Microsoft ha acordado implementar diez principios de seguridad y privacidad para regular el uso de la inteligencia artificial en los colegios. Hace apenas una semana, grandes distritos escolares como Nueva York y Los Ángeles anunciaron suspensiones temporales del uso de herramientas de IA en … las clases para analizar sus riesgos e imponer la seguridad adecuada.
Frente al recelo que muestran familias y docentes respecto al impacto de la tecnología en los menores de edad, la compañía de Satya Nadella ha pactado una serie de reglas, recogidas en la ‘Norma nacional de seguridad y privacidad en materia de IA’, que los centros educativos de Estados Unidos podrán incorporar en sus contratos a partir de noviembre.

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Mercedes Benítez

El pacto se aprobó junto a la Federación Estadounidense de Profesores (AFT, por sus siglas en inglés) y su filial neoyorquina UFT. Ante la falta de un marco legal que regule las herramientas de IA en el ámbito educativo, la iniciativa otorga la responsabilidad de la protección de datos a las tecnológicas.
Así, los centros escolares tendrán unas salvaguardas legales para evitar que los datos personales y privados de los alumnos acaben convertidos en material comercial o de entrenamiento informático, entre otras condiciones.

Medidas de protección para los centros educativos

1.

Prohibición del entrenamiento de la IA con datos de alumnos o docentes.

2.

Minimización de datos desde el diseño, solo recopilan lo necesario.

3.

Los alumnos son los propietarios de sus datos, no pueden venderse ni utilizarse con fines publicitarios o para el desarrollo de productos.

4.

Supervisión humana y explicabilidad para las decisiones difíciles, prohibiendo los «compañeros de IA».

5.

Los proveedores deben mantener sus certificaciones, notificar las infracciones y subsanarlas.

6.

Los datos están cifrados, su acceso está controlado, se someten a pruebas independientes y están amparados por planes de respuesta ante incidentes.

7.

Consentimiento significativo y transparencia para las familias, que recibirán guías claras.

8.

Los productos deben ser accesibles y justos.

9.

Sin ‘feature creep’ ni dependencia de un solo proveedor.

10.

Responsabilidad a largo plazo sobre los datos, que solo se conservarán cuando sea necesario.

La paradoja es evidente. Las compañías que durante años han competido por desarrollar modelos cada vez más potentes son ahora las que empiezan a pedir que la carrera avance con algo más de calma.Dario Amodei, CEO de Anthropic, ha sido el más explícito. Este fin de semana pidió ralentizar el crecimiento de las capacidades de los modelos para que las medidas de seguridad tengan tiempo de avanzar al mismo ritmo. Su propuesta incluye evaluadores externos dentro de los laboratorios, estándares comunes entre las compañías y, en una fase posterior, coordinación entre gobiernos.Sam Altman también ha respaldado unas reglas de seguridad comunes para la llamada IA de frontera. El CEO de OpenAI ha defendido incluso un marco federal, auditorías independientes y controles que puedan retrasar deliberadamente determinados avances. «Ninguna presión competitiva estadounidense debería justificar la imprudencia», ha escrito en X.Eso no significa que las alertas sean una estrategia para proteger su negocio. Los incidentes registrados este verano con modelos de OpenAI y Anthropic muestran que existen problemas de seguridad reales. Pero también es cierto que no todas las empresas parten del mismo lugar si desarrollar IA se vuelve más caro, lento y regulado. Cuantas más exigencias, más difícil es entrar en la carreraCrear uno de los modelos más avanzados del mundo ya está al alcance de muy pocas compañías. Hace falta dinero, enormes centros de datos, chips especializados, energía, investigadores y acceso a grandes cantidades de información. Añadir auditorías constantes, evaluaciones independientes y nuevas obligaciones de seguridad aumenta todavía más ese coste.OpenAI, Google, Anthropic o xAI pueden dedicar equipos enteros a cumplir esos requisitos. Para una compañía pequeña o un nuevo competidor, hacerlo puede ser bastante más complicado.Es un problema conocido en regulación: unas normas diseñadas para controlar a los actores más poderosos pueden terminar convirtiéndose en una barrera para quienes quieren competir con ellos.La OCDE ha advertido ya de riesgos de concentración en el mercado de la inteligencia artificial, especialmente por la dificultad de acceder a elementos esenciales como chips, capacidad de computación y datos. A medida que aumenta el coste de competir en la frontera, esa ventaja de los actores ya establecidos puede crecer. Decidir cómo se controlaHay otro elemento importante. Las grandes compañías no están esperando a que los gobiernos decidan completamente cómo debe regularse esta tecnología: ellas mismas están proponiendo los mecanismos de control.Amodei quiere que los principales laboratorios acuerden estándares comunes y que los evaluadores externos puedan comprobar cómo desarrollan los modelos, no solo analizarlos cuando ya están terminados. Anthropic asegura que permitirá a estos revisores un acceso similar al de determinados empleados de la compañía.Altman plantea algo parecido. OpenAI quiere compartir criterios sobre alineamiento, monitorización y seguridad con el resto de la industria y considera que las empresas pueden empezar a trabajar juntas incluso antes de que exista una nueva legislación. Ese planteamiento tiene una ventaja evidente: puede permitir introducir controles mucho más rápido que un proceso legislativo.Pero también deja a las compañías más poderosas en una posición privilegiada para participar en la definición de qué se considera suficientemente seguro y qué tendrán que hacer sus competidores para demostrarlo.El propio Altman ha advertido este lunes, sin embargo, de la otra cara del problema. Para el responsable de OpenAI, una de las formas en las que el desarrollo de la inteligencia artificial podría «salir muy mal» sería precisamente que demasiado poder quedase concentrado en una sola empresa, persona, laboratorio o país. Frenar los nuevos modelos no significa frenar el negocioHay además una diferencia importante entre desarrollar una nueva generación de inteligencia artificial y explotar comercialmente la que ya existe.OpenAI, Google, Anthropic y xAI disponen ya de modelos capaces de programar, analizar documentos, generar contenido o realizar tareas de forma autónoma. Una ralentización de la carrera por entrenar sistemas todavía mayores no impediría seguir extendiendo los actuales entre empresas y consumidores.Reuters señala que una desaceleración de los llamados modelos de frontera podría incluso desplazar parte del negocio hacia la inferencia, es decir, hacia utilizar masivamente los modelos ya construidos en lugar de gastar cada vez más dinero en entrenar al siguiente.Aunque tampoco todos los gigantes saldrían beneficiados. Un cambio de este tipo podría alterar el enorme negocio de chips y centros de datos construido alrededor del entrenamiento de nuevos modelos y abrir oportunidades a empresas especializadas en ejecutar IA de forma más barata. Y nadie quiere frenar si China sigue acelerandoExiste, finalmente, un límite que los propios responsables de estas compañías reconocen: la competición entre Estados Unidos y China.Amodei propone ralentizar el desarrollo dentro de los países democráticos, pero al mismo tiempo reclama mantener restricciones sobre los chips avanzados que puede comprar China y evitar que las compañías del país asiático accedan fácilmente a tecnología estadounidense. Su objetivo es conservar una ventaja suficiente para poder reducir el ritmo sin perder el liderazgo.Ahí aparece quizá la mayor contradicción de todo este debate: los laboratorios quieren más seguridad, pero ninguno quiere ser el único que levante el pie del acelerador. Por eso, que las grandes tecnológicas puedan beneficiarse de unas normas más exigentes no significa que sus preocupaciones sean falsas. Ambas cosas pueden ocurrir a la vez. La IA puede necesitar controles más fuertes y, al mismo tiempo, esos controles pueden beneficiar especialmente a quienes ya disponen del dinero, la infraestructura y la influencia necesarios para cumplirlos.

La inteligencia artificial ya no se limita a ayudar a los ciberdelincuentes a redactar mensajes fraudulentos o buscar fallos de seguridad. En plena vorágine de las grandes tecnológicas implicadas en la industria pidiendo frenar el desarrollo de esta tecnología, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha comunicado que ha recibido la primera notificación de una brecha de datos personales en la que el ataque habría sido ejecutado mediante un agente de IA conectado a un conocido modelo de lenguaje.Según la información facilitada por la organización afectada, un tercero utilizó este agente para desarrollar las distintas fases del ataque. El sistema comenzó buscando vulnerabilidades en archivos genéricos y consiguió iniciar sesión correctamente en una aplicación.Una vez dentro, continuó examinando de forma autónoma posibles fallos de seguridad. Tras localizar una nueva vulnerabilidad, habría logrado modificar datos personales y acceder a facturas.La AEPD todavía debe analizar el incidenteLa AEPD explica que la información disponible procede de la notificación presentada por la propia organización afectada y que todavía debe analizarse.El organismo no ha identificado a la entidad atacada, el modelo de lenguaje utilizado ni el número de personas afectadas. Tampoco ha detallado qué datos fueron modificados o qué información contenían las facturas consultadas. Detrás del ataque seguiría existiendo una persona que seleccionó el objetivo y puso en funcionamiento el agente, si bien este después actuó de forma autónoma.La Agencia señala además que utilizar un determinado modelo de IA no significa que el propio modelo o la infraestructura de su proveedor hayan sido comprometidos. Tampoco implica que la herramienta estuviera diseñada específicamente para realizar actividades maliciosas.Se trata, por lo tanto, del primer incidente de estas características comunicado oficialmente a la AEPD, lo que no significa que sea el primer ciberataque ejecutado mediante IA que se haya producido en España.Nuevas recomendaciones para las empresasLa AEPD reconoce que una sola notificación no permite afirmar que exista una tendencia generalizada. Sin embargo, considera que el caso demuestra que los ataques apoyados en agentes de IA han dejado de ser únicamente un riesgo teórico.Por ello, recomienda que las organizaciones incorporen expresamente estos ataques a sus análisis de riesgos. Ya no bastaría con contemplar de manera genérica amenazas como el phishing, el malware o los accesos no autorizados, porque la automatización «puede modificar sustancialmente la probabilidad, velocidad y alcance del incidente», subraya la agencia.También aconseja revisar los tiempos de respuesta y prestar una atención especial a las identidades digitales y los permisos de acceso. Si una cuenta dispone de más privilegios de los necesarios, un agente puede utilizarla para recorrer rápidamente diferentes sistemas y alcanzar información sensible.»La supervisión humana continúa siendo imprescindible», concluye la AEPD, pero insiste en que «debe apoyarse en mecanismos de detección, contención y respuesta capaces de operar con la rapidez suficiente».

La Unión Europea fijó el 18 de febrero de 2027 como fecha límite para que los dispositivos portátiles que usamos a diario cambien de forma drástica. Las baterías de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y otros aparatos deberán ser fácilmente extraíbles y reemplazables por cualquier persona.
La medida tiene como objetivo alargar la durabilidad de los aparatos y disminuir el volumen de residuos electrónicos. Sin embargo, hay excepciones que permiten a los fabricantes mantener algunos de sus modelos sellados.

Características que deben tener las baterías

«Toda persona física o jurídica que introduzca en el mercado productos que lleven incorporadas pilas o baterías portátiles garantizará que sean fácilmente extraíbles y sustituibles por los usuarios finales en cualquier momento durante la vida útil del producto», describe el reglamento de la UE.
Además, la normativa define los requisitos técnicos que deberán cumplir las baterías de los dispositivos comercializados en nuestro territorio:

Herramientas de uso común: la extracción debe poder realizarse con herramientas comerciales habituales, si el dispositivo necesita un utensilio específico, el fabricante tendrá que suministrarlo de forma gratuita junto al producto o repuesto.

Sin calor ni disolventes: está prohibida la necesidad de emplear energía térmica, disolventes o pistolas de calor para despegar la pila de la placa base.

Prohibición de bloqueos por software: no puede haber trabas informáticas ni emparejamiento por piezas.

Cinco años de recambios: las empresas deberán poner a la venta baterías de repuesto durante, al menos, cinco años desde que el modelo deje de comercializarse, a un precio razonable y no discriminatorio.

Manuales digitales permanentes: el dispositivo deberá ir acompañado de instrucciones claras sobre el proceso de cambio y seguridad, disponibles de manera permanente y pública en un sitio web.

Las estafas relacionadas con el fútbol no cesan desde que se popularizaron las IPTV piratas para ver los partidos de forma gratuita, pese a que muchos aficionados tienen contratado un paquete de televisión para acceder a los encuentros por las vías habituales. Como es evidente, recurrir a las plataformas ilegales para ver fútbol gratis requiere extremar las precauciones, ya que además de acceder sin autorización a retransmisiones protegidas por derechos de emisión, pueden exponer los dispositivos y los datos personales a distintas amenazas de seguridad.La experta en ciberseguridad María Aperdador ya advirtió que siempre se debe comprobar el origen y la legitimidad del servicio antes de instalar cualquier aplicación para ver fútbol gratis, debido a que determinadas plataformas pueden ocultar amenazas de seguridad para los usuarios. Además, en este contexto, la Guardia Civil ha alertado que se ha producido un aumento de las estafas relacionadas con las aplicaciones IPTV.Según el vídeo publicado por la Guardia Civil en TikTok, la fuerza de seguridad señala que, con el inicio de la temporada 2026/2027, cada vez son más los usuarios que recurren a estas apps como una alternativa gratuita a los paquetes de televisión para ver los partidos de fútbol. Sin embargo, al descargarse desde tiendas no oficiales, muchas de ellas incorporan un software malicioso que «no se detecta mediante antivirus» y que «se activa en el momento en el que se ejecuta la aplicación bancaria».Esto significa que, al instalar las apps en los dispositivos, muchos usuarios aceptan los permisos que se les solicitan —como el acceso a SMS, notificaciones o contactos— sin leer las condiciones ni ser conscientes del riesgo. Por lo tanto, esto permite a los ciberdelincuentes registrar contraseñas, interceptar códigos de verificación y acceder a cuentas bancarias.Si la persona ha sido estafada, ¿qué pasa?Tras aceptar los permisos, la Guardia Civil relata que las víctimas sufren cargos no autorizados o el vaciado total o parcial de las cuentas, además de la sustracción de contraseñas de correo electrónico, redes sociales y aplicaciones de mensajería.Ante dicho escenario, la fuerza de seguridad recomienda presentar una denuncia —aportando las pruebas disponibles— en dependencias oficiales de la Guardia Civil, descargar apps desde tiendas oficiales, evitar enlaces que prometan ver contenido gratis, revisar los permisos que solicita cada aplicación y desconfiar los mensajes recibidos por redes sociales o plataformas de mensajería que redirigen a páginas ilegales.

Satya Nadella ha fijado un límite claro para el desarrollo de la inteligencia artificial avanzada, sosteniendo que «cualquier iniciativa encaminada a la superinteligencia debe basarse en el principio fundamental de que, si la IA que creamos no ayuda a la humanidad y no está bajo … control humano, no merece la pena llevarla a cabo», como dijo en su perfil de X.
El CEO de Microsoft llamó así a la seguridad y la distribución democrática del poder tecnológico. Dario Amodei, CEO de Anthropic; Sam Altman, CEO de OpenAI, y Elon Musk, CEO de SpaceXAI, también expresaron públicamente su deseo de ralentizar el desarrollo de la IA durante este fin de semana, alegando la pérdida de control de la misma.

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Necesidad de un control externo para la IA

Nadella defendió que la gobernanza de la superinteligencia no debería estar únicamente en las manos de unos pocos actores corporativos y abogó por incorporar a gobiernos, universidades y a la comunidad científica al sector para garantizar un proceso de decisión representativo e inclusivo.
Asimismo, el director ejecutivo de la multinacional respaldó soluciones técnicas como contar con «evaluadores integrados», unas herramientas que pueden verificar de forma continua que los principios de seguridad estén realmente cumpliéndose.
«También debemos acelerar y difundir los beneficios de la IA, de modo que se extiendan ampliamente por todos los países, comunidades y empresas», añadió Nadella, «esto requiere un ecosistema de vanguardia en el que puedan prosperar tanto los modelos cerrados como los de código abierto».

Any pursuit of superintelligence has to be grounded in the core principle that if the AI we build is not helping humanity and under human control, it’s not worth pursuing.We also need to accelerate and spread the benefits of AI, such that they are diffused broadly across…— Satya Nadella (@satyanadella) September 13, 2026

«No puede estar controlado por un puñado de entidades»

El directivo también propuso proteger la autonomía operativa del tejido empresarial frente a los grandes proveedores de tecnología. Nadella advirtió contra el peligro de que las organizaciones desarrollen una dependencia permanente respecto a una única plataforma de IA.
«Toda organización debería poder crear su propio ciclo de aprendizaje continuo o ‘máquina de escalada’, sin depender de ningún proveedor de modelos en concreto, y tener la capacidad de integrar su propio conocimiento en los modelos y los pesos que controla», afirmó.
Además, añadió que «la clave es que esto no puede estar controlado por un puñado de entidades, sino que debe contar con una amplia representación en todo el ecosistema, los países y los ámbitos, incluido el mundo académico».
Como complemento a esta visión, Nadella confirmó que la empresa estadounidense presentará un Código de Conducta que fundamenta los modelos Microsoft AI, con lo que pretende ofrecer libertad de elección y control efectivo a las organizaciones.

Casi desde el lanzamiento de ChatGPT, en noviembre de 2022, algunas de las empresas más punteras en IA han debatido sobre el riesgo de que la inteligencia artificial llegue a descontrolarse y termine suponiendo una amenaza para la humanidad. En los últimos meses, los ciberataques … sufridos por plataformas como Hugging Face y provocados por agentes de IA, así como la alerta lanzada la semana pasada por un trabajador de Anthropic sobre el potencial de esta tecnología para provocar la extinción de la humanidad, han avivado todavía más este tipo de debates.
El último ejemplo llegó este sábado, cuando el CEO de Anthropic, Dario Amodei, publicó un ensayo en el que pidió una desaceleración global del desarrollo de la inteligencia artificial. Rápidamente, Sam Altman, primer ejecutivo de OpenAI, Demis Hassabis, presidente de Google Deepmind, y Elon Musk, de SpaceXAI, se apresuraron a mostrarse de acuerdo.

En el escrito, Amodei se manifestaba preocupado por la posibilidad de que en los próximos «6 a 12 meses» la IA «pueda controlar todo internet» provocando por el camino «cientos de miles de millones de dólares en pérdidas». Para tratar de ponerle solución al problema, Anthropic se ha comprometido a poner a disposición de evaluadores externos toda su tecnología, para que estos verifiquen que la tecnología es segura. Asimismo, se ha invitado «a las empresas de IA de vanguardia en países democráticos» a «coordinarse para establecer estándares de seguridad comunes» que todas deben cumplir, es decir, a que sean las propias ‘startups’ las que creen las normas a partir de las cuales deben regirse. Finalmente, se ha sugerido que «Estados Unidos y otros gobiernos democráticos intenten coordinarse con los gobiernos autoritarios, en la medida de lo posible» para ayudar a reducir los riesgos.

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Sobre el papel, el mensaje que se lanza parece positivo: los gigantes de la IA están tan preocupados por el futuro de esta tecnología y por su efecto en la sociedad que están dispuestas a ralentizarla, a pesar de los efectos que esto puede tener en sus resultados financieros. Sin embargo, numerosos expertos muestran dudas sobre las buenas intenciones de estas compañías, a las que ven especialmente interesadas en autorregularse para evitar el futuro control de gobiernos. También alertan de que si tienen éxito, pueden dificultar que otras empresas más pequeñas se conviertan en una amenaza para su negocio el día de mañana.
«Dejad de fingir que la motivación para reducir la velocidad (en el desarrollo de la IA) es puramente altruista», ha afirmado en sus redes sociales David Sacks, principal asesor de la administración Trump en temas tecnológicos. El experto ha dejado caer, además, que tanto Anthropic como OpenAI cuentan con capacidad para reducir los riesgos por su cuenta: «La forma más sencilla de no crear una superinteligencia -una IA que sería más lista que cualquier humano y que podría acabar convirtiéndose en una amenaza- es que os comprometáis a no crearla. Exigir vuestro marco regulatorio preferido como precio por hacerlo parece un chantaje a la opinión pública y al sistema político». Y no es el único que ve problemas en la propuesta de Amodei.

El asesor de IA de la Casa Blanca, y el CEO de Microsoft han criticado la propuesta de Anthropic de que las empresas se autoregulen

Satya Nadella, CEO de Microsoft, otra de las empresas que más fuerte han invertido en materia de inteligencia artificial, está de acuerdo con la necesidad de que la tecnología avance con «ritmo pausado» para reducir los riesgos. Sin embargo, no considera que la autorregulación sea el camino: «Esto no puede estar controlado por un puñado de actores, sino que tiene que contar con una representación amplia de todo el ecosistema, de distintos países y de distintos ámbitos, incluida la universidad». Lo mismo opina Clément Delangue, director ejecutivo de la plataforma Hugging Face, quien afirmó en X que los problemas de la IA no pueden solucionarse «a puerta cerrada entre un puñado de laboratorios de vanguardia».

Lavado de manos

Josep Curto, director académico del Máster en Inteligencia de Negocios y Big Data en la Universitat Oberta de Catalunya, explica a ABC que, efectivamente, «hay razones para preocuparse» ante el rápido avance de la IA, pero, «hay que diferenciar el riesgo real del ruido mediático».
«No debe preocuparnos un escenario hipotético tipo Terminator o una superinteligencia fuera de control, sino los problemas tangibles que ya están ocurriendo en relación con la IA: la desinformación masiva, el sesgo en los algoritmos, el impacto en la privacidad y la dependencia crítica de sistemas cuyos fallos no comprendemos del todo. La alerta es válida, pero el foco del debate público suele estar desplazado hacia el alarmismo existencial y sistémico», dice el experto.

Las grandes ‘startups’ pueden estar tratando de aumentar la preocupación social para acabar con la competencia

Curto ve en la postura de Amodei, Altman, Hassabis o Musk «una mezcla evidente de intereses que puede cubrir motivos menos altruistas, preocupación genuina e incluso un intento de lavarse las manos» por los problemas que pueda provocar su tecnología: «Mostrarse preocupados es una maniobra clara de relaciones públicas. Les permite lavar su imagen de marca y traspasar la responsabilidad a los gobiernos. Es como decir: ‘Nosotros avisamos del peligro, son las autoridades las que deben regular’. Al final, se trata de una estrategia para cubrirse las espaldas».
Luis Martín, director de soluciones de IA en Llorente y Cuenca, está de acuerdo con este análisis. Además, añade que con la creación de sus propias normas, los gigantes de la IA podrían tratar de dificultar el surgimiento nuevas empresas que compitan con sus modelos. «Cuando pides una ralentización en el desarrollo de la IA y el surgimiento de entes que pongan trabas parece que están intentando poner una barrera de entrada a nuevos jugadores», dice el experto. «Ellos tienen los recursos y el capital para cumplir con la burocracia, mientras que las normas ahogarían a la competencia de código abierto y a las pequeñas startups», completa Curto.

Conseguir inversión

Luego está el componente económico. Jensen Huang, CEO de Nvidia, avisó ya la semana parada durante una conferencia que esperaba que próximamente las empresas desarrolladoras de IA centrada en la ciberseguridad, como OpenAI y Anthropic, tratasen de aumentar la preocupación entre las empresas para que sus productos de seguridad resultasen más atractivos. Un movimiento que también ha visto venir Sergio Álvarez-Teleña, CEO de la empresa de inteligencia artificial SciTheWorld y uno de los mayores expertos en esta tecnología que hay en España. El experto descarta de plano los escenarios apocalípticos que señalan que la IA podría terminar causando la extinción humana «a final de esta década», tal y como alertó la semana pasada un investigador de Anthropic.
«No hay más razones para estar preocupados por esto que por que nos caiga un meteorito encima. Las probabilidades son increíblemente bajas», dice Álvarez-Teleña en conversación con este diario. «La sensación que tengo es que están intentando preocupar a la gente para conseguir más inversión. El mensaje, aunque no sea explícito, es que se invierta en estas empresas, porque se presentan como las únicas que son capaces de solucionar el problema de lo buenos que son en lo suyo», zanja el experto.

El Tribunal Supremo de EE.UU., con su mayoría conservadora de los últimos años, ha dado un impulso formidable a las políticas de Donald Trump: desde la eliminación en 2022 del aborto como un derecho en todo el país hasta su mano dura en materia … migratoria. Pero también ha frustrado algunas iniciativas esenciales en su segundo mandato, para disgusto del presidente de EE.UU. , que exige al alto tribunal lealtad.
La última bofetada ha sido con una de sus obsesiones en materia electoral: el Tribunal Supremo ha dictado esta semana en contra de las restricciones que Trump ha buscado imponer al voto por correo. 

«Esta no es la gente que yo entrevisté para servir en el Tribunal Supremo», ha protestado Trump este martes en una larga diatriba en su red social, en referencia a los tres jueces conservadores que él nominó y que ahora han actuado en su contra. En su mensaje, también acusa a los jueces de haber sido «intimidados y engañados por la izquierda radical para tomar decisiones que han retrasado a EE.UU. al menos cien años».

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CLAVES DE LATINOAMÉRICA

Emili J. Blasco

La opción del voto por correo se disparó en las presidenciales de 2020 por la pandemia de covid y Trump lo utilizó como justificación de su derrota ante Joe Biden: dijo que perdió por un fraude masivo, en especial con esas papeletas que se envían por correo (ni los tribunales ni las propias autoridades estatales republicanos encontraron evidencias de ese fraude). Desde entonces, limitar el voto por correo es uno de los caballos de batalla de lo que Trump llama la «integridad electoral».
Este año impuso una orden ejecutiva que imponía al Servicio Postal normas restrictivas y logísticamente difíciles de poner en marcha sobre el voto por correo y que ha acabado en una larga batalla legal. Quienes se oponían –organizaciones de derechos civiles, la oposición demócrata, algunos republicanos– lo hacían por considerar que dejaría sin votar a muchos ciudadanos, pero también por el caos que provocaría. A siete semanas de la cita con las urnas, el nuevo sistema de voto por correo no estaba preparado.
La cuestión logística parece haber pesado en los jueces. Uno de los magistrados conservadores nominados por Trump, Brett Kavanaugh, afirmó en un párrafo propio de la decisión que las restricciones podrían ser constitucionales, pero no hay «tiempo razonable» para ponerlas en marcha.

Trump, muy crítico con los jueces

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Trump insistió en su mensaje en que el voto por correo es «totalmente corrupto», un «desastre», el «hazmerreír» del mundo, una «estafa que destruye el país» y que «facilita las trampas de los estúpidos demócratas de izquierda radical» (de forma paradójica, Trump vota siempre por correo; su residencia está en Florida y prefiere no viajar hasta allí en la jornada electoral).
Acusó a los jueces de estar «petrificados por estos demócratas locos y depravados» y de ser «incapaces de mostrar el coraje necesario para salvar a nuestro EE.UU.».
Esta es la tercera gran decisión en contra de Trump del Supremo, después de que el pasado febrero tumbara la gran mayoría de sus aranceles, por haberlo hecho sin contar con la requerida competencia (es una autoridad que la Constitución da al Congreso). Y tras denegarle también su intento de acabar con el acceso a la ciudadanía por nacimiento en el territorio de EE.UU. , recogido en la Constitución.
«El daño que está haciendo a EE.UU. es incalculable y lo saben, es un daño irreparable», protestó.

«Los jueces están petrificados por estos demócratas locos. No muestran el coraje necesario para salvar a nuestro EE.UU.»

Donald Trump
Presidente de Estados Unidos

El Supremo está compuesto por nueve jueces y cuenta con una mayoría fuerte de magistrados de corte conservador: seis de ellos fueron nominados por presidentes republicanos. Entre estos últimos, tres por el propio Trump: además de Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett.
Trump solo ha salvado de la quema a los dos jueces que se opusieron a la decisión de la mayoría: Samuel Alito y Clarence Thomas. De ellos dijo que son «leyendas».
«El tribunal le está costando billones de dólares a EE.UU. con decisiones que son de tal magnitud que no será fácil que el país se recupere o se sane», aseguró Trump. «Este tribunal quedará en la memoria por haber firmado alguna de las decisiones más destructivas, dolorosas y dañinas de la historia de nuestro país».

La Administración Trump ha dado un paso más, y de considerable alcance, en su nueva política petrolera para Venezuela, en un sector que pasa a controlar totalmente. El Departamento del Tesoro acaba de autorizar a empresas estadounidenses a realizar directamente una amplia gama de operaciones … con PDVSA, incluida la comercialización de petróleo venezolano fuera de Estados Unidos. La condición fundamental es que el dinero destinado a personas o entidades sancionadas no llegue directamente a ellas. Quedará depositado en fondos bajo custodia de Washington, en un sistema fiscal aún opaco.
La decisión figura en la nueva licencia general 52C, fechada este lunes, que sustituye a otra aprobada apenas unas semanas antes, el 27 de agosto. La velocidad de los cambios muestra hasta qué punto Washington está desmontando, pieza a pieza, buena parte de las restricciones que durante años aislaron a la industria petrolera venezolana. No elimina las sanciones. Cambia la forma de utilizarlas.

Hasta ahora, buena parte del sistema estaba diseñado para impedir negocios con PDVSA. El nuevo modelo permite hacerlos, pero bajo condiciones estadounidenses.

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David Alandete

La licencia autoriza a compañías constituidas en Estados Unidos antes del 29 de enero de 2025 a realizar operaciones con PDVSA y con empresas controladas al menos en un 50% por la petrolera estatal. También quedan autorizadas las transacciones con el Gobierno venezolano necesarias para desarrollar esos negocios.
El cambio no se limita a llevar petróleo venezolano a refinerías estadounidenses. Las compañías podrán vender crudo y productos petroquímicos de Venezuela a terceros países. En esos casos tendrán que comunicar a los departamentos de Estado y Energía quién compra, qué cantidad, su valor, el destino final y los impuestos o pagos realizados al Gobierno venezolano. El primer informe deberá presentarse diez días después de la primera operación y, después, cada 90 días.
Es una apertura amplia. Pero Washington se guarda totalmente la llave del dinero. La licencia establece que los pagos destinados a personas o entidades bloqueadas, salvo impuestos, permisos y determinadas tasas locales, deberán depositarse en los denominados ‘Foreign Government Deposit Funds’, o en cualquier otra cuenta que determine el Departamento del Tesoro.

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Esos fondos fueron creados por una orden ejecutiva que firmó Trump el 9 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro. Jurídicamente, el dinero continúa perteneciendo a Venezuela. Estados Unidos lo mantiene únicamente bajo custodia. Pero no puede retirarse o transferirse libremente. El secretario de Estado determina qué desembolsos se permiten para fines públicos, gubernamentales o diplomáticos y el Tesoro ejecuta esas instrucciones.

Una medida con varias incógnitas

Queda, sin embargo, una zona todavía poco transparente. Los documentos establecen quién custodia el dinero y quién puede decidir sobre los desembolsos, pero no detallan públicamente cómo se decidirá cada uno de esos pagos ni establecen un sistema independiente de auditoría que permita seguir de manera completa el destino final de los fondos. La orden permite al Tesoro presentar informes periódicos y finales al Congreso, pero no describe una auditoría externa del mecanismo.
La importancia de la nueva licencia se entiende mejor al colocarla junto al acuerdo petrolero que la Administración Trump defendió a comienzos de septiembre y que tiene como protagonista al empresario venezolano Alejandro Betancourt.
Washington ha respaldado una operación alrededor de North American Blue Energy Partners (Nabep), controlada por Betancourt, que afecta a activos con unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas, según las cifras facilitadas por la propia Administración. El Gobierno estadounidense obtendrá un 35% de participación en la expansión de la compañía sin aportar directamente capital público y tendrá derecho a adquirir al coste de producción el 20% del petróleo generado, además de contar con derecho preferente sobre el resto.
La Casa Blanca explicó entonces que aquella operación formaba parte de una estrategia mucho mayor. El objetivo, según altos funcionarios estadounidenses, era atraer capital privado, reconstruir la industria venezolana y, sobre todo, reducir el espacio que durante años ocuparon China y Rusia. Dos semanas después, la nueva licencia empieza a dibujar con más claridad ese modelo.
El Tesoro está creando un marco más amplio para que otras compañías estadounidenses entren en el negocio petrolero venezolano y trabajen directamente con PDVSA. La propia OFAC afirma que sus nuevas licencias buscan facilitar la reinversión de empresas estadounidenses en Venezuela dentro de los objetivos de seguridad nacional de Washington en el hemisferio.

Vetados de beneficio

La licencia excluye las operaciones con personas o compañías de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba. Y establece además que las empresas venezolanas o estadounidenses controladas por personas o compañías chinas, o asociadas con ellas mediante empresas conjuntas, tampoco pueden beneficiarse de esta autorización.
Es prácticamente la traducción normativa de lo que funcionarios de la Administración explicaron cuando defendieron el acuerdo con Betancourt. «¿Queremos que empresas rusas y chinas controlen la riqueza de un país de nuestro continente o queremos que EE.UU., en combinación y asociación con el pueblo venezolano, tenga influencia sobre esos recursos?», dijo entonces uno de esos responsables.

Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba no podrán obtener beneficio del crudo venezolano

Hay límites. La licencia no permite cualquier operación. Siguen restringidas determinadas transacciones con bonos y deuda venezolana, no se desbloquean automáticamente los activos congelados y tampoco pueden utilizarse participaciones del Estado en PDVSA como garantía. CITGO queda expresamente fuera de cualquier modificación de su gobierno corporativo realizada al amparo de esta autorización.
Durante años, Washington utilizó las sanciones para intentar cerrar los mercados al petróleo venezolano y privar al chavismo de su principal fuente de ingresos. Ahora permite que ese petróleo vuelva a circular, favorece la entrada de empresas estadounidenses y abre la posibilidad de venderlo por todo el mundo.

La Oficina Federal de Policía Criminal (BKA por sus siglas en alemán) registra un alarmante incremento de asesinatos y lesiones corporales cometidas por bandas criminales en Alemania. Especialmente llamativo es el nuevo fenómeno de los menores de edad que el año pasado cometieron … ataques y «violencia por encargo». También destaca la proliferación de clanes sirios: alrededor de 40 organizaciones criminales operativas en Alemania están ahora dominadas por miembros originarios de este país.
El informe Crimen Organizado 2025, presentado en Berlín por el ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, y por el presidente de la BKA, Holger Münch, confirma la percepción de los habitantes de las grandes ciudades germanas en su día a día. Las bandas criminales en Alemania recurren cada vez más a la violencia excesiva para intimidar a sus víctimas o competidores. En el último año han sumado 20 homicidios y más de cien casos de lesiones corporales graves, en comparación con los 13 homicidios y 77 agresiones de 2024.

«El uso de la violencia se está volviendo cada vez más brutal debido a la disminución del umbral de inhibición para el uso de armas de fuego y explosivos, que ponen en peligro la seguridad en los espacios públicos», señalan los investigadores de la BKA. Los grupos del crimen organizado muestran una mayor disposición y uso de la violencia. Las confiscaciones de armas de fuego en las calles no cuentan con precedentes en Alemania.

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Rosalía Sánchez

Como ejemplo de la brutalidad con la que muchos de estos perpetradores proceden, el informe cita la serie de explosiones y disparos en la zona metropolitana de Colonia desde el verano de 2024, que pueden rastrearse hasta el robo de un cargamento de drogas. «El tráfico de drogas es la principal actividad detrás de esta violencia organizada», ha reconocido el ministro. Pero también ha señalado que se extiende a la prostitución, las extorsiones, el tráfico de personas y una modalidad de crímenes prácticamente desconocido hasta hace poco en Alemania, la «violencia por encargo».
Los grupos del crimen organizado ofrecen actos de violencia como un servicio, a menudo cometidos por menores de edad reclutados específicamente para este propósito a través de las redes sociales. Está «desarrollándose de forma muy dinámica», señala la BKA, y «algunos de los contratados son incluso niños de 13 años». A menudo, el cliente y el sicario ni siquiera se llegan a encontrar. Estos servicios criminales funcionan según el principio de «uno planea, uno paga, uno golpea», ha explicado Dobrindt.
Importados de los suburbios de ciudades suecas como Malmö o Estocolmo, la BKA habla de «crimen como servicio» y de un mercado en el que los delitos individuales se «externalizan» y «se compran». El informe identifica 34 grupos y 541 sospechosos dentro la delincuencia de clanes y ahonda en su procedencia: 139 sospechosos en 18 grupos pertenecen a la nueva categoría de crimen organizado de origen turco.

Mafia de la Generación Z

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Los clanes turcos están especializados en el blanqueo de capitales y la violencia. En total, la BKA registró 664 sospechosos de nacionalidad turca en 2025, el segundo mayor grupo después de los alemanes. Incluye la denominada ‘Mafia de la Generación Z’, que atrae la atención mediante violencia de alto perfil, extorsión e intentos de asesinato, especialmente en Berlín, y ofrece sus servicios a terceros por una tarifa fija.
El informe también añade que «el número de sospechosos sirios aumentó un 22%, continuando así la tendencia creciente en el número de sospechosos sirios en los últimos años». El estudio constata la presencia de alrededor de 40 grupos de crimen organizado dominados por miembros sirios. En aproximadamente un tercio de los procedimientos de crimen organizado investigados el año pasado, los principales sospechosos eran inmigrantes.
Este tipo de criminalidad tiene como consecuencia la creciente presencia de armas de fuego en las calles alemanas, con un aumento del 47,8%. Las bandas las necesitan «particularmente para hacer valer intereses y reclamaciones de poder, así como en situaciones de conflicto, en las que los grupos del crimen organizado muestran una mayor disposición y uso de la violencia», reza el informe.
Por tercera vez consecutiva, la proporción de sospechosos armados aumentó en 2025. En el 30,3% de los procedimientos reportados por las agencias federales y estatales, la Policía se encontró con sospechosos armados. Además, el 75% de las 556 armas confiscadas eran ilegales, que se introducen principalmente de contrabando desde Turquía.

Las bandas criminales presionan al Estado

El dinero de la droga se filtra en la economía y las instituciones. Además de sobornos y amenazas, donde los criminales ven al Estado como presa, las bandas se ofrecen para encargos de terceros Estados. En Suecia ya se ha dado el caso de la banda de narcotraficantes Foxtrot, que orquestó un ataque a la Embajada israelí en Estocolmo en nombre de Teherán en enero de 2024.

El informe recoge 215 «actos de influencia», 136 de ellos en Alemania. Los sectores más afectados son las fuerzas del orden y el poder judicial, con 79 casos, seguidos por los negocios y la Administración. Además, hay 95 acciones internas en las que, presionados por las bandas, los funcionarios no realizaron comprobaciones sobre el paradero de personas objetivo, agentes de transporte ocultaron el origen de contenedores y empleados bancarios iniciaron transferencias ilegales. Los testigos e investigadores también son intimidados y, a veces, incluso sus familias sufren amenazas.

Las autoridades germanas calculan que, el año pasado, estas bandas movieron unos 2.160 millones de euros, pero la Policía sólo consiguió incautarse de 106 millones. En tres de cada cuatro procedimientos, no hubo éxito en la investigación. La enorme diferencia entre ambas cantidades, escribe la BKA en su informe, muestra que las posibilidades de desviación «deben vigilarse aún más».

La sombra de los casos de mujeres asesinadas en México se posa esta semana sobre Cuautla, en el estado de Morelos, donde ha sido asesinada la estudiante española Claudia Tacorontem, de 21 años. La joven española murió luego de ser apuñalada por un individuo que … se dio a la fuga. Su caso, en la Universidad Autónoma de Morelos, es el quinto en menos de dos años.
Morelos se caracteriza, desde hace décadas, por ser el lugar de descanso de los habitantes de la Ciudad de México, que suelen tener casas de fin de semana en dicha entidad. Sin embargo, también se ha vuelto una zona de riego para las mujeres que asisten a la universidad estatal.

La muerte de Tacoronte se suma a una serie de casos que desde principios de año ha sacudido a Morelos y provocado protestas estudiantiles para exigir mayor seguridad. En febrero, Kimberly Joselin Ramos Beltrán, de 18 años y estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, desapareció y su cuerpo fue localizado el 2 de marzo, cuando la Fiscalía abrió una investigación por feminicidio, por la que existe al menos un detenido.

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Guillermo Ortega

Ese mismo 2 de marzo desapareció Karol Toledo Gómez, también de 18 años y alumna de la universidad. Su cuerpo fue localizado tres días después en Coatetelco. La Fiscalía confirmó posteriormente que el caso también se investiga como feminicidio.
Según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) del Gobierno de México, 50 mujeres han muerto de manera violenta en Morelos en los últimos dieciocho meses, el segundo estado con más crímenes de este tipo, solo superado por Sinaloa.
El crimen de la estudiante canaria coincide con el debate legislativo de una ley especial para intentar paliar este flagelo. El Senado mexicano analiza modificaciones que favorezcan la prevención y que ofrezcan ayudas a aquellos niños que quedan huérfanos por el asesinato de sus madres.

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Entre las normas que se discuten, aparece una llamada a introducir el delito de «acecho» para aquellos casos de mujeres que son abordadas en la vía pública con fines violentos.
Según datos del Censo de Procuración de Justicia 2025, en las fiscalías de todo México había 4523 casos de feminicidio (carpetas de investigación), consumados o en grado de tentativa. De esos, en 2229 se llevó a cabo la investigación inicial; 946 fueron presentados ante un juez de control; en 948 se concluyó la investigación complementaria y en 679 se presentó una acusación formal.
Es decir, sólo el 15 % de los casos de feminicidio que tenían las fiscalías se judicializaron, a pesar de tratarse del delito de violencia de género más extremo.
Diversas organizaciones dedicadas a labores de prevención de la violencia contra las mujeres advierten que en México es recurrente que las fiscalías no cuenten con la capacitación ni los medios requeridos para investigar a cabalidad los crímenes contra las mujeres.
La muerte es la última instancia del espiral violento que domina la cotidianidad mexicana. Los reportes del SESNP expresan estadísticas al alza en delitos como el abuso y el acoso sexual, los cuales suman 15,284 víctimas entre enero y mayo de 2026.
En tanto, las autoridades reportan un total de 44,306 mujeres víctimas de lesiones, con un incremento de 10% entre abril y mayo pasado; así como 6,707 violaciones, las cuales también se incrementaron en un 16% entre abril y mayo.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señala que, por el volumen poblacional de México, se trata del segundo país de América Latina con mayor número de feminicidios, sólo después de Brasil.
En México, se estima que aproximadamente el 35 % de los asesinatos de mujeres son feminicidios. Sin embargo, hay muertes que cumplen con las características de este delito, pero no son investigadas como tales, sino como suicidios o por otras causas. Además, las cifras son «conservadoras», porque en México existen más de 130.000 casos de personas desaparecidas. 
Según un reporte de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, al menos 58 fosas clandestinas vinculadas con feminicidios fueron documentadas en México entre 2020 y 2024, seis de cada diez localizadas en inmuebles privados, según reveló el informe dedicado a rastrear y documentar estos hallazgos bajo superficie que exponen el drama de la violencia en México.
«Del 60% de los inmuebles privados, un 38.2% corresponden a propiedades de la propia víctima o del perpetrador o de una propiedad que compartían juntos», detalló a la agencia EFE Mariana Marchand, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
Según ONU Mujeres, ningún lugar del mundo está libre de asesinatos de mujeres; en promedio, cada 10 minutos una mujer o niña muere a manos de su pareja o un familiar. Es un promedio de más de 140 al día.
«Los feminicidios no ocurren de manera aislada. A menudo se sitúan en un continuo de violencia que puede comenzar con comportamientos controladores, amenazas y acoso, incluso en línea, y el hogar sigue siendo un lugar peligroso y a veces letal para demasiadas mujeres y niñas en el mundo», planteó el organismo.

El empresario ruso Umar Kremlev, considerado cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, pagó cientos de miles de dólares para sufragar las celebraciones posteriores a la boda de Donald Trump Jr. y Bettina Anderson en Bahamas, según una investigación de ProPublica. Entre los gastos asumidos por Kremlev figuran el alquiler de una isla privada por más de 100.000 dólares y un espectáculo de fuegos artificiales, además de otros costes de las fiestas.Bettina Trump, ahora esposa de Trump Jr., ha reconocido que Kremlev pagó las celebraciones, aunque ha negado que financiara la boda en sí. Bettina Trump ha explicado en redes sociales que la pareja se casó en privado el 22 de mayo, rodeada únicamente por su familia, y que las dos noches de fiesta organizadas posteriormente ya estaban previstas antes de que cambiaran sus planes de boda. Según su versión, Kremlev les hizo un «regalo de boda muy generoso» al hacerse cargo de esas celebraciones, tal y como recoge el medio británico The Guardian.»Nuestro querido amigo Umar nos dio con gran generosidad dos noches de celebración después de la boda», afirmó Bettina Trump, que rechazó que exista cualquier «conspiración» o «misterio» político detrás de la operación. «La amistad no necesita de motivos políticos. La generosidad no viene automáticamente con una agenda. Y a veces un regalo de boda es simplemente un regalo de boda», defendió junto a su marido.Kremlev: Presidente de la IBA, sancionado por Ucrania…La información, publicada inicialmente por ProPublica y recogida por The Guardian, sitúa a Kremlev en el entorno próximo al presidente ruso. El empresario dirige la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), una organización respaldada por la empresa estatal rusa Gazprom, y poco antes de las celebraciones acompañó a Putin durante un viaje a China. El mandatario ruso le concedió además recientemente la Orden de la Amistad. Ucrania ha impuesto sanciones a Kremlev por sus vínculos con Putin y los servicios de seguridad rusos.Según ProPublica, el empresario no acudió a la ceremonia privada, limitada a 18 invitados, pero sí estuvo presente en las posteriores celebraciones junto a un grupo de ciudadanos rusos. Un portavoz de Trump Jr. ha asegurado que ambos mantienen una amistad personal y que se conocieron a través de un amigo común relacionado con el mundo de la caza. El congresista demócrata Robert Garcia ha reclamado explicaciones sobre el motivo por el que un empresario cercano a Putin gastó cientos de miles de dólares en las celebraciones del hijo del presidente estadounidense y qué esperaba obtener a cambio. Trump Jr., que es vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump y se ha convertido en una de las principales figuras políticas próximas a su padre, mantiene que se trató de un gesto personal de un amigo.

En pleno debate sobre las repercusiones de la inteligencia artificial en la humanidad, Estados Unidos ha revelado este lunes, durante la conferencia Conferencia Aérea, Espacial y Cibernética, celebrada en Maryland, que tiene desplegadas armas de control espacial «en órbita» para «mantener el … dominio» en el espacio. Esta declaración de intenciones no ha sido casual, de hecho ha estado medida al milímetro como ha revelado el secretario de la Fuerza Aérea de EE.UU., Troy Meink, que ha sido el encargado de pronunciarla.
Se trata de la primera vez que Estados Unidos reconoce abierta y públicamente tener este tipo de capacidades ofensivas y defensivas desplegadas en el espacio. «Hoy seguimos asegurándonos de estar preparados para afrontar los desafíos de las amenazas en constante evolución, dondequiera que se presenten», recalcó Troy Meink. No ha ofrecido más detalles ni tampoco se conoce cuándo se pusieron en órbita.

La premisa es que Rusia utiliza el espacio como un «dominio bélico», Estados Unidos cree que este escenario podría ser un «factor decisivo en futuros conflictos», por ser uno de los actores espaciales más grandes del mundo. Por tanto, el acceso y el uso del espacio es de «vital interés nacional».

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Pilar De la Cuesta

El presidente estadounidense, Donald Trump, creó en 2019 la Fuerza Espacial de Estados Unidos para reforzar aún más las Fuerzas Aéreas ante la carrera armamentística. El Pentágono tiene puesta la vista tanto sobre Pekín y Moscú porque el espacio ha dejado de ser un entorno pacífico para convertirse en un dominio operativo de guerra.

Guerra electromagnética en el espacio

China y Rusia están desarrollando nuevos sistemas espaciales para mejorar la eficacia militar y eliminar cualquier dependencia de los servicios espaciales estadounidenses. La Fuerza Aérea de Estados Unidos sostiene que en los últimos años los satélites de estos países han realizado maniobras de aproximación inusualmente agresivas hacia otros dispositivos militares y de inteligencia. Afirman en su página web que Pekín completó 37 lanzamientos orbitales hasta junio elevando su total de cargas útiles en órbita a 1.506 y tiene como objetivo realizar 140 lanzamientos en 2026, lo que supone un aumento interanual del 52%.
Rusia, debilitada por la guerra en Ucrania, ha disminuido su actividad espacial, en 2025 solo realizó 17 lanzamientos, muy por debajo de los más de 26 lanzamientos anuales que tuvo entre 1995 y 2015. El secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha argumentado que deben asegurarse de operar libremente en el espacio porque constituye un entorno crucial para la seguridad militar y económica.

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Los expertos estadounidenses llevan advirtiendo desde hace tiempo que los adversarios podrían utilizar estas armas para destruir los satélites del Ejército que se utilizan como canales de comunicación, para la recopilación de datos o la localización de objetivos. Los informes del Pentágono apuntan a guerras electromagnéticas o dispositivos láser cegadores.

Carrera armamentística

Durante décadas la militarización del espacio ha sido un tema delicado y sensible para evitar una carrera armamentística espacial descontrolada. El Gobierno de China no ha esperado más y ha contestado a Estados Unidos que «deje de prepararse para una guerra en el espacio exterior». El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, ha pedido Washington que «adopte acciones concretas para mantener la estabilidad estratégica global».
La reciente revelación de Estados Unidos encaja en el gran vacío legal del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967. Aunque este histórico acuerdo internacional prohíbe estrictamente desplegar armas nucleares o de destrucción masiva, nunca vetó de forma explícita el armamento convencional en la órbita terrestre.

Secretary of the Air Force Dr. Troy Meink emphasizes the need to operationalize autonomous systems as quickly and effectively as possible to the meet the challenge of America’s adversaries. #AFANational pic.twitter.com/6LJxYOAxOU— Air & Space Forces Association (@AFA_Air_Space) September 14, 2026
Mientras tanto, las Fuerzas Aéreas estadounidenses han divulgado además un hito en el sector: el desarrollo y las pruebas iniciales de los interceptores espaciales. Además, han anunciado próximos despliegues de satélites espía de última generación capaces de rastrear cualquier avión o misil enemigo en tiempo real en todo el planeta.
El pasado mes de diciembre Trump firmó una orden ejecutiva para «garantizar la superioridad espacial estadounidense» que logre contribuir «a la fortaleza, la seguridad y la prosperidad de la nación».

«La inmigración ha superado nuestra capacidad de integración». Con estas palabras, el Partido Socialdemócrata de Suecia presenta su página web y desbanca la premisa establecida durante mucho tiempo en Europa de que los partidos progresistas deben aplicar una política migratoria laxa para no … comprometer su ideario.
Liderado por Magdalena Andersson, el Partido Socialdemócrata fue el más votado en las elecciones celebradas en Suecia el pasado domingo, con un 28% de los votos frente al 19,9% conseguido por los Moderados del primer ministro, Ulf Kristersson. Las miradas están puestas en este miércoles, día en que se publicarán los resultados de los votos emitidos por correo. Ante una diferencia electoral tan ínfima –49,3% para el bloque de izquierdas y 49,1% para el de derechas–, dichas papeletas pueden ser decisivas a la hora de consolidar un nuevo gobierno para los próximos cuatro años.

Suecia, con 10,6 millones de habitantes, se ha convertido en uno de los países más inseguros de Europa. Hasta hace unos años era una nación habituada a la calma, pero el paso del tiempo la ha convertido en un territorio azotado por altos índices de criminalidad. Por los suburbios de Estocolmo, ahora campan a sus anchas algunas de las mafias más peligrosas de Occidente , dedicadas fundamentalmente a hacer dinero mediante el narcotráfico, los crímenes cometidos por sicarios y la prostitución. Desde 2016, se han producido 2.800 tiroteos y 385 asesinatos, unas estadísticas que atemorizan a las 480.000 personas censadas en estos barrios marginales.
Según informó en agosto Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín,la Policía sueca tiene identificadas al menos a 40 bandas de origen extranjero, desde los clanes Alikhan y Barzani, establecidos en la ciudad de Gotemburgo y originarios del Kurdistán iraquí, hasta los de origen somalí, como el clan Musa o el Ali/Aden. Otros son de origen balcánico, como el clan Krasniqi o el Berisha, que trafica además con armas, o de origen árabe como los clanes Al Salem o Al Hasan. También los hay de origen turco, como el clan Yildiz, que controla importantes redes económicas informales. Durante mucho tiempo, la política migratoria fue muy receptiva y Suecia, como se está viendo ahora, acogió a más personas de las que su sistema podía asumir.

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elecciones en Suecia

Rosalía Sánchez

El panorama no ha hecho más que empeorar durante los últimos años y los grupos políticos presentan las medidas sobre inmigración como una de las áreas clave de sus programas electorales. En mayor o menor medida, todos ellos han establecido una hoja de ruta sobre el control de las fronteras y proponen aplicar más mano dura en este aspecto. También para los socialdemócratas, que enarbolan una política de centroizquierda pero, al mismo tiempo, proponen más control sobre la inmigración.
La exitosa candidatura de Andersson se desmarca claramente de las ideas que ofrecen los Conservadores y los Demócratas Suecos (SD), que defienden políticas antimigratorias más restrictivas. Pero, aun así, aboga por una inmigración regulada a la que exige integrarse con los valores culturales suecos. «Nuestra prioridad es restablecer la seguridad en las calles y defender el país de todas las fuerzas que nos amenazan», asegura la web del partido.

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La agrupación cuyas listas lidera Magdalena Andersson ha establecido una batería de puntos para poner freno a la ola de inmigrantes que, en ocasiones, encuentran en las mafias su forma de vida. Los socialdemócratas quieren reducir la concesión de asilo a los niveles mínimos permitidos por la UE y expulsar del país a los delincuentes extranjeros condenados por delitos graves. Además, hablar sueco se convertirá en obligación para todos los ciudadanos, de modo que el Gobierno reforzará los cursos de idioma local para que los propios extranjeros puedan aprenderlo. «Si falta un idioma común y no existen estos lazos culturales básicos, la solidaridad se erosiona. Por eso, hablar sueco tiene que ser una condición irrenunciable para residir en este país», explicó el portavoz del partido, Lawen Redar, durante el transcurso de la campaña electoral.

Mayor vigilancia en las escuelas y cortar las subvenciones a las organizaciones que promuevan el extremismo religioso o político son otras de las medidas propuestas por los Socialdemócratas

Con el fin de reducir las tasas de criminalidad, se aplicará también vigilancia en las escuelas y se reforzarán los servicios sociales para realizar un seguimiento individualizado de todos aquellos jóvenes en riesgo de entrar en una de estas bandas. Asimismo, proponen cortar cualquier subvención u oferta de fondos públicos a las organizaciones que promuevan el extremismo religioso o político. Según han aclarado los Socialdemócratas, esta manera de proceder sólo se llevará a cabo contra aquellos que supongan una amenaza para el resto de la población. Por ese motivo, harán una distinción clara para proteger a toda persona ya establecida en Suecia y, especialmente, a los niños y adolescentes bien integrados que ya tienen arraigo en el país.

Suecia no es la excepción

Suecia se coloca a rebufo de otros países como Dinamarca que, a pesar de tener un gobierno socialdemócrata, ya dieron tiempo atrás un golpe sobre la mesa a la hora de aplicar en su programa político medidas estrictas contra la inmigración ilegal. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha ganado tres comicios consecutivos gracias, entre otras razones, a su gestión férrea sobre las fronteras. El país nórdico es junto a la Italia de Giorgia Meloni uno de los más restrictivos en este sentido.

Con estas políticas, Suecia imita al Gobierno socialdemócrata de Dinamarca, que tiene una de las políticas migratorias más restrictivas de Europa junto a la Italia de Meloni

Cada vez son más los gobiernos que copian este modelo. Una forma de proceder que el Partido Laborista del Reino Unido también demostró cuando Keir Starmer residía aún en el número 10 de Downing Street. El que hasta hace poco era primer ministro británico aumentó un 25% las expulsiones del país y un 38% los arrestos durante su mandato. De esta gestión presumía en redes sociales al más estilo Trump, una iniciativa que gana cada vez más popularidad entre los Estados del corazón de Europa.

La posibilidad de revivir la pesadilla pandémica que sacudió el planeta en el año 2020 es elevada. La OCDE, una organización que engloba a países de renta alta o media-alta, estima que la probabilidad de vivir de nuevo una pandemia en los próximos 25 años es del 50%. Rojo o negro. Un escenario en el que la economía sufriría otro revés como el que ya se vivió hace siete años. El organismo ha publicado este martes un exhaustivo informe de más de 300 páginas en el que explora el escenario sanitario y económico que supondría una nueva pandemia y los costes de preparación, entre otras materias. La OCDE calcula que, en el caso de España, la aparición de un nuevo patógeno de alcance mundial podría asestar un golpe al PIB del país de entre el 2,1% y el 16,3% en función de la gravedad. Cifras que, traducidas a euros de 2025, implicarían una pérdida de producción de entre 35.000 y 275.000 millones de euros, respectivamente.Los investigadores dibujan cinco arquetipos de posibles pandemias para analizar las consecuencias que podrían tener en la economía. El más leve, sería precisamente una, crisis sanitaria global causada por un patógeno con las características del SARS-CoV-2, con transmisión asintomática, un nivel de gravedad vinculado a la edad y una tasa de mortalidad relativamente reducida. 
En este escenario, el PIB español retrocedería un 2,1% en los primeros nueve meses de contagio en ausencia de medidas de apoyo económico como planes de protección del empleo (tipo ERTE) o medidas para suavizar la política monetaria del BCE. España sería el sexto país de los 50 que analiza la OCDE que sufriría menos impacto en este hipotético caso.Otra de las posibilidades que contempla el informe es una pandemia de un virus con las características del Ébola. Un patógeno con tasas de transmisión bajas, pero casos de gravedad extrema, que pondrían a prueba la capacidad del sistema sanitario de abordar muchos casos críticos. En este escenario, la economía española retrocedería un 2,5% en los primeros compases de la infección, el octavo país con menor caída del medio centenar analizado.El tercer tipo de pandemia que contempla la OCDE es un brote mundial de gripe aviar que fuera capaz de infectar a humanos con altas tasas de hospitalización y mortalidad. En este caso, el PIB español caería un 2,6% en los primeros tres trimestres del episodio, la sexta menor caída de todas. La OCDE apunta a que el incremento de casos documentados de infección en humanos de este tipo de patógenos ha elevado la preocupación de que la próxima pandemia sea de este tipo. 

Los dos escenarios más graves son una pandemia con un patógeno tipo gripe A y otra con una infección global de un virus como el sarampión. En el primero, estaríamos hablando de la expansión de un virus muy transmisible pero con menor gravedad, un ejemplo clásico de pandemia que se extiende rápido. En este escenario, el PIB caería un 5,1% en los primeros compases del contagio.La hipótesis más extrema sería una epidemia mundial de un virus con las características del sarampión. Un patógeno hiperinfeccioso en una población no inmunizada y con una tasa de mortalidad altísima del 20%. En este caso, el PIB nacional sufriría un desplome del 16,2% en los primeros nueve meses. Un hundimiento sin precedentes. Según el informe de la OCDE, los sectores que más sufrirían ante una nueva pandemia serían los que más precisan de la presencia humana. En concreto, señalan el transporte, las manufacturas y los servicios profesionales. El coste de llegar a tiempoAunque el panorama es poco halagüeño, la OCDE estima que el coste que supondría prepararse para una futura pandemia es relativamente bajo. En el caso de España, el organismo estima que bastaría dedicar unos 228 millones de euros al año (el informe habla de 263 millones de dólares ajustados por poder de compra). Es decir, apenas 0,016 puntos de PIB cada ejercicio o unos cinco euros per cápita. El organismo estima que el retorno de la inversión sería «enorme» si se tiene en cuenta las pérdidas que podrían ocasionarse en caso de no actuar. «Frente a pérdidas potenciales de esta magnitud y un riesgo creciente de enfrentarlas en el plazo de una generación, el argumento económico para priorizar las medidas de preparación y respuesta resulta convincente», sostienen.  

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/musica/notas/grupo-frontera-ya-nos-habiamos-tardado-demasiado-en-llegar-a-puerto-rico/ Hace apenas cuatro años los integrantes principales del Grupo Frontera tenían trabajos comunes como ganaderos, vendedores de …

España se anotó un nuevo récord de empleo extranjero el pasado agosto gracias a la regularización de migrantes que ha acometido el Gobierno este año. Los datos de afiliación extranjera a la Seguridad Social que el Ejecutivo ha difundido este lunes reflejan que ya hay 3.551.759 ocupados de de nacionalidad distinta a la española, que suponen un 15,9% de la fuerza de trabajo del país. Una población que ha crecido vertiginosamente desde la pandemia y, en particular, en el último año. Entre 2025 y 2026 la Seguridad Social ha incorporado casi medio millón de empleos extranjeros, lo que supone un incremento del 15,7% en solo doce meses. En ese mismo periodo se han sumado unos 200.000 empleos de personas con nacionalidad española, un aumento del 1,1% que es mucho menor, en buena medida, al tratarse de un grupo sustancialmente más grande. Así, el 71% de todos los cotizantes que ha ganado la Seguridad Social en el último año son extranjeros.Si se toma como referencia la pandemia, España ha incorporado 1,4 millones de afiliados nacidos fuera del país, lo que representa casi la mitad de todo el empleo registrado en ese periodo. Si omitimos 2026, que está muy distorsionado por el efecto de la regularización, el empleo extranjero ha crecido a un ritmo de unos 200.000 cotizantes al año, una velocidad sin precedentes al menos desde antes de la gran crisis financiera de 2008. Para poner estas cifras en contexto, en el periodo anterior de siete años (2012-2019) la afiliación foránea se incremento en 386.000 empleos, casi tres veces más despacio que en la actualidad. Solo este agosto, España ganó 39.535 afiliados extranjeros en un mes en el que lo habitual es que se destruya empleo por el bajón en la actividad económica. De hecho, se trata de la única vez que esto ha sucedido desde que hay registros con la única excepción del año 2020, un dato muy distorsionado por el rebote de actividad tras levantarse el confinamiento estricto por la pandemia. Como es evidente, el efecto de la regularización administrativa de migrantes tiene mucho que ver con las cifras que se están registrando este año. Seguridad Social estima que desde que concluyera el proceso el pasado 30 de junio se han dado de alta 337.917 afiliados extranjeros procedentes de la regularización. Una cifra que, previsiblemente, seguirá aumentando en los próximos meses dado que durante el proceso se recibieron 1,2 millones de solicitudes y aún no se han resuelto todas. Hay que tener en cuenta que, previsiblemente, buena parte de estas afiliaciones son de personas que ya estaban trabajando en la economía sumergida, pero que, al obtener permiso administrativo, empiezan a hacerlo por los cauces legales. Es decir, contribuyendo económicamente al sistema de la Seguridad Social y protegidos también por su paraguas en forma de prestaciones por desempleo, incapacidad temporal o derecho a una pensión futura, por ejemplo.Latinoamericanos y jóvenes, el perfil más habitualLos datos de afiliación de agosto reflejan que los afiliados que más crecieron el mes pasado fueron los procedentes de países latinoamericanos y los más jóvenes. Así, la nacionalidad que más cotizantes ganó fue la colombiana (21.434 empleos más), seguida por la peruana (7.465), la hondureña (3.494) y la paraguaya (3.494). También se incrementaron los afiliados procedentes de Senegal (3.214), de Pakistán (2.431), de China (1.478), de Argentina (1.461), de la India (1.367), Venezuela (1.341), Nicaragua (1.338), Malí (1.183), Bangladés (1.171) o Brasil (1.099).Una imagen a medio plazo da una idea más precisa de qué nacionalidades han contribuido más al tirón del empleo extranjero. Así, si se compara con el agosto del año pasado, los colombianos (116.351), marroquíes (64.020) y venezolanos (44.559) fueron los que más empleos aportaron a la estadística. Seguidos por los peruanos (41.389), paraguayos (19.622), hondureños (17.302), senegaleses (14.031), chinos (11.490), argentinos (10.541) y pakistaníes (10.010). En cuanto a grupo de edad, el número de cotizantes foráneos creció en todos, pero lo hizo especialmente entre los menores de 35 años, que sumaron 22.385 afiliados, algo más de la mitad de todo el aumento registrado en agosto. Tras ellos, aparecen los de edad mediana (35 a 54 años), que sumaron 14.118 cotizantes, y los mayores de 54 años, que apenas ganaron 3.034.

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/television/notas/premios-emmy-2026-donde-ver-la-ceremonia-y-cuales-son-los-favoritos-para-ganar/ En la noche de hoy, lunes, 14 de septiembre el Peacock Theater en Los Ángeles, California, será …

La vuelta de las vacaciones de verano trae hipotecas más caras. El euríbor a doce meses, el índice de referencia del mercado hipotecario, ha repuntado este lunes al 3,3% en tasa diaria -máximos de agosto de 2024- y empuja la media mensual en el 3,109% de manera provisional, niveles no vistos en dos años. El alza en 0,152 puntos con respecto al viernes es el tercero mayor registrado en lo que va de ejercicio. Las otras dos se produjeron en marzo, justo al inicio del conflicto en Oriente Próximo. La subida se produce tras la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del pasado jueves, en la que elevó el precio del dinero en 25 puntos básicos, situando la tasa de referencia en el 2,5%. La intervención de la presidenta del organismo, Christine Lagarde, divide a los analistas entre quienes prevén que habrá más incrementos y quienes apuestan por una pausa en el corto plazo.Lo cierto es que la política francesa no cerró la puerta a otro alza de tasas, aunque sí remarcó su negativa a dar pistas sobre cualquier movimiento a futuro. El avance del euríbor anticipa hipotecas más caras. La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) calcula que el euríbor podría cerrar septiembre en el 3,2%. En caso de confirmarse, una familia que tenga que revisar con una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años con un diferencial de un punto, verá encarecida su cuota en alrededor de 1.000 euros, unos 84 euros más al mes. La cifra es de 756 euros en caso de que la revisión tenga carácter semestral, equivalente a unos 52 euros más al mes. Hace justo un año, este indicador se movía sobre el 2,172%, por lo que de mantener la tendencia, experimentará un salto de alrededor de 100 puntos básicos en comparativa interanual, su mayor incremento desde noviembre de 2023. El estallido de la guerra en Oriente Próximo el pasado 28 de febrero ha dinamitado las previsiones y la hoja de ruta del BCE, que tuvo que adelantar las esperadas subidas de tipos y ha desencadenado una escalada del euríbor, que acumula siete meses consecutivos en ascenso. 
El petróleo por encima de 100 dólares y el bloqueo en las negociaciones para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán apuntan a otra posible subida en diciembre y presiona al euríbor una vez que ha sobrepasado el umbral del 3%. «Su evolución refleja un cambio de expectativas que tiene su origen, principalmente, en la inflación», explica Josep Soler, Fundador y consejero ejecutivo de la Asociación Europea de Asesores y Planificadores Financieros (EFPA) España. Hay que tener en cuenta que el euríbor actúa como termómetro. Sube porque el mercado ha empezado a descontar que el ‘guardián del euro’ moverá ficha de nuevo para evitar una crisis de inflación que empobrecería a los hogares de la eurozona, al mermar todavía más su poder adquisitivo. Sin embargo, este movimiento no es inocuo, dado que encarece el coste de financiarse en la región. Así, no sólo pagarán más quienes ya tienen contratada una hipoteca a tipo variable, sino también quienes opten a nuevos préstamos, dado que la banca irá elevando los intereses para acompasarlos al precio oficial del dinero. En la última actualización de previsiones económicas, el organismo ha mantenido la previsión de IPC en el 3% para 2026, pero ha elevado dos décimas la del año que viene hasta el 2,5% y una décima la de 2028 hasta el 2,1%. A la espera de conocer el avance de precios de septiembre, en agosto el IPC se colocó en el 3,3%. Todo apunta a que en el noveno mes del ejercicio podría ser superior. El encarecimiento no parece frenar el apetito hipotecario, que se encamina a cerrar uno de los mejores ejercicios desde los años de la burbuja inmobiliaria en materia de concesión. Los últimos datos publicados por el Banco de España (BdE) correspondientes a julio arrojan un monto aprobado por valor de 8.078 millones, un nivel que no alcanzaba durante el séptimo mes del ejercicio desde 2008, justo antes de la quiebra de Lehman Brothers. En esta evolución ha contribuido el comportamiento del precio de la vivienda, en zona de máximos históricos. 

No superar el periodo de prueba al inicio de un contrato se ha convertido en una realidad sospechosamente habitual en España desde que entró en vigor la reforma laboral en el año 2022. Hasta cierto punto, es esperable que al haber más personas trabajando también aumente el número de ellas que no superan esos meses en los que la empresa puede cesar la relación laboral a coste cero. Pero las cifras muestran, desde hace tiempo, indicios claros de un uso fraudulento del periodo de prueba, lo que ha llevado al Ministerio de Trabajo a poner la lupa sobre esta práctica. Desde el año 2019 (el último que no está distorsionado por el efecto de la pandemia ni de la reforma laboral) el número de ceses por no superar la prueba ha pasado de 675.555 a superar el millón por primera vez en la historia el año pasado. Un incremento del 51,5%.Sin embargo, esta cifra esconde dos realidades muy diferentes. Mientras que los ceses por este motivo en contratos temporales se han reducido a la mitad-siguiendo la línea de la propia temporalidad, que quedó muy restringida con la reforma laboral-, en las relaciones indefinidas se han disparado exponencialmente. En concreto han pasado de 132.534 en 2019 hasta 723.763 el año pasado. O lo que es lo mismo, se han más que multiplicado por cinco. 
Solo los ceses por agotamiento de incapacidad temporal -cuando se supera los 545 días de baja médica, el máximo que permite la ley- y los provocados por paso a la inactividad de fijos discontinuos se han incrementado más entre los indefinidos. Los dos casos anteriores se pueden explicar parcialmente por el brusco incremento en los afiliados de baja médica y de los que trabajan con contrato fijo discontinuo. Y aunque en el caso del periodo de prueba también hay una parte que se justifica porque hay más gente trabajando con este tipo de contratos desde la reforma laboral (un 46% más), los números no cuadran. El año pasado se registraron 5,35 ceses durante el periodo de prueba por cada 100 afiliados a la Seguridad Social con contrato indefinido, una tasa muy superior a los 1,4 por cada 100 ocupados que se veían en 2019. 
Además, el brusco incremento en los ceses durante el periodo de prueba se produjo muy bruscamente justo en los meses posteriores a la entrada en vigor de la reforma laboral (produjo plenos efectos a partir de abril de 2022). Aunque la tendencia desde entonces ha seguido al alza, el gran salto fue casi automático con el cambio legislativo. Asimismo, los despidos durante la prueba empezaron a mostrar un patrón estacional más marcado que no se veía antes de la reforma laboral. Desde 2022, se concentran particularmente en los meses de junio, julio y agosto, mientras que se han reducido en el periodo invernal (enero a marzo), donde la actividad laboral es más baja. Un patrón que ya se veía en los contratos temporales antes de que cambiara la legislación. Como es altamente improbable que los trabajadores españoles hayan sido víctimas de una ola de incompetencia colectiva, todo apunta a que detrás de este incremento en los ceses se esconden casos de temporalidad fraudulenta. Que algunas empresas han encontrado en el periodo de prueba un subterfugio para esquivar las restricciones a la temporalidad que introdujo la reforma. Díaz vigilará más de cerca los periodos largosAnte esta tesitura, el Gobierno aprobó la semana pasada una norma con la que busca que las empresas tengan más difícil aplicar periodos de prueba especialmente largos. Según el Estatuto de los Trabajadores, este tiempo solo puede superar los seis meses en los trabajadores técnicos titulados y los dos meses en el resto salvo que se pacte lo contrario por convenio.Con el decreto, que todavía no ha entrado en vigor, las empresas tendrán que explicar con mayor precisión los motivos que justifican ampliar el periodo de prueba más allá de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, la estadística de convenios colectivos muestra que los periodos de prueba ‘extendidos’ son bastante poco habituales entre los trabajadores. En concreto, de los convenios firmados en 2025 con cláusulas cualitativas conocidas, solo el 6% utilizaban periodos de prueba superiores a los que fija el Estatuto de los Trabajadores. De hecho, es más habitual encontrar acuerdos colectivos que reducen la duración respecto a lo que establece la ley. El 8,8% de los convenios que incluían información sobre cláusulas cualitativas firmados el año pasado estaban en esa situación. 

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