La conmoción recorrió de inmediato a la oposición venezolana. El 3 de enero, en una jornada ya marcada por el impacto del ataque en territorio venezolano y con Nicolás Maduro bajo custodia estadounidense –primero rumbo a Guantánamo y después trasladado a Nueva York–, Donald Trump … pronunció unas palabras que alteraron por completo el marco político. Al ser preguntado por la prensa sobre María Corina Machado, el presidente decidió marcar distancia de forma abierta y pública.
«Creo que sería muy difícil que ella fuera la líder», afirmó, antes de añadir una frase que cayó como un golpe seco: «No tiene el apoyo interno ni el respeto dentro del país… Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto». El comentario fue contenido, casi clínico, pero su efecto fue inmediato. En medio de un escenario aún inestable, Trump dejó claro que la Casa Blanca no contemplaba la llegada de Machado al poder en el corto plazo. No todo, sin embargo, era exactamente como parecía.
Ese mensaje no surgía de la improvisación ni respondía únicamente a un gesto político. En los días previos, la Administración había trabajado sobre distintos escenarios para el «día después» de Maduro, y todos ellos chocaban con un mismo límite. Según fuentes de seguridad estadounidenses, cualquier operación destinada a llevar a María Corina Machado y a Edmundo González a Caracas tras un colapso abrupto del régimen implicaba mucho más que una transición institucional.
Habría requerido el despliegue de miles de soldados estadounidenses, control del espacio aéreo, aseguramiento de infraestructuras críticas y neutralización de mandos militares. En la práctica, una misión bélica de cambio real de régimen, con ocupación temporal y costes políticos y humanos elevados. Ese tipo de operación, asociada en Washington a los precedentes de Irak y Afganistán, estaba descartada desde el inicio. Ese fue el primer ejercicio de realismo que condicionó todo el análisis y plan posterior.
La primera reacción interna tras las palabras del presidente llegó en forma de un mensaje de texto escueto: «El dichoso Nobel». La frase no aludía solo al galardón en sí, sino a la percepción de que el premio añadía un factor político incómodo en un contexto ya delicado. Trump ambiciona ese reconocimiento desde hace años y lo integra en la imagen que cultiva de negociador y pacificador global. Que Machado lo obtuviera no fue visto como un activo operativo, sino como un elemento simbólico sin impacto práctico en la gestión del poder.
La incomodidad afloró casi de inmediato. Tras el anuncio del Nobel, figuras cercanas a Trump, como Steven Cheung o Stephen Miller, criticaron que el comité hubiera «priorizado la política sobre la paz». En ese clima, ‘The Washington Post’ llegó a publicar el testimonio de una fuente que sostenía que, de haber rechazado el premio, Machado «sería presidenta». Sin embargo, otras fuentes de la Administración niegan de forma tajante esa interpretación y descartan que el Nobel, aceptado o rechazado, haya sido un factor determinante en las decisiones estratégicas de la Casa Blanca.
Según EE.UU.
El régimen no actúa como un bloque compacto y figuras como Diosdado Cabello disputan espacios de poder y presionan desde dentro
Las palabras de Trump cayeron como un jarro de agua fría sobre una oposición en Estados Unidos que se había movilizado y cohesionado en torno a la figura de la reciente Nobel de la Paz. Durante semanas, sectores del exilio venezolano y aliados políticos habían dado por hecho que Machado era la opción natural para encabezar una transición. La reacción oficial, sin embargo, fue el silencio. La Casa Blanca cerró filas y evitó cualquier matización pública. Hasta ese momento, altos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado habían expresado en privado respeto y admiración por Machado, a la que describían como una dirigente valiente, con legitimidad electoral y un capital político notable, reforzado tras su inhabilitación por el chavismo y los meses vividos en la clandestinidad dentro de Venezuela.
Fuentes de la Administración Trump consultadas por ABC insisten en que las palabras del presidente no deben interpretarse como un veto personal ni definitivo. Subrayan que reflejan un análisis frío sobre escenarios de poder inmediatos y no una descalificación de fondo. Recalcan que, si en el futuro hubiera elecciones libres y Machado u otro candidato resultara vencedor, Washington respaldaría sin reservas ese resultado. La discusión, precisan, se centraba exclusivamente en el corto plazo y en la gestión de un «día después» sin una estructura estatal funcional.
El enviado de Trump a Venezuela, Rick Grenell, se reunió con Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez en Miraflores en enero del año pasado
Reuters
Esas mismas fuentes aclaran que lo que se ha puesto en marcha ahora no es un desenlace, sino un plan inicial. Explican que la Administración ha optado por abrir una interlocución con el régimen como un ejercicio de realismo, sin asumir que el poder esté plenamente cohesionado ni que exista un control absoluto por parte del entorno de Maduro. En Washington no dan por hecho que el régimen actúe como un bloque compacto y señalan que figuras como Diosdado Cabello disputan espacios de poder y presionan desde dentro.
En ese esquema, la actual fase responde a la necesidad de estabilizar la situación y evitar un vacío inmediato, no a un cierre político definitivo. Las mismas fuentes subrayan que el escenario posterior está condicionado a la celebración de elecciones, en una segunda etapa en la que podrían concurrir todos los candidatos. Es ahí, insisten, donde se dirimiría el respaldo real y donde se reabriría el debate sobre el liderazgo, más allá de los equilibrios provisionales del momento actual.
Guaidó como precedente
Trump tenía además muy presente el precedente del 30 de abril de 2019, pero en su entorno ese episodio se interpreta hoy con más matices de los que se reconocieron entonces en público. Aquel fallido pronunciamiento no fue una iniciativa autónoma de la oposición venezolana, sino un movimiento negociado e instigado desde la propia Casa Blanca, bajo el impulso directo de John Bolton. La idea era provocar una fractura rápida en la cúpula militar que forzara la salida de Maduro. La CIA advirtió desde el inicio de que el plan no iba a funcionar: no había garantías de quiebras reales en la cadena de mando ni respaldo suficiente dentro de las Fuerzas Armadas. Aun así, se alentó a Juan Guaidó y a Leopoldo López a sumarse, confiando en un efecto dominó que nunca llegó.
El desenlace fue inmediato y revelador. Los mandos militares no se movieron, el aparato represivo se mantuvo intacto y el intento se desinfló en cuestión de horas. Washington quedó expuesto a un fracaso que Trump asumió como una prueba empírica de un límite estructural: la oposición venezolana, por sí sola, no podía enfrentarse a un aparato militar y de seguridad de esa envergadura. En su libro, Bolton relata hasta qué punto la operación fue improvisada, hasta el extremo de tener que despertar al propio presidente para informarle de que el plan había colapsado.
Desde entonces, esa lección pesa como una losa en los análisis internos. No se trata, según fuentes cercanas, de una desconfianza personal hacia figuras como Guaidó, Machado o López, sino de una constatación operativa: sin control real del territorio, de las Fuerzas Armadas y de los servicios de seguridad, ningún liderazgo opositor puede asumir una tarea de esa magnitud sin una intervención militar externa. Y esa intervención, tras el fracaso del 30 de abril, quedó definitivamente fuera del horizonte político de Trump.
Aquella experiencia marcó su visión posterior. Desde entonces, según fuentes cercanas, Trump asumió que confiar en nuevos escenarios sin control efectivo de las Fuerzas Armadas suponía un riesgo estratégico que no estaba dispuesto a repetir. En ese marco, el debate interno no giró sobre la legitimidad política de Machado ni sobre su popularidad, sino sobre su capacidad real para sostener el poder en un contexto de colapso institucional, presión militar constante y riesgo de vacío de autoridad.
Ese diagnóstico se apoyó en informes de inteligencia encargados expresamente por John Ratcliffe, director de la CIA, tras los acontecimientos de enero. No se trató de un único documento ni de una valoración aislada, sino de un análisis elaborado a partir de diversas fuentes. Entre ellas figuró un exagente de inteligencia estadounidense, antiguo jefe de misión en América Latina, que aportó una visión especialmente crítica sobre la viabilidad de la oposición para gobernar.
Ese perfil fue posteriormente apartado del proceso al considerarse que mantenía una proximidad excesiva con el lobby petrolero, lo que obligó a revisar parte de sus aportaciones. Aun así, las conclusiones finales coincidían en un punto central: Machado no controlaba a las Fuerzas Armadas, no tenía ascendencia sobre los servicios de seguridad ni disponía de palancas institucionales suficientes para imponer autoridad tras la caída de Maduro.
En ese análisis pesó más la estabilidad inmediata que la legitimidad democrática. Los informes advertían de que un respaldo pleno a la oposición habría obligado a Estados Unidos a asumir una implicación militar profunda y sostenida para evitar el caos interno. Ese escenario era inaceptable para Trump, tanto por convicción como por cálculo político. Según estas fuentes, la decisión no se explica por gestos personales ni por animadversiones, sino por una evaluación de riesgos, costes y control del «día después».
Machado y Richard Grenell
A ese contexto se sumó la relación con un asesor de Trump, Richard Grenell. Exembajador y exdirector de inteligencia en funciones, Grenell habló con Machado por teléfono en varias ocasiones y viajó a Caracas hace un año. A diferencia de lo que desde su entorno se ha sugerido en medios estadounidenses como ‘The New York Times’, Machado sí estaba dispuesta a verse con él y a asumir riesgos personales. Según fuentes en Venezuela consultadas por ABC, cuando el régimen tuvo conocimiento de que ambos podían reunirse, desde distintos resortes del poder se activaron presiones y maniobras para impedir ese encuentro. Grenell solo comunicó que no habría reunión cuando ya se encontraba en el aeropuerto de salida de Caracas, dejando a Machado esperando y sin margen de reacción.
Ese episodio marcó el tono posterior. En los contactos previos, Grenell había sugerido un encuentro en Washington, a lo que Machado explicó que vivía en la clandestinidad por las amenazas directas del régimen. La alternativa planteada fue la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Machado no la descartó, aunque consideraba que la exponía de forma inmediata al aparato represivo, convirtiéndola en un objetivo fácil de seguimiento y presión.
Fue en ese marco cuando Grenell planteó exigencias muy concretas, entre ellas la elaboración de una lista de diez presos políticos cuya liberación pudiera negociarse. Machado se negó. Argumentó que no tenía sentido elegir a diez cuando debían ser liberados todos y que no se trataba de gestos parciales ni parches tácticos, sino de un cambio estructural, más aún después de su inhabilitación y de la denuncia de fraude electoral. Esa posición, según fuentes cercanas al proceso, llevó a Grenell a trasladar a Trump una visión crítica de Machado, presentándola como inflexible y difícil de manejar.
Según Washington
La negativa de Machado a cualquier contacto con el chavismo es limitante para articular una transición amplia y funcional a corto plazo
Grenell mantiene contactos con los hermanos Rodríguez desde 2020 y con intermediarios del sector petrolero. Durante el último año aspiró a convertirse en secretario de Estado, en rivalidad con Marco Rubio, pero quedó relegado a misiones específicas, como Corea del Norte y Venezuela, donde sí logró la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos. Más recientemente asumió la presidencia del consejo del Kennedy Center, una etapa que ha reducido su peso político interno y su influencia directa en la toma de decisiones estratégicas.
En la Casa Blanca, la impresión trasladada por Grenell sobre la oposición tuvo cierta influencia, pero no fue el único factor. También generó recelos, amplificados por su entorno, la negativa de Machado a cualquier contacto con el chavismo, una postura vista como moralmente coherente tras años de abusos, pero políticamente limitante para articular una transición amplia y funcional a corto plazo. Su7 respaldo firme a las sanciones y su rechazo a inversiones en Venezuela alejaron apoyos en sectores empresariales estadounidenses con peso en Washington.
En los últimos meses, Machado centró su discurso en denunciar la situación de los presos políticos y en elogiar a Trump, sin entrar en cuestiones económicas clave como vuelos, inflación o la caída de los ingresos petroleros, algo que asesores del presidente subrayaron internamente. Ese conjunto de factores ayuda a explicar por qué, más allá de la legitimidad democrática, Washington optó por un enfoque de máxima cautela, marcado por el temor a repetir intervenciones fallidas y a quedar atrapado en un escenario sin control efectivo del poder.