«Búsquese un abogado». Robert Garcia, diputado demócrata por California y llamado ahora a presidir la poderosa Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, lanzó esta advertencia a Donald Trump la noche del martes, cuando se confirmó la victoria de su partido … en las elecciones legislativas. Poco después, el senador Ron Wyden añadió una sola palabra: «Citaciones».
No son simples provocaciones. Los demócratas, que acaban de recuperar el control de ambas Cámaras del Congreso, llevan muchos meses preparando una extensa lista de investigaciones sobre las decisiones, los negocios y los posibles conflictos de intereses de la segunda Administración Trump. Ahora se disponen a pasar de las amenazas a los hechos. A partir de enero, las comisiones que durante dos años estuvieron bajo control republicano podrán convocar a ministros, exigir documentos y someter a los principales responsables de la Casa Blanca a interrogatorios.
Los demócratas no parten de cero. Durante meses han enviado cartas a los secretarios de Estado, Marco Rubio; Defensa, Pete Hegseth, y el Tesoro, Scott Bessent, reclamando contratos, comunicaciones internas, informes jurídicos y explicaciones sobre decisiones de la Administración. Algunas solicitudes han quedado sin respuesta. Otras fueron bloqueadas por las mayorías hasta ahora republicanas. Los demócratas ya preparan el terreno para convertir esas reclamaciones en investigaciones formales cuando asuman el control del legislativo en enero.
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David Alandete
Desde la mayoría podrán convocar audiencias, citar a funcionarios y empresarios y exigir la entrega de información bajo amenaza de graves consecuencias legales. No significa que todas sus reclamaciones vayan a prosperar: la Casa Blanca podrá invocar privilegios propios del Ejecutivo, razones de seguridad nacional o recurrir a los tribunales. Pero el equilibrio de poder ya ha cambiado.
Una de las primeras áreas de investigación será Venezuela, donde la Administración Trump ha acumulado decisiones militares, diplomáticas y económicas opacas desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Los demócratas quieren reconstruir qué se negoció con el régimen de Delcy Rodríguez, quién controla los ingresos petroleros venezolanos y qué empresas y empresarios se han beneficiado de los acuerdos alcanzados por Washington.
Una de las primeras áreas de investigación será Venezuela, donde la Administración Trump ha acumulado decisiones militares, diplomáticas y económicas opacas desde la captura de Nicolás Maduro
El caso más concreto es el del empresario Alejandro Betancourt, afincado antes en España, y North American Blue Energy Partners, una sociedad registrada en Barbados que figura en un acuerdo petrolero con Estados Unidos. El 1 de octubre, cinco destacados demócratas de la Cámara reclamaron a Rubio y Hegseth el texto íntegro del contrato, las comunicaciones mantenidas con sus responsables y una explicación de las concesiones otorgadas. También preguntaron si funcionarios estadounidenses habían intervenido en favor de Betancourt ante investigadores suizos o españoles que seguían la pista de fraudes.
El dinero del petróleo venezolano
La investigación puede alcanzar también a las grandes petroleras estadounidenses. Los demócratas de la Comisión de Supervisión han reclamado información a Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips y Continental Resources sobre sus contactos con la Administración antes y después de la operación contra Maduro. Quieren saber si se discutieron oportunidades comerciales antes y si las expectativas de negocio tuvieron alguna influencia sobre las decisiones adoptadas en Washington.
Los diputados Gregory Meeks, Robert Garcia y varios senadores, entre ellos Ron Wyden y Elizabeth Warren, han solicitado explicaciones sobre los ingresos procedentes del petróleo venezolano, las cuentas utilizadas para administrarlos y el papel de Qatar. Reclaman conocer quién autoriza las transferencias, qué controles existen, quién recibe los fondos y cómo se audita su utilización. La pregunta que pretenden trasladar a los responsables del Gobierno es sencilla: dónde está el dinero de Venezuela y quién decide qué hacer con él.
También se han reclamado los acuerdos políticos entre Washington y Caracas, los documentos relativos al reconocimiento de las autoridades venezolanas y las condiciones negociadas con Delcy. Los demócratas quieren explicaciones sobre la transición democrática, la celebración de elecciones libres, las reformas institucionales y los compromisos asumidos con la oposición. El secretario de Estado podría verse obligado a testificar ante el Congreso sobre qué compromisos ha adquirido Estados Unidos del régimen chavista a cambio de su colaboración.
Los demócratas quieren explicaciones sobre la transición democrática, la celebración de elecciones libres, las reformas institucionales y los compromisos asumidos con la oposición en Venezuela
La guerra contra Irán será otro de los grandes frentes. El conflicto, convertido ya en motivo de disputa dentro del propio Partido Republicano tras la derrota electoral, puede dar lugar a investigaciones sobre su preparación, sus costes y su legalidad. Los demócratas de Exteriores en la Cámara reclamaron en marzo la comparecencia de Rubio y Hegseth, así como de los asesores Steve Witkoff y Jared Kushner, para explicar las negociaciones previas a los ataques y las alternativas diplomáticas que se habían considerado.
Dudas sobre la guerra en Irán
En septiembre, la senadora Elissa Slotkin encabezó una solicitud respaldada por otros 45 senadores para conocer el coste completo de la guerra, los despliegues militares, las bajas y la utilización de fondos públicos. También se han pedido explicaciones sobre los bombardeos que alcanzaron objetivos civiles, incluido el famoso ataque contra una escuela de niñas en Minab, y sobre el posible empleo de inteligencia artificial para seleccionar blancos. A todo ello se suma una cuestión constitucional: hasta dónde podía llegar Trump en una operación militar prolongada sin autorización expresa del Congreso.
La ofensiva alcanzará igualmente los negocios de la familia presidencial. Los demócratas quieren investigar las inversiones extranjeras en las empresas de criptomonedas vinculadas a Trump, especialmente las procedentes de Emiratos Árabes Unidos, y determinar si existieron conflictos de intereses con decisiones de política exterior. También han reclamado información sobre Kushner, el yerno de Trump, sus negocios internacionales y su participación en gestiones diplomáticas de la Administración.
Los archivos secretos del pederasta Jeffrey Epstein ofrecen otro terreno de conflicto. Los demócratas llevan meses exigiendo al Departamento de Justicia la entrega de todos los documentos, explicaciones sobre las partes censuradas y nuevas investigaciones sobre los colaboradores del financiero. El diputado Jamie Raskin también ha solicitado información sobre sus contactos con representantes de intereses extranjeros, incluidos Rusia, Israel y varios países árabes. Otra línea de supervisión afecta al trato penitenciario concedido a Ghislaine Maxwell, amante y conseguidora de Epstein, y a las decisiones de los funcionarios que han intervenido en su caso.
Control total a las fronteras
El Departamento de Seguridad Nacional tampoco se quedará al margen. Los demócratas han pedido documentación sobre fallecimientos bajo custodia migratoria, condiciones de detención, actuaciones de agentes contra ciudadanos estadounidenses y posibles entradas en domicilios sin autorización judicial. Además, han abierto expedientes sobre contratos de equipamiento, adquisiciones de aeronaves y la intervención en decisiones administrativas de Corey Lewandowski, antiguo asesor de Kristi Noem, quien era hasta este año secretaria de ese departamento. La política de deportaciones, una de las principales banderas de Trump, puede convertirse así en objeto de control permanente.
Los demócratas han pedido documentación sobre fallecimientos bajo custodia y condiciones de detención en las redadas de inmigrantes ilegales
Las investigaciones tendrán también una dimensión internacional que va más allá de Venezuela e Irán. En Brasil, varios senadores han cuestionado el uso de sanciones y aranceles contra autoridades del país. El diputado Garcia ha reclamado a Rubio explicaciones sobre la entrada de Flávio Bolsonaro en Estados Unidos y la posible intervención de funcionarios estadounidenses para facilitar su salida de Brasil. También se han solicitado investigaciones sobre supuestas pruebas de lealtad política impuestas a diplomáticos del Departamento de Estado.
Ni siquiera las obras de la Casa Blanca escaparán al escrutinio demócrata. Ocho senadores solicitaron en agosto una auditoría sobre el coste y la financiación del nuevo salón de baile de Trump, la demolición del Ala Este y el cumplimiento de los procedimientos federales. Es precisamente el proyecto que el presidente visitó la mañana siguiente a la derrota, cuando prefirió hablar de la transformación de su residencia antes que de la pérdida del Congreso.
El movimiento más revelador sobre estas pesquisas del Capitolio llegó inmediatamente después de las elecciones. El demócrata Bobby Scott reclamó a diez departamentos y organismos federales que conservaran sus archivos, incluidos correos electrónicos y documentos internos, y recordó las consecuencias legales de destruir deliberadamente documentación oficial. El mensaje era inequívoco: antes de comenzar los interrogatorios, los demócratas quieren asegurarse de que las pruebas documentales no desaparezcan.
Investigación antes que ‘impeachment’
La estrategia, al menos inicialmente, parece orientada a investigar antes que a promover otro juicio político contra Trump. Un nuevo ‘impeachment’ exigiría decisiones complejas y una condena en el Senado requeriría una mayoría de dos tercios de la que no disponen los demócratas. Las investigaciones parlamentarias, en cambio, ofrecen a los demócratas la posibilidad de mantener bajo presión al Gobierno, obligar a sus responsables a responder públicamente y examinar decisiones que durante dos años habían quedado protegidas por el control republicano del Congreso.
Trump ha asegurado que está dispuesto a entenderse con los demócratas, aunque les ha advertido de que conserva el poder de veto
Trump ha asegurado que está dispuesto a entenderse con los demócratas, aunque les ha advertido de que conserva el poder de veto. Ese instrumento puede servirle para bloquear leyes, pero no para impedir por sí solo las investigaciones parlamentarias. Su Administración tendrá que decidir qué documentos entrega, qué funcionarios comparecen y qué asuntos está dispuesta a llevar ante los tribunales.