La brutal represión, que deja al menos 2.500 muertos según las autoridades, logró silenciar las calles de Irán. Los iraníes no respondieron en un primer momento a la llamada de Donald Trump, que les pidió mantener las protestas y asaltar las instituciones, pero todo … podría cambiar cuando llegue esa ayuda que «está en camino», en palabras del presidente estadounidense.
El régimen redobló su desafío a Trump y anunció el aceleramiento de los juicios y los preparativos de ejecuciones de personas detenidas en las protestas, bajo cargos de ‘moharebeh’ (guerra contra Dios) o «terrorismo». Con el ahorcamiento del primer detenido, los iraníes habrán cruzado otra de las líneas rojas impuestas por la Casa Blanca, que prometió «medidas contundentes» en respuesta a posibles ejecuciones.
Por sexto día consecutivo el servicio de Internet permaneció cortado en la república islámica, muestra de que las cosas siguen sin estar bajo control. Ajeno a la presión externa y a la cuenta atrás en marcha para la intervención de Estados Unidos, el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, adelantó en la televisión pública el inicio de los juicios rápidos de cara a ejecutar a detenidos. «Si queremos hacer algo, debemos hacerlo ahora. Si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápido. Si se deja para más tarde, dos o tres meses después, no tiene el mismo efecto. Si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápido», afirmó el clérigo.
Amin Hossein Rahimi, ministro de Justicia de Irán, aclaró que «cualquiera que haya estado presente en las calles desde el 8 de enero en adelante es considerado definitivamente un criminal». Una forma de reforzar la versión oficial de que Irán se enfrenta a una oleada de «terrorismo urbano» respaldado desde Estados Unidos e Israel con el objetivo de cambiar el régimen.
Un nuevo balance de la agencia Human Rights Activists News Agency (HRANA) estableció que 2.403 de los fallecidos son manifestantes y 147, agentes de seguridad. La cifra estimada de detenidos es de unas 18.100, indicó la organización con sede fuera de Irán.
Papel de Israel
Israel «sigue muy de cerca» la situación, como aseguró un Benjamín Netanyahu que ha prohibido a sus ministros hablar de las protestas. El Canal 14, una cadena ultranacionalista vinculada al primer ministro, sorprendió al abrazar la versión oficial de los iraníes e informar de que «actores extranjeros están armando a los manifestantes con armas de fuego reales, lo que explica la muerte de cientos de miembros del régimen. Todo el mundo es libre de pensar quién está detrás». El analista diplomático de la cadena, Tamir Morag, compartió en redes lo que vendió como «exclusiva» del canal.
El ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, sobre quien pesa una orden de arresto de la justicia internacional por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con la guerra en Gaza, también se refirió al papel que debe jugar su país y dijo que «el régimen en Irán necesita caer y se debe ejercer paciencia estratégica, manteniéndose en segundo plano y guiando las cosas con una mano invisible» mientras «lo que importa es la acción de las masas sobre el terreno».
Los israelíes están a la espera de que Trump de el paso de lanzar su operación a gran escala y confían en que no se deje convencer por las voces de países como Turquía o Qatar, que le piden la vuelta a la mesa de negociación para evitar un conflicto que amenaza con extenderse a toda la región.
Ejecuciones de «terroristas»
Como ocurriera en 2022, los medios oficiales ya han comenzado a difundir decenas de vídeos de confesiones de los detenidos en las que aseguran ante las cámaras que operan al servicio de israelíes y estadounidense o que han cometido todo tipo de crímenes contra las fuerzas de seguridad. Todo ello perfectamente editado con música de suspense e intercalando imágenes de las batallas campales que se han vivido en las calles. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que se trata de confesiones forzadas por la presión de los malos tratos y las torturas a las que son sometidos.
La fiscalía afirma que los «saboteadores» se enfrentarán a la pena capital tras su papel en unas protestas que consideran una continuación de la guerra de 12 días que lanzó por sorpresa Israel en junio. Desde que se produjera el ataque israelí, al que luego se sumó Trump con el bombardeo de las instalaciones nucleares, la república islámica ha ejecutado a 12 personas acusadas de espionaje.
Tras las protestas por Mahsa Amini, el Parlamento Europeo aprobó en enero de 2023 una resolución condenando «la política de la República Islámica de forzar confesiones mediante tortura, intimidación, amenazas contra familiares u otras formas de coacción, y el uso de estas confesiones forzadas para condenar y sentenciar a manifestantes».