La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/cultura/notas/entre-la-historia-y-la-ilustracion-fernando-perez-norat-construye-el-universo-de-tropiwhat/ Antes de convertirse en doctor en Historia del Caribe, Fernando Pérez Norat ya había logrado que su …
El Ministerio de Hacienda ha remitido a primera hora de este viernes el esperado borrador con su propuesta de reforma de la financiación a las comunidades autónomas. El departamento que dirige Arcadi España ha hecho llegar a los gobiernos autonómicos el texto que llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 29 de julio en el que se debatirá la propuesta, cuyas líneas principales presentó el Gobierno el pasado enero. El Gobierno insiste en que mantiene su «mano tendida» a todas las comunidades para seguir debatiendo el modelo en las próximas reuniones y traslada que está «abierto al diálogo». Las comunidades autónomas llevaban meses reclamando al Ejecutivo que les enviara un documento en el que se vieran las ‘tripas’ del modelo que presentó María Jesús Montero -predecesora de Arcadi España- el pasado enero. El documento, al que ha tenido acceso La Información Económica recoge los detalles técnicos que ya había adelantado Hacienda en enero.Una vez se discuta la propuesta en el CPFF de finales de julio -que previsiblemente saldrá adelante porque el Gobierno tendría suficiente con el más que probable voto a favor de Cataluña-, el Ejecutivo llevará un texto normativo ya articulado a Consejo de Ministros después de verano. Superado este trámite, la idea es que la norma llegue rápido al Congreso para que pueda estar aprobada antes de que acabe el año. Algo que se antoja difícil, dado que en este momento el Ejecutivo no tiene garantizados los apoyos parlamentarios suficientes para sacarla adelante. El objetivo es que la ley pueda estar en vigor según empiece 2027. Pero esto no es condición suficiente para que se aplique. Las comunidades que quisieran adherirse al nuevo sistema (es voluntario) tendrían que firmar un acuerdo de aceptación en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales correspondiente. Además, sería necesario que se apruebe una ley de régimen de cesión de tributos del Estado a cada autonomía, que recoja el alcance y las condiciones de dicha cesión. 21.000 millones más para las autonomías… y una alteración sustancial del repartoEn líneas generales, la reforma que pretende el Gobierno cedería unos 21.000 millones de euros que actualmente corresponden al Estado para aumentar la financiación de las comunidades autónomas. De esta forma, se conseguiría que ningún territorio pierda recursos con la actualización del modelo. Este incremento de recursos se lograría mediante una mayor cesión del Estado de los dos grandes impuestos del sistema tributario español: el IRPF y el IVA. Así, el porcentaje cedido en el impuesto a la Renta pasaría del 50% actual al 55%, mientras que el del IVA pasaría del 50 al 56,5%. De igual modo, pasarían a formar parte de los recursos del sistema el impuesto sobre el Patrimonio, el tributo sobre los depósitos bancarios, el juego y los residuos en vertederos. A estos recursos se sumaría también otra aportación del Estado para reducir las diferencias entre las comunidades que reciben más recursos por habitantes y las más perjudicadas por el sistema. Además, se plantea un mecanismo para que las autonomías que lo deseen puedan recibir directamente una parte del IVA que generan las pymes en su territorio, se crea un fondo climático para aportar un extra de financiación a las autonomías del Mediterráneo y un fondo que garantiza que ningún territorio empeora su situación financiera respecto al sistema actual. También se prevé la posibilidad de sustituir el actual sistema de entregas a cuenta, a través del cual el Estado entrega anticipos de la financiación esperada para cada territorio que después liquida dos años después del cierre del ejercicio presupuestario, por uno de transferencia de fondos «inmediata». Sin embargo, el sistema que ha diseñado Hacienda altera sustancialmente el reparto de fondos por habitante en cada territorio. Según estimaciones de Fedea en base a la propuesta del Ejecutivo -que siempre se ha negado a aportar cálculos de financiación por habitante ajustado- Cataluña sería la comunidad que más financiación por habitante ganaría con el nuevo sistema. En concreto, mejoraría sus recursos en unos 500 euros por habitante, pasando de ser la octava comunidad con mayor financiación a la tercera con más recursos, solo por detrás de Baleares y Canarias. La propuesta también mejoraría sustancialmente los recursos que reciben Comunidad Valenciana (496 euros más por habitante), Murcia (468 euros), Baleares (450), Madrid (409 euros), Andalucía (367 euros) o Castilla-La Mancha (301 euros).Sin embargo, las cuatro autonomías que forman el bloque de las autodenominadas ‘infrafinanciadas’ -porque reciben menos recursos por habitante que la media- seguirían estando por debajo del promedio nacional.
El líder de la oposición ha anunciado ante empresarios vascos que, si gobierna, recortará salario y prestaciones a las personas trabajadoras en situación de incapacidad temporal, con acuerdo sindical o sin él. Para justificarlo recurrió a una expresión tan desafortunada como reveladora: calificó el absentismo de «cáncer». El problema es que, cuando se mezclan deliberadamente el absentismo, los permisos retribuidos y las bajas médicas, se acaba trasladando a la opinión pública la idea de que quien enferma constituye un problema económico antes que una persona a la que proteger.No hace falta demasiada imaginación para saber a quién beneficia ese planteamiento. El presidente de la patronal de Castilla-La Mancha se adelantó unos días antes calificando de «memos» a los jóvenes que causan baja por problemas de salud mental porque, según él, «les ha dejado la novia». Pocos recordaron entonces que también dirige una mutua colaboradora con la Seguridad Social. Ahí reside el verdadero debate: hay quienes siguen confundiendo la salud de las personas trabajadoras con una partida de gasto que conviene reducir cuanto antes.»Si de verdad preocupara la salud de los trabajadores, se hablaría de prevención y no de recortes, de reforzar la sanidad pública y reducir las listas de espera, no de sembrar sospechas sobre los partes médicos»Los datos desmontan ese relato. Estar de baja en España no compensa a nadie: los tres primeros días no se percibe prestación alguna y, posteriormente, la cobertura oscila entre el 60% y el 75% de la base reguladora. La negociación colectiva, que la Constitución reconoce y protege y que todo responsable público debería respetar, ha paliado parcialmente esa pérdida de ingresos durante décadas, pero en la mayoría de los casos quien enferma continúa perdiendo salario. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿es razonable que una persona con cáncer, una fractura o pendiente durante meses de una intervención quirúrgica por el colapso de determinados servicios públicos de salud vea además reducido su salario? En el sector del metal, treinta días de incapacidad temporal pueden suponer más de 400 euros de pérdida; en el campo, alrededor del 12% del salario mensual; en los sectores más precarios, varios meses de baja significan miles de euros menos. Nadie escoge enfermar. Lo que sí es una decisión política es penalizar económicamente a quien enferma. Conviene recordar, además, que el supuesto descontrol sencillamente no existe. El artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores permite a las empresas verificar médicamente las situaciones de incapacidad temporal y, cuando existen indicios de fraude, nuestro ordenamiento ya ofrece instrumentos suficientes para combatirlo. «Hay quienes siguen confundiendo la salud de las personas trabajadoras con una partida de gasto que conviene reducir cuanto antes»Las mutuas disponen, desde la reforma de la Seguridad Social de 1994, de amplias facultades de seguimiento y control, una reforma tan lesiva para los derechos de las personas trabajadoras que desembocó en la huelga general convocada contra el Gobierno socialista de la época. En Alemania, por el contrario, la empresa mantiene el 100% del salario durante las seis primeras semanas de baja. Allí nadie plantea que proteger a quien enferma sea un problema para la economía.Por eso, cuando el líder de la oposición habla del «cáncer» del absentismo y determinados dirigentes empresariales califican de «memos» a quienes padecen problemas de salud mental, ambos comparten una misma visión: la enfermedad preocupa únicamente cuando deja de producir beneficios. Ninguno habla de las interminables listas de espera en Traumatología, de que apenas el 5% de las empresas dispone de planes de prevención de salud mental, de que las dieciocho mutuas españolas apenas cuentan con 16 psiquiatras y 70 psicólogos para todo el país, de las cargas excesivas de trabajo, del acoso, del estrés o de las horas extraordinarias que siguen sin pagarse. Hablan del coste económico de la enfermedad. Esa es la diferencia entre gestionar personas y gestionar mercancías.Y existe un riesgo añadido. Este discurso cala especialmente entre una generación que ya soporta salarios insuficientes para emanciparse, enormes dificultades para acceder a una vivienda y una creciente incertidumbre vital. Si además se transmite que quien enferma merece sospecha o incluso castigo económico, el mensaje es devastador: no solo cuesta llegar a fin de mes; también cuesta ponerse enfermo.Si de verdad preocupara la salud de quienes trabajan, se hablaría de prevención y no de recortes, de reforzar la sanidad pública y reducir las listas de espera, no de sembrar sospechas sobre los partes médicos; de actualizar de una vez la Ley de Prevención de Riesgos Laborales —negociada durante diecinueve meses en el diálogo social— y no de anunciar reformas al margen de él. Porque las bajas laborales no se reducen empobreciendo a quien enferma, sino evitando que las personas enfermen. Todo lo demás es, como diría el propio dirigente empresarial, de memos. Pero no precisamente de quienes están de baja.
Golpe de timón en la venta del gran rival de Ryanair en los cielos europeos, la aerolínea de bajo coste easyJet. La firma de inversión estadounidense Apollo Management ha irrumpido en la puja con una propuesta de adquisición por valor de 5.700 millones de libras (6.669 millones de euros) que ha sido avalada por la compañía británica días después de haber aceptado una oferta del fondo Castlelake. La empresa con sede en Luton (Reino Unido), ha afirmado que la oferta de Apollo ofrece a los inversores un «resultado superior» al de la propuesta anterior de la estadounidense Castlelake. Según easyJet, la oferta de Apollo valora la acción en 7,15 libras (8,3 euros), frente a las 6,90 libras (8 euros) por título que hizo Castlelake, firma que llegó a presentar varias ofertas.No obstante, la oferta recibida este viernes por la aerolínea no implica que se haya confirmado un acuerdo definitivo, ya que se ha fijado un plazo límite para Apollo -hasta las 16:00 horas GMT del 7 de agosto- para presentar una oferta en firme por easyJet o desistir de la operación. Con anterioridad, easyJet calificó el interés inicial de Castlelake como «altamente oportunista» en su primera respuesta del 1 de junio porque el interés de adquisición se produjo en un momento en que el precio de sus acciones se había visto afectado negativamente por la preocupación sobre el impacto de la guerra de Irán en el sector aéreo.easyJet emplea a más de 19.000 personas y opera 1.200 rutas en más de 30 países europeos. Tras la información divulgada hoy, las acciones de easyJet subieron un 14% en la Bolsa de Londres hasta 6,70 libras (7,8 euros). Apollo invirtió anteriormente en el sector de la aviación, incluyendo participaciones en Aeroméxico, la aerolínea de bajo coste Sun Country Airlines y el grupo de carga Atlas Air.Fundada como una alternativa de bajo coste a British Airways (BA), la red de la aerolínea ha crecido hasta convertirse en una de las mayores de Europa, pero el precio de sus acciones ha tenido problemas para recuperarse desde la pandemia de la covid-19. Al igual que en el caso de Castlelake, el acuerdo con Apollo necesita el visto bueno de las autoridades regulatorias. Uno de los matices es que easyJet es una aerolínea europea, por lo que, en virtud de la regulación de la Unión Europea (UE), el 51% tiene que estar en manos de una compañía europea.
La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/cultura/notas/imel-sierra-levanta-bandera-ante-posible-eliminacion-de-su-obra-platanal-en-rio-piedras/ El reconocido artista y arquitecto Imel Sierra hizo un llamado al Municipio de San Juan para que …
El Banco Central Europeo (BCE) pone en práctica las lecciones aprendidas en la anterior crisis financiera. El organismo encabezado por Christine Lagarde trató de evitar dar pistas acerca de una posible nueva subida de los tipos de interés en la reunión del pasado junio al considerar que ésta fue una de las enseñanzas extraídas de 2011. En aquel momento, cuando los problemas de deuda soberana ya eran evidentes en algunos países periféricos de la eurozona, entre ellos, España, acometió dos incrementos de tasas antes de verse obligados a retroceder a finales de ese año.»La lección no es que el Consejo de Gobierno no debe subir nunca los tipos de interés cuando existan riesgos para la estabilidad financiera, sino que debe evitar comprometerse de antemano con futuras decisiones de política monetaria», recoge el documento correspondiente a la cita de junio. En concreto, detallan que el incremento en 25 puntos básicos, hasta el 2,25%, mientras se seguían vigilando los riesgos para la estabilidad financiera era «coherente». El movimiento al alza fue el primero que el BCE ejecutaba desde 2023 y se convirtió en la primera institución del G7 en endurecer el precio del dinero tras la crisis en Oriente Próximo, al tiempo que extendían la vigilancia frente al auge de las amenazas inflacionistas. Este mensaje pone de manifiesto hasta qué punto los errores del pasado siguen pesando sobre una nueva generación de responsables de política monetaria. «Dada la persistente y elevada incertidumbre, era importante abstenerse de ofrecer orientaciones sobre la futura trayectoria de los tipos. La comunicación debía ser neutral, sin sugerir que la subida fuera la primera ni que se trate de un hecho aislado. Evitar un compromiso previo podía ayudar a afrontar eficazmente los distintos escenarios relativos a la evolución del choque «, precisan. El curso de los acontecimientos parece haberle dado la razón acerca de esta postura, ya que las hostilidades entre Irán y Estados Unidos han remitido parcialmente y el precio del petróleo se ha desinflado, aliviando parte da presión inflacionista. Si bien el decreto del alto el fuego aboca al mercado a pensar que lo peor ya ha pasado, la reanudación de los ataques en los últimos días ha llevado a los diferentes responsables del BCE al convencimiento de que el trabajo todavía no ha terminado. «Los mercados de tipos de interés también apuntaban a riesgos al alza, aunque la incertidumbre en torno a la trayectoria de la política monetaria se había moderado ligeramente en las semanas previas a la presente reunión y seguía siendo menos acusada que durante el repunte inflacionista de 2022-2023», subrayan. Así, aseguran que la función de reacción del BCE parecía ser «bien comprendida» por los mercados, contribuyendo a contener la volatilidad de los tipos de interés, a la vez que reflejaban la preocupación por los denominados efectos inflacionarios de segunda ronda, avisando de que son «una clara posibilidad» y de que el encarecimiento de la energía se puede traspasar a los precios de otros productos.Cabe recordar que el BCE ha revisado su previsión para los próximos ejercicios. En concreto, prevé un IPC del 3% para 2026, cuatro décimas más; del 2,3% en 2027 (tres décimas más) y del 2% en 2028, frente al 2,1% que proyectaba hace unos meses. El mayor avance de los precios va acompañado de una menor previsión de crecimiento. El escenario de referencia en promedio es del 0,8% en 2026, del 1,2% en 2027 y del 1,5% en 2028. Estas proyecciones se complementan con tres escenarios: uno benigno, otro adverso y un tercero severo, que revelan la elevada incertidumbre existente en el momento actual. «Mientras que los escenarios elaborados en marzo estaban vinculados principalmente a distintas hipótesis sobre la duración de la guerra, los de junio se calibraron utilizando distribuciones de probabilidad implícitas en los mercados para los precios de las materias primas», especifican. En cualquier caso, el BCE destaca que la economía de la eurozona ha resistido mejor de lo esperado.
