La Unión Europea ha cerrado un acuerdo político sobre la reforma de los derechos de pasajeros tras una década de bloqueo, según la cual se mantendrán los umbrales y tiempos que dan derecho a reclamar una compensación por retraso de un vuelo (entre 250 y 600 euros) y se impide a las aerolíneas cobrar a las familias o personas dependientes un sobrecoste por garantizar asientos juntos, si bien renuncia a proteger el derecho a embarcar con equipaje de mano sin pagar por ello.Los negociadores del Consejo (gobiernos) y del Parlamento Europeo han consensuado un texto común que detalla la reforma y que este mismo viernes ha recibido luz verde en el comité de conciliación que representa a los Veintisiete, primer paso para cumplir el proceso formal que confirme el entendimiento.El apoyo de los Veintisiete ha salido adelante pese al voto en contra de España y Letonia y las abstenciones de Finlandia y Austria, según han indicado fuentes oficiales.El lunes por la tarde será el turno del comité de conciliación del Parlamento Europeo, que deberá someterlo a votación y podría tumbarlo, aunque distintas fuentes europeas y parlamentarias consultadas por Europa Press consideran que el documento es sólido puesto que ha sido redactado entre los equipos de los dos colegisladores.De hecho, uno de los eurodiputados negociadores y excomisario, Virginijus Sinkevicius, ha celebrado ya en redes sociales el visto bueno de los Veintisiete y confiado en que el lunes será aprobado.»Ningún acuerdo es nunca perfecto, pero el acuerdo de los embajadores demuestra por qué el Parlamento peleó tanto: Derechos de los pasajeros más claros, asientos libres para las familias, más protección para las personas con discapacidad, bonos (de compensación) más justos y una mejor protección sobre los billetes de vuelta», ha resumido el eurodiputado de Los Verdes europeos.Entre las claves de la reforma figura conservar los umbrales de compensación por retrasos, cancelación de vuelos o denegación de embarque que los Veintisiete intentaron relajar y la garantía de que a partir de tres horas de retraso el pasajero tendrá derecho a reclamar.Así las cosas, la reforma —que entrará en vigor doce meses después de que concluya su adopción— establece una compensación de 250 euros para todos los vuelos retrasados en rutas de hasta 1.500 kilómetros, de 400 euros para los vuelos intra-UE o de entre 1.500 y 3.500 kilómetros y de 600 euros para el resto de rutas.También queda claro que los pasajeros podrán embarcar sin sobrecoste alguno con un bulto de mano que quepa bajo el asiento en el avión, pero renuncian a proteger el derecho a subir también sin pagar por ello con una maleta de mano en cabina, tal y como avala una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).A cambio, el acuerdo establece la obligación de que el precio que se ofrezca al usuario incluya por defecto el coste de embarcar en cabina con una maleta de mano, en aras de la «transparencia», y quedará la opción para el viajero que viaje sin ella de optar a un descuento en el momento de la compra.Otras claves del acuerdo, según explican fuentes negociadoras, tienen que ver con reforzar los derechos de los pasajeros por ejemplo cuando acepten como compensación un vale en lugar del reembolso, ya que la reforma deja claro que estos bonos no podrán tener fecha de caducidad, ni condiciones inconvenientes.Asimismo quedan prohibidas las tasas por cambios administrativos de nombre o por errores ortográficos y las aerolíneas estarán obligadas a enviar por correo electrónico a los pasajeros que sufran retrasos o cancelaciones con toda la información pertinente para conocer sus derechos y los pasos a seguir para reclamar la indemnización que les corresponda.En cuanto a las familias, el nuevo marco prevé cambios como que las aerolíneas ya no podrán cobrar para garantizar que los menores se sientan junto a sus padres y también deberán garantizar que si viajan con un carrito para bebés puedan depositarlo en la puerta de entrada al avión y recuperarlo en el mismo lugar al finalizar el vuelo.Las personas con movilidad reducida que pierdan un vuelo porque no se les dio la asistencia necesaria para llegar al embarque, tendrán también derecho a pedir compensación por ello.

La reciente comparecencia del dictador Miguel Díaz-Canel, anunciando nuevas «reformas» económicas, llamando a inversores extranjeros y abriendo ciertos espacios a cubanos residentes en el exterior, no debe interpretarse como verdadera apertura. Es otra maniobra tardía, limitada y forzada por las circunstancias.El régimen castro- … comunista no reforma porque crea en la libertad económica. No abre espacios porque respete la iniciativa privada. No convoca a los cubanos del exilio porque reconozca sus derechos. Lo hace porque Cuba se hunde en una crisis terminal, porque las protestas ciudadanas crecen, porque el hambre, la miseria, los apagones y el colapso nacional son imposibles de ocultar, y porque las presiones de Estados Unidos se han intensificado.

Ya ha ocurrió antes. Después de las grandes protestas de julio de 2021, el régimen se vio obligado a permitir las llamadas MIPYMES como válvula de escape ante el descontento popular. No lo hizo por convicción ni por respeto al emprendimiento. Lo hizo para ganar tiempo, aliviar la presión social y proyectar la imagen de que algo estaba cambiando. Ahora repite la fórmula: ante una crisis mucho más profunda, vuelve con reformillas económicas, promesas imprecisas e invitaciones a invertir en una nación donde no existe Estado de derecho.

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Camila Acosta

Cuba no necesita parches. Cuba necesita una profunda reforma económica y una reforma política total. Necesita una economía de mercado real, donde se liberen las fuerzas productivas, se genere riqueza, se creen empleos, se produzcan alimentos, bienes y servicios sin el control asfixiante del Partido Comunista. Necesita que desaparezca el monopolio de la llamada empresa estatal socialista, responsable de décadas de improductividad, corrupción, ineficiencia y ruina.
Las empresas estatales deben pasar al sector privado, a cooperativas verdaderas, a propietarios reales, a emprendedores e inversionistas capaces de producir, competir y responder ante la sociedad.

Cuba necesita una economía de mercado real, donde se liberen las fuerzas productivas, se genere riqueza, se creen empleos, se produzcan alimentos, bienes y servicios sin el control asfixiante del Partido Comunista.

La agricultura cubana, destruida por la colectivización, el abandono y el control estatal, necesita una transformación radical. Las tierras deben ser devueltas a sus legítimos dueños cuando corresponda, y otras entregadas en propiedad plena a campesinos y ciudadanos verdaderamente interesados en hacerlas producir. Quien trabaje la tierra debe tener derecho a ser dueño de ella. Debe poder sembrar lo que desee, vender lo que produzca, importar maquinarias, fertilizantes, semillas, tecnología y todo cuanto necesite. También debe poder exportar libremente, sin intermediarios estatales, sin permisos políticos, sin confiscaciones y sin chantajes.

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Esa es la liberalización que necesita Cuba: completa, profunda e irreversible. No una caricatura de apertura administrada por los mismos responsables del desastre.

Un hombre revisa su viejo Lada de la época soviética mientras el buque ARC Caribe de la Armada colombiana llega a La Habana con ayuda humanitaria.

(AFP)

Un régimen acorralado

La tesis fundamental es clara: el régimen solo concede pequeños espacios cuando se ve acorralado. Y cuando el escenario le resulta más favorable, retrocede. Lo hizo durante décadas. En los tiempos del subsidio soviético, colectivizó la economía, destruyó la propiedad privada, estatizó la agricultura y copió el modelo centralizado de tipo soviético. Cuando cayó el bloque socialista y se quedó sin oxígeno, permitió ciertos trabajos por cuenta propia. Pero cuando comenzó a recibir petróleo, dinero y apoyo político desde la Venezuela chavista, volvió a limitar, perseguir, ahogar y controlar esos pequeños espacios.
Eso mismo intentará hacer ahora si logra sobrevivir a las presiones actuales. Si en el futuro encuentra un nuevo padrino económico, una nueva Unión Soviética, una nueva Venezuela, o cualquier gobierno ideológico dispuesto a subvencionarlo; si consigue vivir de las ayudas de China, Rusia, Vietnam, México u otros aliados políticos; si logra que aumenten los recursos de proyectos de asistencia de la Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Japón, Canadá u otros países occidentales, entonces volverá a cerrar los espacios que hoy promete abrir.
Porque el problema no es solamente económico. El problema es político y estructural. En Cuba no existe independencia de poderes. El sistema judicial depende del Partido Comunista. La Fiscalía, los tribunales, la policía, la Seguridad del Estado y la Asamblea Nacional, responden al mismo mando político. Por tanto, ningún inversionista, ningún emprendedor, ningún campesino y ningún cubano del exilio que decida invertir tendrá garantías reales.

Porque el problema no es solamente económico. El problema es político y estructural. En Cuba no existe independencia de poderes

Aunque el régimen escriba nuevas normas en papeles, esas normas no tendrán valor cuando choquen con la voluntad del poder. En una dictadura de partido único, la propiedad privada siempre está condicionada. El negocio privado existe mientras el régimen lo tolere. La empresa prospera mientras no incomode. El emprendedor avanza mientras no piense libremente, no reclame derechos, no financie causas independientes, no desafíe al poder político.
Por eso estas medidas no representan libertad económica. Representan supervivencia política. Son concesiones calculadas, revocables, condicionadas y vigiladas. No buscan empoderar al ciudadano, sino oxigenar a la dictadura. No buscan reconstruir la nación, sino salvar al régimen.

Cuba necesita garantías

Cuba necesita mucho más que permisos parciales para invertir. Necesita garantías constitucionales, libertad de empresa, propiedad privada plena, independencia judicial, pluralismo político, libertad de prensa, libertad sindical, elecciones libres y separación real de poderes. Sin eso, cualquier reforma económica será una trampa o una ilusión.
El régimen pretende remendar un traje completamente podrido. Pero Cuba no necesita remiendos. Cuba necesita cambiar de sistema y abrir de una vez las puertas a la libertad política y económica.
Mientras quienes destruyeron la nación sigan controlando las reglas del juego, ninguna «reforma» será confiable. Mientras el Partido Comunista conserve el monopolio del poder, toda apertura será reversible. Y mientras no exista libertad plena, el pueblo cubano seguirá siendo rehén de los mismos que provocaron la ruina y ahora pretenden presentarse como solucionadores.
Estas no son reformas, son parches. Y Cuba no necesita parches: necesita libertad.

José Daniel Ferrer

Ex-preso político y activista cubano
José Daniel Ferrer es un conocido opositor cubano que ha pasado al menos 14 años en las cárceles cubanas por denunciar la falta de libertades en la isla. Pertenece al conocido como grupo de los 75, que fueron encarcelados en la Primavera Negra, entre los que había periodistas, activistas y opositores. Tras años negándose a cambiar la cárcel por el exilio, finalmente salió de Cuba el pasado otoño, instalándose en Miami, desde donde sigue su labor para devolver la democracia a su país.

María Isabel Fraga, hija primogénita del expresidente de la Xunta Manuel y fundador de Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne, ha fallecido a los 78 años de edad cuando participaba en un viaje humanitario en la isla africana de Madagascar. La mujer era conocida como Maribel y, según fuentes de su entorno familiar, su círculo cercano está trabajando en los trámites para su repatriación. Por el momento, no ha trascendido a los medios las circunstancias de su muerte y su cuerpo se mantiene en la isla africana a la espera de poder ser repatriado. María Isabel se encontraba en el país africano colaborando sobre el terreno en iniciativas de ayuda y acompañamiento a personas vulnerables.A diferencia de la relevancia pública que alcanzó su padre en la política española, María Isabel optó siempre por una vida discreta y alejada de los focos. Médica de profesión, desarrolló su carrera en el ámbito sanitario y nunca mostró interés por seguir una trayectoria política. Tras su jubilación, centró gran parte de sus esfuerzos en proyectos de carácter social y humanitario, una labor que se convirtió en una de sus principales prioridades.María Isabel era la mayor de los hijos del matrimonio formado por Manuel Fraga y Carmen Estévez. Sus hermanos son Carmen, José Manuel, Ignacio, Adriana y Amalia, esta última incorporada a la familia bajo la tutela del exministro. Mientras Carmen Fraga desarrolló una destacada carrera política como eurodiputada del Partido Popular, María Isabel eligió un camino diferente, marcado por la medicina, la ayuda a los demás y una vida alejada de la notoriedad pública. De hecho, fue una de las personas que más cerca estuvo de su padre durante sus últimos años, ocupándose de sus cuidados antes de su fallecimiento en 2012.La trayectoria política de su padre, Manuel FragaManuel Fraga Iribarne, el padre de la fallecida, nació en noviembre de 1922. Hijo de emigrantes, se formó en Derecho, Política y Economía, y abordó las tres disciplinas en su dilatada trayectoria profesional, pero su gran pasión fue la política, con la que entró en contacto con menos de 30 años al asumir, en 1951, la Secretaría General del Instituto de Cultura Hispánica.Cesó como ministro de Franco en 1969, año del Estado de Excepción marcado por los conflictos universitarios en Madrid y Barcelona, y por movilizaciones obreras. En 1973, se desplazó a Londres para ejercer como embajador de España en el Reino Unido y dos años después, fallecido el dictador, fue designado vicepresidente de Gobierno para Asuntos de Interior y ministro de la Gobernación, hasta julio de 1976, en el primer Gobierno de la Monarquía.Menos de un año después, en marzo de 1977, funda y lidera el partido Alianza Popular (AP), con el que en junio del mismo año concurrió a las primeras elecciones democráticas. En el año 1989, Manuel Fraga impulsó la refundación de AP, que se reconvirtió en el Partido Popular (PP) cuyas riendas dejaría ese mismo año en manos de José María Aznar. Por su parte, decidió regresar a los orígenes y desembarcó en Galicia, concurriendo como jefe de filas del PP gallego a la cita electoral de diciembre de 1989.En estas elecciones, el político alcanzó su primera mayoría absoluta, que le sirvió para desbancar a las fuerzas que habían formado el tripartito dirigido por Fernando González Laxe y convertirse en presidente de la Xunta de Galicia.Al frente del Ejecutivo autonómico se mantuvo durante casi 16 años, puesto que revalidó la mayoría absoluta obtenida en 1989 en las siguientes citas electorales de 1993, 1997 y 2001. En 2005, tras una legislatura marcada por el hundimiento del ‘Prestige’ —en noviembre de 2002— y varias crisis en el seno del Partido Popular de Galicia, volvió a intentarlo y se quedó a un escaño. En enero de 2006, Manuel Fraga cedió el liderazgo del PP gallego al actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y se fue a Madrid como senador, puesto en el que se mantuvo hasta pocos meses antes de su fallecimiento, ocurrido en 2012.