Podría pensarse que dos gobiernos de derecha, de la ‘nueva derecha’ que se ha ido extendiendo por Latinoamérica, serían especiales aliados. Pero la geopolítica y los intereses nacionales se imponen a la ideología, de manera que Argentina y Chile vuelven a protagonizar las rencillas –fruto … de la desconfianza mutua– que han caracterizado la historia de su vecindad.
Los gobiernos del libertario Javier Milei y del derechista José Antonio Kast se están enzarzando en una discusión en torno a las Malvinas, no en cuanto a la reivindicación de soberanía argentina, apoyada por Chile, sino por otras exigencias que plantea Buenos Aires. A las sanciones anunciadas desde la Casa Rosada a quienes directa o indirectamente faciliten suministros a las empresas –una israelí y otra británica– que van a explotar un campo de petróleo en aguas de las Malvinas se contrapone el anuncio chileno de retomar una ruta comercial entre Punta Arenas, su puerto más austral, y las islas. Aunque el propósito de esa conexión marítima no es auxiliar la explotación petrolífera, es posible que al menos algunas mercancías acaben beneficiando a quienes intervienen en ella.
A partir de aquí, la cosa se enreda. Un decreto de la era Kirchner establece que todo barco que vaya a las Malvinas atravesando aguas argentinas deberá pedir autorización. De todos modos, si esta fuera exigida, debería suponer un puro trámite, pues el Tratado de Paz y Amistad firmado por ambos países en 1984 obliga a Argentina a garantizar «en cualquier tiempo y circunstancias» la libre circulación hacia y desde el estrecho de Magallanes, que es donde se encuentra Punta Arenas.
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Guadalupe Piñeiro Michel
En toda esta cuestión chocan dos intereses centrales de las dos naciones: el control del Atlántico Sur al que aspira Argentina y que el dominio de las Malvinas (y de las Sándwich y Georgia del Sur, que también reclama) consolidaría; y el control del estrecho de Magallanes que efectivamente tiene Chile y que cualquier variación de facto en las atribuciones argentinas limitaría.
No ayudan en absoluto a pacificar los ánimos los frecuentes efluvios nacionalistas argentinos, como el expresado a finales de agosto por el jefe de la Fuerza Aérea asegurando que «Magallanes, el Sur, el Drake, todo es soberanía» de Argentina. Tras la nota de protesta enviada por la cancillería chilena, el jefe de la Armada argentina reconoció que el estrecho de Magallanes es chileno. No obstante, la jefa oficialista en el Senado y exministra de Seguridad Nacional, Patrica Bullrich, anteriormente había incluido el control de ese estrecho como uno de los objetivos estratégicos de Argentina.
«Magallanes, el Sur, el Drake, todo es soberanía de Argentina»
Gustavo Javier Valverde
Jefe de la Fuerza Aérea Argentina
Por su parte, el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, ha advertido que la navegación de «todo barco que sale del estrecho de Magallanes no puede ser restringida ni condicionada por nadie». Mientras que la presidencia de la Comisión de Defensa en la Cámara chilena apunta que «Chile no puede permitirse entrar en un bloqueo con alguien que ha sido aliado nuestro durante cincuenta años, que son los ingleses».
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Lo más probable es que, aunque el rifirrafe pueda crecer, no avanzará hacia ninguna escalada peligrosa; no, desde luego, como la vivida entre los dos países a finales de la década de 1970 y que los puso al borde de la guerra. También entonces tenían gobiernos afines, pues eran dictaduras militares, pero el contexto hoy es muy diferente. De todos modos, mientras Milei siga poniendo las Malvinas muy en primer plano, como está haciendo desde el verano, la fricción parece asegurada.
Choque con Inglaterra
El gobierno de Milei ha pedido medidas cautelares ante el Tribunal Internacional de la Ley del Mar, con sede en Hamburgo, contra la explotación del campo ‘off-shore’ denominado León Marino que están operando las empresas Navitas y Rockhopper a 100 millas al norte de las Malvinas. Este proyecto tiene previsto comenzar las perforaciones de desarrollo en 2027 y comenzar la extracción de petróleo en 2028, con un pico de producción que podría alcanzar los 50.000 barriles diarios y unos beneficios para las Malvinas que triplicarían su PIB.
Dada la disputa que mantiene Argentina con Inglaterra sobre la soberanía de las islas, Buenos Aires plantea paralizar el proyecto para preservar los derechos del pueblo argentino sobre los recursos naturales de ese territorio; al mismo tiempo, según la nota oficial, «rechaza el intento de Inglaterra de caracterizar el recurso argentino al arbitraje como un intento de socavar los derechos de alguien».
Argentina medita paralizar el proyecto de extracción de crudo en esta zona cercana a las Malvinas
La advertencia de Buenos Aires de aplicar sanciones a empresas que colaboren con el proyecto ya ha llevado a algunas compañías del sector, como SLB y Halliburton, a comprometerse a no intervenir en las Malvinas. No obstante, desde Washington se ha pedido que la ley que se está tramitando en el Congreso argentino sea más específica sobre las actividades que se sancionarían. Argentina tiene un gran potencial en cuanto a hidrocarburos en formaciones de esquisto y muchas multinacionales pueden preferir no enfrentarse al gobierno de este país y tener sus puertas abiertas para posibles inversiones.
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