Los consumidores contarán a partir del 31 de julio con un mayor respaldo legal para reparar determinados dispositivos incluso cuando hayan superado el periodo de garantía. Esta medida forma parte de la Directiva (UE) 2024/1799 del Parlamento Europeo y del Consejo —también conocida como ‘derecho a reparar’— y busca prolongar la vida útil de los aparatos para reducir los residuos electrónicos, al mismo tiempo que facilitar el acceso a reparaciones frente a la sustitución por otros nuevos.Dicha normativa afectará tanto a móviles, tablets, televisores, monitores como a diversos electrodomésticos, por lo tanto, a partir de su entrada en vigor, los fabricantes estarán obligados a ofrecer servicios de reparación cuando esta sea técnicamente posible, incluso una vez finalizada la garantía legal. Asimismo, deberán proporcionar piezas de repuesto, herramientas e información técnica en condiciones razonables para que el mantenimiento de los dispositivos sea más fácil.También, otro de los cambios relevantes es que los fabricantes no podrán rechazar una reparación por el hecho de que el dispositivo haya sido intervenido previamente por un servicio técnico independiente o porque se hayan empleado componentes compatibles.La UE quiere reducir la obsolescencia programadaCon esta medida, la Unión Europea pretende impulsar la competencia en el sector de las reparaciones y reducir los costes que asumen los consumidores al prolongar la vida de sus dispositivos.Por otro lado, la directiva establece que las reparaciones deberán realizarse en un plazo y a un precio razonable, con el objetivo de evitar prácticas que desincentiven esta opción frente a la compra de un producto nuevo. Asimismo, la normativa persigue fomentar un modelo de consumo más sostenible, en línea con la estrategia europea de economía circular y la reducción de los residuos electrónicos.Por lo tanto, con la entrada en vigor de estas obligaciones, fabricantes y servicios posventa deberán adaptar sus procesos para cumplir con el nuevo marco regulatorio. En este sentido, la Unión Europea confía en que el denominado ‘derecho a reparar’ contribuya a reducir la obsolescencia programada de los dispositivos y facilite que los consumidores opten por reparar sus equipos antes de sustituirlos por otros nuevos.Una larga historia para terminar con la obsolescencia programada La Unión Europea lleva años impulsando medidas para combatir la obsolescencia programada, una práctica que consiste en diseñar productos con una vida útil limitada para incentivar su sustitución por otros nuevos. Con este objetivo, en 2021 aprobó el denominado ‘derecho a reparar’, una iniciativa destinada a prolongar la vida útil de los dispositivos electrónicos y reducir los residuos.Desde entonces, los fabricantes de productos como móviles, televisores, lavadoras o frigoríficos deben garantizar la disponibilidad de piezas de repuesto durante al menos diez años, además de facilitar manuales de reparación y diseñar los dispositivos para que puedan desmontarse y reciclarse con mayor facilidad.La normativa se ha ido ampliando con nuevas medidas para reforzar los derechos de los consumidores. Entre ellas figuran la obligación de reparar determinados aparatos en lugar de sustituirlos cuando sea posible y la incorporación de una etiqueta energética que informa sobre aspectos como la eficiencia, la reparabilidad y la durabilidad de teléfonos móviles, tabletas y televisores.Ahora, la Unión Europea da un paso más en su estrategia de sostenibilidad con nuevas normas que buscan poner fin a los dispositivos con una vida útil reducida, facilitar la sustitución de las baterías por parte de los usuarios y garantizar la reparación de determinados productos electrónicos incluso una vez finalizado el periodo de garantía.

Las zapatillas impresas en 3D están ganando protagonismo en la industria de la moda deportiva. Gracias a los avances en fabricación aditiva, cada vez más marcas como adidas apuestan por este tipo de calzado para ofrecer diseños más innovadores, mejorar la personalización y potenciar el rendimiento de las personas. Sin embargo, este tipo de novedad en el sector ya no se limita únicamente a las zapatillas.En una línea bastante diferente a la de adidas, Nike ha presentado una propuesta con un enfoque rompedor gracias a una alianza con la compañía tecnológica Hyperice. Dicho producto son unas chanclas inteligentes diseñadas para acelerar la recuperación de los pies después de un entrenamiento intenso porque, en lugar de centrarse en mejorar el rendimiento durante la práctica deportiva, buscan favorecer el descanso mediante un sistema que aplica calor y vibraciones para aliviar la fatiga muscular.Dichas chanclas se llaman Nike Air Zoom Hyperslide, incorporan la conocida suela Nike Air Zoom como base, apuestan por una superficie texturizada y un buen acolchado para ofrecer una pisada más cómoda, tienen un acabado moderno y detalles circulares, poseen unas correas de velcro y se deben usar con calcetines por cuestiones de seguridad porque, al aplicar calor, alcanzan casi los 50º.Estas chanclas emiten masajes y terapias térmicasLas Nike Air Zoom Hyperslide incorporan unos módulos magnéticos llamados Hyperslide Pods que aplican calor y vibración para acelerar la recuperación, además, al estar acoplados magnéticamente a la tira principal de la chancla, se encargan de emitir terapia térmica y masaje.También, cabe mencionar que Hyperslide Pods ofrece tres niveles de calor —entre los 42,8º y 47,2º— y tres intensidades distintas de vibración, teniendo en cuenta que se puede alternar entre los diversos modos al pulsar sobre los botones físicos de los módulos magnéticos o al estar conectadas al Bluetooth del móvil.Por otro lado, los módulos magnéticos poseen una batería con una autonomía aproximada de una hora de funcionamiento continuo. Además, dado que se recomiendan unas sesiones de recuperación de unos diez minutos, una sola carga es suficiente para utilizar las chanclas durante casi una semana antes de tener que cargarlas mediante un puerto USB-C.DisponibilidadLas Nike Air Zoom Hyperslide llegarán al mercado el 29 septiembre con un precio de lanzamiento de 249 dólares (un poco más de 218 euros al cambio en España, aproximadamente), además, estarán disponibles a través de las páginas web de Nike y Hyperice para adquirirse en los acabados negro o beige claro.Cabe mencionar que Nike ofrecerá una gran variedad de tallas, desde la 36 hasta la 52,2 en la numeración europa, con el objetivo de adaptarse a un gran número de usuarios.

Estados Unidos ha levantado una nueva barrera contra la tecnología extranjera. La Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense, conocida como FCC, ha incluido los robots avanzados fabricados fuera del país en su lista de equipos considerados una amenaza para la seguridad nacional.La medida impedirá que los nuevos modelos afectados reciban la autorización necesaria para importarse y venderse en Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump sostiene que estas máquinas pueden utilizarse para recopilar información sensible, realizar tareas de vigilancia o ser controladas remotamente desde el extranjero.Aunque la prohibición se aplica formalmente a todos los robots extranjeros, su principal impacto recaerá sobre China. El país asiático concentra alrededor del 85 % del mercado mundial de humanoides y empresas como Unitree y AGIBOT producen ya muchos más dispositivos que sus rivales estadounidenses.No obstante, la definición aprobada por la FCC es especialmente amplia e incluye cualquier máquina capaz de desplazarse, evitar obstáculos o moverse por el suelo que incorpore sensores para percibir su entorno, pueda conectarse a una red y pese más de 4,4 libras, aproximadamente dos kilos. Esto permite incluir humanoides, robots cuadrúpedos y plataformas industriales móviles, pero también podría afectar a determinados dispositivos domésticos. Incluso algunos robots aspiradores conectados encajarían en la descripción utilizada por el organismo estadounidense.La prohibición no obliga a retirar los modelos que ya se venden o utilizan en el país, sino que afecta principalmente a aquellos que todavía no han recibido autorización, aunque la FCC conserva la capacidad de revocar permisos concedidos anteriormente.Los fabricantes, por su parte, podrán solicitar excepciones. Para conseguirlas deberán presentar información sobre sus cadenas de suministro y explicar cómo podrían trasladar parte de la producción a Estados Unidos. Una prohibición que apunta principalmente a ChinaLa FCC insiste en que la decisión no se dirige contra ningún país concreto, pero Reuters señala que se esperan excepciones para numerosos proveedores no chinos, como ya ocurrió con anteriores restricciones sobre drones y equipos de telecomunicaciones. En la práctica, las compañías chinas serían las principales perjudicadas.Una de las más afectadas podría ser Unitree, conocida por sus robots humanoides y cuadrúpedos. Sus dispositivos se utilizan en numerosos países, incluido Estados Unidos y también España.El veto llega cuando la industria de robots humanoides de China atraviesa un fuerte crecimiento. De los aproximadamente 15.000 dispositivos distribuidos mundialmente durante 2025, Unitree y AGIBOT enviaron más de 5.000 unidades cada una. Tesla y Figure AI se quedaron en unos pocos cientos o menos, según datos de Omdia recogidos por Associated Press.El principal motivo por el que China se encuentra en una posición superior en el mercado es su capacidad para producir más unidades, reducir costes y apoyarse en una cadena local de proveedores de motores, baterías, sensores y actuadores.De está forma, la prohibición de Estados Unidos limitará uno de los posibles mercados de los fabricantes chinos, pero difícilmente detendrá su crecimiento. China cuenta con una enorme demanda interna y puede seguir vendiendo sus robots en otros países. Según los analistas, esta podría ser una estrategia para que las compañías estadounidenses ganen tiempo para desarrollar sus propios proyectos sin competir dentro de su mercado con modelos chinos más numerosos y, en muchos casos, más baratos.Sin embargo, de momento, el futuro cercano no es muy prometedor. Si bien las últimas demostraciones de Figure AI han mostrado que la compañía avanza a paso firme, el robot humanoide de Elon Musk se está quedando más atrás de lo que el magnate esperaba: el empresario ha definido a Optimus como el producto más complicado de escalar que ha desarrollado Tesla.El veto se incorpora así a una guerra tecnológica que ya afecta a los semiconductores, los drones, las telecomunicaciones, los vehículos conectados y la inteligencia artificial. Estados Unidos lo presenta como una medida de seguridad, pero sus condiciones también buscan trasladar producción al país y proteger una industria local que todavía está por detrás de China en volumen de fabricación.

Los dos modelos de inteligencia artificial (IA) de OpenAI que salieron, por iniciativa propia, del entorno confinado en el que estaban siendo probados para atacar el sitio Hugging Face, también irrumpieron en otras cuatro plataformas, según el creador de ChatGPT.Una de … ellas sirvió de intermediaria para preparar el ataque contra Hugging Face, una biblioteca de IA que los dos modelos exploraron para encontrar las respuestas a las pruebas planteadas por los desarrolladores de OpenAI. La firma creadora de ChatGPT no ha revelado los nombres de las entidades afectadas.

Las dos IA también utilizaron varios sitios de libre acceso para copiar código de programación o probarlo, pero sin ir más allá de lo que haría un usuario corriente, según una actualización del informe del incidente publicada en la noche del martes.

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Para Hugging Face, que publicó un extenso relato de los acontecimientos, la intrusión de la que fue víctima respondía a un «intento (de los dos modelos) de hacer trampa en la evaluación» de OpenAI. Las IA quisieron «robar las soluciones de las pruebas en lugar de intentar responderlas por sí mismas».

La más grave hasta la fecha

Esta evasión de modelos no es la primera que se documenta, pero se considera la más grave hasta la fecha. Lo ocurrido ha dado un nuevo impulso al ya nutrido debate sobre la aceleración de la IA, cuyas capacidades son cada vez más amplias, y sobre la dificultad de controlarla.
El martes, más de mil empleados de gigantes de la IA, entre ellos varios altos directivos, pidieron al Gobierno estadounidense que ayude a «frenar» la salida de nuevos modelos para dar tiempo al ecosistema informático a prepararse.
Defienden, en una petición, que Estados Unidos sea el motor de la creación de una instancia internacional de referencia en materia de evaluación y supervisión de la IA.

‘Automejora recursiva’

El sector anuncia que la IA se acerca progresivamente a la etapa denominada de la ‘automejora recursiva’ (‘recursive self-improvement’ o RSI, en inglés), más allá de la cual la inteligencia artificial sería capaz de concebir por sí sola a su sucesora, una secuencia que podría repetirse hasta el infinito.
El RSI haría más difíciles las verificaciones y la evaluación de nuevos modelos por parte de informáticos humanos, ya que los ingenieros no habrían participado directamente en su desarrollo.

La decisión de PlayStation de abandonar el formato físico a partir de 2028 no ha sentado bien a buena parte de su comunidad. La plataforma DoesItPlay?, dedicada a analizar videojuegos y divulgar sobre su preservación, ha hecho un llamamiento a los jugadores para que … dejen de utilizar las consolas de la marca durante una semana.
«Invitamos a los jugadores de PlayStation a participar en un boicot económico y de juego que se extenderá desde el domingo 23 de agosto a las 19:00 (hora local) hasta el domingo 30 de agosto a las 19:00», ha señalado la plataforma en un comunicado publicado en X, que ya acumula miles de retuits y comentarios de usuarios que aseguran que se sumarán a la iniciativa.

En la publicación, DoesItPlay? pide a los usuarios que durante esos siete días no inicien sesión, no jueguen ni realicen compras en ninguna plataforma de Sony, una empresa a la que acusa de haberse «ido distanciando cada vez más de su comunidad» con decisiones como el cierre de Bluepoint Games -el estudio responsable de los aclamados ‘remakes’ de ‘Shadow of the Colossus’ (2018) y ‘Demon’s Souls’ (2020)-, la cancelación de eventos para aficionados o el hecho de «dejar morir PS VR2», el visor de realidad virtual de la compañía.

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«Acabar con los discos físicos en 2028 es la gota que colma el vaso. Entendemos que Sony no puede controlar todo, pero con estas decisiones la compañía está perdiendo la buena reputación que se labró durante la era de PlayStation 4», sostiene DoesItPlay?, que añade que recuperar los juegos físicos sería «solo un gesto de buena voluntad», ya que la empresa dispone de muchas otras vías para reconciliarse con su comunidad. Entre ellas menciona la recuperación de franquicias históricas como Twisted Metal, SOCOM, Sly Cooper o Resistance.

Sony wants to abandon fans? Let’s give them a small taste of their own medicine!Together with other creators we call for a 1 week #PSBlackout in August. No logins, no play sessions, no purchases on any of Sony’s platforms. pic.twitter.com/v6JvdvbHLD— Does it play? (@DoesItPlay1) July 26, 2026

Cabe recordar que el pasado junio Sony anunció que, a partir de enero de 2028, los videojuegos desarrollados para sus consolas dejarán de comercializarse en formato físico y solo podrán adquirirse mediante un código de descarga. La compañía justificó la decisión por el descenso continuado de las ventas de discos, un formato que desde hace años se encuentra por detrás del digital.

Caminar sobre dos piernas es una de las habilidades más visibles de un robot con forma humana, pero no suele ser la más difícil, aunque algunos de estos androides se desplomen mientras ‘simplemente’ están paseando. Esto no es, sin embargo, un problema para Optimus, el humanoide con el que Tesla quiere automatizar fábricas y, en el futuro, realizar tareas domésticas. Su gran desafío se encuentra en algo aparentemente mucho más sencillo: utilizar las manos como una persona.Elon Musk ha reconocido que desarrollar el robot es un “problema muy complejo de resolver” y que Tesla todavía debe superar numerosos obstáculos para conseguir que sea ágil, fiable, resistente y seguro. El empresario considera que Optimus podría convertirse en el mayor producto de la historia de la compañía: en anteriores ocasiones ha valorado su negocio en millones e incluso ha alardeado de que será el primero en pisar Marte. Pero también admite que será el más difícil que Tesla haya intentado fabricar a gran escala.La advertencia del magnate tuvo lugar durante la presentación de los últimos resultados de Tesla. La mano humana, el gran muro técnico de OptimusMusk quiere que Optimus tenga, como mínimo, una destreza similar a la de una persona. Eso implica mucho más que abrir y cerrar cinco dedos. Una mano robótica debe ser capaz de sujetar objetos con formas y pesos diferentes, calcular cuánta fuerza puede ejercer sin romperlos, detectar cuándo empiezan a resbalar y adaptar sus movimientos en tiempo real. No requiere la misma presión para levantar una caja, agarrar un tornillo, doblar una prenda o sostener un vaso de cristal. Y desde luego tampoco supone los mismo cualquiera de estar tareas que cuidar de nuestras hijas e hijos.La manipulación humana combina numerosos grados de libertad con una enorme cantidad de información procedente del tacto, la posición de las articulaciones y la visión. Las investigaciones sobre manos robóticas señalan que reproducir esa coordinación obliga a integrar mecanismos, sensores y sistemas de control muy complejos.Tesla ya introdujo en la segunda generación de Optimus actuadores y sensores diseñados por la propia compañía, además de unas manos más rápidas y capaces. La siguiente versión debía incorporar un nuevo diseño de mano preparado para fabricar el robot en serie.Pero mejorar la destreza también multiplica la dificultad industrial. Cada articulación necesita motores o actuadores compactos, engranajes, cableado, sensores y mecanismos suficientemente precisos para repetir miles de movimientos. Todo debe caber dentro de una mano de tamaño humano, consumir poca energía y resistir golpes, desgaste y largas jornadas de funcionamiento.Un prototipo puede ejecutar una demostración concreta en un entorno controlado. Conseguir que miles de unidades realicen esos mismos movimientos durante meses, sin fallos y junto a trabajadores humanos, es un problema muy diferente. Optimus necesita entender el mundo físicoLas manos tampoco pueden funcionar de forma aislada. Optimus debe interpretar lo que ve, planificar sus movimientos y coordinar simultáneamente brazos, piernas y equilibrio.Tesla define su objetivo como la creación de un robot humanoide autónomo y de propósito general “capaz de realizar trabajos peligrosos, repetitivos o aburridos”. Para conseguirlo, la compañía desarrolla sistemas de software destinados al equilibrio, la navegación, la percepción y la interacción con el mundo físico.El proceso comienza con cámaras y sensores que captan el entorno. La inteligencia artificial debe identificar objetos, calcular distancias, comprender qué tarea tiene delante y decidir cómo mover cada parte del cuerpo. Después, el sistema de control transforma esa decisión en órdenes para los actuadores y corrige el movimiento conforme recibe nueva información.Es lo que se conoce como inteligencia artificial incorporada o embodied AI: un modelo no se limita a generar una respuesta en una pantalla, sino que actúa sobre el mundo real. Un error ya no produce únicamente una frase incorrecta, puede provocar que el robot deje caer un objeto, pierda el equilibrio o golpee accidentalmente a una persona.Musk explicó que Tesla también tiene que resolver la disponibilidad de chips de inteligencia artificial, memoria, lógica y empaquetado electrónico. Todos esos componentes deben integrarse dentro del robot, donde existen limitaciones de espacio, consumo, temperatura y batería. El reto consiste en conseguir suficiente capacidad de procesamiento para reaccionar con rapidez sin convertir a Optimus en una máquina demasiado pesada, caliente o dependiente permanentemente de una conexión con un centro de datos. Tesla también tiene que inventar la cadena de suministroTesla cuenta con años de experiencia fabricando coches eléctricos, pero gran parte de ese conocimiento no puede trasladarse directamente a Optimus. La compañía tiene que diseñar nuevos piezas, componentes electrónicos y sistemas de control, encontrar empresas capaces de fabricarlos y, si no las encuentra, producirlos internamente. Según Musk, prácticamente todo lo que integra su robot humanoide es nuevo.Esta ausencia de componentes estandarizados dificulta cualquier aumento rápido de la producción. Una modificación aparentemente pequeña en una articulación puede obligar a rediseñar otras piezas, cambiar el software de control o adaptar la maquinaria que ensambla el robot.“Será el producto más difícil de escalar que hayamos fabricado en Tesla”, afirmó Musk durante la conferencia con inversores. De la «producción masiva» a empezar a fabricar «pronto»El lenguaje utilizado por Tesla también se ha vuelto más prudente a medida que se acerca el momento de iniciar la fabricación.A comienzos de 2026, la compañía presentó Optimus Gen 3 como su primer diseño destinado a la producción masiva. Aseguraba que comenzaría a fabricarlo antes de terminar el año y que tendría una capacidad eventual de un millón de robots anuales.Tres meses después, Tesla afirmó que preparaba una segunda línea en Texas diseñada para alcanzar a largo plazo una capacidad de diez millones de unidades al año.En su última actualización, sin embargo, la empresa ya no menciona esos volúmenes. Se limita a indicar que está instalando la primera línea, que espera comenzar a producir “pronto” y que las unidades iniciales se emplearán para recopilar datos y desarrollar sus capacidades.

La compañía espacial SpaceX ha publicado este martes varias imágenes del decimotercer vuelo de prueba de la nave Starship, que amerizó con éxito la semana pasada en el océano Índico, días después de que el lanzamiento se suspendiera por un fallo durante el encendido de los motores y por el mal tiempo.La empresa de Elon Musk ha compartido -en la red social X- algunas fotografías y videos del momento del amerizaje, que tuvo lugar casi una hora y media después de que la Starship despegara desde Texas el pasado viernes.En los registros compartidos se observa cómo el poderoso cohete desciende en posición vertical y de manera controlada hacia la superficie del mar, sobre la que se posa antes de caer de costado sobre el agua y se queda flotando.SpaceX ha aclarado que la nave sigue en el océano Índico, mientras el equipo de recuperación recopila imágenes del cohete.Además del decimotercer lanzamiento de prueba del potente cohete, también fue el segundo del propulsor Super Heavy, que constituye la primera de las dos fases del vehículo espacial, y el primero en el que la Starship estaba equipada con veinte satélites Starlink V3 de nueva generación.Al margen de afinar el rendimiento de la tercera versión de la Starship y del propulsor, el test también puso en órbita los satélites V3.Otras metas alcanzadas incluyeron el primer encendido en el espacio de un motor Raptor, la ejecución de la maniobra de retroceso del propulsor Super Heavy V3 con sus 33 motores y la recopilación de datos cruciales sobre el rendimiento del escudo térmico durante el reingreso de la Starship.El lanzamiento se realizó después de dos aplazamientos: el primero de ellos, el 16 de julio, debido a un fallo en el encendido de varios motores que obligó a abortar la operación, y el segundo motivado por las malas condiciones meteorológicas.Esta fue la segunda misión de prueba del tercer modelo de la Starship en lo que va de año, después de la que tuvo lugar en mayo.La NASA sigue de cerca el programa, ya que necesita esta tercera versión de la nave espacial para transportar astronautas a la superficie lunar en la misión Artemis.La misión tripulada a la Luna fue aplazada a principios de 2028, en parte debido a los retrasos en el desarrollo del cohete.SpaceX compite directamente con Blue Origin, la compañía aeroespacial del magnate Jeff Bezos, que ofrece su sistema Blue Moon como alternativa.

El brazo fiscalizador del Congreso ha abierto formalmente una investigación sobre el fondo en el que la Administración de Donald Trump deposita y administra los ingresos procedentes del petróleo venezolano. La revisión comienza cuando el propio presidente admite que la cantidad recaudada supera los … 13.000 millones de dólares (11.400 millones de euros), pero su Gobierno sigue sin publicar las cuentas, los saldos, las comisiones ni las auditorías prometidas.
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, conocida como GAO por sus siglas en inglés, confirmó a ABC que ha aceptado la solicitud presentada por cuatro legisladores para revisar distintos aspectos del fondo y que el trabajo ya está en marcha. «La GAO ha aceptado la petición para revisar aspectos del Fondo Petrolero de Venezuela. Este trabajo ha comenzado recientemente y está en curso», explicó Jessica Baxter, portavoz del organismo. Por ahora no se ha hecho público el alcance de la investigación, la metodología que utilizará ni la fecha prevista para presentar sus conclusiones.

La decisión supone un cambio relevante. Hasta ahora solo se conocía la petición formulada por los congresistas Joaquín Castro y Sean Casten y los senadores Chris Van Hollen y Tim Kaine. La aceptación convierte aquella iniciativa política en una fiscalización federal efectiva sobre el sistema creado por la Administración Trump para controlar el principal ingreso de Venezuela.

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Jorge Benezra

Los legisladores reclaman que se identifiquen todas las cuentas bancarias utilizadas, su ubicación, las entidades financieras y los comercializadores participantes, las comisiones cobradas y los pagos autorizados. También quieren conocer si existen controles suficientes contra el fraude, la corrupción, el blanqueo de dinero, el despilfarro y los posibles conflictos de interés. La investigación deberá analizar la actuación de los departamentos de Estado, Energía y Tesoro, además de las empresas y contratistas implicados. También examinará el procedimiento utilizado para decidir qué desembolsos se autorizan y si la gestión del dinero cumple las leyes estadounidenses.

Más de 13.000 millones de dólares

El ‘Financial Times’ calculó que las exportaciones venezolanas habían generado hasta julio más de 13.000 millones de dólares (11.400 millones de euros). El propio Trump sugirió el lunes que la cantidad real es superior. Al ser preguntado a bordo del Air Force One, respondió: «Creo que incluso más que eso», aunque no ofreció una cifra alternativa ni explicó cómo se había calculado. Añadió que Estados Unidos había recuperado varias veces el coste de la operación militar y que estaba ingresando «miles y miles de millones de dólares» procedentes de Venezuela.

Los legisladores reclaman que se identifiquen las cuentas bancarias usadas, su ubicación, las entidades financieras, las comisiones y los pagos

El presidente tampoco aclaró el destino concreto de los fondos. Dijo primero que se empleaban en «gestionar el país», y después que podían destinarse al Ejército con la aprobación del Congreso. Esas declaraciones introducen una contradicción adicional. La orden firmada por el propio Trump establece que los ingresos siguen siendo propiedad soberana de Venezuela y que Estados Unidos únicamente los mantiene como custodio gubernamental. El dinero, por tanto, no debería considerarse formalmente un ingreso estadounidense ni quedar disponible para financiar gastos federales. El Departamento del Tesoro lo administra, pero el Departamento de Estado decide cuándo y para qué puede liberarse. En palabras del funcionario Michael Kozak ante el Congreso: «Es su dinero, pero tienen que obtener nuestro permiso».

La orden establece que los ingresos siguen siendo propiedad soberana de Venezuela y EE.UU. solo los mantiene como custodio gubernamental

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La estimación de más de 13.000 millones de dólares corresponde a ingresos brutos y no al saldo neto. Todavía habría que descontar transporte, seguros, comercialización, financiación, refinación y otros costes asociados a la venta del crudo. Pero, como la Administración tampoco ha publicado esas deducciones, no es posible calcular cuánto dinero debería permanecer en las cuentas, cuánto se ha entregado ya a Venezuela ni qué parte se ha destinado a comisiones y gastos de gestión.

El Tesoro defiende su gestión

El Departamento del Tesoro aseguró a ABC que el dinero ha estado disponible para el Gobierno de Delcy Rodríguez sin demoras y que existe un sistema de vigilancia para garantizar que los recursos beneficien a los venezolanos. «El Gobierno de Estados Unidos continúa apoyando la estabilización y recuperación económica de Venezuela, especialmente después de los recientes y devastadores terremotos», afirmó una fuente oficial del Tesoro.
Según esa versión, Washington trabaja desde enero con el Gobierno de Rodríguez para desembolsar rápidamente fondos destinados a gastos oficiales, incluido el pago de nóminas públicas, y para asegurar liquidez en el sistema financiero venezolano. «Existe una supervisión del cumplimiento para garantizar que los fondos beneficien al pueblo venezolano, y los recursos han estado disponibles para el Gobierno venezolano sin demora», añadió la fuente.

El Departamento del Tesoro no ha ofrecido cifras que permitan comprobar que los fondos pedidos por Venezuela han sido liberados

La respuesta presenta como plenamente operativo un sistema de control cuya documentación no ha sido divulgada. El Tesoro no identificó quién realiza esa supervisión, desde qué fecha funciona, qué operaciones ha examinado ni qué resultados ha obtenido. Tampoco ofreció cifras que permitan comprobar que todos los fondos solicitados por Caracas fueron liberados sin retrasos. No se conoce cuánto dinero pidió el Gobierno venezolano, qué cantidades autorizó Washington, cuánto tiempo transcurrió entre cada solicitud y el correspondiente desembolso, ni si alguna petición fue rechazada, aplazada o modificada.

Un sistema de control total

El mecanismo concebido por la Administración Trump no consistía simplemente en levantar las sanciones y permitir que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) recuperara el control de sus exportaciones. Washington autorizaba qué empresas podían comprar, transportar, refinar o comercializar el crudo. También indicaba dónde debía depositarse el dinero, supervisaba los usos declarados y conservaba la capacidad de impedir cualquier desembolso.
El comprador no pagaba directamente a Pdvsa ni al Gobierno de Rodríguez. El dinero se debía ingresar en cuentas de custodia señaladas por el Tesoro. Después de descontar los costes de la operación, el remanente quedaba bajo administración estadounidense. Caracas debía justificar qué quería pagar y el Departamento de Estado decidía si autorizaba la transferencia. El Tesoro podía enviar el dinero directamente a un proveedor, un banco, una empresa o un organismo público aprobado.

«Existe una supervisión para garantizar que los fondos beneficien al pueblo venezolano, y los recursos han estado disponibles para su Gobierno sin demora»

Departamento del Tesoro de EE.UU.

La Administración ha explicado que los fondos podían utilizarse para nóminas públicas, medicamentos, importaciones esenciales, reparación de la red eléctrica, mantenimiento de la industria petrolera, liquidez bancaria y reconstrucción tras los terremotos. Pero no existe una relación pública completa de los proyectos financiados, los destinatarios finales ni los criterios aplicados para aprobar los pagos.

KPMG no responde

La Administración anunció que una firma externa auditaría las cuentas. Kozak identificó posteriormente a KPMG como la empresa encargada de revisar los saldos, las entradas de dinero, las transferencias y la utilización de los recursos. ABC contactó con KPMG para conocer el alcance de su trabajo, las operaciones examinadas y si existen informes con sus conclusiones. La firma no respondió.
El Departamento de Energía, que según declaraciones oficiales había participado en la contratación y coordinación de los auditores, tampoco contestó a las preguntas de este diario. No se ha publicado el contrato con KPMG, sus informes periódicos ni ninguna conclusión de sus revisiones. Tampoco está claro si el control al que ahora alude el Tesoro corresponde al trabajo de esta empresa o a un mecanismo diferente.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reconoció en febrero que todavía no existía un acuerdo formal de auditoría, cuando el sistema ya había comenzado a mover cientos de millones de dólares. Posteriormente, Kozak aseguró que KPMG estaba auditando las cuentas y que la Administración produciría informes trimestrales. A finales de julio no se había publicado ninguno de esos documentos.

Incógnitas sobre las comisiones

Una fuente conocedora de la industria petrolera venezolana describió a ABC un mercado todavía marcado por ventas con fuertes descuentos, intermediarios, sociedades de difícil identificación y estructuras comerciales opacas. A su juicio, existe un fuerte contraste entre la insistencia de Washington en que todas las operaciones están controladas y su negativa a divulgar la información que permitiría comprobarlo. «Si todo está auditado, si todo es transparente y el dinero está llegando a los venezolanos, la pregunta es por qué no se muestran las cuentas», señaló.
La fuente sostiene que existen diferencias internas entre el Tesoro y otros departamentos sobre la administración de las cuentas y el nivel de información que debería hacerse público. ABC no ha podido verificar de forma independiente esa supuesta disputa. Uno de los principales interrogantes es cuánto se descuenta de cada cargamento antes de que el dinero quede disponible para Venezuela.

«Si todo está auditado, si todo es transparente y el dinero está llegando a los venezolanos, la pregunta es por qué no se muestran las cuentas», se cuestiona una fuente del sector petrolero

Fuentes consultadas anteriormente por este diario situaron alrededor del 10%, o incluso por encima, el conjunto de comisiones, porcentajes y costes de gestión. Washington nunca ha publicado una tarifa oficial ni un desglose por operación. No se conoce cuánto cobran las comercializadoras Vitol y Trafigura, qué cantidades reciben los bancos participantes, cuánto corresponde a seguros y transporte ni si Estados Unidos aplica alguna comisión adicional por la administración de las cuentas.
Tampoco está claro cómo aparecería esa posible comisión en un estado financiero: como gasto de gestión, deducción comercial, reserva o dinero retenido en las cuentas y no transferido a Venezuela. Vitol y Trafigura han afrontado anteriormente procesos por esquemas de sobornos relacionados con operaciones petroleras en otros países. Los legisladores no las acusan de irregularidades en Venezuela, pero consideran que esos antecedentes refuerzan la necesidad de una revisión independiente.

Cifras imposibles de conciliar

Las cantidades ofrecidas hasta ahora por la Administración han sido parciales y cambiantes. La primera venta conocida ascendió a unos 500 millones de dólares (440 millones de euros). De esa cantidad, 300 millones de dólares (263 millones de euros) fueron transferidos para pagar salarios públicos. En marzo, el secretario de Energía, Chris Wright, afirmó que las ventas acumuladas rondaban los 1.000 millones de dólares (878 millones de euros) y que pronto generarían otros 5.000 millones de dólares (4.400 millones de euros). Calculó que Venezuela podía recibir al mes hasta 1.500 millones de dólares (1.300 millones de euros).
En abril, Kozak aseguró que alrededor de 3.000 millones de dólares (2.635 millones de euros) ya habían sido enviados a Venezuela. En julio, el Departamento de Estado habló de «miles de millones» desembolsados hacia la economía venezolana. Ninguna de esas declaraciones estuvo acompañada por una tabla que relacionara los ingresos, las deducciones, los saldos disponibles y las transferencias realizadas.

300

millones de dólares (263 millones de euros)

Es la única transferencia publicada por Caracas del dinero administrado por Washington y recaudado del sector petrolero venezolano.

El Gobierno de Delcy Rodríguez anunció además una página en internet denominada Soberanía Transparente, concebida para que los venezolanos pudieran seguir el destino del dinero. Seis meses después, el portal solo mostraba una transferencia de 300 millones de dólares (263 millones de euros). No incluía el total recaudado, el saldo de las cuentas, las comisiones, los pagos a intermediarios, los desembolsos posteriores ni las cantidades reservadas para la reconstrucción.

Controlar al controlador

El sistema ha demostrado ser muy detallado a la hora de controlar a Venezuela. Solo determinadas empresas pueden operar, los contratos están sometidos a la legislación estadounidense, los ingresos deben depositarse en cuentas designadas por el Tesoro y cada gasto requiere la autorización de Washington. La parte que todavía no se ha materializado es la que permitiría controlar a Estados Unidos. No se conocen los saldos de las cuentas, las comisiones cobradas, los gastos de administración, los resultados de las auditorías, la relación completa de los pagos ni las cantidades destinadas a la reconstrucción.
La investigación de la Oficina de Rendición de Cuentas deberá establecer si las garantías ofrecidas por el Tesoro se corresponden con el funcionamiento real del fondo y si la Administración puede documentar el destino de una cantidad que, según el propio Trump, supera ya ampliamente los 13.000 millones de dólares (11.400 millones de euros). La pregunta ya no es únicamente si Washington ha impedido que el Gobierno venezolano disponga libremente de los ingresos petroleros. También es quién controla a Estados Unidos mientras administra ese dinero y por qué, si todo está auditado como asegura, las cuentas siguen sin aparecer.

La emergencia nacional decretada en Estados Unidos que sustenta los aranceles impuestos a Brasil por parte de la Administración de Donald Trump en 2025 ha comenzado su prórroga de un año este miércoles, manteniendo vigente la base legal para estas medidas comerciales.La Casa Blanca ha informado que la emergencia, declarada originalmente el 30 de julio de 2025 mediante la Orden Ejecutiva 14323, continuará en vigor al considerar que persisten amenazas a la seguridad nacional, la política exterior y la economía estadounidense.La prórroga no establece nuevos aranceles, pero mantiene activa la emergencia declarada bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una norma estadounidense que permite al presidente adoptar medidas económicas frente a una amenaza exterior declarada como emergencia nacional.En el aviso de continuidad, el Gobierno estadounidense volvió a acusar a las autoridades brasileñas de restringir la libertad de expresión, violar derechos humanos y perseguir políticamente al expresidente Jair Bolsonaro, su familia y sus seguidores.El documento menciona específicamente las actuaciones del Tribunal Supremo de Brasil, al que Washington acusa de censurar contenido en internet y de perseguir a personas por ejercer la libertad de expresión.La prórroga de la emergencia sobre Brasil ocurre en un momento en que la Administración Trump ha recurrido en las últimas semanas a distintas herramientas legales para mantener vigente su política arancelaria, después de que algunos de sus mecanismos iniciales fueran cuestionados en los tribunales del país.Washington ha utilizado diferentes autoridades previstas en la legislación comercial estadounidense, como la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, además de poderes de emergencia, para sostener nuevas medidas contra socios comerciales.La disputa con Brasil también se produce a menos de tres meses de las elecciones presidenciales brasileñas, previstas para el 4 de octubre de 2026.En ese contexto, Trump ha mostrado su respaldo al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato presidencial, a quien recibió en la Casa Blanca el 26 de mayo y con quien expresó su apoyo a su candidatura.La visita del político brasileño a Washington y el respaldo público de Trump han reforzado la dimensión política de la tensión entre ambos Gobiernos.Brasil repudia la prórroga de EEUU al decreto que sustenta los aranceles en su contraEl Gobierno de Brasil ha repudiado la decisión de Estados Unidos de prorrogar por un año la declaración de emergencia nacional contra el país sudamericano, que justifica la imposición de aranceles.En un comunicado de la Presidencia, el Ejecutivo calificó de «infundadas» y «falsas» las acusaciones en las que Washington sustenta la medida, y rechazó la decisión anunciada la víspera por la Casa Blanca.Según el Gobierno brasileño, Washington se basó de nuevo en acusaciones «sin ningún fundamento» para la prórroga, entre ellas, supuestas violaciones a la libertad de expresión de ciudadanos y empresas estadounidenses, censura y detenciones ordenadas por la Corte Suprema y una presunta persecución política «contra un expresidente de Brasil, su familia y sus apoyadores».Aunque la nota oficial del Gobierno estadounidense no lo menciona, hace referencia al exmandatario Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses por liderar una trama golpista tras salir derrotado en las elecciones de 2022 por Luis Inácio Lula da Silva.El juicio al expresidente fue fuertemente criticado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, su aliado y amigo, quien ordenó el año pasado imponer aranceles adicionales del 50 % a varios productos brasileños, en represalia por las acusaciones contra Bolsonaro, basándose en esa declaración de emergencia.Brasil afirmó que esas acusaciones ya fueron «ampliamente rebatidas» en reuniones entre autoridades de ambos países, reafirmó su soberanía y la independencia de los poderes del Estado y defendió que el Poder Judicial actúa con estricto apego a la Constitución.»Resulta enteramente inapropiado caracterizar a Brasil como una amenaza para Estados Unidos, especialmente a la luz de los históricos lazos diplomáticos y de amistad que unen a los dos pueblos», señaló el Ejecutivo.La renovación de la declaración no modifica, sin embargo, el régimen arancelario vigente entre ambos países.Los gravámenes del 50 % anunciados por Trump en 2025 con base en esa orden ejecutiva fueron posteriormente bloqueados por la Corte Suprema de Estados Unidos.Los aranceles actualmente aplicados a productos brasileños responden a otro mecanismo, una investigación comercial realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

n jurado federal de Estados Unidos declaró el miércoles al agresor del novelista Salman Rushdie culpable de «comer un acto de terrorismo» debido al sangriento ataque de agosto de 2022 en un centro cultural de Nueva York.Hadi Matar, un estadounidense de … origen libanés de 28 años, también fue hallado culpable de apoyar al grupo militante libanés Hezbolá, respaldado por Irán, después de que los investigadores encontraron materiales de la organización en su casa.

Matar «decidió alinear sus valores con los valores terroristas de los dirigentes de Irán», sostuvo el fiscal federal Michael DiGiacomo, en un comunicado del Departamento de Justicia.

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Bruno Pardo Porto

Añadió que pasaron meses planeando el apuñalamiento en el que Rushdie casi muere y que lo dejó ciego de un ojo.
Matar ya había sido declarado culpable de intento de asesinato y sentenciado a 25 años de prisión por la justicia del estado de Nueva York, y era juzgado ahora por cargos de terrorismo ante un tribunal federal en Búfalo, noroeste de Nueva York.
Según la acusación, el agresor actuó siguiendo la fatua lanzada en 1989 por el ayatolá Ruholá Jomeini -entonces líder de Irán- que pidió el asesinato de Rushdie por blasfemia en su obra «Los versos satánicos».

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«El señor Matar pasó más de un año sumergiéndose en la ideología violenta de Hezbolá y preparándose para actuar a favor de esta fatua», dijo el asistente del fiscal general de Estados Unidos, John A. Eisenberg, citado en el comunicado.
Matar se enfrenta a una pena federal máxima de cadena perpetua. La sentencia se dictará el 3 de noviembre.

Tras una semana de pausa, regresaron los bombardeos estadounidenses contra objetivos iraníes, esta vez localizados en bases de grupos armados chiíes en Irak que respaldan a Teherán. Las acciones han sido una respuesta a los ataques procedentes desde territorio iraquí esta semana contra bases … norteamericanas y otros objetivos en el Golfo Pérsico.
La noticia ha coincidido con el rechazo oficial por parte de Irán de una propuesta presentada por Omán para asegurar la vuelta al libre tránsito comercial por el estrecho de Ormuz, virtualmente bloqueado desde el comienzo del conflicto en febrero. Por Ormuz, que limita al norte con Irán y al sur con Omán, circula una quinta parte del tráfico energético mundial.

A instancias de Washington, el sultanato ofreció a Irán el cobro compartido de tasas por circular por el Estrecho, sobre la base de su «carácter voluntario», según informa la agencia Reuters. El modelo que propone Omán a Irán es similar al del estrecho de Malaca, que une el océano Índico con el Pacífico. Tres países vecinos –Indonesia, Malasia y Singapur– gestionan allí un peaje voluntario cuyo fondo sirve para costear gastos de la protección del medio ambiente, los rescates en alta mar y otros servicios.

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Francisco de Andrés

Una fuente oficial persa, citada por Reuters, reivindicó el «derecho de Irán a controlar sus aguas soberanas en el Estrecho», sin necesidad de compartirlo con Omán o con otros países. Teherán concede a Omán el derecho a gestionar la parte sur del estrecho de Ormuz, no sin antes advertirle de que «no garantiza la seguridad».
Antes del conflicto, iniciado en febrero con los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán –que entre otros resultados acabaron con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Jamenei–, las aguas del estrecho de Ormuz eran de libre circulación por su carácter vital para la economía mundial, en particular la de las potencias energéticas del Golfo Pérsico.
Ahora son la baza principal del régimen teocrático iraní para defenderse. Teherán recurre a los ataques con misiles y drones contra bases militares e intereses estadounidenses en la región, ya sea desde su propio territorio, o con la ayuda de sus aliados en Irak y el Líbano. Pero su arma principal es el bloqueo de Ormuz, que amenaza con estrangular las economías árabes y a medio plazo forzar la ruptura de la alianza y la salida de EE.UU. de la zona.

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La presión que ejercen las monarquías árabes sobre la Administración Trump se ha hecho notar en varias ocasiones recientes, en particular cuando el régimen saudí negó el paso de la aviación norteamericana para operaciones contra Irán a gran escala. Sobre cualquier estrategia del país norteamericano contra Teherán pesa también la incógnita de países como Qatar, que tiene la reputación de jugar con doble baraja.

Irán y Venezuela: Casos paralelos

El revés del plan de Omán para el control de Ormuz subraya la escasez de recursos de Donald Trump. El presidente estadounidense da la impresión de que quiere salir del conflicto que inició en febrero y no sabe cómo hacerlo.
Un éxito militar con el mero instrumento del arma aérea, y el único apoyo de Israel, es altamente improbable. A ello se añade la falta de proyecto político para el caso de la caída del régimen integrista creado en 1979 por el ayatolá Jomeini. Irán no cuenta con disidencia ni oposición interna, y quienes han intentado levantarse –como fue el caso de las protestas populares de las pasadas Navidades– han sido aplastados sin misericordia. A comienzos de esta semana, Teherán anunció la ejecución pública de varios de los cabecillas de aquella revuelta.
Irán solo cuenta con una figura conocida fuera del país, la del príncipe heredero Reza Pahlevi, que está dispuesto a pilotar una transición si caen los clérigos chiíes. Pero Trump desconfía de él. Ocurre en el caso iraní algo similar al de Venezuela: Donald Trump prefiere a la exvicepresidenta chavista Delcy Rodríguez antes que a la líder opositora María Corina Machado.
El problema es que en Irán, para empezar a hablar, se desconoce quién manda realmente hoy, y cuál es el estado de salud del nuevo líder supremo, Mojtaba, hijo del abatido ayatolá Jamenei y quien lleva sin aparecer en público desde el estallido de la guerra.

Un nuevo ataque ruso golpeó a una gasolinera ucraniana el martes por la noche, provocando destrozos pero no heridos. Ocurrió en la región norteña de Sumi, que comparte frontera con Rusia. Hasta allí se desplazó Viktor Mykyta, subdirector de la Oficina del presidente de Ucrania … . En una reunión de trabajo con funcionarios locales, Mykyta anunció que «se está estudiando designar las gasolineras en las regiones de primera línea como infraestructuras críticas». En los últimos tres meses, al menos 200 estaciones de servicio ucranianas han sido blanco de ataques con drones, afirmó el diputado regional de Járkov Oleksandr Skoryk. Un total de 80 estaciones de servicio habían sido alcanzadas solo en la región de Járkov, destacó Skoryk.
Rusia ha intensificado sus ataques contra estas infraestructuras después de una campaña para destruir las refinerías ucranianas y los depósitos de almacenamiento. Las regiones más afectadas son las más cercanas al frente o la frontera rusa: Sumi, Járkov, Donetsk, Zaporiyia, Jersón, Mykolaiv y Chernígov. Pero, desde mayo, el área geográfica de ataques se ha ampliado a las provincias de Kiev, Dnipropetrovsk, Poltava y Odesa, destaca un informe del medio especializado ‘Naftorynok’.

«El enemigo ha comenzado a atacar a distancias de 100 kilómetros, e incluso de 200, de la zona de combate», subraya Serhii Kuiun, director de la consultora ucraniana A-95, en un artículo del medio ucraniano ‘Zn.ua’.

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Los golpes rusos contra las estaciones de servicio se triplicaron desde abril. Desde finales del mes pasado, «las alarmantes estadísticas de ataques rusos contra gasolineras ucranianas alcanzaron las 15,5 instalaciones por semana. A principios de julio, ‘Naftorynok’ ha registrado hasta 20 ataques a gasolineras por semana», destaca el estudio.
El director de la consultora A-95 incidió en la falta de medidas efectivas para frenar a los diferentes tipos de drones rusos. Por ello, el número dos de la oficina presidencial aseguró que, si las gasolineras son catalogadas como infraestructura crítica, se podrían destinar mayores recursos para asegurar su protección y garantizar que puedan seguir operando.
La Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR, por sus siglas en ucraniano) advirtió el pasado 17 de julio de que el mando ruso «ordenó intensificar los ataques contra gasolineras, camiones, autobuses y automóviles». El GUR indica que «para buscar y destruir objetivos, planean utilizar drones controlados en tiempo real como Molniya-1, Molniya-2, Geran-Seeker, Gerbera-Seeker, Lancet, V2U y otros sistemas no tripulados similares».

Bielorrusia en el ojo del huracán

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Por otro lado, un asesor del presidente ucraniano, Serhii ‘Flash’ Beskrestnov, puso especial énfasis en la amenaza que suponen los Shahed reactivos con control remoto en tiempo real. Y advirtió a los «propietarios de almacenes, gasolineras y empresas» que «deben estar preparados para posibles ataques».
‘Flash’ publicó un mapa en el que la zona roja se extiende entre el norte y el este del país, área donde estos aparatos más sofisticados pueden operar contra objetivos estáticos o móviles. El consejero de Zelenski manifestó días atrás que hay dudas sobre el uso de repetidores para facilitar los golpes con drones en territorio bielorruso. «Quizás los repetidores en Bielorrusia se sigan utilizando ocasionalmente para atacar Ucrania».
La sospecha de que Bielorrusia sigue prestando este apoyo técnico no es nueva. Kiev ya lanzó un ultimátum a Minsk en junio en el que denunciaba el soporte tecnológico a Rusia en sus golpes con drones contra territorio ucraniano. Zelenski dijo entonces que, si este apoyo continúa, Ucrania podría atacar esta infraestructura.

«Quizás los repetidores en Bielorrusia se sigan utilizando ocasionalmente para atacar Ucrania»

Serhii Beskrestnov
Asesor de Zelenski

Por su parte, las fuerzas ucranianas también han ampliado los ataques contra las estaciones de servicio de las regiones rusas cercanas a su frontera. Según medios rusos, el pasado mes de julio se contabilizaron hasta 43 ataques contra gasolineras en Bélgorod, frente a nueve golpes en junio. Y en Kursk se pasó de cuatro ataques en junio a ocho este mes.
La logística y su desgaste se han convertido en uno de los principales objetivos de ambos bandos. Ucrania mantiene una campaña de bombardeos de largo alcance contra el sector energético de Moscú, ampliada con ataques contra el complejo militar-industrial ruso y sus componentes críticos.

Desde su despacho en el centro de Beirut, Amer Bisat echa la vista atrás para esbozar una visión esperanzadora del futuro. El Líbano fue en su día el principal centro de distribución de la región, un núcleo de la banca, el turismo y el comercio; … quizá pueda volver a serlo. «Si alguna vez comienza la reconstrucción en Siria, por ejemplo, los puertos libaneses podrían formar parte de ella», afirma el ministro de economía. También espera atraer a los Estados del Golfo, interesados en tender oleoductos y cables de fibra óptica que eviten el estrecho de Ormuz. «La región se está redefiniendo en muchos sentidos», dice Bisat, «y el Líbano tiene un papel muy importante que desempeñar».
A un kilómetro de distancia se alza un inquietante recordatorio de la historia más reciente del Líbano. El puerto de Beirut quedó devastado en 2020 por una de las mayores explosiones no nucleares de la historia. Temerosos de que salgan a la luz su propia corrupción y negligencia, los políticos llevan mucho tiempo paralizando la investigación sobre la explosión, que se cobró la vida de más de 200 personas. El puerto aún no se ha reconstruido por completo. Las familias de las víctimas solicitaron que se mantuviera en pie un silo de grano dañado (en la imagen) como memorial improvisado, un edificio al estilo de Dalí congelado en pleno derrumbe.

Ahora que Joseph Aoun, presidente del Líbano, viaja a Washington el 21 de julio para reunirse con Donald Trump y fomentar la inversión estadounidense, ese silo también sirve de advertencia a los posibles inversores —una de las muchas que existen hoy en día en el Líbano—. El periodo transcurrido desde las protestas masivas contra el gobierno en 2019 ha sido el peor para el país desde el fin de su larga guerra civil en 1990. Ha soportado la explosión del puerto, una crisis financiera y casi tres años de guerra con Israel.

Un país sostenido por primeros ministros interinos

Durante la mayor parte de este tiempo, el país se las ha apañado a duras penas con una serie de primeros ministros interinos y, durante más de dos años, sin presidente. El vacío de poder terminó en enero de 2025, cuando el parlamento eligió a Aoun. Días después, Nawaf Salam fue nombrado primer ministro. Forman una pareja peculiar. Aoun, calvo y corpulento, es un militar de carrera, mientras que Salam, con gafas y aspecto de intelectual, es un académico y diplomático que ha pasado gran parte de su vida en el extranjero.
Ambos son outsiders políticos en un país dominado durante mucho tiempo por una serie de antiguos señores de la guerra. En sus discursos de investidura, se comprometieron a desarmar a Hezbolá, la milicia chií respaldada por Irán que lleva tiempo desafiando la autoridad del gobierno, y a poner en marcha reformas que acumulan un grave retraso. La consigna de ambos fue la soberanía: el Líbano ya no se definiría por la injerencia extranjera y la debilidad del Estado.

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Dieciocho meses después, su balance es desigual. Han tomado algunas decisiones loables, desde la proscripción del ala militar de Hezbolá hasta la aprobación de leyes que deberían ayudar a cerrar un acuerdo con el FMI. La aplicación de esas decisiones es otra cuestión, y las fuerzas de la inercia son poderosas. Las dos crisis del Líbano se han convertido en un nudo gordiano. Al país le costará atraer a donantes e inversores a menos que neutralice a Hezbolá, pero su estrategia para hacerlo depende precisamente de esos mismos donantes e inversores. Desenredar el nudo significará hacerlo todo a la vez —desarme, reforma y reconstrucción— en un país que lleva mucho tiempo teniendo dificultades para hacer cualquier cosa.
Cuando Aoun visite la Casa Blanca el 21 de julio, será el primer presidente libanés en hacerlo desde 2009, y gran parte de su conversación con Donald Trump probablemente se centrará en Hizbolá. La milicia arrastró al Líbano a la guerra el 8 de octubre de 2023, cuando lanzó cohetes contra Israel en apoyo de Hamás, el grupo militante palestino que acababa de masacrar a unas 1200 personas. Aunque Estados Unidos impuso un alto el fuego en noviembre de 2024, Israel continuó con sus ataques aéreos regulares contra el Líbano —Hizbolá estaba demasiado debilitada para tomar represalias—. La guerra total se reanudó en marzo de este año, cuando la milicia atacó a Israel en nombre de Irán.

El coste ha sido enorme: el gobierno estima que los combates han causado más de 3.000 millones de dólares en daños directos

El coste ha sido enorme: el gobierno estima que los combates más recientes han causado entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en daños directos, que se suman a los 8.500 millones de dólares de la ronda anterior (alrededor del 40% del PIB en total). Además, reducirán entre un 7% y un 8% el PIB del Líbano este año; Bisat prevé una recesión.
Israel ha arrasado pueblos del sur y ha ocupado una franja de la región. El número de víctimas mortales de Hezbolá es elevado. En el valle de la Bekaa, al este del Líbano, este corresponsal contó una docena de carteles que anunciaban la muerte de combatientes de Hezbolá en un pueblo chií donde viven quizá 1500 personas. Se trata solo de un recuento parcial: el grupo aún no ha recuperado ni identificado a todos sus fallecidos, y a algunas familias se les ha pedido que no expresen su duelo públicamente. Es posible, pues, que entre el 1 % y el 2 % de la población del pueblo haya perdido la vida luchando contra Israel desde 2023. En el sur, mujeres vestidas de negro pasan los días visitando una casa tras otra para dar el pésame.

Hizbolá, un Estado dentro del Estado

Durante décadas, Hizbolá ha sido un Estado dentro del Estado. Gestiona una amplia red de asistencia social que incluye colegios, hospitales y programas juveniles; incluso opera un sistema bancario paralelo, que ayudó a proteger a sus seguidores de la crisis financiera. Estas actividades generaron una lealtad que el propio Estado no pudo igualar, pero la última guerra la ha puesto a prueba. El grupo no puede permitirse reconstruir las zonas destruidas. Su banco, al-Qard al-Hassan, se ha enfrentado a problemas de liquidez.
Muchos de sus seguidores están agotados. A algunos les preocupa la creciente influencia de Irán sobre el grupo. En marzo, el gobierno libanés intentó expulsar al embajador iraní, acusándolo de utilizar su cargo para apoyar a Hizbolá en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), los pretorianos del régimen iraní. Este se negó a marcharse. En junio, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraní, elogió al Líbano por haber aportado 4.000 «mártires» en apoyo de su país. Sus palabras enfurecieron a muchos libaneses.
Altos cargos próximos a Aoun ven, por tanto, una oportunidad para darle la vuelta a la situación. «Esperamos tener dos escenarios claros», afirma uno de ellos: «Hizbolá matando a vuestros hijos en beneficio de los intereses iraníes… y, por otro lado, tenemos un Estado libanés dispuesto a protegerlos, a reconstruir sus pueblos y sus hogares». Se trata de un enfoque creativo, más basado en la zanahoria que en el palo. Sin embargo, se enfrenta a tres grandes obstáculos.

Cómo desarmar a Hizbolá

El primero, y el más difícil, es cómo desarmar a Hizbolá. Parece un reto insuperable. El grupo se niega a cumplir y suele amenazar con una nueva guerra civil si alguien intenta quitarle las armas. No obstante, el pasado agosto el consejo de ministros acordó un plan para hacerlo gradualmente, y en marzo declaró ilegal el ala militar del grupo. Desde entonces, varias docenas de personas han sido detenidas por transportar armas. En junio, Israel y el Líbano firmaron un acuerdo por el que este último se compromete a desplegar su ejército en el sur del Líbano.
Sin embargo, el ejército no está en condiciones de forzar la situación: Hizbolá sigue estando mejor equipada. Aunque el gasto en defensa se ha triplicado con creces desde 2021, la mayor parte del presupuesto se destina a salarios, no a armamento. Se cree que algunos oficiales simpatizan con Hizbolá. Los tribunales tampoco suponen un gran elemento disuasorio. Un caso de armas ilegales en marzo terminó con la imposición de una multa de tan solo 900.000 liras libanesas (10 dólares) a miembros de Hizbolá.
En segundo lugar, está cómo garantizar la retirada israelí: el Estado no resultará creíble a menos que lo haga. El acuerdo con Israel está pensado para comenzar con dos «zonas piloto» (véase el mapa), una prueba de concepto que demostrará que el ejército libanés puede entrar y que las tropas israelíes pueden retirarse. Las autoridades de Beirut se quejan de que una de estas zonas incluye pueblos que Israel nunca ocupó. Mientras tanto, Israel continúa con sus ataques aéreos periódicos en el sur. El zumbido, similar al de una cortadora de césped, de un dron de vigilancia israelí constituye un ruido de fondo omnipresente en gran parte del Líbano, incluso en el palacio presidencial de Baabda, situado en lo alto de una colina.
La última cuestión es quién pagará la reconstrucción. La última vez que los aliados del Líbano organizaron una conferencia de donantes, en 2018, se comprometieron a aportar 11.000 millones de dólares, pero nunca desembolsaron el dinero porque el gobierno no llevó a cabo las reformas necesarias. Estados Unidos ya no cree en la ayuda exterior. Aoun no tiene previsto solicitarla cuando visite la Casa Blanca. Los burócratas han preparado presentaciones muy atractivas sobre cómo las empresas estadounidenses podrían beneficiarse de invertir en puertos, telecomunicaciones y otras infraestructuras. Sin embargo, las mismas preocupaciones que disuadieron a los donantes en el pasado podrían ahuyentar hoy a los posibles inversores.
Las crisis del Líbano se solapan. La crisis financiera se gestó a lo largo de décadas: fue el resultado de un esquema Ponzi gestionado por el Estado destinado a financiar déficits masivos y mantener la moneda anclada a 1.500 unidades por dólar. Cuando los depósitos bancarios se estancaron en 2019, el esquema se derrumbó. Las entidades de crédito, en la práctica, suspendieron las retiradas de divisas. Los años siguientes estuvieron marcados por la hiperinflación, la rápida depreciación y la parálisis política. Aunque el Líbano alcanzó un acuerdo provisional de cuatro años y 3.000 millones de dólares con el FMI en abril de 2022, el consejo del Fondo nunca lo sometió a votación definitiva. Una vez más, el problema fue la falta de reformas: los bancos cuentan con poderosos aliados en el parlamento que bloquearon cualquier intento de reestructuración.
Si ahora la situación parece mejor, es solo porque antes era nefasta. La moneda se ha estabilizado en poco menos de 90.000 unidades por dólar, un 98% por debajo del tipo de cambio fijo. La inflación anual se ha moderado desde un máximo del 221 % de 2023 hasta el 15% del año pasado, aunque sigue estando entre las más altas del mundo. Con 30.000 millones de dólares, la economía tiene aproximadamente la mitad del tamaño que tenía antes de la crisis (en 2018 era de 55.000 millones de dólares). Los depositantes siguen sin poder acceder, en su mayoría, a sus cuentas y solo pueden retirar 800 dólares o menos al mes.
El gobierno de Salam ha dado algunos pasos significativos. En abril de 2025 flexibilizó la ley de secreto bancario, una exigencia que el FMI llevaba mucho tiempo planteando. Tres meses después aprobó otro proyecto de ley que permite al Estado reestructurar o liquidar las entidades de crédito insolventes. Sin embargo, aún tiene que aprobar la ley más trascendental —y controvertida—, la denominada «ley de la brecha», que repartiría aproximadamente 80.000 millones de dólares en pérdidas entre los bancos, los depositantes y el Estado.
Según un proyecto de ley aprobado por el consejo de ministros en diciembre, los pequeños depositantes podrían recuperar hasta 100.000 dólares a lo largo de cuatro años. Salam afirma que eso cubrirá al 85% de los titulares de cuentas. El resto recibirá títulos respaldados por activos cuyo pago podría tardar hasta 20 años en producirse. Sin embargo, este plan es inviable. Los pagos a los depositantes costarían al menos 22.000 millones de dólares en cuatro años, una cifra muy superior a la que pueden permitirse el Estado o el Banque du Liban, el banco central. Tres fuentes afirman que habrá que ampliar ese plazo de cuatro años.
El saneamiento de los bancos es solo un primer paso. El Líbano también necesita nuevas fuentes de crecimiento. Bisat destaca las empresas emergentes que fabrican hardware para robótica y centros de datos para inteligencia artificial. Con sus sólidas universidades, su mano de obra barata y su cultura emprendedora, el Líbano cuenta con algunas ventajas comparativas. «Hay ciertos servicios en los que destacamos… cosas como el turismo de alto nivel, el diseño de alto nivel, los servicios de construcción y las consultoras», afirma.
Sin embargo, a pesar de contar con empresarios de gran talento, el Líbano tiene un clima empresarial pésimo. La guerra es un problema. Los bancos zombis son otro: la economía ha perdido su infraestructura financiera. La concesión de préstamos se ha desplomado. El crédito al sector privado ha caído en picado, al pasar del 107% del PIB de 2018 a menos del 20% actual.

Estado precario de las infraestructuras

Las infraestructuras del Líbano se encuentran en un estado precario. La compañía eléctrica estatal solo puede suministrar unas pocas horas de electricidad al día. Las empresas pagan una suscripción a un generador privado que, a 0,48 dólares por kilovatio-hora, es casi tres veces más cara que la media mundial. Los costosos suministros de agua en camiones privados complementan los irregulares servicios públicos. Las empresas, lastradas por velocidades de banda ancha más lentas que las de Somalia, esperan con ansia el lanzamiento de Starlink para poder deshacerse del deficiente monopolio estatal de las telecomunicaciones.
Apenas hay dinero para arreglar nada de esto. El gobierno registró un superávit presupuestario del 2% del PIB el año pasado y, a pesar de la guerra, espera registrar uno aún menor en 2026. Sin embargo, más de la mitad de los ingresos se destina a salarios y pensiones. Fouad Makhzoumi, diputado y aspirante a primer ministro, calcula que hay 340.000 personas en el sector público, casi el 10% de la población del Líbano. «Le pedimos al gobierno que nos dijera cuántos trabajadores tenemos», afirma. «Hasta ahora, no tenemos ni idea».
Los ministros se esmeran en distinguir entre ellos mismos y «el sistema». Parece una distinción extraña: sin duda el consejo de ministros es el núcleo de un sistema parlamentario, pero es una distinción acertada. Hizbolá sigue controlando las armas. Los banqueros y sus aliados aún pueden bloquear una reforma financiera, y los líderes confesionales se reparten el botín del Estado. El sistema está diseñado para sobrevivir a los aspirantes a reformadores.
La soberanía no se reduce al dron israelí que zumba sobre nuestras cabezas o al embajador iraní que se niega a marcharse. También consiste en liberar al Estado de una clase dirigente que se alimenta de su debilidad. «Este es un sistema que tiene formas de salvarse a sí mismo, y eso no debe subestimarse», afirma un veterano estadista. Por ahora, el silo en ruinas junto al puerto parece un símbolo del propio Líbano: ni derruido ni reconstruido, sino atrapado en medio del derrumbe.

Ucrania y Rusia continúan intercambiando ataques contra infraestructuras civiles y militares en una intensa campaña aérea que marca esta nueva fase de la guerra entre ambos países. Las fuerzas rusas han lanzado este miércoles su ofensiva atacando buques en los puertos de Odesa y Chernomorsk, situados en el sur del país, donde aseguran que se transporta y recibe armamento y equipo militar. Por su parte, Ucrania ha atacado durante la madrugada dos refinerías en Riazán (al sureste de Moscú), según ha informado el Estado Mayor ucraniano. La refinería procesa al año 17 millones de toneladas de petróleo del que se produce combustible para vehículos y aviones y otros derivados del crudo. Algunos de estos productos son utilizados por el Ejército ruso, según el comunicado. También en Riazán, Kiev lanzó un ataque con drones contra un almacén de Wildberries, el equivalente ruso de Amazon, una empresa cuyos almacenes se han convertido en objetivo de Ucrania, que los considera centros logísticos implicados en el suministro del Ejército enemigo.Kiev también atacó este miércoles un lugar en el que había varias lanchas rápidas rusas de la Flota del mar Negro en Crimea y varios objetivos en los territorios ocupados de la Ucrania continental. Como consecuencia, al menos dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas, según informó el líder regional, Serguéi Axiónov. «Lamentablemente, a consecuencia del nuevo ataque nocturno contra la república de Crimea murieron dos personas, otras cinco resultaron heridas», escribió en su cuenta de la red de mensajería rusa MAX. Axiónov añadió que las autoridades ofrecerán a los familiares de las víctimas «toda la ayuda y el apoyo necesarios».Moscú también atribuye a Kiev un segundo ataque contra una refinería en Perm (en el interior del país, al noroeste de Ekaterimburgo). Según el Kremlin, las defensas aéreas rusas neutralizaron durante la noche 259 drones que Ucrania había lanzado contra territorio ruso o contra las regiones ucranianas ocupadas.Cuatro muertos en un ataque ruso contra UcraniaEn el otro bando, al menos cuatro personas han muerto y una decena han resultado heridas en varios ataques del Ejército ruso contra las regiones de Jersón, Donetsk y Dnipropetrovsk en las últimas horas. En la primera, los drones alcanzaron un minibús y una furgoneta que transportaba pan. Según el balance de las autoridades ucranianas, desde el inicio de la invasión, Rusia ha acabado con la vida de 4.240 personas en Donetsk, mientras que la cifra de heridos roza los 10.000, un balance de víctimas que no incluye Mariúpol y Volnovaja.Por su parte, Rusia han recrudecido su ofensiva contra las infraestructuras portuarias de Ucrania, con ataques contra buques en los puertos de Odesa y Chernomorsk a los cuales acusa de transportar armamento y equipo militar. El Ministerio de Defensa de Rusia ha indicado que sus fuerzas «siguen atacando estos puertos, que son utilizados para el transporte de carga para las Fuerzas Armadas de Ucrania». El Ejército ruso lanzó 80 drones de larga distancia, de los que 65 fueron derribados por las defensas ucranianas.El Ministerio de Exteriores denunció por su parte este lunes que en apenas diez días el número de civiles fallecidos por ataques ucranianos contra territorio ruso ascendió a 86. «Entre el 15 y el 24 de julio, 495 personas fueron víctima de los militares ucranianos. De ellas, murieron 86, incluyendo a seis menores de edad», aseveró la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, citada por la agencia rusa de noticias RIA Nóvosti.Esta última oleada de bombardeos masivos contra instalaciones portuarias ucranianas ucranianas en el mar Negro se ha recrudecido desde mediados de julio. Desde entonces, misiles y drones kamikaze rusos han impactado principalmente contra estos tres puertos, al que se suma también el de Izmaíl. Además, las autoridades rusas han declarado haber atacado buques civiles con bandera extranjera en la zona por tratar de transportar material bélico, lo que ha llevado a las navieras extranjeras a suspender la entrada de sus buques por motivos de seguridad. 

BBVA acomete una amplia reorganización de su estructura directiva con cambios en varios puestos de dirección. La entidad busca abrir nueva etapa una vez ha pasado página por la OPA fallida al Banco Sabadell con remodelaciones enfocadas en preparar al banco para los cambios que vienen con la llegada de la Inteligencia Artificial. Entre los relevos más destacados figura el máximo responsable del negocio en México, su principal mercado, así como la salida de Luisa Gómez Bravo como directora financiera del grupo. En concreto, José Luis Elechiguerra, hasta ahora responsable global de Gestión de Riesgos (GRM, por sus siglas en inglés), sustituirá a Eduardo Osuna como ‘country manager’ de BBVA en el país azteca, quien pasará a ocupar la presidencia del consejo de administración de BBVA México, tal y como ha comunicado la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Como resultado de este movimiento, Pablo Pastor, actual responsable de Riesgos de América del Sur y Turquía, asumirá la dirección global de GRM en sustitución de Elechiguerra.Además, BBVA integrará en esta área las funciones de ‘Compliance’ y Riesgos no Financieros, que eran dependientes de ‘Regulation & Internal Control’, división que desaparecerá con la nueva organización. Ambas funciones quedarán bajo el liderazgo de Rocío Pérez, responsable global de Compliance & Internal Control, con el objetivo de configurar una función integrada de gestión de riesgos y simplificar el reporte al primer nivel de la entidad. Tanto GRM como Compliance & Internal Control mantendrán acceso directo al Consejo de Administración.Asimismo, Mario Pardo, ‘country manager’ de BBVA en Colombia, pasará a dirigir la nueva área global de ‘Institutional Engagement’, creada para gestionar las relaciones del grupo con instituciones, reguladores y responsables de políticas públicas, además de asumir la representación institucional de BBVA. Esta división integrará las funciones de Regulación, Relación con Supervisores, Relaciones Institucionales y BBVA Research. En consecuencia, su puesto en Colombia será ocupado por Gloria Couceiro, actual responsable global de Planificación Financiera y Gestión de Costes e Inversiones.La reorganización también simplifica el modelo de seguimiento de los países de América del Sur. De este modo, Argentina, Colombia y Perú pasarán a depender directamente del consejero delegado del grupo, Onur Genç, mientras que el resto de mercados de la región reportarán a las áreas de Commercial Client Solutions (Uruguay y Venezuela) o Retail Client Solutions (en el caso de Forum Chile). Como consecuencia de este cambio desaparecerá el área de ‘Country Monitoring’.En el caso de la dirección financiera, el puesto será ocupado por Gonzalo Rodríguez, hasta ahora responsable de Banca Minorista de BBVA en España. Gómez Bravo, que lleva cerca de dos años y diez meses en el puesto, seguirá vinculada al grupo de origen vasco, aunque todavía no se ha definido un puesto. Asimismo, Victoria del Castillo, actual responsable de Strategy & M&A, asumirá la dirección global de Talent & Culture en sustitución de Paul Tobin, mientras que Roberto Albaladejo relevará a Del Castillo al frente de Strategy & M&A.Por su parte, Jacobo de Nicolás, responsable de los Servicios Jurídicos de BBVA en México, será el nuevo director global del área Legal en sustitución de María Jesús Arribas. Finalmente, Rosario Mirat, actual responsable del Gabinete de Presidencia, asumirá la Secretaría General y del Consejo de Administración de BBVA en sustitución de Domingo Armengol. Con carácter general, los cambios serán efectivos a partir del 1 de septiembre.»La transformación la construimos entre todos los que formamos parte de BBVA. En un contexto de cambio acelerado, este liderazgo renovado nos sitúa en la mejor posición para impulsar un nuevo ciclo de crecimiento y continuar nuestra historia de éxito. Esta organización potencia nuestra capacidad para ayudar a nuestros clientes a llegar más lejos, crear más oportunidades para nuestros empleados, generar un crecimiento sostenible para nuestros accionistas y contribuir al progreso de la sociedad», ha subrayado el presidente de BBVA, Carlos Torres.

La Reserva Federal (Fed) se decanta finalmente por la pausa y mantiene los tipos de interés en el rango objetivo del 3,5%-3,75% en «apoyo al mandato dual» del organismo que busca garantizar la estabilidad de precios a la vez que garantiza el pleno empleo. La decisión ha salido a favor en una votación de nueve contra tres, que abogaban por subirlos en un cuarto de punto y rompe co la unanimidad del anterior encuentro. Se trata de Beth M. Hammack, Neel Kashkari y Lorie K. Logan, quienes preferían elevar el rango objetivo de la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual en esta reunión.Esto evidencia la convicción entre algunos miembros de que será necesario incrementar el precio del dinero de cara a contener el resurgimiento de las presiones inflacionistas. «La actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido, a pesar de la elevada incertidumbre derivada, en parte, del conflicto en Oriente Próximo. La inflación se mantiene elevada en relación con el objetivo del 2% establecido por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), lo que refleja en parte los choques de oferta que han impulsado aumentos de precios en ciertos sectores, incluido el de la energía», expresan en el comunicado, similar al de junio. En lo que respecta al mercado laboral, la Reserva Federal apunta que el crecimiento del empleo «ha seguido el ritmo», mientras que la tasa de desempleo «apenas ha variado». El banco central estadounidense deja sin cambios el precio de referencia del dinero por quinta reunión consecutiva. Sin embargo, el mercado pone el foco en los votos disidentes, los cuales sugieren que podría resultar cada vez más difícil para el presidente del organismo, Kevin Warsh, no mover ficha si el riesgo de alta inflación persiste. El escenario de un aumento de un cuarto de punto había empezado a ganar peso entre los analistas, movimiento al que ayer daban un 40% de probabilidad. El contexto abona el terreno para pensar que un alza es posible de cara a la siguiente reunión de septiembre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó el pasado lunes a la Reserva Federal para que redujera los tipos, bajo el argumento de que otros mercados mantienen las tasas en niveles inferiores y que el país debería situarse entre las naciones con los intereses más bajos del mundo. La decisión de este miércoles se antojaba complicada ante los vaivenes de la situación en Oriente Próximo, especialmente, después de los ataques en Irán este miércoles. «Nuestra credibilidad se basa en el cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidades. Los estadounidenses tienen razón al esperarlo, ya que la prosperidad de nuestra nación depende de ello. A los habituales presentes en la sala de prensa: la evaluación de hoy puede sonar familiar, pero no hubo inercia alguna en nuestras discusiones, nuestra política ni nuestra estrategia», ha expresado Kevin Warsh en la rueda de prensa posterior. Noticia en ampliación…

Endesa ha registrado un beneficio neto de 1.470 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 41,2% con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, y ha disparado la previsión de beneficio neto ordinario para el año 2026 a más de 2.400 millones de euros, según ha informado la compañía energética.El resultado ordinario neto de la empresa a cierre del primer semestre fue de 1.480 millones de euros, con un aumento del 42,2% con respecto al mismo periodo de 2025. Los ingresos del grupo en el periodo de enero a junio ascendieron a 10.995 millones de euros, con un incremento 1,1% frente a los 10.880 millones de euros de hace un año.El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 3.240 millones de euros en los seis primeros meses de 2026, un 20% más que en 2025, gracias al crecimiento en todos los negocios y a la mayor contribución de las actividades reguladas que ya representan cerca del 50% del total.El negocio de redes aporta el 36% del Ebitda total, 1.200 millones de euros que suponen un alza del 24%, y la inversión dedicada a esta actividad se incrementó un 38% interanual hasta los 600 millones de euros, lo que supone más de la mitad (52%) de toda la inversión de Endesa en el semestre.La eléctrica destacó que, en un escenario de volatilidad continua por la inestable situación geopolítica mundial, estos resultados han sido posibles «gracias al crecimiento experimentado en todos sus negocios y a la mayor contribución de las actividades reguladas, apoyada también por determinados impactos positivos no recurrentes».El precio medio del ‘pool’ en el mercado ibérico en el semestre fue de 73 euros por megavatio hora (MWh), incluyendo los 23 euros/MWh en promedio por servicios complementarios, un 8% menos que en el mismo periodo de 2025. La demanda ajustada en el periodo creció en torno al 1% interanual, impulsada por el consumo doméstico, el sector servicios y el industrial.Flujo de caja de 2.300 millonesAsimismo, Endesa generó un flujo de caja de 2.300 millones de euros en el semestre, que se ha cerrado con una deuda neta de 10.300 millones de euros, frente a los 10.100 millones de euros de cierre de 2025. El coste medio de la deuda se redujo hasta el 3,2% y la ratio de deuda neta sobre Ebitda se situó en 1,6 veces.De esta forma, la compañía ha acelerado sus previsiones para el conjunto del ejercicio y prevé un beneficio ordinario neto de más de 2.400 millones de euros a cierre de 2026, superando la estimación de 2.300-2.400 millones comunicada en febrero pasado.Refuerzo de su modelo de negocioEl grupo dirigido por Gianni Armani destacó que esta revisión al alza es «un signo clave de la fortaleza tanto de su modelo de negocio, como de su capacidad para transformar una sólida ejecución operativa en una mayor rentabilidad para sus accionistas».En lo que se refiere al negocio de comercialización, la empresa prevé un escenario competitivo más racional y sostenible tras las últimas medidas regulatorias. La cartera de clientes de electricidad en mercado libre del grupo se situó en 6,3 millones y, además, reforzará la red de tiendas, con la apertura de 50 entre lo que queda de año y 2027, que se sumarán a las 370 ya operativas en España y Portugal.Asimismo, potenciará su acercamiento a los clientes nativos digitales e impulsará su estrategia de alianzas para ofrecer ventas cruzadas, todo con el objetivo de incrementar la cartera de clientes, afianzar su permanencia y crear valor a largo plazo.Programa de recompra de acciones: ejecutado más del 50%En cuanto a la evolución del programa de recompra de acciones, Endesa indicó que hasta junio se ha ejecutado más del 50%, con 35 millones de acciones adquiridas -1.100 millones de euros de los 2.000 millones previstos- y 17 millones amortizadas.La eléctrica ha anunciado el lanzamiento del sexto tramo de recompra de acciones por un importe de 500 millones de euros, manteniendo un sólido ritmo de ejecución del programa, lo que refuerza el compromiso de generar valor a largo plazo para los accionistas.Por otra parte, como retos clave de futuro identificados a nivel sectorial, la compañía señala a la inversión en redes para impulsar la electrificación y acelerar inversiones; así como facilitar nuevas conexiones permitiendo la descarbonización de la demanda industrial y residencial; y afianzar el modelo de empresa integrada que aporta una ventaja competitiva en medio de la volatilidad del mercado.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cerrado el curso político reclamando de nuevo un pacto de Estado frente a la emergencia climática, aunque sin anunciar ninguna ronda de contactos con los grupos parlamentarios ni con las comunidades autónomas para impulsarlo. Sánchez ha apelado a un «gran acuerdo de país» que considera «imperativo», pero ha acompañado su propuesta de una dura crítica al PP, al que acusa de negar la emergencia climática. De hecho, para justificar que no tenga previsto llamar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que «hay algunas cuestiones» que le «invitan a ser precavido» antes de sentarse formalmente con su partido. En concreto, le reprocha que, allí donde gobierna en coalición con Vox, no haya demostrado voluntad de combatir la crisis climática, sino, según ha afirmado, de negarla.De esta forma, Sánchez ha alejado una posible reunión con los grupos y los gobiernos autonómicos -la mayoría gobernados por los populares- para tratar de acercar posiciones para firmar ese pacto de Estado en el que lleva ya un año insistiendo. A su juicio, lo que le frena es el «negacionismo» que, «por desgracia, se está abriendo paso» y es «el peor combustible para luchar contra la emergencia». «Nuestra vocación es total. No hay acuerdo de país más necesario que el acuerdo frente a la emergencia climática y el Gobierno ya está haciendo su parte, no esperando a que las comunidades y ayuntamientos del PP y Vox se sumen a él», ha apuntalado.Tras un año y cuatro meses sin reunirse con Alberto Núñez Feijóo, Moncloa no prevé que la siguiente reunión se vaya a producir próximamente, tampoco por un pacto por la emergencia climática, puesto que no ven realmente opciones para que el PP se sume al mismo. «Me causa muchísima pena ver a líderes políticos convertirse en portavoces de bulos y desinformación. La ley de Montes no impide lo que dicen que impide», ha señalado antes de derivar las competencias en materia de incendios a los gobiernos autonómicos. Sánchez ha lanzado varios mensajes en esta dirección. Ha advertido de que «no es aceptable que haya recortes en políticas de anticipación» frente a los incendios y, en lo que respecta al Ejecutivo, ha garantizado que no va a «escatimar» recursos y que «apoyará» a las comunidades autónomas, competentes en la materia, en la lucha contra las llamas. Tras reivindicar las medidas impulsadas por su Gobierno en materia de transición energética, las ha contrapuesto a las políticas del PP, cuyos ejecutivos, según ha recordado, «frenaron con impuestos al sol el despliegue de las renovables» o «niegan los efectos de la emergencia climática», una posición que, a su juicio, también se refleja en los gobiernos autonómicos que los populares comparten con Vox.El presidente también ha considerado que «no es asumible» la falta de coordinación entre administraciones. Frente al mensaje del ministro Óscar Puente, que ha instado a «alzar la voz» contra el PP y ha calificado de «ingenuidad insoportable» confiar en que los de Alberto Núñez Feijóo apoyen un pacto de Estado sobre la emergencia climática, Sánchez ha defendido que es «importante» lograr la unión de todas las fuerzas políticas y del conjunto de la sociedad.Sin embargo, ese llamamiento a la unidad ha convivido con reiteradas críticas a los populares durante todo su discurso. Sánchez incluso ha ironizado sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo limitado únicamente a la extinción de incendios. «El PP quiere un pacto contra los incendios, pero no un pacto sobre una de las principales causas de los incendios. ¿Esa es la cuestión? Esa unidad ya la tenemos», ha afirmado. El presidente ha insistido en que el acuerdo debe abordar también la prevención y, para ello, asumir que «la emergencia climática está aumentando el riesgo de los incendios».

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El Ministerio de Hacienda recoge la petición de las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) y retrasa al 4 de septiembre la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado inicialmente para este miércoles con el objetivo de abordar la reforma de la financiación autonómica. Fuentes ministeriales trasladan a La Información Económica que el organismo abanderado por Arcadi España «lleva meses ofreciendo vías de diálogo» para abordar la reforma del modelo. «Sin ir más lejos, el pasado mes de junio les emplazó a mantener reuniones de carácter técnico para analizar con detalle la reforma del modelo de financiación», expresan. Las mismas fuentes tachas como «sorprendente» que justo después de que Canarias trasladarse su voto favorable, algunas regiones solicitaran su celebración tras a la vuelta de las vacaciones. El Ejecutivo de las islas, formado por CC, PP y Agrupación Herreña, trasladó ayer su voto favorable tras ver reconocidas sus singularidades con planteamientos «razonables que no perjudican a otras comunidades» y que reportarán 1.300 millones adicionales a las cuentas del archipiélago. «El cambio de fecha refleja la buena voluntad del Gobierno y confía en que, esta vez, las comunidades del PP antepongan los intereses de la ciudadanía a los dictados de Génova», remarcan. El motivo de este encuentro pasa por debatir la reforma del sistema de financiación autonómica pactada entre el Gobierno y ERC que solo apoya Cataluña. En este sentido, los consejeros de Hacienda y Economía de las once CCAA gobernadas por el PP, además de Ceuta y Melilla, argumentan que una reforma pactada «con una de las partes y a espaldas de todas las demás no puede pretender aprobarse ahora de manera apresurada, con un calendario que impide siquiera su examen». En opinión de este bloque, la propuesta que el Ejecutivo ha trasladado a las comunidades, «fruto de un pacto bilateral con ERC», es prácticamente la misma que presentó en enero y ya fue rechazada por 16 de los 17 territorios integrados en el modelo. Así, consideran que su actuación quiebra el derecho a un trato «igual», como establece la Constitución. Hasta 21.000 millones adicionales para las CCAALos gobiernos populares además avisan de la falta de oportunidad de celebrar una reunión en medio de la oleada de incendios que ha motivado la declaración de emergencia en todo el país. A grandes rasgos, la reforma cedería unos 21.000 millones que corresponden en el momento actual al Estado para aumentar la financiación de las comunidades autónomas. De esta forma, se conseguiría que ningún territorio pierda recursos con la actualización del modelo. Estos mayores recursos se lograrían mediante una mayor cesión del Estado de los dos grandes impuestos del sistema tributario español: el IRPF y el IVA. De este modo, el porcentaje cedido en el impuesto a la Renta pasaría del 50% actual al 55%, mientras que el del IVA pasaría del 50 al 56,5%. Asimismo, pasarían a formar parte de los recursos del sistema el impuesto sobre el Patrimonio, el tributo sobre los depósitos bancarios, el juego y los residuos en vertederos. A esto se sumaría otra aportación del Estado para reducir las diferencias entre las regiones que reciben más recursos por habitantes y las más perjudicadas por el sistema.Una vez se discuta la propuesta en el CPFF en septiembre, que previsiblemente saldrá adelante porque el Gobierno tendría suficiente con el voto a favor de Cataluña, el Ejecutivo deberá llevar un texto normativo ya articulado a Consejo de Ministros después de verano. Superado este trámite, la idea es que la norma llegue rápido al Congreso de los Diputados para que pueda estar aprobada antes de que acabe el año. Algo que se antoja difícil, dado que en este momento el Ejecutivo no tiene garantizados los apoyos parlamentarios suficientes para sacarla adelante. El planteamiento pasa porque la ley pueda estar en vigor según empiece el ejercicio 2027. Pero esto no es condición suficiente para que se aplique. Las comunidades que quisieran adherirse al nuevo sistema (es voluntario) tendrían que firmar un acuerdo de aceptación en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales correspondiente. Además, sería necesario que se apruebe una ley de régimen de cesión de tributos del Estado a cada autonomía, que recoja el alcance y las condiciones de dicha cesión.