe analizar el incidenteLa AEPD explica que la información disponible procede de la notificación presentada por la propia organización afectada y que todavía debe analizarse.El organismo no ha identificado a la entidad atacada, el modelo de lenguaje utilizado ni el número de personas afectadas. Tampoco ha detallado qué datos fueron modificados o qué información contenían las facturas consultadas. Detrás del ataque seguiría existiendo una persona que seleccionó el objetivo y puso en funcionamiento el agente, si bien este después actuó de forma autónoma.La Agencia señala además que utilizar un determinado modelo de IA no significa que el propio modelo o la infraestructura de su proveedor hayan sido comprometidos. Tampoco implica que la herramienta estuviera diseñada específicamente para realizar actividades maliciosas.Se trata, por lo tanto, del primer incidente de estas características comunicado oficialmente a la AEPD, lo que no significa que sea el primer ciberataque ejecutado mediante IA que se haya producido en España.Nuevas recomendaciones para las empresasLa AEPD reconoce que una sola notificación no permite afirmar que exista una tendencia generalizada. Sin embargo, considera que el caso demuestra que los ataques apoyados en agentes de IA han dejado de ser únicamente un riesgo teórico.Por ello, recomienda que las organizaciones incorporen expresamente estos ataques a sus análisis de riesgos. Ya no bastaría con contemplar de manera genérica amenazas como el phishing, el malware o los accesos no autorizados, porque la automatización «puede modificar sustancialmente la probabilidad, velocidad y alcance del incidente», subraya la agencia.También aconseja revisar los tiempos de respuesta y prestar una atención especial a las identidades digitales y los permisos de acceso. Si una cuenta dispone de más privilegios de los necesarios, un agente puede utilizarla para recorrer rápidamente diferentes sistemas y alcanzar información sensible.»La supervisión humana continúa siendo imprescindible», concluye la AEPD, pero insiste en que «debe apoyarse en mecanismos de detección, contención y respuesta capaces de operar con la rapidez suficiente».

La Unión Europea fijó el 18 de febrero de 2027 como fecha límite para que los dispositivos portátiles que usamos a diario cambien de forma drástica. Las baterías de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y otros aparatos deberán ser fácilmente extraíbles y reemplazables por cualquier persona.
La medida tiene como objetivo alargar la durabilidad de los aparatos y disminuir el volumen de residuos electrónicos. Sin embargo, hay excepciones que permiten a los fabricantes mantener algunos de sus modelos sellados.

Características que deben tener las baterías

«Toda persona física o jurídica que introduzca en el mercado productos que lleven incorporadas pilas o baterías portátiles garantizará que sean fácilmente extraíbles y sustituibles por los usuarios finales en cualquier momento durante la vida útil del producto», describe el reglamento de la UE.
Además, la normativa define los requisitos técnicos que deberán cumplir las baterías de los dispositivos comercializados en nuestro territorio:

Herramientas de uso común: la extracción debe poder realizarse con herramientas comerciales habituales, si el dispositivo necesita un utensilio específico, el fabricante tendrá que suministrarlo de forma gratuita junto al producto o repuesto.

Sin calor ni disolventes: está prohibida la necesidad de emplear energía térmica, disolventes o pistolas de calor para despegar la pila de la placa base.

Prohibición de bloqueos por software: no puede haber trabas informáticas ni emparejamiento por piezas.

Cinco años de recambios: las empresas deberán poner a la venta baterías de repuesto durante, al menos, cinco años desde que el modelo deje de comercializarse, a un precio razonable y no discriminatorio.

Manuales digitales permanentes: el dispositivo deberá ir acompañado de instrucciones claras sobre el proceso de cambio y seguridad, disponibles de manera permanente y pública en un sitio web.

Decenas de personas que protestaban contra la represión de las personas LGTB+ en Turquía fueron detenidas este martes en Estambul.Los manifestantes reunidos ante el Palacio de Justicia de Caglayan, en la orilla europea de Estambul, fueron rodeados y posteriormente detenidos por la policía turca … después de negarse a dispersarse.

«¡Viva la lucha por la libertad!», «¡A pesar del odio, viva la vida!», «¡Liberen inmediatamente a los detenidos!», corearon los manifestantes, que sostenían una pancarta en la que se podía leer «Ser LGBT+ y organizarse no es un delito».

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José Luis Fernández

«Mientras tantos delitos graves quedan impunes, el Gobierno lleva a cabo ahora operaciones contra activistas LGTB+. Estas personas no han cometido otro delito que ser quienes son y defender sus derechos o los de los demás», dijo a la AFP Zeynep, una manifestante de 44 años que se negó a dar su nombre completo.
El partido prokurdo DEM, esencial en el proceso de paz entre Ankara y los combatientes kurdos del PKK, denunció la redada contra personas LGBT+. «El lenguaje de la paz no puede ir acompañado de la represión», escribió el DEM en la red social X.
El domingo decenas de personas fueron detenidas por la policía turca en bares gays y en los domicilios de activistas LGTB+, por «obscenidad», «ayuda a la prostitución» o «vínculos financieros con el extranjero».

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Además, numerosas cuentas en redes sociales fueron bloqueadas en el marco de unas operaciones denominadas «Mi familia está a salvo».
El ministro turco de Justicia, Akin Gürlek, prometió continuar esta campaña, haciendo oídos sordos a las preocupaciones, entre ellas de la Unión Europea.

La confesión final de Alex Saab ante la Justicia de Estados Unidos pone al descubierto una amplia trama internacional de corrupción y blanqueo que durante años movió dinero procedente de Venezuela mediante empresas pantalla, testaferros y cuentas bancarias en numerosos países. Pero los documentos … presentados en Miami tienen un alcance mayor que los delitos que ahora reconoce el antiguo operador financiero del chavismo: Saab entrega a los fiscales un mapa de sociedades, bancos, intermediarios y movimientos de fondos y, a cambio de una posible reducción de condena, se compromete a cooperar plenamente en otras investigaciones criminales.
Esa información puede resultar especialmente valiosa allí por donde pasó el dinero. En EE.UU. siguen abiertas distintas investigaciones sobre la corrupción del régimen de Nicolás Maduro y sus operadores, pero el rastro financiero del chavismo se ha investigado también durante años en Europa y otros países. España es uno de ellos. El caso Plus Ultra, en el que está investigado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ilustra precisamente hasta dónde puede llegar esa cooperación internacional: parte de los indicios utilizados por los investigadores españoles procede del teléfono del empresario venezolano y antiguo principal accionista de la aerolínea Rodolfo Reyes, cuyo contenido fue extraído en Miami en 2021 y posteriormente remitido a España.

Los hechos que Saab admite como ciertos describen un sistema que comenzó en 2015 con el pago de sobornos para conseguir contratos públicos del programa de alimentación CLAP. Saab y su socio Álvaro Pulido aparecen como los «principales organizadores y líderes» de una trama que utilizaba empresas pantalla, facturas falsas, documentos de transporte fraudulentos y testaferros. Según la confesión, algunos contratos no se cumplían íntegramente y el entramado permitió apropiarse de cientos de millones de dólares. El sistema prosperó, admite Saab, gracias a la «aprobación, participación y protección» de algunas de las autoridades de mayor rango del Gobierno venezolano.

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David Alandete

La confesión llega a admitir el soborno directo. Saab reconoce que se reunió con un alto funcionario venezolano, identificado por la Fiscalía únicamente como «Funcionario 1», obtuvo su autorización para desarrollar la trama y realizó pagos dentro y fuera de Venezuela a cambio de su «apoyo y protección». También acordaron utilizar a un tercero como testaferro para recibir pagos ilegales en nombre de ese funcionario. En otro episodio, Saab pactó aproximadamente 17 millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales para José Gregorio Vielma Mora a cambio de su influencia en la adjudicación de contratos.
Después venía el sistema blanqueo, y Saab admite haberse beneficiado en unos 195 millones de dólares de al menos seis contratos y reconoce movimientos de fondos a través de Antigua, Bulgaria, Liechtenstein, Islas Marshall, Montenegro, Suiza, Turquía, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. En Bulgaria y Liechtenstein, él y Pulido recurrieron a una firma financiera suiza para crear sociedades y cuentas destinadas específicamente a ocultar y lavar el dinero.

La red de crudo y oro de Saab

A partir de 2019, el mecanismo cambió de escala. Los conspiradores comenzaron a recibir petróleo, oro y otros recursos naturales venezolanos como compensación por los contratos. Saab admite que la trama organizó buques para recoger, transportar , ocultar y vender millones de barriles de crudo de PDVSA y que parte de los ingresos de esas operaciones pasó después por cuentas bancarias de Estados Unidos. Incluso después de su detención en Cabo Verde en junio de 2020, las operaciones continuaron bajo el liderazgo de Pulido.

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En España, la investigación sobre Plus Ultra no se ha limitado al rescate público de 53 millones de euros. Ha incorporado información procedente de pesquisas internacionales sobre fondos venezolanos, especialmente en Suiza, y ha terminado alcanzando a Rodríguez Zapatero por sus posibles gestiones en favor de la aerolínea. Dos antiguos responsables de Plus Ultra han declarado además que entendieron que una comisión equivalente al 1% de la ayuda, unos 530.000 euros, estaba destinada al denominado «grupo Zapatero». Son indicios bajo investigación, no hechos probados.
Y es precisamente en ese apartado donde la confesión de Saab puede cambiar las cosas. El Departamento del Tesoro ya había situado una transferencia de más de 519.000 dólares de Plus Ultra a una cuenta del banco suizo MBaer dentro de una estructura financiera relacionada con la corrupción de PDVSA. Según FinCEN, esa misma cuenta pagaba a un intermediario que manejaba fondos procedentes de la corrupción petrolera venezolana para varios beneficiarios, entre ellos el propio Saab.
Ahora es ese mismo Saab quien reconoce ante la Justicia estadounidense que su trama se valió de sociedades pantalla, testaferros, cuentas internacionales y operaciones con petróleo de PDVSA para mover y ocultar dinero, y ofrece información al respecto. No significa que la transferencia de Plus Ultra procediera directamente de Saab ni demuestra que la aerolínea formara parte de ese entramado, pero sí abre una vía concreta que antes no existía, cruzar lo que Saab está obligado a contar con las cuentas, intermediarios y movimientos financieros que ya aparecían en la investigación española.

Pero el alcance de esa cooperación dependerá también, en buena medida, de la voluntad de Washington. Que Saab esté obligado a contar todo lo que sabe a los fiscales estadounidenses no significa que esa información vaya a terminar automáticamente en los tribunales de otros países. España tendría que solicitarla por los canales de cooperación judicial y Estados Unidos decidir qué documentos, testimonios o pruebas comparte, sobre todo si forman parte de investigaciones todavía abiertas.

La red de corrupción bajo la lupa

El caso de Alejandro Betancourt muestra bien ese límite. El empresario venezolano está investigado en España por el presunto blanqueo de fondos procedentes de PDVSA y la Audiencia Nacional lleva meses esperando que Estados Unidos atienda una comisión rogatoria para interrogar a cinco testigos considerados esenciales. La circunstancia es especialmente significativa porque, mientras esa petición sigue pendiente, Betancourt se ha convertido en una pieza importante del nuevo entramado petrolero impulsado por Trump en Venezuela: el caso es que su compañía, NABEP, ha recibido derechos sobre 17 campos y el acuerdo otorga a Estados Unidos una participación del 35% en la matriz.
La confesión, además, no se limita a los años en que Saab construyó su fortuna. Tras regresar a Venezuela en diciembre de 2023, después del indulto concedido por Joe Biden, se incorporó oficialmente al Gobierno y, según admite ahora, siguió recibiendo dinero procedente de antiguos contratos CLAP hasta febrero de 2026. Más relevante aún, reconoce que durante ese periodo continuó ayudando y siguiendo instrucciones de funcionarios venezolanos y sus representantes implicados en «otros movimientos ilegales». Su conocimiento de las operaciones financieras del chavismo llega así prácticamente hasta el momento de su nueva caída.

Biden lo indultó. Siguió delinquiendo. La confesión de Alex Saab no se limita a los años en que construyó su colosal fortuna a costa del hambre de los venezolanos. Tras regresar a Venezuela en diciembre de 2023, después del indulto concedido por Biden, se incorporó oficialmente… pic.twitter.com/GPQ8Jk9tXC— David Alandete (@alandete) September 15, 2026
Y además lo conocido ahora es sólo una parte. La Fiscalía advierte expresamente de que el relato firmado por Saab no contiene todos los hechos del caso todavía. Asegura que puede acreditar la trama mediante testigos colaboradores, agentes, correos electrónicos y conversaciones conservadas, documentación empresarial y registros bancarios. Es precisamente ese material, unido a lo que Saab está obligado ahora a revelar, el que puede permitir reconstruir operaciones que hasta ahora aparecían fragmentadas en investigaciones abiertas en distintos países.

El acuerdo obliga a Saab a entregar en máximo 14 días una declaración sobre todos los activos que controla o ha controlado, directa o indirectamente, incluidos los colocados a nombre de su pareja, testaferros o terceros, y a ayudar a localizarlos en cualquier lugar del mundo. A eso se suma la obligación de entregar documentos y registros y de declarar ante grandes jurados o en otros procesos cuando sea requerido. Para los investigadores, eso permitiría contrastar su relato con transferencias y cuentas bancarias y, sobre todo, seguir el dinero más allá de las sociedades que Saab utilizó para tapar su identidad.

La ejecutiva de los Demócratas Suecos (SD), que obtuvieron un 17,6% de los votos en las elecciones de Suecia del pasado domingo, se ha reunido este martes en el edificio del Riksdag (Parlamento) para debatir el «fiasco» respecto a 2022, cuando su … resultado fue de 20,5%. La reunión ha durado cuatro horas y ha sido muy tensa, debido a las críticas que las diversas familias que componen este partido se han lanzado acusaciones unas a otras.
Varios destacados cargos del partido han criticado una campaña electoral que consideraban demasiado «trillada», en la que a su juicio faltaron novedades. A estos disidentes de SD les habría gustado ver un mayor enfoque en temas de inmigración, derecho y política dental, «en lugar de actuaciones con Fröken Snusk, lanzando su propia bebida energética y buscando clips virales», según ha trascendido a medios suecos.

Parte de las críticas procedían de Gustav Gellerbrant, quien se retiró el 6 de septiembre alegando una baja por paternidad, después de haber difundido abundante propaganda prorrusa a través de las redes sociales. Se plegaba con su retirada a la línea defendida por el líder del partido, Jimmie Akesson, que deseaba distanciar las siglas de SD de la orientación moscovita. Gellerbrant ha reprochado que ese paso haya restado votos en el último tramo electoral porque muchos votantes «se han sentido traicionados».

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elecciones en Suecia

Rosalía Sánchez

«Aún no tenemos resultados electorales. Hoy hemos tenido una reunión estratégica muy constructiva y volveremos cuando estén listos los resultados definitivos para comentarlos», se ha limitado a declarar Akesson a la salida de la reunión. Se refería a los votos por correo, cuyo escrutinio será anunciado y sumado al resto de los resultados este miércoles. Dado que las elecciones se han dirimido por muy estrecho margen entre bloques, todavía podrían acarrear alguna sorpresa.
Los líderes del acuerdo Tidö, en el que el SD apoyaba en el Parlamento desde fuera del Gobierno durante la última legislatura, se han reunido este martes en la residencia oficial del todavía primer ministro, el conservador Ulf Kristersson, para discutir los resultados preliminares. La primera en llegar fue la liberal Simona Mohamsson y después la demócrata-cristiana Ebba Busch. Jimmie Akesson también había sido convocado.
«Ahora cada voto cuenta y tenemos que esperar, pero no creo que eso nos impida sentarnos juntos», ha declarado Mohamsson. En la reunión han estado debatiendo los pasos a seguir en diferentes posibles escenarios, aunque sus posibilidades son mínimas, después de que el Partido del Centro haya descartado un acuerdo con ellos. «¿Alguien está sorprendido? ¿Nos sorprende que Centro quiera a Magdalena Andersson como primera ministra? ¿Pero cómo van a juntarse con el resto de la banda?», ha llamado la atención sobre las enormes diferencias de programa entre este partido y el resto.

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Parte de la reunión de Tidö ha versado sobre cómo podrían atraer a Centro a un posible acuerdo y enviar un último mensaje a la líder del partido, Elisabeth Thand Ringqvist. «Creo que los recibiríamos con los brazos abiertos y las manos extendidas. Elisabeth, si quieres que se aprueben políticas no socialistas, somos nosotros a quienes debes apoyar», ha lanzado Mohamsson. »Si acabamos en la oposición, trabajaré y buscaré cooperación por el bien de Suecia. Pero está lejos de terminar la intriga sobre quién formará gobierno», ha mostrado todavía esperanza Busch.
Hasta que se conozcan los resultados completos, DS no quiere responder si está dispuesto a renunciar a cargos ministeriales en un gobierno del bloque de derechas para atraer al Centro al bando de Tidö. Según ha admitido su secretario, Mattias Bäckström, «sin Centro, hará falta un milagro. No parece probable«.

Arabia Saudí prepara el terreno para endurecer su respuesta contra los hutíes y busca respaldo regional. Este martes, los aviones saudíes lanzaron decenas de bombardeos contra posiciones rebeldes, pero no lograron frenar su avance hacia las ciudades de Taiz y Marib. Los hutíes respondieron con … drones y misiles que causaron al menos 13 heridos en tres ciudades de un reino que ve peligrar las exportaciones de crudo debido a la amenaza yemení.
Cuatro días después de suspender las operaciones del oleoducto Este-Oeste por un ataque con drones lanzado desde la vecina Irak por milicias aliadas de Irán, Riad detuvo las cargas de petróleo en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo. Los saudíes, pese al respaldo militar y tecnológico de Estados Unidos, no pueden proteger al cien por cien sus instalaciones petroleras del enemigo.

Si los bloqueos de Teherán y Washington en Ormuz no eran suficiente presión para los mercados energéticos mundiales, el estallido del conflicto en Yemen supone un paso más y el precio del barril ronda los 108 dólares (94 euros). Mohamed Bin Salman (MBS), Príncipe heredero y hombre fuerte del reino, viajó a Egipto para reunirse con el presidente Abdel Fatah al Sisi. Ambos líderes destacaron la importancia de garantizar la seguridad de la navegación tanto en el estrecho de Bab el Mandeb como en el mar Rojo. Al Sisi expresó su apoyo a las medidas adoptadas por Arabia Saudí para proteger su seguridad, según informó la presidencia egipcia. La gran incógnita es saber si Egipto apoyará militarmente a Riad.

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David Alandete

Los hutíes, aliados de Teherán, se hicieron durante el fin de semana con el control de toda la costa del mar Rojo y eso les concede la capacidad de cerrar Bab el Mandeb si lo desean, la puerta de entrada al Canal de Suez. El Ministerio de Exteriores de los rebeldes insistió en que la navegación sigue siendo segura en el estrecho y acusó a los saudíes de intentar «engañar a la comunidad internacional» sobre la situación en esta vía marítima. «Si el mundo desea estabilidad y calma en la región, debe decirle a Arabia Saudí: Basta de interferir en los asuntos de Yemen», señaló el Ministerio hutí. Los medios cercanos al grupo rebelde aseguraron que 85 barcos atravesaron Bab el Mandeb en menos de 72 horas, cifra que según la agencia Saba equivale al 96 por ciento del tráfico normal.
Analistas saudíes como Jameel Altheyabi apuntaron en sus artículos a la república islámica como el gran enemigo en la sombra. «Hacer frente al proyecto iraní-hutí es una necesidad urgente (…) Irán pretende cercar toda la región del Golfo cerrando el estrecho de Ormuz y lanzando ataques con drones y misiles balísticos, mientras al mismo tiempo alimenta la inestabilidad en países árabes como el Líbano, Siria e Irak. También incita a sus aliados y agentes en esos países a socavar los esfuerzos para alcanzar acuerdos, fomentando las tensiones y divisiones sectarias», apuntó Altheyabi en su columna de ‘Saudi Gazette’.

«Hacer frente al proyecto iraní-hutí es una necesidad urgente (…) Irán pretende cercar toda la región del Golfo cerrando el estrecho de Ormuz y lanzando ataques con drones y misiles«

Jameel Altheyabi
Analista saudí

La aparente normalidad en el estrecho yemení contrasta con el bloqueo de Ormuz, donde otro petrolero sufrió una explosión. Los medios oficiales iraníes informaron de que un buque explotó y se incendió después de impactar con minas en el estrecho. La Armada de Omán informó del rescate de 23 marineros y de la puesta en marcha de una operación para la búsqueda de dos tripulantes desaparecidos.

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Antes de que Donald Trump y Benjamin Netanyahu lanzaran la guerra sorpresa contra la república islámica el 28 de febrero, por el estrecho de Ormuz pasaban normalmente unos 125 grandes buques comerciales al día, que transportaban una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo crudo y gas natural licuado. El tráfico se ha hundido y el lunes, según los datos de la compañía de análisis marítimo Kpler, solo cruzaron cuatro cargueros.

El pulso de EE.UU. con Teherán

Trump afirmó que los iraníes quieren un acuerdo «rápida y desesperadamente», pero esa no es la sensación que transmite Teherán, que rechazó retomar conversaciones con Estados Unidos hasta que cumpla lo acordado en el memorando de entendimiento firmado en junio. Mohsen Rezaei, responsable del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, advirtió contra la posibilidad de dejarse distraer por los mensajes contradictorios de Trump. Rezaei dijo que «lo que está en juego en torno al petróleo y los estrechos ha cambiado. Intentar controlar los daños no detendrá lo que está por venir».
Hay un pulso en todo lo alto entre Trump y Teherán por ver quién aguanta más en la guerra del petróleo. Las sanciones asfixian al régimen islámico, y el bloqueo de los estrechos a los bolsillos de quienes tienen que llenar el depósito de sus vehículos en todo el mundo.

Israel debe permitir la entrada de investigadores internacionales a Gaza para recopilar pruebas de posibles violaciones de derechos humanos después de tres años de bombardeos, indicó el alto comisionado de la ONU Volker Türk ante el hallazgo de cientos de cadáveres bajo los escombros y el temor a que muchos otros sean ocultados por la acción de las excavadoras. «Deben realizarse todos los esfuerzos posibles para documentar e identificar a estas víctimas, preservar la información forense y las muestras biológicas, registrar los lugares donde están enterradas e informar a sus familias», afirmó en un comunicado el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.Según la Defensa Civil Palestina, más de 630 cadáveres y otros restos humanos han sido recuperados bajo los edificios destruidos de Gaza entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, aunque se estima que el número de personas desaparecidas bajo los escombros supera las 8.000. «Me preocupa que los restos recuperados hasta ahora sean solo la punta del iceberg», indicó Türk, quien afirmó que muchas zonas de Gaza donde están desplegadas las fuerzas militares israelíes «siguen siendo arrasadas por las excavadoras, sin ningún respeto por los muertos que permanecen bajo los escombros».El jefe de la oficina del alto comisionado en los Territorios Palestinos, Ajith Sanghai, agregó en rueda de prensa que las acciones de Israel «están haciendo prácticamente imposible cualquier esfuerzo sistemático y a gran escala de búsqueda, recuperación e identificación». En ese sentido, denunció que soldados israelíes están triturando escombros que contienen restos humanos, sin ningún control, y al mismo tiempo bloquean la entrada de maquinaria pesada y de personal capacitado necesarios para operaciones de recuperación a gran escala.Israel también bloquea la entrada de herramientas forenses y de identificación, lo que impide a muchas familias identificar los restos de sus parientes fallecidos, añadió. «Hay un posible riesgo de que se pierdan pruebas necesarias para garantizar que todas las personas responsables de atroces crímenes rindan cuentas, y también se prolonga la angustia de miles de familias que ya viven en un estado permanente de miedo, inseguridad y necesidad», lamentó Sanghai.El responsable de la oficina del alto comisionado en los Territorios Palestinos calculó por otro lado que llevaría diez años completar la recuperación de cadáveres al actual ritmo e incluso más si se tiene en cuenta el tiempo necesario para la identificación de esos cuerpos.

El Tribunal Supremo de EE.UU., con su mayoría conservadora de los últimos años, ha dado un impulso formidable a las políticas de Donald Trump: desde la eliminación en 2022 del aborto como un derecho en todo el país hasta su mano dura en materia … migratoria. Pero también ha frustrado algunas iniciativas esenciales en su segundo mandato, para disgusto del presidente de EE.UU. , que exige al alto tribunal lealtad.
La última bofetada ha sido con una de sus obsesiones en materia electoral: el Tribunal Supremo ha dictado esta semana en contra de las restricciones que Trump ha buscado imponer al voto por correo. 

«Esta no es la gente que yo entrevisté para servir en el Tribunal Supremo», ha protestado Trump este martes en una larga diatriba en su red social, en referencia a los tres jueces conservadores que él nominó y que ahora han actuado en su contra. En su mensaje, también acusa a los jueces de haber sido «intimidados y engañados por la izquierda radical para tomar decisiones que han retrasado a EE.UU. al menos cien años».

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CLAVES DE LATINOAMÉRICA

Emili J. Blasco

La opción del voto por correo se disparó en las presidenciales de 2020 por la pandemia de covid y Trump lo utilizó como justificación de su derrota ante Joe Biden: dijo que perdió por un fraude masivo, en especial con esas papeletas que se envían por correo (ni los tribunales ni las propias autoridades estatales republicanos encontraron evidencias de ese fraude). Desde entonces, limitar el voto por correo es uno de los caballos de batalla de lo que Trump llama la «integridad electoral».
Este año impuso una orden ejecutiva que imponía al Servicio Postal normas restrictivas y logísticamente difíciles de poner en marcha sobre el voto por correo y que ha acabado en una larga batalla legal. Quienes se oponían –organizaciones de derechos civiles, la oposición demócrata, algunos republicanos– lo hacían por considerar que dejaría sin votar a muchos ciudadanos, pero también por el caos que provocaría. A siete semanas de la cita con las urnas, el nuevo sistema de voto por correo no estaba preparado.
La cuestión logística parece haber pesado en los jueces. Uno de los magistrados conservadores nominados por Trump, Brett Kavanaugh, afirmó en un párrafo propio de la decisión que las restricciones podrían ser constitucionales, pero no hay «tiempo razonable» para ponerlas en marcha.

Trump, muy crítico con los jueces

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Trump insistió en su mensaje en que el voto por correo es «totalmente corrupto», un «desastre», el «hazmerreír» del mundo, una «estafa que destruye el país» y que «facilita las trampas de los estúpidos demócratas de izquierda radical» (de forma paradójica, Trump vota siempre por correo; su residencia está en Florida y prefiere no viajar hasta allí en la jornada electoral).
Acusó a los jueces de estar «petrificados por estos demócratas locos y depravados» y de ser «incapaces de mostrar el coraje necesario para salvar a nuestro EE.UU.».
Esta es la tercera gran decisión en contra de Trump del Supremo, después de que el pasado febrero tumbara la gran mayoría de sus aranceles, por haberlo hecho sin contar con la requerida competencia (es una autoridad que la Constitución da al Congreso). Y tras denegarle también su intento de acabar con el acceso a la ciudadanía por nacimiento en el territorio de EE.UU. , recogido en la Constitución.
«El daño que está haciendo a EE.UU. es incalculable y lo saben, es un daño irreparable», protestó.

«Los jueces están petrificados por estos demócratas locos. No muestran el coraje necesario para salvar a nuestro EE.UU.»

Donald Trump
Presidente de Estados Unidos

El Supremo está compuesto por nueve jueces y cuenta con una mayoría fuerte de magistrados de corte conservador: seis de ellos fueron nominados por presidentes republicanos. Entre estos últimos, tres por el propio Trump: además de Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett.
Trump solo ha salvado de la quema a los dos jueces que se opusieron a la decisión de la mayoría: Samuel Alito y Clarence Thomas. De ellos dijo que son «leyendas».
«El tribunal le está costando billones de dólares a EE.UU. con decisiones que son de tal magnitud que no será fácil que el país se recupere o se sane», aseguró Trump. «Este tribunal quedará en la memoria por haber firmado alguna de las decisiones más destructivas, dolorosas y dañinas de la historia de nuestro país».

La Administración Trump ha dado un paso más, y de considerable alcance, en su nueva política petrolera para Venezuela, en un sector que pasa a controlar totalmente. El Departamento del Tesoro acaba de autorizar a empresas estadounidenses a realizar directamente una amplia gama de operaciones … con PDVSA, incluida la comercialización de petróleo venezolano fuera de Estados Unidos. La condición fundamental es que el dinero destinado a personas o entidades sancionadas no llegue directamente a ellas. Quedará depositado en fondos bajo custodia de Washington, en un sistema fiscal aún opaco.
La decisión figura en la nueva licencia general 52C, fechada este lunes, que sustituye a otra aprobada apenas unas semanas antes, el 27 de agosto. La velocidad de los cambios muestra hasta qué punto Washington está desmontando, pieza a pieza, buena parte de las restricciones que durante años aislaron a la industria petrolera venezolana. No elimina las sanciones. Cambia la forma de utilizarlas.

Hasta ahora, buena parte del sistema estaba diseñado para impedir negocios con PDVSA. El nuevo modelo permite hacerlos, pero bajo condiciones estadounidenses.

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David Alandete

La licencia autoriza a compañías constituidas en Estados Unidos antes del 29 de enero de 2025 a realizar operaciones con PDVSA y con empresas controladas al menos en un 50% por la petrolera estatal. También quedan autorizadas las transacciones con el Gobierno venezolano necesarias para desarrollar esos negocios.
El cambio no se limita a llevar petróleo venezolano a refinerías estadounidenses. Las compañías podrán vender crudo y productos petroquímicos de Venezuela a terceros países. En esos casos tendrán que comunicar a los departamentos de Estado y Energía quién compra, qué cantidad, su valor, el destino final y los impuestos o pagos realizados al Gobierno venezolano. El primer informe deberá presentarse diez días después de la primera operación y, después, cada 90 días.
Es una apertura amplia. Pero Washington se guarda totalmente la llave del dinero. La licencia establece que los pagos destinados a personas o entidades bloqueadas, salvo impuestos, permisos y determinadas tasas locales, deberán depositarse en los denominados ‘Foreign Government Deposit Funds’, o en cualquier otra cuenta que determine el Departamento del Tesoro.

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Esos fondos fueron creados por una orden ejecutiva que firmó Trump el 9 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro. Jurídicamente, el dinero continúa perteneciendo a Venezuela. Estados Unidos lo mantiene únicamente bajo custodia. Pero no puede retirarse o transferirse libremente. El secretario de Estado determina qué desembolsos se permiten para fines públicos, gubernamentales o diplomáticos y el Tesoro ejecuta esas instrucciones.

Una medida con varias incógnitas

Queda, sin embargo, una zona todavía poco transparente. Los documentos establecen quién custodia el dinero y quién puede decidir sobre los desembolsos, pero no detallan públicamente cómo se decidirá cada uno de esos pagos ni establecen un sistema independiente de auditoría que permita seguir de manera completa el destino final de los fondos. La orden permite al Tesoro presentar informes periódicos y finales al Congreso, pero no describe una auditoría externa del mecanismo.
La importancia de la nueva licencia se entiende mejor al colocarla junto al acuerdo petrolero que la Administración Trump defendió a comienzos de septiembre y que tiene como protagonista al empresario venezolano Alejandro Betancourt.
Washington ha respaldado una operación alrededor de North American Blue Energy Partners (Nabep), controlada por Betancourt, que afecta a activos con unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas, según las cifras facilitadas por la propia Administración. El Gobierno estadounidense obtendrá un 35% de participación en la expansión de la compañía sin aportar directamente capital público y tendrá derecho a adquirir al coste de producción el 20% del petróleo generado, además de contar con derecho preferente sobre el resto.
La Casa Blanca explicó entonces que aquella operación formaba parte de una estrategia mucho mayor. El objetivo, según altos funcionarios estadounidenses, era atraer capital privado, reconstruir la industria venezolana y, sobre todo, reducir el espacio que durante años ocuparon China y Rusia. Dos semanas después, la nueva licencia empieza a dibujar con más claridad ese modelo.
El Tesoro está creando un marco más amplio para que otras compañías estadounidenses entren en el negocio petrolero venezolano y trabajen directamente con PDVSA. La propia OFAC afirma que sus nuevas licencias buscan facilitar la reinversión de empresas estadounidenses en Venezuela dentro de los objetivos de seguridad nacional de Washington en el hemisferio.

Vetados de beneficio

La licencia excluye las operaciones con personas o compañías de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba. Y establece además que las empresas venezolanas o estadounidenses controladas por personas o compañías chinas, o asociadas con ellas mediante empresas conjuntas, tampoco pueden beneficiarse de esta autorización.
Es prácticamente la traducción normativa de lo que funcionarios de la Administración explicaron cuando defendieron el acuerdo con Betancourt. «¿Queremos que empresas rusas y chinas controlen la riqueza de un país de nuestro continente o queremos que EE.UU., en combinación y asociación con el pueblo venezolano, tenga influencia sobre esos recursos?», dijo entonces uno de esos responsables.

Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba no podrán obtener beneficio del crudo venezolano

Hay límites. La licencia no permite cualquier operación. Siguen restringidas determinadas transacciones con bonos y deuda venezolana, no se desbloquean automáticamente los activos congelados y tampoco pueden utilizarse participaciones del Estado en PDVSA como garantía. CITGO queda expresamente fuera de cualquier modificación de su gobierno corporativo realizada al amparo de esta autorización.
Durante años, Washington utilizó las sanciones para intentar cerrar los mercados al petróleo venezolano y privar al chavismo de su principal fuente de ingresos. Ahora permite que ese petróleo vuelva a circular, favorece la entrada de empresas estadounidenses y abre la posibilidad de venderlo por todo el mundo.

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/farandula/notas/kedward-aviles-representara-a-puerto-rico-en-el-world-food-forum-2026/ El cantante, actor y cantautor puertorriqueño Kedward Avilés continúa su proyección internacional tras ser seleccionado como Anthem …

La Comisión Europea reconoce que el aumento de la rentabilidad de los bonos soberanos a niveles que no se veían desde hace décadas, y que ha resucitado el temor a una crisis de deuda como la vivida durante la pasada crisis financiera, supone un riesgo para la región. «Creo que es evidente para todos que la situación no es buena», ha reconocido la Comisaria Europea de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercado de Capitales, Maria Luís Alburquerque, en un encuentro con la prensa en Estrasburgo. La política portuguesa ha asegurado que ninguna de las señales que llegan de los mercados resulta tranquilizadora, al ser preguntada por la situación de la renta fija y la posibilidad de que la tormenta vaya a más en los mercados financieros.»La inflación está aumentando, los precios de la energía siguen subiendo, las tensiones geopolíticas, las guerras comerciales y la deuda soberana, que se encuentra en niveles muy elevados tras diversos acontecimientos, incluida la Covid, están contribuyendo a un entorno donde los riesgos son mayores que los que teníamos antes», ha asegurado Alburquerque, quien también ha puesto en valor los avances y todo lo aprendido desde la ‘Gran Crisis’.En concreto, ha apuntado a los cambios en la regulación del sector bancario donde, si bien reconoce que queda trabajo por hacer, la UE cuenta con un sistema «mucho más sólido». Ha citado como ejemplos que los bancos estén mejor capitalizados, que la supervisión sea más eficiente y esté más armonizada, así como el hecho de que los Veintisiete cuenten con un Mecanismo Único de Supervisión y con un mecanismo de resolución dotado para hacer frente a posibles necesidades en caso de que alguna entidad esté en problemas. «Diría que estamos mucho mejor preparados para afrontar cualquier crisis que antes», ha zanjado a preguntas de los medios, para incidir en que queda aún trabajo por hacer. Alburquerque ha incidido en que en momentos en los que, como actualmente, gran parte de lo que sucede en el entorno «escapa completamente» al control de los socios europeos y «Europa no puede hacer nada al respecto», los Veintisiete deberían centrarse en avanzar en lo que depende exclusivamente de sí mismos, como profundizar en el mercado único. «Si seguimos trabajando en integrar nuestros mercados para beneficiarnos de la escala europea y convertirnos en un actor capaz de competir en igualdad de condiciones a nivel internacional, estaremos mejor preparados para afrontar cualquier imprevisto», ha dicho. Las palabras de Alburquerque llegan en un momento en el que la rentabilidad del bono español a 10 años supera de nuevo el 4%, situándose en el nivel más alto desde 2013, en plena crisis financiera. Las tensiones en el mercado de deuda -que afectan a EEUU, Alemania o Francia…- responden a que los inversores se muestran más reticentes a financiar a los estados. El motivo es que las principales economías del mundo, también en la Eurozona, están cada vez más endeudadas, acumulan importantes desequilibrios fiscales y los mercados financieros dan por hecho que el mundo se mueve hacia un periodo de tipos de interés altos, puesto que el impacto del conflicto de Oriente Próximo sobre la inflación será más prolongado de lo previsto. Los estados deben dedicar cada vez más recursos al pago de los intereses de la deuda y esto, unido a la incertidumbre política, lleva a los inversores a reclamar intereses más altos para seguir comprando bonos.Hacen falta bancos «realmente grandes» para competir a escala globalAlburquerque trabaja en un plan integral de reforma bancaria y financiera de la Unión Europea para reducir la fragmentación de los mercados nacionales, simplificar la regulación y eliminar las trabas burocráticas a las fusiones transfronterizas, es decir, entre bancos de distintos países de la UE. Preguntada sobre el tamaño ideal que debieran tener estas entidades (durante la pasada crisis financiera llegó a acuñarse la expresión «demasiado grande para caer»), la política lusa ha incidido en que la clave está en cuál se considere su mercado relevante. «No es nuestra tarea definir la escala o el tamaño de un banco», ha defendido, para incidir en que depende de dónde quiera competir, qué tipo de actividades quiera desarrollar y cuáles sean sus objetivos. Si bien, ha dejado claro que «si el mercado relevante es el global, estamos hablando de entidades realmente grandes». Así, ha puesto como ejemplo la dimensión de los principales bancos internacionales estadounidenses. «Nuestro banco más grande representa apenas una pequeña parte del tamaño de cualquiera de los grandes bancos que tenemos en Estados Unidos», ha añadido. La crisis de vivienda y el papel de la bancaAl ser preguntada por el papel que la banca debe jugar en la actual crisis de acceso a la vivienda, Maria Luís Alburquerque considera que hay que entender bien las causas de la crisis actual y ha advertido de que el problema sólo se agravará si se actúa por el lado de la demanda. «La crisis de la vivienda tiene muchos orígenes diferentes, pero uno de ellos es también que no contamos con mercados financieros plenamente funcionales y eficientes», ha detallado.Alburquerque ha recordado cómo desde la pasada crisis financiera y durante un periodo prolongado en el que los tipos de interés estuvieron muy bajos, los inversores buscaron rentabilidad en el ladrillo. A esto se suman factores como el desplazamiento de la población hacia las ciudades, los cambios en la estructura familiar o la falta de mano de obra, entre otros. «No esperaría que la solución al problema viniera del sector financiero, porque ese tampoco es el origen del problema», ha zanjado.

La posibilidad de revivir la pesadilla pandémica que sacudió el planeta en el año 2020 es elevada. La OCDE, una organización que engloba a países de renta alta o media-alta, estima que la probabilidad de vivir de nuevo una pandemia en los próximos 25 años es del 50%. Rojo o negro. Un escenario en el que la economía sufriría otro revés como el que ya se vivió hace siete años. El organismo ha publicado este martes un exhaustivo informe de más de 300 páginas en el que explora el escenario sanitario y económico que supondría una nueva pandemia y los costes de preparación, entre otras materias. La OCDE calcula que, en el caso de España, la aparición de un nuevo patógeno de alcance mundial podría asestar un golpe al PIB del país de entre el 2,1% y el 16,3% en función de la gravedad. Cifras que, traducidas a euros de 2025, implicarían una pérdida de producción de entre 35.000 y 275.000 millones de euros, respectivamente.Los investigadores dibujan cinco arquetipos de posibles pandemias para analizar las consecuencias que podrían tener en la economía. El más leve, sería precisamente una, crisis sanitaria global causada por un patógeno con las características del SARS-CoV-2, con transmisión asintomática, un nivel de gravedad vinculado a la edad y una tasa de mortalidad relativamente reducida. 
En este escenario, el PIB español retrocedería un 2,1% en los primeros nueve meses de contagio en ausencia de medidas de apoyo económico como planes de protección del empleo (tipo ERTE) o medidas para suavizar la política monetaria del BCE. España sería el sexto país de los 50 que analiza la OCDE que sufriría menos impacto en este hipotético caso.Otra de las posibilidades que contempla el informe es una pandemia de un virus con las características del Ébola. Un patógeno con tasas de transmisión bajas, pero casos de gravedad extrema, que pondrían a prueba la capacidad del sistema sanitario de abordar muchos casos críticos. En este escenario, la economía española retrocedería un 2,5% en los primeros compases de la infección, el octavo país con menor caída del medio centenar analizado.El tercer tipo de pandemia que contempla la OCDE es un brote mundial de gripe aviar que fuera capaz de infectar a humanos con altas tasas de hospitalización y mortalidad. En este caso, el PIB español caería un 2,6% en los primeros tres trimestres del episodio, la sexta menor caída de todas. La OCDE apunta a que el incremento de casos documentados de infección en humanos de este tipo de patógenos ha elevado la preocupación de que la próxima pandemia sea de este tipo. 

Los dos escenarios más graves son una pandemia con un patógeno tipo gripe A y otra con una infección global de un virus como el sarampión. En el primero, estaríamos hablando de la expansión de un virus muy transmisible pero con menor gravedad, un ejemplo clásico de pandemia que se extiende rápido. En este escenario, el PIB caería un 5,1% en los primeros compases del contagio.La hipótesis más extrema sería una epidemia mundial de un virus con las características del sarampión. Un patógeno hiperinfeccioso en una población no inmunizada y con una tasa de mortalidad altísima del 20%. En este caso, el PIB nacional sufriría un desplome del 16,2% en los primeros nueve meses. Un hundimiento sin precedentes. Según el informe de la OCDE, los sectores que más sufrirían ante una nueva pandemia serían los que más precisan de la presencia humana. En concreto, señalan el transporte, las manufacturas y los servicios profesionales. El coste de llegar a tiempoAunque el panorama es poco halagüeño, la OCDE estima que el coste que supondría prepararse para una futura pandemia es relativamente bajo. En el caso de España, el organismo estima que bastaría dedicar unos 228 millones de euros al año (el informe habla de 263 millones de dólares ajustados por poder de compra). Es decir, apenas 0,016 puntos de PIB cada ejercicio o unos cinco euros per cápita. El organismo estima que el retorno de la inversión sería «enorme» si se tiene en cuenta las pérdidas que podrían ocasionarse en caso de no actuar. «Frente a pérdidas potenciales de esta magnitud y un riesgo creciente de enfrentarlas en el plazo de una generación, el argumento económico para priorizar las medidas de preparación y respuesta resulta convincente», sostienen.  

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/musica/notas/grupo-frontera-ya-nos-habiamos-tardado-demasiado-en-llegar-a-puerto-rico/ Hace apenas cuatro años los integrantes principales del Grupo Frontera tenían trabajos comunes como ganaderos, vendedores de …

España se anotó un nuevo récord de empleo extranjero el pasado agosto gracias a la regularización de migrantes que ha acometido el Gobierno este año. Los datos de afiliación extranjera a la Seguridad Social que el Ejecutivo ha difundido este lunes reflejan que ya hay 3.551.759 ocupados de de nacionalidad distinta a la española, que suponen un 15,9% de la fuerza de trabajo del país. Una población que ha crecido vertiginosamente desde la pandemia y, en particular, en el último año. Entre 2025 y 2026 la Seguridad Social ha incorporado casi medio millón de empleos extranjeros, lo que supone un incremento del 15,7% en solo doce meses. En ese mismo periodo se han sumado unos 200.000 empleos de personas con nacionalidad española, un aumento del 1,1% que es mucho menor, en buena medida, al tratarse de un grupo sustancialmente más grande. Así, el 71% de todos los cotizantes que ha ganado la Seguridad Social en el último año son extranjeros.Si se toma como referencia la pandemia, España ha incorporado 1,4 millones de afiliados nacidos fuera del país, lo que representa casi la mitad de todo el empleo registrado en ese periodo. Si omitimos 2026, que está muy distorsionado por el efecto de la regularización, el empleo extranjero ha crecido a un ritmo de unos 200.000 cotizantes al año, una velocidad sin precedentes al menos desde antes de la gran crisis financiera de 2008. Para poner estas cifras en contexto, en el periodo anterior de siete años (2012-2019) la afiliación foránea se incremento en 386.000 empleos, casi tres veces más despacio que en la actualidad. Solo este agosto, España ganó 39.535 afiliados extranjeros en un mes en el que lo habitual es que se destruya empleo por el bajón en la actividad económica. De hecho, se trata de la única vez que esto ha sucedido desde que hay registros con la única excepción del año 2020, un dato muy distorsionado por el rebote de actividad tras levantarse el confinamiento estricto por la pandemia. Como es evidente, el efecto de la regularización administrativa de migrantes tiene mucho que ver con las cifras que se están registrando este año. Seguridad Social estima que desde que concluyera el proceso el pasado 30 de junio se han dado de alta 337.917 afiliados extranjeros procedentes de la regularización. Una cifra que, previsiblemente, seguirá aumentando en los próximos meses dado que durante el proceso se recibieron 1,2 millones de solicitudes y aún no se han resuelto todas. Hay que tener en cuenta que, previsiblemente, buena parte de estas afiliaciones son de personas que ya estaban trabajando en la economía sumergida, pero que, al obtener permiso administrativo, empiezan a hacerlo por los cauces legales. Es decir, contribuyendo económicamente al sistema de la Seguridad Social y protegidos también por su paraguas en forma de prestaciones por desempleo, incapacidad temporal o derecho a una pensión futura, por ejemplo.Latinoamericanos y jóvenes, el perfil más habitualLos datos de afiliación de agosto reflejan que los afiliados que más crecieron el mes pasado fueron los procedentes de países latinoamericanos y los más jóvenes. Así, la nacionalidad que más cotizantes ganó fue la colombiana (21.434 empleos más), seguida por la peruana (7.465), la hondureña (3.494) y la paraguaya (3.494). También se incrementaron los afiliados procedentes de Senegal (3.214), de Pakistán (2.431), de China (1.478), de Argentina (1.461), de la India (1.367), Venezuela (1.341), Nicaragua (1.338), Malí (1.183), Bangladés (1.171) o Brasil (1.099).Una imagen a medio plazo da una idea más precisa de qué nacionalidades han contribuido más al tirón del empleo extranjero. Así, si se compara con el agosto del año pasado, los colombianos (116.351), marroquíes (64.020) y venezolanos (44.559) fueron los que más empleos aportaron a la estadística. Seguidos por los peruanos (41.389), paraguayos (19.622), hondureños (17.302), senegaleses (14.031), chinos (11.490), argentinos (10.541) y pakistaníes (10.010). En cuanto a grupo de edad, el número de cotizantes foráneos creció en todos, pero lo hizo especialmente entre los menores de 35 años, que sumaron 22.385 afiliados, algo más de la mitad de todo el aumento registrado en agosto. Tras ellos, aparecen los de edad mediana (35 a 54 años), que sumaron 14.118 cotizantes, y los mayores de 54 años, que apenas ganaron 3.034.

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/television/notas/premios-emmy-2026-donde-ver-la-ceremonia-y-cuales-son-los-favoritos-para-ganar/ En la noche de hoy, lunes, 14 de septiembre el Peacock Theater en Los Ángeles, California, será …

La vuelta de las vacaciones de verano trae hipotecas más caras. El euríbor a doce meses, el índice de referencia del mercado hipotecario, ha repuntado este lunes al 3,3% en tasa diaria -máximos de agosto de 2024- y empuja la media mensual en el 3,109% de manera provisional, niveles no vistos en dos años. El alza en 0,152 puntos con respecto al viernes es el tercero mayor registrado en lo que va de ejercicio. Las otras dos se produjeron en marzo, justo al inicio del conflicto en Oriente Próximo. La subida se produce tras la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del pasado jueves, en la que elevó el precio del dinero en 25 puntos básicos, situando la tasa de referencia en el 2,5%. La intervención de la presidenta del organismo, Christine Lagarde, divide a los analistas entre quienes prevén que habrá más incrementos y quienes apuestan por una pausa en el corto plazo.Lo cierto es que la política francesa no cerró la puerta a otro alza de tasas, aunque sí remarcó su negativa a dar pistas sobre cualquier movimiento a futuro. El avance del euríbor anticipa hipotecas más caras. La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) calcula que el euríbor podría cerrar septiembre en el 3,2%. En caso de confirmarse, una familia que tenga que revisar con una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años con un diferencial de un punto, verá encarecida su cuota en alrededor de 1.000 euros, unos 84 euros más al mes. La cifra es de 756 euros en caso de que la revisión tenga carácter semestral, equivalente a unos 52 euros más al mes. Hace justo un año, este indicador se movía sobre el 2,172%, por lo que de mantener la tendencia, experimentará un salto de alrededor de 100 puntos básicos en comparativa interanual, su mayor incremento desde noviembre de 2023. El estallido de la guerra en Oriente Próximo el pasado 28 de febrero ha dinamitado las previsiones y la hoja de ruta del BCE, que tuvo que adelantar las esperadas subidas de tipos y ha desencadenado una escalada del euríbor, que acumula siete meses consecutivos en ascenso. 
El petróleo por encima de 100 dólares y el bloqueo en las negociaciones para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán apuntan a otra posible subida en diciembre y presiona al euríbor una vez que ha sobrepasado el umbral del 3%. «Su evolución refleja un cambio de expectativas que tiene su origen, principalmente, en la inflación», explica Josep Soler, Fundador y consejero ejecutivo de la Asociación Europea de Asesores y Planificadores Financieros (EFPA) España. Hay que tener en cuenta que el euríbor actúa como termómetro. Sube porque el mercado ha empezado a descontar que el ‘guardián del euro’ moverá ficha de nuevo para evitar una crisis de inflación que empobrecería a los hogares de la eurozona, al mermar todavía más su poder adquisitivo. Sin embargo, este movimiento no es inocuo, dado que encarece el coste de financiarse en la región. Así, no sólo pagarán más quienes ya tienen contratada una hipoteca a tipo variable, sino también quienes opten a nuevos préstamos, dado que la banca irá elevando los intereses para acompasarlos al precio oficial del dinero. En la última actualización de previsiones económicas, el organismo ha mantenido la previsión de IPC en el 3% para 2026, pero ha elevado dos décimas la del año que viene hasta el 2,5% y una décima la de 2028 hasta el 2,1%. A la espera de conocer el avance de precios de septiembre, en agosto el IPC se colocó en el 3,3%. Todo apunta a que en el noveno mes del ejercicio podría ser superior. El encarecimiento no parece frenar el apetito hipotecario, que se encamina a cerrar uno de los mejores ejercicios desde los años de la burbuja inmobiliaria en materia de concesión. Los últimos datos publicados por el Banco de España (BdE) correspondientes a julio arrojan un monto aprobado por valor de 8.078 millones, un nivel que no alcanzaba durante el séptimo mes del ejercicio desde 2008, justo antes de la quiebra de Lehman Brothers. En esta evolución ha contribuido el comportamiento del precio de la vivienda, en zona de máximos históricos.