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Los satélites FLEX Earth Explorer y el Copernicus Sentinel-3C han sido lanzados conjuntamente este lunes 14 de septiembre a bordo de un cohete Vega-C desde el puerto espacial de la Guayana Francesa, marcando un nuevo avance en los programas de observación de la Tierra.La Agencia Espacial Europea (ESA) informa una publicación de su blog oficial que el adaptador de lanzamiento Vespa permitió apilar ambos satélites dentro de la cofia del cohete para su lanzamiento, así pues, el Sentinel-3C fue inyectado en órbita primero, seguido por FLEX aproximadamente una hora más tarde. Después de que los satélites fueran desplegados de forma individual, el Centro Europeo de Operaciones Espaciales de la ESA recibió las primeras señales de ambos y, según la ESA, este contacto confirmó que habían sido liberados del cohete de forma segura y que habían establecido comunicación con el centro de control en tierra.De cara a los próximos días, los controladores de la misión llevarán a cabo la «fase de lanzamiento y puesta en órbita inicial», comprobando y verificando el estado y el rendimiento de ambos satélites y confirmando que todos los sistemas funcionan según lo previsto.Ante este avance, la directora de los programas de observación de la Tierra de la ESA, Simonetta Cheli, afirma en el blog oficial que «FLEX es una misión de investigación que contribuirá a ampliar el conocimiento sobre la salud de las plantas y el papel de la fotosíntesis en los ciclos del carbono y del agua», mientras que «Sentinel-3C es el tercer satélite de la serie Sentinel-3, que mide sistemáticamente los océanos, la tierra, el hielo y la atmósfera terrestres para apoyar los servicios Copernicus de Europa».¿Qué harán los satélites FLEX y Sentinel-3C en esta misión?FLEX es el primer satélite de la ESA diseñado para medir la actividad fotosintética desde el espacio, ya que su espectrómetro de imágenes de fluorescencia detectará la fluorescencia débil que emiten las plantas al absorber la luz solar durante la fotosíntesis.Según la ESA, esta señal proporciona una indicación directa de la eficiencia con la que la vegetación convierte la luz solar y el dióxido de carbono en energía, de esta manera, las mediciones de FLEX ayudarán a evaluar la salud de las plantas, la productividad de los ecosistemas y los efectos del estrés ambiental y el cambio climático.Por su parte, Copernicus Sentinel-3C continuará la recopilación a largo plazo de datos ambientales esenciales, ya que su conjunto de instrumentos observará sistemáticamente los océanos, la tierra, el hielo y la atmósfera, midiendo parámetros como la temperatura de la superficie oceánica y terrestre, el color del océano, las condiciones del mar y del hielo, la vegetación y los niveles de las aguas continentales.FLEX y Sentinel-3C trabajan en equipoEsta configuración en tándem permitirá a FLEX aprovechar las observaciones de Sentinel-3, ya que ambos satélites podrán realizar mediciones casi simultáneas. De esta forma, FLEX analizará la tenue fluorescencia que emite la vegetación, mientras que Sentinel-3 aportará datos complementarios sobre la atmósfera y la superficie terrestre.Entre ellos se incluyen información sobre las nubes, los aerosoles y el vapor de agua, además de datos sobre la temperatura de la superficie, el tipo de cobertura vegetal y otros parámetros relacionados con la vegetación. Por lo tanto, al combinar estas mediciones, los científicos podrán obtener una visión más completa de la salud y el funcionamiento de la vegetación a escala global.
Estamos a martes de la semana pasada. El investigador de Anthropic Jacob Coxon publica un hilo incendiario en X en el que anuncia su decisión de dejar su trabajo en la empresa de IA y alerta de que esta tecnología «podría matarnos a todos … al final de esta década». Al rato, Evan Hubinger, jefe de uno de los equipos de seguridad de la tecnológica se une a la conversación, señala en un mensaje que «Jacob tiene razón», y se suma al órdago apuntando que, desde su punto de vista, las probabilidades de un final apocalíptico tipo Terminator son, aproximadamente, del 10%.
Estas afirmaciones no tardan en viralizarse. Después de guardar silencio durante varios días, el CEO de la ‘startup’, Dario Amodei, lanza un ensayo de 3.000 palabras en el que aboga por ralentizar el avance de la IA. Dice que le da miedo que en el próximo año o año y medio esta tecnología sea capaz, por su cuenta y riesgo, de «controlar todo internet» provocando por el camino «cientos de miles de millones de dólares en pérdidas». Elon Musk, de SpaceXAI, Demis Hassabis, de Google DeepMind, y Sam Altman, de OpenAI, se muestran de acuerdo. Y la investigadora española Inma Martínez respira aliviada cuando lo lee. Considera que apuntando a dicho riesgo, Amodei «está pulsando la tecla correcta» sobre lo que hay que hacer con la IA: garantizar que cuente con unos mecanismos de seguridad sólidos antes de ponerla a funcionar.
«El mensaje no me pilló por sorpresa. Yo colaboro en el Foro de Davos, y en la edición del año pasado recuerdo que Yoshua Bengio, pionero del aprendizaje profundo con el que he trabajado en alguna ocasión, ya avisaba sobre lo que la IA agéntica -un sistema con capacidad de lograr un objetivo sin supervisión humana constante- puede hacer. Ya sabíamos por entonces, e incluso antes, que hay muchos aspectos de esta tecnología que se nos van de las manos», señala Martínez en conversación telefónica con ABC desde Reino Unido, donde reside desde hace años.
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Esta investigadora lleva años asesorando al Gobierno de España, al británico o al G-7 en materia de regulación y de diseño de estándares para la industria de la IA. Actualmente, trabaja también como asesora científica de la Organización Mundial del Comercio, añade que esta tecnología, como ocurre con los modelos más avanzados de empresas como Anthropic u OpenAI, «tiene demasiada libertad para tomar decisiones» y que «su naturaleza puede ser la de tirar por la calle de en medio y ‘hackear’ para conseguir sus objetivos». Algo que ya han sufrido empresas como Hugging Face, que en los últimos meses han sufrido ciberataques realizados, precisamente, por agentes de IA.
Por eso, Martínez considera que lo mejor que pueden hacer las tecnológicas es, efectivamente, pisar el freno. Aunque, en caso de que cumplan con su palabra, tiene claro que el motivo por el que lo harán será por el de preservar su propio negocio. No por buenas intenciones: «Si dan marcha atrás es porque estas empresas tenían pensado salir a bolsa. ¿Tú qué crees que harían si no salieran a bolsa? Pues seguirían. Pero cuando sales a bolsa y esperas recaudar trillones no te puedes arriesgar a que la próxima vez a un enjambre de agentes les de por ‘hackear’ a JP Morgan o a una eléctrica y acabar perdiendo dinero».
«Si Anthropic y OpenAI dan marcha atrás es porque van a salir a bolsa y no quieren arriesgarse a ‘hackear’ a JP Morgan»
Efectivamente, tanto Anthropic como OpenAI tenían intención de salir a bolsa antes de que finalizase el año. Las dos empresas esperaban alcanzar valoraciones de cientos de miles de millones de euros; sin embargo, la firma dirigida por Sam Altman ya ha compartido que tiene intención de retrasar sus planes a 2027. Antes quiere resolver los problemas de seguridad de sus modelos. «La tecnología de Anthropic está mejor entrenada que la de OpenAI. Los de Altman siempre han sido un poco los ‘punks’ de la IA. Comenzaron lanzando un modelo de lenguaje en 2022 que era un horror, entrenado con unos datos malísimos. No me extraña que ahora tampoco se echen atrás».
Contra las teorías del apocalipsis
A pesar de que Martínez comparte la preocupación de los gigantes de la IA por la posibilidad de que esta tecnología acabe causando estragos en la red, rechaza de plano todas aquellas teorías que apuntan a la aparición de una futura máquina que podría tomar la decisión de aniquilar a la humanidad. «No me gusta hablar de tecnología que mata a personas, porque eso es ciencia ficción. La IA no tiene una pistola. Lo que sí que tiene es potencial para destruir nuestros valores y los pilares de la sociedad. Lo dejo claro: la inteligencia artificial no puede matarnos, pero puede dejarnos sin dinero, comida o luz».
«No me gusta hablar de tecnología que mata a personas, porque eso es ciencia ficción. La IA no tiene pistola»
A continuación, la investigadora comienza a dibujar varios escenarios preocupantes que, a su parecer, entran dentro del terreno de lo posible: «La IA puede realizar ciberataques que dejen sin funcionar a aeropuertos o a redes eléctricas o a supermercados. Puede hacer eso y mucho más, y, además, ten en cuenta todo lo que dependemos del mundo digital. Imagínate que la IA ‘hackea’ al IBEX 35. ¿Dónde se van las acciones de todas las empresas españolas? ¿Cómo se recupera el ‘trading’?».
Para tratar de reducir los riesgos al mínimo, la investigadora apuesta por el desarrollo de unos estándares industriales más que por la elaboración de una plúmbea regulación: «Yo siempre he abogado porque si la IA es un producto que se va a comprar y a vender, debe cumplir con unos estándares, igual que ocurre con los coches. Tengo curiosidad por lo que puede ocurrir en el futuro con el ISO (Organización Internacional de Normalización, por sus siglas en inglés) que ya está certificando a compañías para poder llevar a cabo determinados trabajos».
La IAG
Durante los últimos años, numerosos empresarios e investigadores han avisado sobre la futura llegada de una inteligencia artificial general, más avanzada que cualquiera de la que actualmente podemos encontrar en la red: «Se trata de una máquina que tendría una comprensión exacta de lo que es la vida, igual que ocurre con los humanos. Entiende de verdad que si un vaso se cae al suelo, lo que ocurre es que se va a romper. Entiende la Física o la Química».
«Si la IA es un producto que se va a comprar y a vender, debe cumplir con unos estándares, igual que ocurre con los coches»
«No se trata de un modelo de lenguaje capaz de generar texto o vídeos, como ocurre con las herramientas que nos estamos encontrando por internet», prosigue la experta. Aunque OpenAI es una de las empresas que afirma estar trabajando con más ahínco en su creación, Martínez tiene dudas de que llegue a conseguirlo: «Los que más probabilidades tienen son DeepMind -dependiente de Google- y Meta, porque llevan años recabando datos de todo el mundo».
Amazon llegó a España hace 15 años para vender libros por internet y ya tiene miles de empleados, decenas de instalaciones y una enorme infraestructura tecnológica detrás. De hecho, una parte cada vez más importante en este negocio ya no se encuentra en las compras que hacemos desde casa, sino en los centros de datos y la inteligencia artificial. El 15 de septiembre de 2011, pocos minutos después de abrir Amazon.es, un cliente de Murcia hizo el primer pedido de la compañía en España: un ejemplar del Código Penal.Desde entonces, aquel pequeño catálogo de libros se ha convertido en una plataforma que reúne comercio electrónico, logística, dispositivos y servidores en la nube e inteligencia artificial. La compañía de Jeff Bezos informa de que en estos 15 años ambos han invertido más de 25 millones de euros en España y actualmente cuenta con más de 30.000 empleados fijos y su red incluye alrededor de 40 instalaciones logísticas, oficinas en Madrid y Barcelona, dos centros de innovación y más de 20.000 puntos de recogida. De hecho, este año ha abierto su primer centro de distribución en España, en Zaragoza, y tiene prevista una nueva estación logística en Paterna.Amazon se transforma por completo con AWSDurante el año pasado, Amazon entregó en España más de 190 millones de artículos en el mismo día o al día siguiente a clientes Prime, su cifra más alta hasta la fecha. Como bien sabemos, Amazon ya no solo es una tienda, sino que también desarrolla dispositivos como el Kindle, Echo y Alexa, la cual comenzó a funcionar en español en 2018.Ahora, una de las grandes apuestas se encuentra en Amazon Web Services (AWS), su división de servicios de la nube. Esta es la infraestructura que permite a empresas almacenar datos, ejecutar aplicaciones y utilizar tecnologías de IA sin tener que construir centros de datos. Aragón ocupa un lugar importante con la región AWS Europa inaugurada en noviembre del 2022. Cuenta con tres zonas de disponibilidad repartidas entre Zaragoza y Huesca.El pasado mes de marzo, Amazon anunció que elevaría hasta los 33.700 millones de euros la inversión en España para ampliar esta infraestructura de centros de datos e impulsar la inteligencia artificial. De dicha cantidad, 15.700 millones corresponden a la región de Aragón. Además de que también prevén construir en la misma comunidad autónoma instalaciones para la fabricación, reparación y reciclaje de servidores de inteligencia artificial.Así que, quince años después de aquel primer pedido, Amazon se ha transformado por completo.
Google ha querido comprobar si la inteligencia artificial puede encontrar diferentes formas de conseguir un objetivo y lo ha conseguido. Google DeepMind, el principal laboratorio de investigación y desarrollo de IA de Google, ha realizado un experimento con 100 agentes autónomos basados en Gemini 3.1 Pro. La idea era ponerlos a trabajar juntos para resolver problemas matemáticos, aunque se produjeron comportamientos muy dispares. Varios descubrieron un atajo para saltarse las reglas y otros agentes denunciaron las trampas, en lugar de seguirles el juego.En el estudio se explica que los agentes debían resolver 71 problemas matemáticos, desde ejercicios relativamente sencillos hasta muy complejos, incluidas algunas conjeturas que ningún humano ha logrado demostrar. Pero antes de comenzar, todos los agentes recibieron las siguientes instrucciones: tenían que realizar demostraciones matemáticas legítimas y cualquier intento de trampa sería detectado y sancionado. Durante la primera hora todo funcionó tal y como estaba previsto y los agentes resolvieron 31 de los 71 problemas, pero todo cambió cuando uno de ellos encontró un fallo en el sistema de comprobar las demostraciones. El error permitía modificar determinadas partes del código para convertir el problema en algo mucho más sencillo, sin tener que demostrarlo. Este descubrimiento se compartió en una biblioteca de conocimiento común y los agentes comenzaron a utilizarlo. Como resultado, en apenas 27 minutos, los otros 34 problemas fueron aceptados mediante este método, aunque poco después los investigadores detectaron diferentes comportamientos entre los agentes:Un 9% utilizaron el fallo.Un 5% empezó resistiéndose, pero terminó haciendo lo mismo al ver que sus compañeros avanzaban más rápido.Un 62% ni siquiera se enteró de que existía esa vulnerabilidad y continuó resolviendo los problemas de forma legítima.Denuncia de las trampas e incluso un boicotSin embargo, sí que hubo un 24% que llamó especialmente la atención. Este conjunto de agentes no solo rechazó las trampas, sino que avisó a sus compañeros a través de un foro y presentó quejas contra quienes habían utilizado el fallo. De hecho, uno de ellos incluso organizó un boicot, amenazando con dejar de enviar demostración hasta que se reconociera que otros habían ‘jugado sucio’.Por desgracia, todo se quedó en nada para los agentes que sí hicieron las cosas bien, porque estos carecían de herramientas para castigar a los infractores y eliminar sus resultados. A modo de conclusión, para DeepMind el experimento demuestra que los conjuntos de agentes necesitarán de mejores sistemas de verificación y mecanismos que les permitan actuar ante este tipo de situaciones.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) está investigando la primera notificación que recibe el organismo en relación con una brecha de datos personales realizada mediante un agente de inteligencia artificial que utilizó «un conocido modelo de lenguaje» del que, por el momento, … no ha trascendido el nombre.
Según un comunicado realizado por la AEPD, el agente de IA, con capacidad para realizar acciones de forma casi autónoma, inició una búsqueda de vulnerabilidades que le permitió acceder al sistema afectado. Una vez dentro, comenzó a buscar nuevas vulnerabilidades en la aplicación, con las que pudo modificar datos personales y acceder a facturas.
«Con carácter previo a ningún tipo de conclusión, hay que señalar que la información disponible procede de la notificación presentada por la organización afectada y deberá ser objeto del correspondiente análisis», remarcan desde la AEPD. La agencia recuerda también que la utilización de un modelo de IA de una empresa conocida no implica «que el modelo o la infraestructura de su proveedor hayan sido comprometidos ni que la herramienta haya sido diseñada para desarrollar actividades maliciosas».
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En su lugar, Protección de Datos llama la atención sobre la posibilidad de que un tercero, con fines maliciosos, haya podido utilizar esta tecnología para «encadenar exitosamente distintas fases del ataque» que ahora mismo está siendo investigado.
La utilización de inteligencia artificial en actividades maliciosas no es nueva. Igual que tampoco lo es que un agente de IA lance un ciberataque exitoso contra una empresa. El pasado julio, OpenAI reconoció que algunos de sus modelos de IA más competentes habían encontrado una brecha en el entorno en el que estaban siendo puestos a prueba. Desde allí se habían conectado a la red para, finalmente, lanzar ciberataques exitosos contra varias empresas, entre ellas Hugging Face. Posteriormente otras compañías de inteligencia artificial, como Anthropic y Meta reconocieron que sus modelos habían protagonizado acciones parecidas en los últimos meses.
La AEPD señala que la aparición de agentes de IA representa «un cambio cualitativo» en lo que se refiere a las amenazas existentes en la red: «Un agente puede recibir un objetivo, planificar tareas intermedias, utilizar herramientas, ejecutar código, consultar fuentes, interpretar resultados y modificar su actuación, de forma autónoma, en función de lo que encuentra».
También hace referencia a un documento del Centro Criptológico Nacional en el que se advierte de que «la IA ofensiva se está convirtiendo en una capacidad operativa integrada en campañas reales y recomienda reforzar los controles esenciales, acelerar la gestión de vulnerabilidades, proteger las identidades, controlar la cadena de suministro y gobernar adecuadamente el uso de agentes».
Cambios en los protocolos
La agencia destaca a su vez que el incidente que se investiga «confirma la necesidad de incorporar expresamente los ataques asistidos o ejecutados mediante IA a los análisis de riesgos de los tratamientos. Es decir, no basta con incluir una referencia genérica a ‘malware’, ‘phishing’ o acceso no autorizado, pues esta automatización puede modificar sustancialmente la probabilidad, velocidad y alcance del incidente.
En segundo lugar, la AEPD indica que se deben comenzar «a revisar los tiempos de respuesta»: «Los procedimientos diseñados para ataques ejecutados manualmente pueden resultar insuficientes cuando un agente analiza simultáneamente múltiples activos, prueba distintas vías de acceso y adapta su comportamiento con rapidez».
Finalmente, remarca que la llegada de los agentes de IA capaces de lanzar ciberataques contra empresas «debe impulsar una revisión inmediata de los modelos de seguridad y protección de datos»: «Responsables, encargados y delegados de protección de datos deben prepararse para un escenario en el que la velocidad del ataque será cada vez mayor, pero en el que continuarán siendo decisivos los mismos fundamentos: conocer los tratamientos, minimizar los datos, limitar los accesos, corregir vulnerabilidades, controlar a los proveedores y estar preparados para responder».
Microsoft ha acordado implementar diez principios de seguridad y privacidad para regular el uso de la inteligencia artificial en los colegios. Hace apenas una semana, grandes distritos escolares como Nueva York y Los Ángeles anunciaron suspensiones temporales del uso de herramientas de IA en … las clases para analizar sus riesgos e imponer la seguridad adecuada.
Frente al recelo que muestran familias y docentes respecto al impacto de la tecnología en los menores de edad, la compañía de Satya Nadella ha pactado una serie de reglas, recogidas en la ‘Norma nacional de seguridad y privacidad en materia de IA’, que los centros educativos de Estados Unidos podrán incorporar en sus contratos a partir de noviembre.
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El pacto se aprobó junto a la Federación Estadounidense de Profesores (AFT, por sus siglas en inglés) y su filial neoyorquina UFT. Ante la falta de un marco legal que regule las herramientas de IA en el ámbito educativo, la iniciativa otorga la responsabilidad de la protección de datos a las tecnológicas.
Así, los centros escolares tendrán unas salvaguardas legales para evitar que los datos personales y privados de los alumnos acaben convertidos en material comercial o de entrenamiento informático, entre otras condiciones.
Medidas de protección para los centros educativos
1.
Prohibición del entrenamiento de la IA con datos de alumnos o docentes.
2.
Minimización de datos desde el diseño, solo recopilan lo necesario.
3.
Los alumnos son los propietarios de sus datos, no pueden venderse ni utilizarse con fines publicitarios o para el desarrollo de productos.
4.
Supervisión humana y explicabilidad para las decisiones difíciles, prohibiendo los «compañeros de IA».
5.
Los proveedores deben mantener sus certificaciones, notificar las infracciones y subsanarlas.
6.
Los datos están cifrados, su acceso está controlado, se someten a pruebas independientes y están amparados por planes de respuesta ante incidentes.
7.
Consentimiento significativo y transparencia para las familias, que recibirán guías claras.
8.
Los productos deben ser accesibles y justos.
9.
Sin ‘feature creep’ ni dependencia de un solo proveedor.
10.
Responsabilidad a largo plazo sobre los datos, que solo se conservarán cuando sea necesario.
La paradoja es evidente. Las compañías que durante años han competido por desarrollar modelos cada vez más potentes son ahora las que empiezan a pedir que la carrera avance con algo más de calma.Dario Amodei, CEO de Anthropic, ha sido el más explícito. Este fin de semana pidió ralentizar el crecimiento de las capacidades de los modelos para que las medidas de seguridad tengan tiempo de avanzar al mismo ritmo. Su propuesta incluye evaluadores externos dentro de los laboratorios, estándares comunes entre las compañías y, en una fase posterior, coordinación entre gobiernos.Sam Altman también ha respaldado unas reglas de seguridad comunes para la llamada IA de frontera. El CEO de OpenAI ha defendido incluso un marco federal, auditorías independientes y controles que puedan retrasar deliberadamente determinados avances. «Ninguna presión competitiva estadounidense debería justificar la imprudencia», ha escrito en X.Eso no significa que las alertas sean una estrategia para proteger su negocio. Los incidentes registrados este verano con modelos de OpenAI y Anthropic muestran que existen problemas de seguridad reales. Pero también es cierto que no todas las empresas parten del mismo lugar si desarrollar IA se vuelve más caro, lento y regulado. Cuantas más exigencias, más difícil es entrar en la carreraCrear uno de los modelos más avanzados del mundo ya está al alcance de muy pocas compañías. Hace falta dinero, enormes centros de datos, chips especializados, energía, investigadores y acceso a grandes cantidades de información. Añadir auditorías constantes, evaluaciones independientes y nuevas obligaciones de seguridad aumenta todavía más ese coste.OpenAI, Google, Anthropic o xAI pueden dedicar equipos enteros a cumplir esos requisitos. Para una compañía pequeña o un nuevo competidor, hacerlo puede ser bastante más complicado.Es un problema conocido en regulación: unas normas diseñadas para controlar a los actores más poderosos pueden terminar convirtiéndose en una barrera para quienes quieren competir con ellos.La OCDE ha advertido ya de riesgos de concentración en el mercado de la inteligencia artificial, especialmente por la dificultad de acceder a elementos esenciales como chips, capacidad de computación y datos. A medida que aumenta el coste de competir en la frontera, esa ventaja de los actores ya establecidos puede crecer. Decidir cómo se controlaHay otro elemento importante. Las grandes compañías no están esperando a que los gobiernos decidan completamente cómo debe regularse esta tecnología: ellas mismas están proponiendo los mecanismos de control.Amodei quiere que los principales laboratorios acuerden estándares comunes y que los evaluadores externos puedan comprobar cómo desarrollan los modelos, no solo analizarlos cuando ya están terminados. Anthropic asegura que permitirá a estos revisores un acceso similar al de determinados empleados de la compañía.Altman plantea algo parecido. OpenAI quiere compartir criterios sobre alineamiento, monitorización y seguridad con el resto de la industria y considera que las empresas pueden empezar a trabajar juntas incluso antes de que exista una nueva legislación. Ese planteamiento tiene una ventaja evidente: puede permitir introducir controles mucho más rápido que un proceso legislativo.Pero también deja a las compañías más poderosas en una posición privilegiada para participar en la definición de qué se considera suficientemente seguro y qué tendrán que hacer sus competidores para demostrarlo.El propio Altman ha advertido este lunes, sin embargo, de la otra cara del problema. Para el responsable de OpenAI, una de las formas en las que el desarrollo de la inteligencia artificial podría «salir muy mal» sería precisamente que demasiado poder quedase concentrado en una sola empresa, persona, laboratorio o país. Frenar los nuevos modelos no significa frenar el negocioHay además una diferencia importante entre desarrollar una nueva generación de inteligencia artificial y explotar comercialmente la que ya existe.OpenAI, Google, Anthropic y xAI disponen ya de modelos capaces de programar, analizar documentos, generar contenido o realizar tareas de forma autónoma. Una ralentización de la carrera por entrenar sistemas todavía mayores no impediría seguir extendiendo los actuales entre empresas y consumidores.Reuters señala que una desaceleración de los llamados modelos de frontera podría incluso desplazar parte del negocio hacia la inferencia, es decir, hacia utilizar masivamente los modelos ya construidos en lugar de gastar cada vez más dinero en entrenar al siguiente.Aunque tampoco todos los gigantes saldrían beneficiados. Un cambio de este tipo podría alterar el enorme negocio de chips y centros de datos construido alrededor del entrenamiento de nuevos modelos y abrir oportunidades a empresas especializadas en ejecutar IA de forma más barata. Y nadie quiere frenar si China sigue acelerandoExiste, finalmente, un límite que los propios responsables de estas compañías reconocen: la competición entre Estados Unidos y China.Amodei propone ralentizar el desarrollo dentro de los países democráticos, pero al mismo tiempo reclama mantener restricciones sobre los chips avanzados que puede comprar China y evitar que las compañías del país asiático accedan fácilmente a tecnología estadounidense. Su objetivo es conservar una ventaja suficiente para poder reducir el ritmo sin perder el liderazgo.Ahí aparece quizá la mayor contradicción de todo este debate: los laboratorios quieren más seguridad, pero ninguno quiere ser el único que levante el pie del acelerador. Por eso, que las grandes tecnológicas puedan beneficiarse de unas normas más exigentes no significa que sus preocupaciones sean falsas. Ambas cosas pueden ocurrir a la vez. La IA puede necesitar controles más fuertes y, al mismo tiempo, esos controles pueden beneficiar especialmente a quienes ya disponen del dinero, la infraestructura y la influencia necesarios para cumplirlos.
Desde la famosa ‘Guerra de los Seis Días’, en la que Israel conquistó en 1967 toda Jerusalén y los estratégicos Altos del Golán, que pertenecían a Siria, este último territorio ha sido uno de los caballos de batalla del eterno proceso de paz de Oriente Próximo … . El problema podría cambiar a tenor del proceso de naturalización israelí de los sirios que viven en los Altos, según informa la prensa regional. Desde el año pasado, Israel permite a los drusos –una secta musulmana– que viven en el Golán ocupado pedir la ciudadanía. Cuatro de cada diez ya la han obtenido.
¿A qué se debe la avalancha de solicitudes? Sencillamente al hecho de que los drusos se fían de la protección de los judíos y no de la que ofrecen los regímenes musulmanes de mayoría suní, e incluso los de la minoría chií, como fue el caso de la derrocada dinastía de los Assad.
El momento clave de la inflexión se produjo en julio del año pasado, medio año después de la llegada a Damasco de los rebeldes dirigidos por el hoy presidente sirio Ahmed al Sharaa. Un conflicto interno en la provincia sureña de Sweida entre drusos y beduinos llevó al nuevo gobierno a enviar tropas para calmar los ánimos. El resultado fue la matanza de más de 2.000 drusos en pocos días, casi la mitad de ellos civiles. Un vídeo que tuvo gran impacto muestra a soldados –ex yihadistas– pidiendo la identidad a un detenido; cuando éste le responde que es sirio, le preguntan «¿qué quiere decir sirio, suní o druso?». Cuando contesta que es druso, le asesinan a tiros.
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La secta drusa es muy antigua, surgió en el siglo XI como una rama distinta de la mayoritaria suní, con elementos también ajenos al Corán. Algunos de sus mandamientos son secretos, a veces se les considera una tendencia ‘mística’, y aceptan a Abraham, Mahoma y a Jesús como ‘profetas’. Se estima que cuenta con un millón de seguidores, repartidos en Siria, Líbano, Israel, Turquía y Jordania. En Israel son un grupo numeroso y protegido, en particular porque la religión drusa no reivindica ninguna nación propia y anima a ser leal al régimen donde viven sus seguidores. Según ‘The Times of Israel’ solo en la región de Galilea viven unos 150.000 drusos israelíes, y muchos hacen el servicio militar.
Las minorías sirias se sienten desprotegidas
A raíz de la matanza del año pasado en Siria -que los drusos consideran como su ‘7 de Octubre’ y comparan con el ataque de Hamás a Israel en 2023- la desconfianza se ha disparado ante la ausencia de investigación y juicios por parte del Gobierno de Al Sharaa. Los drusos no son los únicos perplejos por la falta de acción del Gobierno, que afirma estar al mando tanto de los militares como de sus antiguos milicianos. Los chiíes de la región de la familia Assad también sufrieron matanzas similares a las de los drusos, y hay una serie de atentados sin investigar contra la minoría cristiana de Siria. A diferencia de los drusos que quieren ser israelíes, los cristianos aspiran a emigrar a Occidente. Una tragedia para una de las iglesias más antiguas y rocosas del mundo, que antes de la guerra civil siria constituía el 10 por ciento de la población.
El poder ruso tiene diferentes mantras que no aceptan discusión. Los más señalados son la necesidad de la invasión de Ucrania y la posibilidad de alcanzar la paz solo cuando todos los objetivos militares se hayan cumplido. Estos incluyen la total anexión del Dombás o … la promesa de que Ucrania no entrará en la OTAN y reducirá sus fuerzas armadas. Pocos se atreven a defender abiertamente en público posiciones contrarias, pero alguno todavía queda.
El caso más reciente y sorprendente es el de Bair Tsyrenov, miembro del Partido Comunista de la Federación de Rusia (KPFR). Este candidato a la Duma (Parlamento) fue la cara visible de la campaña de su formación por el distrito uninominal de Buriatia y lo hizo con lemas como «paz para el mundo» o interpelaciones más directas como «¿cuándo terminará la operación militar especial?». Estos eslóganes son prácticamente un desafío al régimen y plasman una escena poco habitual.
La región donde se postula Tsyrenov tampoco es una parte cualquiera del gigante euroasiático. Esta república de Siberia es una de las que más hombres ha enviado al frente. Medios internacionales e independientes han reflejado esta realidad e incluso aseguran que todos los buriatos conocen a alguien que murió en el campo de batalla. Muchos habitantes de la periferia rusa, como los de Siberia, el Lejano Oriente y el Cáucaso, se unen a las filas del ejército. Su mayor motivación es la falta de empleo y los salarios bajos que predominan en el mercado laboral de sus provincias. Buriatia no es una excepción. Se desconoce cuántos de los alistados sobreviven. Las autoridades nacionales no cuantifican los fallecidos en la guerra desde octubre de 2022 y aprobaron una ley que castiga ofrecer una cifra que contradiga el relato oficial del régimen.
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El candidato comunista también hizo otra pregunta incómoda para el Kremlin en su vídeo de campaña: «¿Cómo se puede vivir con estos impuestos?». Las dificultades económicas causadas por el conflicto militar han obligado a las autoridades a exprimir más al contribuyente, con subidas notables de los equivalentes del IVA, IRPF e impuestos de sociedades.
Oposición controlada
Tsyrenov es un ‘rara avis’ dentro de los partidos de la oposición sistémica de Rusia. Porque su jefe, el líder del KPRF, Guenádi Zyugánov, suele pedir más mano dura contra Ucrania en el frente. «Contra el mundo ruso va ya el quinto año de una guerra de exterminio total. Tenemos que hacer todo lo necesario para estabilizar y unir al máximo nuestra sociedad… Cada mes y cada año deben trabajar para esta victoria», declaró rotundamente el pasado 7 de septiembre. No obstante, estas siglas están lejos de ser un peligro para Rusia Unida, el partido del presidente Vladímir Putin, al que suelen respaldar.
El KPRF, cuando empezó la guerra, ya dejó claro a sus miembros lo que se podía hacer y lo que no. El 27 de febrero de 2022, un grupo de militantes de base del partido y miembros de la organización juvenil del Komsomol lanzaron formalmente el movimiento Comunistas contra la guerra. Las secciones locales de las juventudes comunistas en Penza, Novosibirsk, Sarátov y Moscú emitieron declaraciones oficiales contra el conflicto en sus plataformas digitales. La cúpula central del partido reaccionó a las pocas horas. Les obligó a eliminar las publicaciones y aplicó sanciones disciplinarias internas a los organizadores.
Las críticas a Putin son mínimas y cualquier oposición, por pequeña que sea, rápidamente es silenciada
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El último caso fue en mayo de este 2026, cuando Rinat Suleymanov criticó el conflicto por su coste económico. «La operación militar especial ha durado ya más que la Gran Guerra Patria… El fin más rápido posible de la SVO es absolutamente necesario. El gasto militar causa inflación y reduce los fondos para gasto social e inversiones», respondió en una entrevista con un medio siberiano, aunque no fue reprendido por la cúpula del partido. Estas tímidas críticas a veces se permiten debido al partido de donde proceden, que cuenta con el beneplácito del Kremlin.
Pero cuando una formación más crítica con el Gobierno de Putin lanza eslóganes similares, no quedan impunes. La formación Yábloko ha sido la única que tomó la frase «Por la paz y la libertad» como su lema de cara a las elecciones parlamentarias. La respuesta de la Justicia nacional fue dura. El 10 de agosto quedó descalificada de los comicios por acusaciones de «extremismo». Algunos de sus miembros intentaron presentarse como candidatos semi-independientes. Aunque estaban fuera de la lista federal, sí formaban parte de las regionales en distritos uninominales como Cheliábinsk, Smolensk y Krasnodar. Aun así, se les prohibió concurrir por «desprestigiar a las Fuerzas Armadas».
Alex Saab ha vuelto este martes a un tribunal federal de Miami. Pero esta vez ya no para proclamar su inocencia. El empresario colombiano, durante años uno de los principales operadores financieros de Nicolás Maduro, ha cambiado la declaración de no culpabilidad que presentó … en julio y se ha declarado culpable en el nuevo proceso por blanqueo de capitales abierto contra él en Estados Unidos.
La audiencia ha tenido lugar este martes ante la juez federal Kathleen M. Williams en Florida. Hay pocas dudas sobre hacia dónde se dirige el procedimiento. La magistrada ha cancelado el juicio con jurado que debía celebrarse en noviembre y también una audiencia preparatoria. Lo que no se conoce todavía es qué ha pactado Saab con el Departamento de Justicia. Y ahí está la verdadera importancia de su cambio de declaración.
Saab conoce como pocos las finanzas del chavismo. Durante años se movió entre contratos públicos, sociedades internacionales, intermediarios y operaciones petroleras. Acabó integrado incluso formalmente en el Gobierno venezolano. Por eso, más allá de la pena que pueda negociar, existe una pregunta mucho más delicada: si ha aceptado colaborar con los fiscales estadounidenses y aportar información sobre Maduro y su antiguo entorno. Ahora, los fiscales pueden preguntarle por sociedades, cuentas, intermediarios, destinatarios y circuitos financieros relacionados con sus negocios venezolanos.
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Una declaración de culpabilidad no significa por sí sola cooperación. Pero la posibilidad tiene especial relevancia ahora que Maduro espera juicio en Nueva York. Los detalles del acuerdo serán, por tanto, decisivos.
Saab, de 55 años, está acusado en Miami de un delito de conspiración para blanquear dinero, que puede acarrear hasta veinte años de prisión. La nueva causa es distinta de aquella por la que fue extraditado a Estados Unidos en 2021 y posteriormente indultado por Joe Biden.
La acusación arranca en octubre de 2015 y coloca en el centro uno de los programas más conocidos de la era chavista: los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, llamados CLAP, creados para distribuir alimentos subvencionados entre una población golpeada por la escasez y la crisis económica. Según los fiscales, detrás de aquel programa humanitario funcionaba una enorme maquinaria para enriquecerse.
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La acusación sostiene que Saab y sus socios pagaban sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos de importación de alimentos. Después, siempre según el escrito presentado por la Fiscalía, utilizaban empresas pantalla, facturas falsas, documentos de transporte manipulados y otras operaciones fraudulentas para desviar cientos de millones de dólares que debían utilizarse para comprar comida. Parte del dinero terminó circulando por cuentas bancarias de Estados Unidos.
A partir de 2019, con las sanciones estadounidenses golpeando las exportaciones y especialmente el petróleo, el Gobierno de Maduro tuvo cada vez más dificultades para pagar sus obligaciones. Entre ellas, según la Fiscalía, las cantidades que debía a las empresas vinculadas al suministro de alimentos. La solución habría sido el petróleo.
Los fiscales sostienen que Saab y sus asociados utilizaron entonces su acceso privilegiado al poder venezolano para hacerse con miles de millones de dólares en crudo perteneciente a PDVSA. Ese petróleo habría sido vendido bajo falsos pretextos y parte de los ingresos pasó de nuevo por el sistema financiero estadounidense. La Fiscalía considera que aquellas operaciones servían para mantener y ocultar la misma trama que había comenzado con los CLAP.
Hay una diferencia relevante entre el volumen del dinero que la Fiscalía atribuyó a la trama y la cantidad que Saab acepta devolver en su acuerdo ante el juez. La Fiscalía federal sostuvo que Saab y Álvaro Pulido participaron en una trama por la que se movieron aproximadamente 350 millones de dólares (303 millones de euros) desde Venezuela, a través del sistema financiero estadounidense, hacia cuentas en el extranjero. Esa cifra corresponde al volumen de fondos que, según los fiscales, fueron canalizados dentro de la trama. En su acuerdo de culpabilidad, Saab acepta devolver 195 millones de dólares (169 millones de euros). Son unos 155 millones de dólares (134 millones de euros) menos que los mencionados en la acusación.
Enriquecerse con la ayuda humanitaria y el petróleo venezolano, los cargos que se le imputan a Alex Saab
Es una acusación especialmente amplia porque une dos de los grandes negocios que rodearon al chavismo durante los años de crisis: la importación de alimentos y la comercialización opaca del petróleo cuando PDVSA quedó cada vez más aislada de los mercados internacionales. Y es también el segundo capítulo de una historia que parecía cerrada en este caso, una nueva causa para el presunto testaferro chavista.
En diciembre de 2023, tras su liberación por EE.UU., Saab fue recibido como un héroe por Maduro en Caracas.
(Reuters)
Saab fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 cuando su avión hizo escala camino de Irán. Después de una larga batalla judicial, fue extraditado a Miami en octubre de 2021. Maduro aseguró que era un diplomático venezolano y convirtió su encarcelamiento en una causa de Estado.
Saab pasó casi dos años detenido en Estados Unidos. No llegó a ser juzgado. En diciembre de 2023, Biden le concedió clemencia y lo envió de vuelta a Venezuela dentro de un intercambio que permitió la liberación de diez estadounidenses. Maduro lo recibió como un héroe.
Vuelve a estar bajo custodia estadounidense
Menos de tres años después, Saab está otra vez en manos de la Justicia estadounidense. El cambio político en Caracas dio la vuelta a su situación. Tras la caída de Maduro, Delcy Rodríguez lo apartó del Ministerio de Industria. El pasado 16 de mayo, las autoridades venezolanas lo entregaron a Estados Unidos. Dos días después, estaba de nuevo ante un juez de Miami.
Esta vez, además, la Fiscalía sostiene que la conspiración investigada continuó hasta la presentación de la nueva acusación en enero de 2026. El gran jurado acusa expresamente a Saab de conspirar para realizar operaciones destinadas a ocultar el origen y el control de fondos procedentes de actividades ilícitas y de mover dinero entre Estados Unidos y otros países.
El Centro Nacional de Inteligencia mexicano (CNI), la principal agencia de este tipo en el país norteamericano, se dedicará de lleno a esclarecer el crimen de la estudiante española Claudia Tacoronte, de 21 años, asesinada este fin de semana en Cuautla, una ciudad ubicada … a cien kilómetros de la capital mexicana. Un caso que ha cimbrado a dicha población en el estado de Morelos y, ante el cual, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha prometido un pronto esclarecimiento.
En México el CNI depende del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, el funcionario más influyente del gabinete de seguridad de Sheinbaum. La agencia tiene fuertes nexos con Estados Unidos y acceso a diversas tecnologías de punta que son extrañas en otros servicios similares de América Latina.
Desde Palacio Nacional señalan, ante consulta de ABC, que el involucramiento del CNI obedece a un primer reflejo que lleva a buscar conocer si la estudiante canaria fue víctima de algún tipo de organización delictiva que operaba en el ámbito de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde la estudiante canaria planeaba permanecer este agosto y diciembre.
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En México es recurrente que los cárteles de las drogas tienen células secundarias que operan en la vida de los campus universitarios a través de la extorsión, la usura, la trata de personas y le venta de drogas. A lo largo del país se han documentado casos en esa dirección.
Cuautla, puntualmente, es un territorio del Cártel de Jalisco Nueva Generación, cuyo hombre fuerte, Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», fue abatido el pasado febrero en las afueras de Guadalajara en un combate con el ejército mexicano. Desde ese entonces el cártel es comandado por Juan Carlos Valencia, quien es ciudadano estadunidense.
Las primeras pistas sobre el crimen de Tacoronte son difusas. Un medio digital del estado de Morelos emitió una grabación de una cámara de seguridad privada que muestra una persona de sexo masculino de sudadera blanca y mochila oscura que corre a toda velocidad, en la noche del pasado sábado, muy cerca del centro cultural donde Tacoronte fue apuñalada.
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La Fiscalía General del estado de Morelos, a cargo de Fernando Blúmenkron Escobar, y que debe investigar el caso, ha estado rodeada de polémicas en los últimos meses. Diversos colegios de abogados han señalado que al interior de la dependencia operan supuestas redes de corrupción.
En el interior de México los fiscales estatales están muy conectados al poder político local. En el caso de Morelos, la gobernadora Margarita Saravia es allegada al expresidente Andrés Manuel López Obrador, mentor de la presidenta Sheinbaum.
«Está en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por este lamentable homicidio. Está ayudando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y gabinete de seguridad a la Fiscalía del estado de Morelos, y ya está la SRE en contacto con el consulado de España», afirmó Sheinbaum este lunes.
Más tarde, el gabinete de seguridad federal garantizó que no habrá impunidad: «Vamos a detener a los responsables y llevarlos ante la justicia. La muerte de Claudia Tacoronte no quedará impune».
La Secretaría de las Mujeres lamentó «profundamente» la muerte de la joven. A través de sus redes sociales, la dependencia consideró que ante estos hechos «es indispensable que las autoridades actúen con perspectiva de género y pleno respeto a los derechos humanos de las víctimas y sus familias a fin de garantizar el acceso a la justicia integral».
Varios incendios se han extendido este martes por distintos puntos de la Costa Amalfitana, en el sur de Italia, una de las zonas turísticas más conocidas del país y especialmente concurrida durante la temporada estival.Uno de los principales focos ha afectado a una densa zona boscosa entre Positano y Amalfi, dos de las localidades más conocidas de esta exclusiva franja costera de la península Sorrentina, al sur del golfo de Nápoles.Durante la noche se declararon además otros incendios entre Vico Equense y Agerola y en la zona de San Lazzaro, donde fue necesario evacuar unas instalaciones vacacionales, según ha informado la televisión pública italiana RAI.Investigan si alguno de los incendios fue provocadoEste martes se han desplegado siete equipos de bomberos procedentes de Nápoles y Salerno, además de tres aviones Canadair de la flota aérea del Cuerpo de Bomberos italiano. Las tareas de extinción se están viendo dificultadas por las características del terreno, con numerosos barrancos, y por el viento que sopla en la zona.La alcaldesa de Positano, Gabriella Guida, ha señalado que se investiga la posibilidad de que alguno de los incendios tenga un origen intencionado. «Existe la hipótesis de que se trate de un incendio de naturaleza dolosa», ha explicado la regidora en declaraciones recogidas por la agencia italiana Ansa.
Decenas de personas que protestaban contra la represión de las personas LGTB+ en Turquía fueron detenidas este martes en Estambul.Los manifestantes reunidos ante el Palacio de Justicia de Caglayan, en la orilla europea de Estambul, fueron rodeados y posteriormente detenidos por la policía turca … después de negarse a dispersarse.
«¡Viva la lucha por la libertad!», «¡A pesar del odio, viva la vida!», «¡Liberen inmediatamente a los detenidos!», corearon los manifestantes, que sostenían una pancarta en la que se podía leer «Ser LGBT+ y organizarse no es un delito».
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«Mientras tantos delitos graves quedan impunes, el Gobierno lleva a cabo ahora operaciones contra activistas LGTB+. Estas personas no han cometido otro delito que ser quienes son y defender sus derechos o los de los demás», dijo a la AFP Zeynep, una manifestante de 44 años que se negó a dar su nombre completo.
El partido prokurdo DEM, esencial en el proceso de paz entre Ankara y los combatientes kurdos del PKK, denunció la redada contra personas LGBT+. «El lenguaje de la paz no puede ir acompañado de la represión», escribió el DEM en la red social X.
El domingo decenas de personas fueron detenidas por la policía turca en bares gays y en los domicilios de activistas LGTB+, por «obscenidad», «ayuda a la prostitución» o «vínculos financieros con el extranjero».
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Además, numerosas cuentas en redes sociales fueron bloqueadas en el marco de unas operaciones denominadas «Mi familia está a salvo».
El ministro turco de Justicia, Akin Gürlek, prometió continuar esta campaña, haciendo oídos sordos a las preocupaciones, entre ellas de la Unión Europea.
La confesión final de Alex Saab ante la Justicia de Estados Unidos pone al descubierto una amplia trama internacional de corrupción y blanqueo que durante años movió dinero procedente de Venezuela mediante empresas pantalla, testaferros y cuentas bancarias en numerosos países. Pero los documentos … presentados en Miami tienen un alcance mayor que los delitos que ahora reconoce el antiguo operador financiero del chavismo: Saab entrega a los fiscales un mapa de sociedades, bancos, intermediarios y movimientos de fondos y, a cambio de una posible reducción de condena, se compromete a cooperar plenamente en otras investigaciones criminales.
Esa información puede resultar especialmente valiosa allí por donde pasó el dinero. En EE.UU. siguen abiertas distintas investigaciones sobre la corrupción del régimen de Nicolás Maduro y sus operadores, pero el rastro financiero del chavismo se ha investigado también durante años en Europa y otros países. España es uno de ellos. El caso Plus Ultra, en el que está investigado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ilustra precisamente hasta dónde puede llegar esa cooperación internacional: parte de los indicios utilizados por los investigadores españoles procede del teléfono del empresario venezolano y antiguo principal accionista de la aerolínea Rodolfo Reyes, cuyo contenido fue extraído en Miami en 2021 y posteriormente remitido a España.
Los hechos que Saab admite como ciertos describen un sistema que comenzó en 2015 con el pago de sobornos para conseguir contratos públicos del programa de alimentación CLAP. Saab y su socio Álvaro Pulido aparecen como los «principales organizadores y líderes» de una trama que utilizaba empresas pantalla, facturas falsas, documentos de transporte fraudulentos y testaferros. Según la confesión, algunos contratos no se cumplían íntegramente y el entramado permitió apropiarse de cientos de millones de dólares. El sistema prosperó, admite Saab, gracias a la «aprobación, participación y protección» de algunas de las autoridades de mayor rango del Gobierno venezolano.
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La confesión llega a admitir el soborno directo. Saab reconoce que se reunió con un alto funcionario venezolano, identificado por la Fiscalía únicamente como «Funcionario 1», obtuvo su autorización para desarrollar la trama y realizó pagos dentro y fuera de Venezuela a cambio de su «apoyo y protección». También acordaron utilizar a un tercero como testaferro para recibir pagos ilegales en nombre de ese funcionario. En otro episodio, Saab pactó aproximadamente 17 millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales para José Gregorio Vielma Mora a cambio de su influencia en la adjudicación de contratos.
Después venía el sistema blanqueo, y Saab admite haberse beneficiado en unos 195 millones de dólares de al menos seis contratos y reconoce movimientos de fondos a través de Antigua, Bulgaria, Liechtenstein, Islas Marshall, Montenegro, Suiza, Turquía, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. En Bulgaria y Liechtenstein, él y Pulido recurrieron a una firma financiera suiza para crear sociedades y cuentas destinadas específicamente a ocultar y lavar el dinero.
La red de crudo y oro de Saab
A partir de 2019, el mecanismo cambió de escala. Los conspiradores comenzaron a recibir petróleo, oro y otros recursos naturales venezolanos como compensación por los contratos. Saab admite que la trama organizó buques para recoger, transportar , ocultar y vender millones de barriles de crudo de PDVSA y que parte de los ingresos de esas operaciones pasó después por cuentas bancarias de Estados Unidos. Incluso después de su detención en Cabo Verde en junio de 2020, las operaciones continuaron bajo el liderazgo de Pulido.
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En España, la investigación sobre Plus Ultra no se ha limitado al rescate público de 53 millones de euros. Ha incorporado información procedente de pesquisas internacionales sobre fondos venezolanos, especialmente en Suiza, y ha terminado alcanzando a Rodríguez Zapatero por sus posibles gestiones en favor de la aerolínea. Dos antiguos responsables de Plus Ultra han declarado además que entendieron que una comisión equivalente al 1% de la ayuda, unos 530.000 euros, estaba destinada al denominado «grupo Zapatero». Son indicios bajo investigación, no hechos probados.
Y es precisamente en ese apartado donde la confesión de Saab puede cambiar las cosas. El Departamento del Tesoro ya había situado una transferencia de más de 519.000 dólares de Plus Ultra a una cuenta del banco suizo MBaer dentro de una estructura financiera relacionada con la corrupción de PDVSA. Según FinCEN, esa misma cuenta pagaba a un intermediario que manejaba fondos procedentes de la corrupción petrolera venezolana para varios beneficiarios, entre ellos el propio Saab.
Ahora es ese mismo Saab quien reconoce ante la Justicia estadounidense que su trama se valió de sociedades pantalla, testaferros, cuentas internacionales y operaciones con petróleo de PDVSA para mover y ocultar dinero, y ofrece información al respecto. No significa que la transferencia de Plus Ultra procediera directamente de Saab ni demuestra que la aerolínea formara parte de ese entramado, pero sí abre una vía concreta que antes no existía, cruzar lo que Saab está obligado a contar con las cuentas, intermediarios y movimientos financieros que ya aparecían en la investigación española.
Pero el alcance de esa cooperación dependerá también, en buena medida, de la voluntad de Washington. Que Saab esté obligado a contar todo lo que sabe a los fiscales estadounidenses no significa que esa información vaya a terminar automáticamente en los tribunales de otros países. España tendría que solicitarla por los canales de cooperación judicial y Estados Unidos decidir qué documentos, testimonios o pruebas comparte, sobre todo si forman parte de investigaciones todavía abiertas.
La red de corrupción bajo la lupa
El caso de Alejandro Betancourt muestra bien ese límite. El empresario venezolano está investigado en España por el presunto blanqueo de fondos procedentes de PDVSA y la Audiencia Nacional lleva meses esperando que Estados Unidos atienda una comisión rogatoria para interrogar a cinco testigos considerados esenciales. La circunstancia es especialmente significativa porque, mientras esa petición sigue pendiente, Betancourt se ha convertido en una pieza importante del nuevo entramado petrolero impulsado por Trump en Venezuela: el caso es que su compañía, NABEP, ha recibido derechos sobre 17 campos y el acuerdo otorga a Estados Unidos una participación del 35% en la matriz.
La confesión, además, no se limita a los años en que Saab construyó su fortuna. Tras regresar a Venezuela en diciembre de 2023, después del indulto concedido por Joe Biden, se incorporó oficialmente al Gobierno y, según admite ahora, siguió recibiendo dinero procedente de antiguos contratos CLAP hasta febrero de 2026. Más relevante aún, reconoce que durante ese periodo continuó ayudando y siguiendo instrucciones de funcionarios venezolanos y sus representantes implicados en «otros movimientos ilegales». Su conocimiento de las operaciones financieras del chavismo llega así prácticamente hasta el momento de su nueva caída.
Biden lo indultó. Siguió delinquiendo. La confesión de Alex Saab no se limita a los años en que construyó su colosal fortuna a costa del hambre de los venezolanos. Tras regresar a Venezuela en diciembre de 2023, después del indulto concedido por Biden, se incorporó oficialmente… pic.twitter.com/GPQ8Jk9tXC— David Alandete (@alandete) September 15, 2026
Y además lo conocido ahora es sólo una parte. La Fiscalía advierte expresamente de que el relato firmado por Saab no contiene todos los hechos del caso todavía. Asegura que puede acreditar la trama mediante testigos colaboradores, agentes, correos electrónicos y conversaciones conservadas, documentación empresarial y registros bancarios. Es precisamente ese material, unido a lo que Saab está obligado ahora a revelar, el que puede permitir reconstruir operaciones que hasta ahora aparecían fragmentadas en investigaciones abiertas en distintos países.
El acuerdo obliga a Saab a entregar en máximo 14 días una declaración sobre todos los activos que controla o ha controlado, directa o indirectamente, incluidos los colocados a nombre de su pareja, testaferros o terceros, y a ayudar a localizarlos en cualquier lugar del mundo. A eso se suma la obligación de entregar documentos y registros y de declarar ante grandes jurados o en otros procesos cuando sea requerido. Para los investigadores, eso permitiría contrastar su relato con transferencias y cuentas bancarias y, sobre todo, seguir el dinero más allá de las sociedades que Saab utilizó para tapar su identidad.
La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/farandula/notas/kedward-aviles-representara-a-puerto-rico-en-el-world-food-forum-2026/ El cantante, actor y cantautor puertorriqueño Kedward Avilés continúa su proyección internacional tras ser seleccionado como Anthem …
La Comisión Europea reconoce que el aumento de la rentabilidad de los bonos soberanos a niveles que no se veían desde hace décadas, y que ha resucitado el temor a una crisis de deuda como la vivida durante la pasada crisis financiera, supone un riesgo para la región. «Creo que es evidente para todos que la situación no es buena», ha reconocido la Comisaria Europea de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercado de Capitales, Maria Luís Alburquerque, en un encuentro con la prensa en Estrasburgo. La política portuguesa ha asegurado que ninguna de las señales que llegan de los mercados resulta tranquilizadora, al ser preguntada por la situación de la renta fija y la posibilidad de que la tormenta vaya a más en los mercados financieros.»La inflación está aumentando, los precios de la energía siguen subiendo, las tensiones geopolíticas, las guerras comerciales y la deuda soberana, que se encuentra en niveles muy elevados tras diversos acontecimientos, incluida la Covid, están contribuyendo a un entorno donde los riesgos son mayores que los que teníamos antes», ha asegurado Alburquerque, quien también ha puesto en valor los avances y todo lo aprendido desde la ‘Gran Crisis’.En concreto, ha apuntado a los cambios en la regulación del sector bancario donde, si bien reconoce que queda trabajo por hacer, la UE cuenta con un sistema «mucho más sólido». Ha citado como ejemplos que los bancos estén mejor capitalizados, que la supervisión sea más eficiente y esté más armonizada, así como el hecho de que los Veintisiete cuenten con un Mecanismo Único de Supervisión y con un mecanismo de resolución dotado para hacer frente a posibles necesidades en caso de que alguna entidad esté en problemas. «Diría que estamos mucho mejor preparados para afrontar cualquier crisis que antes», ha zanjado a preguntas de los medios, para incidir en que queda aún trabajo por hacer. Alburquerque ha incidido en que en momentos en los que, como actualmente, gran parte de lo que sucede en el entorno «escapa completamente» al control de los socios europeos y «Europa no puede hacer nada al respecto», los Veintisiete deberían centrarse en avanzar en lo que depende exclusivamente de sí mismos, como profundizar en el mercado único. «Si seguimos trabajando en integrar nuestros mercados para beneficiarnos de la escala europea y convertirnos en un actor capaz de competir en igualdad de condiciones a nivel internacional, estaremos mejor preparados para afrontar cualquier imprevisto», ha dicho. Las palabras de Alburquerque llegan en un momento en el que la rentabilidad del bono español a 10 años supera de nuevo el 4%, situándose en el nivel más alto desde 2013, en plena crisis financiera. Las tensiones en el mercado de deuda -que afectan a EEUU, Alemania o Francia…- responden a que los inversores se muestran más reticentes a financiar a los estados. El motivo es que las principales economías del mundo, también en la Eurozona, están cada vez más endeudadas, acumulan importantes desequilibrios fiscales y los mercados financieros dan por hecho que el mundo se mueve hacia un periodo de tipos de interés altos, puesto que el impacto del conflicto de Oriente Próximo sobre la inflación será más prolongado de lo previsto. Los estados deben dedicar cada vez más recursos al pago de los intereses de la deuda y esto, unido a la incertidumbre política, lleva a los inversores a reclamar intereses más altos para seguir comprando bonos.Hacen falta bancos «realmente grandes» para competir a escala globalAlburquerque trabaja en un plan integral de reforma bancaria y financiera de la Unión Europea para reducir la fragmentación de los mercados nacionales, simplificar la regulación y eliminar las trabas burocráticas a las fusiones transfronterizas, es decir, entre bancos de distintos países de la UE. Preguntada sobre el tamaño ideal que debieran tener estas entidades (durante la pasada crisis financiera llegó a acuñarse la expresión «demasiado grande para caer»), la política lusa ha incidido en que la clave está en cuál se considere su mercado relevante. «No es nuestra tarea definir la escala o el tamaño de un banco», ha defendido, para incidir en que depende de dónde quiera competir, qué tipo de actividades quiera desarrollar y cuáles sean sus objetivos. Si bien, ha dejado claro que «si el mercado relevante es el global, estamos hablando de entidades realmente grandes». Así, ha puesto como ejemplo la dimensión de los principales bancos internacionales estadounidenses. «Nuestro banco más grande representa apenas una pequeña parte del tamaño de cualquiera de los grandes bancos que tenemos en Estados Unidos», ha añadido. La crisis de vivienda y el papel de la bancaAl ser preguntada por el papel que la banca debe jugar en la actual crisis de acceso a la vivienda, Maria Luís Alburquerque considera que hay que entender bien las causas de la crisis actual y ha advertido de que el problema sólo se agravará si se actúa por el lado de la demanda. «La crisis de la vivienda tiene muchos orígenes diferentes, pero uno de ellos es también que no contamos con mercados financieros plenamente funcionales y eficientes», ha detallado.Alburquerque ha recordado cómo desde la pasada crisis financiera y durante un periodo prolongado en el que los tipos de interés estuvieron muy bajos, los inversores buscaron rentabilidad en el ladrillo. A esto se suman factores como el desplazamiento de la población hacia las ciudades, los cambios en la estructura familiar o la falta de mano de obra, entre otros. «No esperaría que la solución al problema viniera del sector financiero, porque ese tampoco es el origen del problema», ha zanjado.
La posibilidad de revivir la pesadilla pandémica que sacudió el planeta en el año 2020 es elevada. La OCDE, una organización que engloba a países de renta alta o media-alta, estima que la probabilidad de vivir de nuevo una pandemia en los próximos 25 años es del 50%. Rojo o negro. Un escenario en el que la economía sufriría otro revés como el que ya se vivió hace siete años. El organismo ha publicado este martes un exhaustivo informe de más de 300 páginas en el que explora el escenario sanitario y económico que supondría una nueva pandemia y los costes de preparación, entre otras materias. La OCDE calcula que, en el caso de España, la aparición de un nuevo patógeno de alcance mundial podría asestar un golpe al PIB del país de entre el 2,1% y el 16,3% en función de la gravedad. Cifras que, traducidas a euros de 2025, implicarían una pérdida de producción de entre 35.000 y 275.000 millones de euros, respectivamente.Los investigadores dibujan cinco arquetipos de posibles pandemias para analizar las consecuencias que podrían tener en la economía. El más leve, sería precisamente una, crisis sanitaria global causada por un patógeno con las características del SARS-CoV-2, con transmisión asintomática, un nivel de gravedad vinculado a la edad y una tasa de mortalidad relativamente reducida.
En este escenario, el PIB español retrocedería un 2,1% en los primeros nueve meses de contagio en ausencia de medidas de apoyo económico como planes de protección del empleo (tipo ERTE) o medidas para suavizar la política monetaria del BCE. España sería el sexto país de los 50 que analiza la OCDE que sufriría menos impacto en este hipotético caso.Otra de las posibilidades que contempla el informe es una pandemia de un virus con las características del Ébola. Un patógeno con tasas de transmisión bajas, pero casos de gravedad extrema, que pondrían a prueba la capacidad del sistema sanitario de abordar muchos casos críticos. En este escenario, la economía española retrocedería un 2,5% en los primeros compases de la infección, el octavo país con menor caída del medio centenar analizado.El tercer tipo de pandemia que contempla la OCDE es un brote mundial de gripe aviar que fuera capaz de infectar a humanos con altas tasas de hospitalización y mortalidad. En este caso, el PIB español caería un 2,6% en los primeros tres trimestres del episodio, la sexta menor caída de todas. La OCDE apunta a que el incremento de casos documentados de infección en humanos de este tipo de patógenos ha elevado la preocupación de que la próxima pandemia sea de este tipo.
Los dos escenarios más graves son una pandemia con un patógeno tipo gripe A y otra con una infección global de un virus como el sarampión. En el primero, estaríamos hablando de la expansión de un virus muy transmisible pero con menor gravedad, un ejemplo clásico de pandemia que se extiende rápido. En este escenario, el PIB caería un 5,1% en los primeros compases del contagio.La hipótesis más extrema sería una epidemia mundial de un virus con las características del sarampión. Un patógeno hiperinfeccioso en una población no inmunizada y con una tasa de mortalidad altísima del 20%. En este caso, el PIB nacional sufriría un desplome del 16,2% en los primeros nueve meses. Un hundimiento sin precedentes. Según el informe de la OCDE, los sectores que más sufrirían ante una nueva pandemia serían los que más precisan de la presencia humana. En concreto, señalan el transporte, las manufacturas y los servicios profesionales. El coste de llegar a tiempoAunque el panorama es poco halagüeño, la OCDE estima que el coste que supondría prepararse para una futura pandemia es relativamente bajo. En el caso de España, el organismo estima que bastaría dedicar unos 228 millones de euros al año (el informe habla de 263 millones de dólares ajustados por poder de compra). Es decir, apenas 0,016 puntos de PIB cada ejercicio o unos cinco euros per cápita. El organismo estima que el retorno de la inversión sería «enorme» si se tiene en cuenta las pérdidas que podrían ocasionarse en caso de no actuar. «Frente a pérdidas potenciales de esta magnitud y un riesgo creciente de enfrentarlas en el plazo de una generación, el argumento económico para priorizar las medidas de preparación y respuesta resulta convincente», sostienen.
La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/musica/notas/grupo-frontera-ya-nos-habiamos-tardado-demasiado-en-llegar-a-puerto-rico/ Hace apenas cuatro años los integrantes principales del Grupo Frontera tenían trabajos comunes como ganaderos, vendedores de …
España se anotó un nuevo récord de empleo extranjero el pasado agosto gracias a la regularización de migrantes que ha acometido el Gobierno este año. Los datos de afiliación extranjera a la Seguridad Social que el Ejecutivo ha difundido este lunes reflejan que ya hay 3.551.759 ocupados de de nacionalidad distinta a la española, que suponen un 15,9% de la fuerza de trabajo del país. Una población que ha crecido vertiginosamente desde la pandemia y, en particular, en el último año. Entre 2025 y 2026 la Seguridad Social ha incorporado casi medio millón de empleos extranjeros, lo que supone un incremento del 15,7% en solo doce meses. En ese mismo periodo se han sumado unos 200.000 empleos de personas con nacionalidad española, un aumento del 1,1% que es mucho menor, en buena medida, al tratarse de un grupo sustancialmente más grande. Así, el 71% de todos los cotizantes que ha ganado la Seguridad Social en el último año son extranjeros.Si se toma como referencia la pandemia, España ha incorporado 1,4 millones de afiliados nacidos fuera del país, lo que representa casi la mitad de todo el empleo registrado en ese periodo. Si omitimos 2026, que está muy distorsionado por el efecto de la regularización, el empleo extranjero ha crecido a un ritmo de unos 200.000 cotizantes al año, una velocidad sin precedentes al menos desde antes de la gran crisis financiera de 2008. Para poner estas cifras en contexto, en el periodo anterior de siete años (2012-2019) la afiliación foránea se incremento en 386.000 empleos, casi tres veces más despacio que en la actualidad. Solo este agosto, España ganó 39.535 afiliados extranjeros en un mes en el que lo habitual es que se destruya empleo por el bajón en la actividad económica. De hecho, se trata de la única vez que esto ha sucedido desde que hay registros con la única excepción del año 2020, un dato muy distorsionado por el rebote de actividad tras levantarse el confinamiento estricto por la pandemia. Como es evidente, el efecto de la regularización administrativa de migrantes tiene mucho que ver con las cifras que se están registrando este año. Seguridad Social estima que desde que concluyera el proceso el pasado 30 de junio se han dado de alta 337.917 afiliados extranjeros procedentes de la regularización. Una cifra que, previsiblemente, seguirá aumentando en los próximos meses dado que durante el proceso se recibieron 1,2 millones de solicitudes y aún no se han resuelto todas. Hay que tener en cuenta que, previsiblemente, buena parte de estas afiliaciones son de personas que ya estaban trabajando en la economía sumergida, pero que, al obtener permiso administrativo, empiezan a hacerlo por los cauces legales. Es decir, contribuyendo económicamente al sistema de la Seguridad Social y protegidos también por su paraguas en forma de prestaciones por desempleo, incapacidad temporal o derecho a una pensión futura, por ejemplo.Latinoamericanos y jóvenes, el perfil más habitualLos datos de afiliación de agosto reflejan que los afiliados que más crecieron el mes pasado fueron los procedentes de países latinoamericanos y los más jóvenes. Así, la nacionalidad que más cotizantes ganó fue la colombiana (21.434 empleos más), seguida por la peruana (7.465), la hondureña (3.494) y la paraguaya (3.494). También se incrementaron los afiliados procedentes de Senegal (3.214), de Pakistán (2.431), de China (1.478), de Argentina (1.461), de la India (1.367), Venezuela (1.341), Nicaragua (1.338), Malí (1.183), Bangladés (1.171) o Brasil (1.099).Una imagen a medio plazo da una idea más precisa de qué nacionalidades han contribuido más al tirón del empleo extranjero. Así, si se compara con el agosto del año pasado, los colombianos (116.351), marroquíes (64.020) y venezolanos (44.559) fueron los que más empleos aportaron a la estadística. Seguidos por los peruanos (41.389), paraguayos (19.622), hondureños (17.302), senegaleses (14.031), chinos (11.490), argentinos (10.541) y pakistaníes (10.010). En cuanto a grupo de edad, el número de cotizantes foráneos creció en todos, pero lo hizo especialmente entre los menores de 35 años, que sumaron 22.385 afiliados, algo más de la mitad de todo el aumento registrado en agosto. Tras ellos, aparecen los de edad mediana (35 a 54 años), que sumaron 14.118 cotizantes, y los mayores de 54 años, que apenas ganaron 3.034.
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La vuelta de las vacaciones de verano trae hipotecas más caras. El euríbor a doce meses, el índice de referencia del mercado hipotecario, ha repuntado este lunes al 3,3% en tasa diaria -máximos de agosto de 2024- y empuja la media mensual en el 3,109% de manera provisional, niveles no vistos en dos años. El alza en 0,152 puntos con respecto al viernes es el tercero mayor registrado en lo que va de ejercicio. Las otras dos se produjeron en marzo, justo al inicio del conflicto en Oriente Próximo. La subida se produce tras la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del pasado jueves, en la que elevó el precio del dinero en 25 puntos básicos, situando la tasa de referencia en el 2,5%. La intervención de la presidenta del organismo, Christine Lagarde, divide a los analistas entre quienes prevén que habrá más incrementos y quienes apuestan por una pausa en el corto plazo.Lo cierto es que la política francesa no cerró la puerta a otro alza de tasas, aunque sí remarcó su negativa a dar pistas sobre cualquier movimiento a futuro. El avance del euríbor anticipa hipotecas más caras. La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) calcula que el euríbor podría cerrar septiembre en el 3,2%. En caso de confirmarse, una familia que tenga que revisar con una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años con un diferencial de un punto, verá encarecida su cuota en alrededor de 1.000 euros, unos 84 euros más al mes. La cifra es de 756 euros en caso de que la revisión tenga carácter semestral, equivalente a unos 52 euros más al mes. Hace justo un año, este indicador se movía sobre el 2,172%, por lo que de mantener la tendencia, experimentará un salto de alrededor de 100 puntos básicos en comparativa interanual, su mayor incremento desde noviembre de 2023. El estallido de la guerra en Oriente Próximo el pasado 28 de febrero ha dinamitado las previsiones y la hoja de ruta del BCE, que tuvo que adelantar las esperadas subidas de tipos y ha desencadenado una escalada del euríbor, que acumula siete meses consecutivos en ascenso.
El petróleo por encima de 100 dólares y el bloqueo en las negociaciones para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán apuntan a otra posible subida en diciembre y presiona al euríbor una vez que ha sobrepasado el umbral del 3%. «Su evolución refleja un cambio de expectativas que tiene su origen, principalmente, en la inflación», explica Josep Soler, Fundador y consejero ejecutivo de la Asociación Europea de Asesores y Planificadores Financieros (EFPA) España. Hay que tener en cuenta que el euríbor actúa como termómetro. Sube porque el mercado ha empezado a descontar que el ‘guardián del euro’ moverá ficha de nuevo para evitar una crisis de inflación que empobrecería a los hogares de la eurozona, al mermar todavía más su poder adquisitivo. Sin embargo, este movimiento no es inocuo, dado que encarece el coste de financiarse en la región. Así, no sólo pagarán más quienes ya tienen contratada una hipoteca a tipo variable, sino también quienes opten a nuevos préstamos, dado que la banca irá elevando los intereses para acompasarlos al precio oficial del dinero. En la última actualización de previsiones económicas, el organismo ha mantenido la previsión de IPC en el 3% para 2026, pero ha elevado dos décimas la del año que viene hasta el 2,5% y una décima la de 2028 hasta el 2,1%. A la espera de conocer el avance de precios de septiembre, en agosto el IPC se colocó en el 3,3%. Todo apunta a que en el noveno mes del ejercicio podría ser superior. El encarecimiento no parece frenar el apetito hipotecario, que se encamina a cerrar uno de los mejores ejercicios desde los años de la burbuja inmobiliaria en materia de concesión. Los últimos datos publicados por el Banco de España (BdE) correspondientes a julio arrojan un monto aprobado por valor de 8.078 millones, un nivel que no alcanzaba durante el séptimo mes del ejercicio desde 2008, justo antes de la quiebra de Lehman Brothers. En esta evolución ha contribuido el comportamiento del precio de la vivienda, en zona de máximos históricos.
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