La confesión del testaferro de Maduro abre una nueva vía sobre Zapatero y Plus Ultra

La confesión final de Alex Saab ante la Justicia de Estados Unidos pone al descubierto una amplia trama internacional de corrupción y blanqueo que durante años movió dinero procedente de Venezuela mediante empresas pantalla, testaferros y cuentas bancarias en numerosos países. Pero los documentos … presentados en Miami tienen un alcance mayor que los delitos que ahora reconoce el antiguo operador financiero del chavismo: Saab entrega a los fiscales un mapa de sociedades, bancos, intermediarios y movimientos de fondos y, a cambio de una posible reducción de condena, se compromete a cooperar plenamente en otras investigaciones criminales.
Esa información puede resultar especialmente valiosa allí por donde pasó el dinero. En EE.UU. siguen abiertas distintas investigaciones sobre la corrupción del régimen de Nicolás Maduro y sus operadores, pero el rastro financiero del chavismo se ha investigado también durante años en Europa y otros países. España es uno de ellos. El caso Plus Ultra, en el que está investigado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ilustra precisamente hasta dónde puede llegar esa cooperación internacional: parte de los indicios utilizados por los investigadores españoles procede del teléfono del empresario venezolano y antiguo principal accionista de la aerolínea Rodolfo Reyes, cuyo contenido fue extraído en Miami en 2021 y posteriormente remitido a España.

Los hechos que Saab admite como ciertos describen un sistema que comenzó en 2015 con el pago de sobornos para conseguir contratos públicos del programa de alimentación CLAP. Saab y su socio Álvaro Pulido aparecen como los «principales organizadores y líderes» de una trama que utilizaba empresas pantalla, facturas falsas, documentos de transporte fraudulentos y testaferros. Según la confesión, algunos contratos no se cumplían íntegramente y el entramado permitió apropiarse de cientos de millones de dólares. El sistema prosperó, admite Saab, gracias a la «aprobación, participación y protección» de algunas de las autoridades de mayor rango del Gobierno venezolano.

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David Alandete

La confesión llega a admitir el soborno directo. Saab reconoce que se reunió con un alto funcionario venezolano, identificado por la Fiscalía únicamente como «Funcionario 1», obtuvo su autorización para desarrollar la trama y realizó pagos dentro y fuera de Venezuela a cambio de su «apoyo y protección». También acordaron utilizar a un tercero como testaferro para recibir pagos ilegales en nombre de ese funcionario. En otro episodio, Saab pactó aproximadamente 17 millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales para José Gregorio Vielma Mora a cambio de su influencia en la adjudicación de contratos.
Después venía el sistema blanqueo, y Saab admite haberse beneficiado en unos 195 millones de dólares de al menos seis contratos y reconoce movimientos de fondos a través de Antigua, Bulgaria, Liechtenstein, Islas Marshall, Montenegro, Suiza, Turquía, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. En Bulgaria y Liechtenstein, él y Pulido recurrieron a una firma financiera suiza para crear sociedades y cuentas destinadas específicamente a ocultar y lavar el dinero.

La red de crudo y oro de Saab

A partir de 2019, el mecanismo cambió de escala. Los conspiradores comenzaron a recibir petróleo, oro y otros recursos naturales venezolanos como compensación por los contratos. Saab admite que la trama organizó buques para recoger, transportar , ocultar y vender millones de barriles de crudo de PDVSA y que parte de los ingresos de esas operaciones pasó después por cuentas bancarias de Estados Unidos. Incluso después de su detención en Cabo Verde en junio de 2020, las operaciones continuaron bajo el liderazgo de Pulido.

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En España, la investigación sobre Plus Ultra no se ha limitado al rescate público de 53 millones de euros. Ha incorporado información procedente de pesquisas internacionales sobre fondos venezolanos, especialmente en Suiza, y ha terminado alcanzando a Rodríguez Zapatero por sus posibles gestiones en favor de la aerolínea. Dos antiguos responsables de Plus Ultra han declarado además que entendieron que una comisión equivalente al 1% de la ayuda, unos 530.000 euros, estaba destinada al denominado «grupo Zapatero». Son indicios bajo investigación, no hechos probados.
Y es precisamente en ese apartado donde la confesión de Saab puede cambiar las cosas. El Departamento del Tesoro ya había situado una transferencia de más de 519.000 dólares de Plus Ultra a una cuenta del banco suizo MBaer dentro de una estructura financiera relacionada con la corrupción de PDVSA. Según FinCEN, esa misma cuenta pagaba a un intermediario que manejaba fondos procedentes de la corrupción petrolera venezolana para varios beneficiarios, entre ellos el propio Saab.
Ahora es ese mismo Saab quien reconoce ante la Justicia estadounidense que su trama se valió de sociedades pantalla, testaferros, cuentas internacionales y operaciones con petróleo de PDVSA para mover y ocultar dinero, y ofrece información al respecto. No significa que la transferencia de Plus Ultra procediera directamente de Saab ni demuestra que la aerolínea formara parte de ese entramado, pero sí abre una vía concreta que antes no existía, cruzar lo que Saab está obligado a contar con las cuentas, intermediarios y movimientos financieros que ya aparecían en la investigación española.

Pero el alcance de esa cooperación dependerá también, en buena medida, de la voluntad de Washington. Que Saab esté obligado a contar todo lo que sabe a los fiscales estadounidenses no significa que esa información vaya a terminar automáticamente en los tribunales de otros países. España tendría que solicitarla por los canales de cooperación judicial y Estados Unidos decidir qué documentos, testimonios o pruebas comparte, sobre todo si forman parte de investigaciones todavía abiertas.

La red de corrupción bajo la lupa

El caso de Alejandro Betancourt muestra bien ese límite. El empresario venezolano está investigado en España por el presunto blanqueo de fondos procedentes de PDVSA y la Audiencia Nacional lleva meses esperando que Estados Unidos atienda una comisión rogatoria para interrogar a cinco testigos considerados esenciales. La circunstancia es especialmente significativa porque, mientras esa petición sigue pendiente, Betancourt se ha convertido en una pieza importante del nuevo entramado petrolero impulsado por Trump en Venezuela: el caso es que su compañía, NABEP, ha recibido derechos sobre 17 campos y el acuerdo otorga a Estados Unidos una participación del 35% en la matriz.
La confesión, además, no se limita a los años en que Saab construyó su fortuna. Tras regresar a Venezuela en diciembre de 2023, después del indulto concedido por Joe Biden, se incorporó oficialmente al Gobierno y, según admite ahora, siguió recibiendo dinero procedente de antiguos contratos CLAP hasta febrero de 2026. Más relevante aún, reconoce que durante ese periodo continuó ayudando y siguiendo instrucciones de funcionarios venezolanos y sus representantes implicados en «otros movimientos ilegales». Su conocimiento de las operaciones financieras del chavismo llega así prácticamente hasta el momento de su nueva caída.

Biden lo indultó. Siguió delinquiendo. La confesión de Alex Saab no se limita a los años en que construyó su colosal fortuna a costa del hambre de los venezolanos. Tras regresar a Venezuela en diciembre de 2023, después del indulto concedido por Biden, se incorporó oficialmente… pic.twitter.com/GPQ8Jk9tXC— David Alandete (@alandete) September 15, 2026
Y además lo conocido ahora es sólo una parte. La Fiscalía advierte expresamente de que el relato firmado por Saab no contiene todos los hechos del caso todavía. Asegura que puede acreditar la trama mediante testigos colaboradores, agentes, correos electrónicos y conversaciones conservadas, documentación empresarial y registros bancarios. Es precisamente ese material, unido a lo que Saab está obligado ahora a revelar, el que puede permitir reconstruir operaciones que hasta ahora aparecían fragmentadas en investigaciones abiertas en distintos países.

El acuerdo obliga a Saab a entregar en máximo 14 días una declaración sobre todos los activos que controla o ha controlado, directa o indirectamente, incluidos los colocados a nombre de su pareja, testaferros o terceros, y a ayudar a localizarlos en cualquier lugar del mundo. A eso se suma la obligación de entregar documentos y registros y de declarar ante grandes jurados o en otros procesos cuando sea requerido. Para los investigadores, eso permitiría contrastar su relato con transferencias y cuentas bancarias y, sobre todo, seguir el dinero más allá de las sociedades que Saab utilizó para tapar su identidad.