Este lunes 22 de diciembre, un Tribunal penal de Ecuador condenó a once militares de la Fuerza Aérea a 34 años y ocho meses de prisión por el delito de desaparición forzada de cuatro menores, conocidos como «los cuatro de Las Malvinas», por … la zona donde vivían, en Guayaquil, quienes habrían sido torturados y sus cuerpos incinerados. El fallo también ordena el pago de 800 salarios básicos unificados (equivalente a 320.000 euros) y unas disculpas púbicas.
Para otros cinco soldados que se acogieron a una cooperación eficaz (delación premiada), los jueces dictaminaron 30 meses de cárcel, mientras que un teniente coronel que estaba procesado en calidad de cómplice fue absuelto de los cargos. La defensa de los uniformados sentenciados anunció que apelará la resolución y que agotará todas las instancias para intentar lograr su absolución.
El caso ‘Las Malvinas’ investigaba la desaparición forzada y posterior muerte de Josue, Nohemías, Steven e Ismael, ocurrida tras un operativo militar en el sur de Guayaquil, en diciembre de 2024, y que conmocionó al país. En el juicio se estableció que los jóvenes fueron detenidos por una patrulla militar y trasladados, sin observar los procedimientos legales y sin que se informara a las autoridades competentes ni a sus familiares sobre su paradero.
El Tribunal también concluyó que las víctimas no tenían vínculos con actividades delictivas y que fueron objeto de uso ilegítimo de la fuerza, seguido de ocultamiento de información. Los testimonios de los cooperadores revelaron que, durante el trayecto, los cuatro menores sufrieron agresiones físicas, golpes con armas y otro tipo de tratos vejatorios.
Responsabilidad
En el proceso judicial, el juez anotó que la patrulla omitió el deber ineludible de reportar la aprehensión al ECU 911 y que se reportó la operación como «sin novedad», y se afirmó falsamente que los menores fueron dejados «sanos y salvos». El Tribunal consideró que existió un pacto de silencio institucional y fue explícito en señalar que la obediencia debida no exime de responsabilidad en violación a derechos humanos. Los procesados tenían la posibilidad de disociarse, pero no lo hicieron, tampoco nadie denunció, detuvo o corrigió la conducta.
Los padres de los menores y los abogados del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que acompañaron su defensa legal, estuvieron presentes en una sala de la unidad judicial Del Albán Borja, en Guayaquil, donde se realizó la audiencia. Abraham Aguirre, abogado de las familias de los menores, señaló que el fallo representa un hito para la justicia ecuatoriana, especialmente en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, en el contexto de la declaración de estado de excepción que regía en el país en esos momentos.
También reaccionó la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, quien escribió en la red social X que la sentencia «es un paso definitivo para la verdad y la justicia. Reafirmamos nuestro compromiso con la reparación, la no repetición y el respeto absoluto a los derechos humanos», comentó.