En las horas previas al ataque, las acusaciones de Donald Trump contra Irán ya habían dejado de girar solo en torno al programa nuclear o armamentístico. La Casa Blanca llevaba días insistiendo en que Teherán no es únicamente un Estado que busca capacidades estratégicas, … sino un exportador de terror que opera por delegación, amenaza e intimida a socios de Estados Unidos y a aliados regionales, incluidos países árabes, y utiliza la violencia y el chantaje como herramientas de política exterior. Ese marco, repetido por Trump y por su equipo, presentaba la ofensiva como un golpe preventivo contra una red, no solo contra instalaciones.
De hecho horas antes del ataque a Irán, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la designación de Irán como «patrocinador estatal de detenciones indebidas» y lo presentó como algo más que una colección de casos aislados. Según Washington, el régimen usa a estadounidenses y a ciudadanos de otros países como moneda de cambio, una forma de coerción para ganar ventaja frente a otros Estados.
La medida, apoyada en una orden ejecutiva firmada por Trump el otoño pasado y en la ley aprobada por el Congreso en 2025 contra las detenciones indebidas, activaba un guión de escalada. Si Irán no se detiene, Estados Unidos estudiará medidas adicionales, incluida una restricción geográfica que limitaría el uso de pasaportes estadounidenses para viajar a, desde o a través de Irán. Rubio exigió la liberación de los detenidos y reiteró el aviso de no viajar al país.
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Mikel Ayestaran
Esa pieza encajaba en una secuencia que la Casa Blanca viene construyendo por capas y en fases y que busca, de forma deliberada, ensanchar el marco del conflicto. No se trata solo de la dimensión militar, ni de un objetivo único vinculado a capacidades nucleares o balísticas. Se ha ido creando un expediente político y moral que sirva para justificar el golpe como algo más amplio, una operación contra un régimen al que Washington atribuye terror, represión y chantaje.
Por eso, justo antes, el 6 de febrero, Trump había firmado una orden ejecutiva que añadía un instrumento económico de presión. La Casa Blanca argumentó que seguía vigente la emergencia nacional declarada en 1995 frente a lo que define como una amenaza «inusual y extraordinaria» del Gobierno de Irán para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. Y desde ahí introdujo la novedad. Un sistema de aranceles secundarios pensado para castigar a terceros países. La orden autoriza imponer un arancel adicional ad valorem, con el ejemplo de un 25%, a importaciones en EE.UU. procedentes de cualquier país que compre, importe o adquiera directa o indirectamente bienes o servicios iraníes, incluso si esa relación se oculta mediante intermediarios o terceros países siempre que el origen pueda rastrearse.
Washington ha ido creando un expediente político y moral que sirva para justificar el golpe como una operación contra un régimen
Mientras Washington preparaba ese terreno, Irán arrastraba un incendio interno que la Administración Trump ha utilizado como parte de su relato para atacar. A finales de diciembre de 2025 estallaron las mayores protestas antigubernamentales desde 1979. Comenzaron por el deterioro económico y la caída de la divisa local, el rial iraní, y derivaron en demandas políticas más amplias. La respuesta del Estado, según organizaciones y medios, fue una represión severa, con uso de fuerza letal, detenciones masivas y procedimientos acelerados. Se habló de miles de muertos y decenas de miles de arrestados, en un contexto agravado por cortes extensos de internet y comunicaciones, lo que complicó la verificación independiente y alimentó las denuncias de ejecuciones de manifestantes y castigos ejemplarizantes.
Trump vinculó esa crisis con su estrategia hacia Teherán en su discurso tras el ataque, este sábado. Presentó a los ayatolás como responsables de «terror masivo» y dijo que la operación se hacía «por el futuro» como una misión necesaria. Recordó el cántico de «Muerte a América» como síntesis de una hostilidad que, según él, dura décadas, y repasó episodios históricos y ataques atribuidos a Irán o a su entorno para sostener que el problema no es coyuntural. En el mismo mensaje, deslizó un objetivo político interno. Animó a los iraníes a «tomar el control» y advirtió a militares y fuerzas de seguridad, con una mezcla de incentivo y amenaza, para que no sostengan al régimen.
Un listado de abusos contra los derechos humanos
En ese marco, la Casa Blanca no se limita a hablar de centrifugadoras nucleares o misiles. Ha colocado también sobre la mesa un catálogo de abusos que, según la diplomacia estadounidense, dibuja la naturaleza del sistema. En su informe más reciente sobre derechos humanos, el Departamento de Estado describe ejecuciones por cientos, incluidas de personas que habrían confesado bajo tortura y tras juicios sin garantías, además de denuncias de muertes bajo custodia vinculadas a las fuerzas de seguridad. Afirma que la pena de muerte se aplica a delitos que no encajan en el estándar internacional de los «más graves» y subraya que hay ejecuciones por delitos de drogas, a veces sin aviso previo a las familias, con impacto desproporcionado en minorías como la baluchi.
El mismo documento sostiene que la tortura física y psicológica para forzar confesiones es «prevalente», especialmente durante la detención preventiva, y recoge denuncias de palizas, violación y abusos por parte de fuerzas de seguridad y personal penitenciario. Enumera métodos reportados como amenazas de ejecución y de violación, privación de sueño, ‘waterboarding’, suspensión, electrochoques, quemaduras, posiciones de estrés y privación deliberada de atención médica. En paralelo, describe detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas utilizadas para frenar actividades consideradas antigubernamentales, con redadas, arrestos sin aviso, confiscación de documentos y dispositivos, y casos de detenidos, incluidos algunos con doble nacionalidad, sometidos a encarcelamientos prolongados por cargos políticamente motivados, con dificultades para acceder a abogado, juicios sumarios y demoras o negación de tratamiento médico.
El Departamento de Estado perfila un sistema de censura y control que restringe de forma severa la libertad de expresión y coacciona a las mujeres
En el capítulo de libertades, el informe dibuja un sistema de censura y control. Habla de restricciones severas a la libertad de expresión y de prensa, con amenazas y violencia contra periodistas, detenciones y procesos judiciales, bloqueo y filtrado de webs y presiones para la autocensura. Y añade un componente especialmente sensible en el expediente político de Washington. La coerción contra mujeres en la aplicación del código de vestimenta. Menciona nuevos casos de aplicación violenta de esas normas y penas de prisión por oponerse al hiyab obligatorio, encuadradas como cuestiones de seguridad nacional.
A eso suma restricciones religiosas y persecución de minorías, además de una dimensión exterior que apunta a la represión transnacional. Denuncias de operaciones para intimidar, secuestrar o usar amenazas contra personas fuera de Irán para forzar su retorno o castigarlas por motivos políticos, con menciones a casos emblemáticos y a agresiones contra disidentes y periodistas en el extranjero. También recoge restricciones laborales y persecución de sindicalistas, con tribunales que tratan huelgas y protestas como amenazas a la seguridad, además de referencias al trabajo infantil y a las peores formas de explotación, y a episodios de incitación y retórica antisemita en ámbitos oficiales.