¿Cómo alimentar de electricidad a los voraces centros de datos? Aagesen ultima una norma que la enfrenta con industria y renovables
Enviar un whastapp, hacer una compra online, teletrabajar… todas estas acciones y muchas más requieren de la transmisión cada vez más rápida de datos en el entorno digital y de su almacenamiento en los centros de datos, infraestructuras de las que depende también el despliegue de herramientas mucho más complicadas como la Inteligencia Artificial y la capacidad de computación que requiere y en la que la UE va perdiendo de lejos la carrera frente a EEUU y sobre todo China, de acuerdo a un reciente informe del prestigioso Instituto Bruegel. Sin embargo, estas infraestructuras, que el Gobierno considera «imprescindibles para la digitalización de la economía», tienen también una cara b, relacionada con un consumo ingente de electricidad y de agua que el Ministerio para la Transición Ecológica quiere «ordenar» mediante un decreto que ha levantado la oposición entre los inversores en centros de datos, que advierten de la fuga a otros países de proyectos por 66.000 millones de inversión y crearán hasta 2.000 empleos de calidad en los cinco años. Pero también del sector renovable y de los ecologistas. Los primeros creen que los estrictos requisitos relacionados con el consumo de electricidad son «inviables» y los segundos, que «se quedan cortos» en cuanto al control del consumo eléctrico y también de agua.La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, pretende que el alto consumo de electricidad que requieren los centros de datos no tenga un efecto adverso ni para la transición hacia energías renovables ni sobre la factura de la luz todos los consumidores. Mientras que gigantes como Meta, Amazon, Tesla o Microsoft expanden sus centros de datos por el mundo y fijan también los ojos en España, quiere asegurar que la electricidad que consuman no eleve la demanda en el sistema eléctrico hasta el punto de tener que recurrir en mucha mayor medida al gas, que, en el sistema marginalista vigente, encarecería el precio de la luz para todos consumidores. Además, esto supondría un paso atrás en la sustitución de fuentes fósiles por renovables para producir electricidad. Se trata, dice el borrador del decreto en ciernes, de «distinguir los proyectos firmes y viables” en un sector que está demostrando tener mucho interés en España. Su patronal, SpainDC, y el Ministerio coinciden en prever que en 2030 habrá instalados unos 2.500MW de capacidad de computación. De momento, Transición Ecológica añade que hay solicitudes por 12.000MW, «concentradas» además en «pocos territorios», como la Comunidad de Madrid o Aragón, en las que el consumo de estas instalaciones duplicará y triplicará su consumo eléctrico actual.Las condiciones de la polémica»En países como Irlanda, Países Bajos o EEUU, el crecimiento desordenado de los centros de datos ha provocado fuertes incrementos del precio de la electricidad, tensiones por el abastecimiento de agua y un fuerte rechazo social», advierten desde el departamento de Aagesen. Para evitarlo, la norma que espera que vea la luz en breve introduce dos polémicas condiciones que deberán cumplir los centros de datos de más de 1MW en España. La primera, que puedan acreditar que el 80% de la electricidad que consuman cada hora -es decir, de manera casi simultánea- viene de plantas de generación renovable y que estas se hayan creado para ello -es decir, que no supongan una disminución de la generación eléctrica renovable para otros consumos- en los 18 meses anteriores. Los distintos sectores implicados rechazan estas condiciones, por «absolutamente ineficiente», porque no aprovecha los megavatios de electricidad verde que se pierde cada año porque no se pueden consumir en el momento o porque se corre el riesgo de crear una «burbuja» de almacenamiento, según advierten desde APPA Renovables. Diversas fuentes avisan también de que los planes de Aagesen obligarán a multiplicar por tres la generación fotovoltaica, eólica y de baterías solo para los centros de datos, que unido a la falta de red eléctrica para conectarse, daría lugar a que queden aislados en «sistemas eléctricos en miniatura».Como tecnólogos, constructores, de los centros de datos, en Hitachi Energy calculan que las exigencias en materia renovable y de almacenamiento suponen «sobredimensionar» los proyectos hasta el punto de que cuesten «cerca de lo que cuesta el propio centro de datos» y, como la patronal del sector, advierte de que hará que la inversión «termine en otros países». SpainDC cree que el texto actual necesita una reconsideración total, duda incluso de su encaje jurídico y critica que supone de facto cerrar el paso en España a los centros de datos, con perjuicios en particular a los que ya han pedido la conexión a la red y han empezado a invertir en terrenos o equipamiento. «La suma de requisitos puede convertir esta regulación en un veto al sector. El diseño es inviable», denunciaba este viernes en rueda de prensa el presidente de SpainDC, Emilio Díaz.Consulta con ‘agostidad’Estas advertencias e intentos de modificar el decreto confluyeron el viernes pasado, cuando concluyó el plazo para presentar alegaciones al borrador de la norma, en un proceso que también ha provocado malestar entre las partes interesadas también por las formas. El Ministerio para la Transición Ecológica abrió consulta pública el 27 de agosto y dio solo dos semanas, todavía en periodo estival, para presentar comentarios y alternativas, hasta el pasado 4 de septiembre. Tras la protesta de los distintos actores interesados, Aagesen amplió el plazo hasta el viernes 10.Una vez cerrado, la vicepresidenta se ha encontrado con hasta 600 peticiones para matizar o cambiar su propuesta pero, según indicaban fuentes de Transición Ecológica este viernes, de momento se mantiene lo dispuesto en el borrador del decreto por lo que respecta a la obligación de que el 80% del consumo eléctrico de los centros de datos sea renovable «en todas sus horas de funcionamiento» o que se haga mediante acuerdos privados de compra (PPA) o autoconsumos en plantas construidas como mucho en los 18 meses previos.Frente a la disposición a suavizar el decreto que trasciende de otras partes del Ejecutivo, Aagesen afronta con la intención de mantener la «máxima ambición» en el ordenamiento de los centros de datos en España de no cruzar sus líneas rojas, entre las que se encuentra principalmente evitar que acaparen el consumo de electricidad y que este escasee para otros usos. SpainDC mantiene que «la intensidad, acumulación, plazos y penalizaciones» del nuevo régimen lo convierte en «desproporcionado» y que perjudicará la competitividad de España frente al resto de Europa». En el plano energético, APPA Renovables ha pedido flexibilizar los requisitos, de modo que se pase del 80 al 100% de uso de electricidad renovable, pero que el cómputo no sea diario, sino anual inicialmente, aunque luego se pueda ir reduciendo. Esto, apuntan en la mayor asociación del sector renovable, permitiría que los centros de datos aprovechen el 25% de la generación renovable que se pierde todos los años porque no se consume en el momento. En cuanto a las plantas nuevas, plantean elevar el plazo de 18 meses a 36.Agua y soberanía digitalAunque no han levantado tanta polémica, el decreto sobre los centros de datos también incluye requisitos en materia de consumo de agua, para lo que deberán acreditar la máxima categoría dentro de la clasificación europea de eficiencia hídrica.También en materia de «resiliencia y soberanía digital», de modo que tendrán que estar operados por una entidad establecida en la UE, que mantendrá los datos relativos a la operación del centro en territorio comunitario y evitará los accesos de autoridades de terceros países no amparados por el Derecho europeo.Los ecologistas que asesoran a Aagesen también se oponenPor si fuera poca oposición por parte del sector de los centros de datos y del sector renovable, los planes de Aagesen para regular la manera en la que se surten de electricidad y de agua también ha levantado las críticas de los grupos ecologistas, que consideran «insuficientes» las cautelas en materia de electricidad y agua y también para respetar «los límites ambientales y sociales de cada territorio».En un comunicado conjunto, las organizaciones ecologistas que asesoran a Aagesen de manera formal en el llamado G-5 -Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF- y otros colectivos piden límites al consumo de electricidad y agua de estas instalaciones, una decisión sobre «dónde y en qué condiciones» pueden ubicarse, que todo su consumo eléctrico -el 100%- sea renovable y «garantías democráticas», es decir, que «mejorar la transparencia y garantizar una participación pública suficiente y rendición de cuentas antes de autorizar una expansión de esta magnitud».
