El año 2026 puede traer la última oportunidad en México para conocer la verdad sobre lo sucedido en la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes que se formaban para ser maestros, y que se dirigían a una protesta en la Ciudad … de México, desaparecieron para siempre en la noche de Iguala, en el estado de Guerrero, entre las sierras y el océano Pacífico.
La tragedia de Ayotzinapa, que toma su nombre de la población donde se ubica la escuela donde se formaban los desaparecidos, sacudió México: fue la crisis terminal del último gobierno del histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI) y propició, junto a otros factores, el ascenso de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018.
Sin embargo, esa justicia para los padres de los desaparecidos que prometía el expresidente en su campaña y sus discursos nunca llegó: al igual que el gobierno anterior, López Obrador optó por no investigar a fondo la responsabilidad del Ejército en esa madrugada de terror, donde, según diversas líneas de investigación, los estudiantes habrían sido ejecutados, incinerados y luego sus restos desaparecidos.
Los padres y los familiares de los 43 estudiantes tradujeron su malestar en las calles y, ya hacia el final del sexenio de López Obrador, solían manifestarse y vandalizar las fachadas de un Palacio Nacional cuyo inquilino, aseguraban, no había cumplido con tal de mantener su buena relación con el Ejército. Una institución que durante esa Administración recibió la responsabilidad de ejecutar obras estructurales como, por ejemplo, el Tren del Istmo que precisamente descarriló este domingo en Oaxaca, dejando un saldo de 13 muertos y más de 100 heridos.
Sheinbaum, otra sensibilidad
Desde la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia mexicana, en octubre de 2024, la nueva mandataria ha dado señales de que, a pesar de ser del mismo partido que López Obrador, parece tener otro tipo de sensibilidad hacia un asunto explosivo y atravesado por diversos intereses.
A diferencia de su antecesor, la presidenta ha sostenido reuniones personales con los padres de los desaparecidos y ha prometido un nuevo enfoque en la investigación.
Los familiares, aun así, siguen afirmando que no hay avances sustanciales en la investigación y que la impunidad lleva ya más de una década: todas las personas investigadas y que fueron arrestadas son figuras menores de la política local, policías, rangos militares intermedios o narcotraficantes que tuvieron su papel en la desaparición.
La presidenta Sheinbaum ha sostenido reuniones personales con los padres de los desaparecidos y ha prometido un nuevo enfoque en la investigación
De los 14 militares arrestados inicialmente, entre ellos un general, al cierre del sexenio de López Obrador solo tres quedaban en prisión.
«Entendemos el dolor de las madres y padres. Son casi 11 años de una trágica situación y su exigencia de encontrar a sus hijos es legítima», señaló Sheinbaum con motivo del último aniversario.
La versión de Peña Nieto
Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de las víctimas, ha asegurado que sus representados temen por «un retorno a la verdad histórica». De esa manera se conocía la investigación oficial del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Esta tesis viene a sugerir que los estudiantes fueron detenidos por policías del municipio de Iguala cuando intentaban tomar, por la fuerza, unos autobuses que los llevaran a la capital a conmemorar la masacre de la noche de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968. Tras arrestarlos, según esta línea de investigación, los policías los entregaron a criminales que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.
Esta versión ha sido fuertemente criticada por integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes desde que llegaron a la investigación reclamaron conocer los archivos clasificados del Ejército y la Marina sobre lo sucedido en esa noche de septiembre.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum (c), y el presidente Andrés Manuel López Obrador (i), participan en un homenaje a las Fuerzas Armadas de México en 2024
efe
Impulsar la investigación
Otra diferencia de Sheinbaum hacia López Obrador: la presidenta señaló en septiembre que busca que al menos dos integrantes del GIEI, dependiente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, regresen a México para volver a impulsar la investigación.
López Obrador siempre rechazó el trabajo de los expertos y los entendió como una maniobra de injerencia externa hacia las fuerzas armadas mexicanas. Por eso abandonaron la pesquisa.
El Gobierno de Sheinbaum, además, ha realizado una serie de detenciones en las últimas semanas que prometen aportar nuevos elementos y abrir otras líneas de investigación.
López Obrador siempre rechazó el trabajo de los expertos y los entendió como una maniobra de injerencismo externo
El papel del Ejercito en el caso es un asunto sensible porque la influencia militar en la vida pública mexicana es absoluta: no solo controlan la seguridad y llevan adelante el combate a los cárteles, sino que manejan buena parte del Presupuesto a través de su responsabilidad en grandes obras de infraestructura.
En la primera parte del gobierno de López Obrador se creó una comisión especial al mando de Alejandro Encinas, histórico político de la izquierda de la Ciudad de México. Encinas documentó múltiples archivos sobre el papel de los militares en la desaparición y cuando se los llevó al entonces presidente, este se inclinó por los generales y envió a Encinas a funciones menores. Este año Sheinbaum lo designó como embajador en Washington ante la Organización de Estados Americanos (OEA), no solo para devolverle cierto protagonismo sino también para protegerlo.
Una verdad peligrosa
Y es que, a lo largo de los años, aquellos que quisieron indagar demasiado sobre el Ejército y Ayotzinapa, ya fueran fiscales, abogados y hasta funcionarios, debieron partir al exilio temerosos de su propia seguridad.
Cuando tuvieron lugar las desapariciones, el secretario de la Defensa era el general Salvador Cienfuegos, que fue acusado por supuesto narcotráfico por Estados Unidos en octubre de 2020. Su sucesor, ya en los inicios del Gobierno de López Obrador en 2018, fue el general Luis Crescencio Sandoval, oficial de la camarilla de Cienfuegos.
En 2023 ‘The New York Times’ informó de que la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, había interceptado comunicaciones que daban a entender que altos mandos militares posibilitaron que el cártel de la droga llamado Guerreros Unidos atacara a los estudiantes porque estos querían capturar autobuses que contendrían cargamentos de droga que iban hacia la frontera con EE.UU.
Sheinbaum eligió para la Secretaría de la Defensa a Ricardo Trevilla, un general más lejano a ese grupo atravesado por Ayotzinapa, lo cual enciende en los familiares la expectativa de conocer la verdad.
Nuevas pistas
La presidenta despidió además al fiscal que había nombrado su antecesor para el caso, Rosendo Gómez Piedra, cuya labor era muy objetada por las familias. Asumió el cargo en su lugar Mauricio Pazarán, quien trabajó en la Fiscalía de Ciudad de México y que el pasado mes de mayo se unió al equipo que indaga el caso.
El Gobierno de Sheinbaum está reconstruyendo nuevas pistas haciendo una revisión de las llamadas telefónicas que tuvieron lugar al momento de la desaparición. Entre los presuntos responsables ahora detenidos están los dueños de dos funerarias que la Fiscalía de López Obrador se había negado a investigar.
Sheinbaum, además, ha solicitado a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, la extradición de dos personas relacionadas con la desaparición. Así lo ha revelado la presidenta en una de sus conferencias matutinas. La petición se hizo de manera directa, en el encuentro que sostuvo la mandataria con el encargado de la política exterior de Estados Unidos el pasado 3 de septiembre.
Sheinbaum ha solicitado a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, la extradición de dos personas relacionadas con la desaparición
Este lunes tuvo lugar una nueva movilización de familiares en la Ciudad de México. Durante la misma pidieron a Sheinbaum otorgar prioridad institucional al caso. También reiteraron la demanda de extraditar a políticos y exfuncionarios implicados que lograron irse del país antes de ser arrestados.
Documentos en manos del Ejército
Los manifestantes solicitaron al Gobierno la entrega de 800 folios en poder del Ejército. Señalaron que dichos documentos formaron parte de investigaciones pendientes. En el Gobierno de López Obrador los generales dijeron que nunca entregarían la información del Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Ejército (Cerfi).
Como sea, el paso del tiempo se siente entre los familiares. Genoveva Sánchez, madre de Israel Caballero Sánchez, normalista (estudiante) de Ayotzinapa desaparecido junto con otros 42 de sus compañeros, falleció hace dos semanas a causa de una enfermedad. Era una presencia permanente en todas las movilizaciones. Tras 11 años ya son cinco padres y madres los que han fallecido sin conocer el alcance real de lo sucedido en esa noche que, en cierta medida, cambió la historia reciente de México.