Cada vez que se paga con tarjeta, se envía un mensaje por el móvil o se accede a una red wifi, entra en acción un sistema invisible que protege la información personal y financiera de millones de personas en todo el mundo. Ese pilar … silencioso de la vida digital es el motivo por el que los ingenieros belgas Joan Daemen y Vincent Rijmen han sido distinguidos con el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Tecnologías de la Información y la Comunicación, en su XVIII edición.
El jurado ha reconocido a ambos investigadores por el diseño del algoritmo criptográfico Rijndael, base del actual estándar internacional cifrado de datos(AES, por sus siglas en inglés), utilizando desde hace más de 25 años para garantizar la seguridad y privacidad de internet, los teléfonos móviles, los ordenadores, las tarjetas bancarias o el almacenamiento de datos en la nube. Se trata de una tecnología que, en palabras del acta,«sustenta la era digital actual» y se ha convertido en una parte esencial de la vida cotidiana.

Daemen y Rijmen desarrollaron este algoritmo a finales de los años noventa, cuando el sistema de cifrado entonces vigente comenzaba a mostrar graves debilidades. Ante esa situación, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos(NIST) convocó un concurso internacional para encontrar un nuevo método que fuera más rápido y seguro. El algoritmo Rijndael, fruto de años de investigación matemática en criptografía, superó las pruebas de resistencia de la comunidad científica y fue elegido en 2001 como estándar en Estados Unidos, extendiéndose en 2005 al resto del mundo.

Ela algoritmo Rijndael se encarga de e transformar la información legible en una secuencia indescifrable, mediante operaciones matemáticas que solo pueden revertirse con una clave secreta conocida por el emisor y el receptor. De este modo, aunque los datos sean interceptados, resultan inútiles para terceros que accedan a esta información. La fortaleza del sistema reside tanto en su solidez matemática como en su eficiencia: es lo suficientemente rápido para operar de forma constante en millones de dispositivos sin afectar a su rendimiento.

Elon Musk sueña con un futuro en el que nuestros cerebros puedan conectarse directamente a internet. Al menos, eso fue lo que, cuando anunció Neuralink, en el año 2017, atrajo la atención de medio mundo, entre reacciones de horror, estupefacción y emoción en … menor medida. Ante tamaña misión de conectar cerebro y máquina, la realidad está siendo más limitada y paulatina: este miércoles, la compañía ha publicado un vídeo en el que personas «que han perdido el uso de su cuerpo» aparecen jugando videojuegos por aparente telepatía.
‘Telepathy’ (‘Telepatía’, en español) es, de hecho, el nombre del implante de Neuralink que de momento llevan conectado a su cerebro 21 participantes, a los que llaman ‘Neuronautas’. Que puedan jugar a videojuegos sin usar más que su mente es un logro que ha costado dos años de desarrollo, y más allá de lo futil que puede parecer, acerca las posibilidades de poder controlar, por ejemplo, un smartphone solo con el pensamiento. No es la evolución del ser humano que nos prometieron, pero es un logro sólido hacia un avance médico real. Aunque no es la primera vez que se consigue algo así.

‘Telepathy’ se basa en una interfaz cerebro-computadora (BCI, por sus siglas en inglés), que en el caso de Nauralink, «registra la actividad neuronal directamente desde las regiones del cerebro responsables de los músculos de las manos y los brazos, y traduce esas señales en comandos digitales, evitando las vías neuronales dañadas».
De esta manera, los escasos usuarios de esta tecnología en desarrollo pueden mover un brazo biónico con sensaciones muy parecidas a cómo recuerdan que es mover su propio brazo. También pueden manejar el cursor de un ordenador con bastante fluidez, y según el testimonio del primer participante, a veces «el cursor llegaba al lugar correcto antes de que se dieran cuenta conscientemente de dónde querían que fuera».

Hace ya más de una década que Motorola puso ‘patas arriba’ el mercado global de la telefonía móvil. Fue el 13 de noviembre de 2013, el día en que se lanzó el primer Moto G. En aquel momento, la compañía aún no era aún … consciente de que esa familia de móviles recién estrenada iba a establecer un antes y un después, y a demostrar que no es necesario gastar un sueldo entero para tener un teléfono funcional, fluido, potente y fiable. Aquel dispositivo se convirtió en el ‘rey de la gama media’ y marcó el camino a seguir para el resto de la industria. Hoy, en 2026 y con una competencia más feroz que nunca, Motorola vuelve a la carga con una renovación completa, otra, de su familia más icónica: llegan los nuevos Moto g67, g77, g17 y g17 Power.
En ABC hemos seguido de cerca la presentación oficial de estos terminales. Y aunque aún no hemos podido ponerlos a prueba en nuestro laboratorio, cosa que haremos en cuanto las primeras unidades estén disponibles, las especificaciones sobre el papel y la estrategia planteada por la marca sugieren un salto cualitativo importante. Y es que Motorola parece haber escuchado las sugerencias de los usuarios: mejores pantallas, cámaras más resolutivas y, sobre todo, más resistencia para afrontar los retos crecientes de la vida diaria.

Pantalla Extreme AMOLED

Si hay algo que define a esta nueva generación, especialmente en los modelos superiores (g77 y g67), es la pantalla. Hasta ahora, la gama media solía conformarse con paneles OLED funcionales, es cierto, pero poco brillantes. Pero ahora Motorola ha decidido romper esa barrera.
Tanto el Moto g77 como el Moto g67, en efecto, montan una pantalla de 6,78 pulgadas que la marca denomina ‘Extreme AMOLED’, con resolución 1.5K. ¿Qué significa esto para el usuario? Básicamente, una nitidez un 17% superior a los estándares Full HD habituales. Pero el dato que realmente llama la atención en la hoja técnica es el brillo pico: 5.000 nits. Si esta cifra se mantiene en el uso real, estaríamos ante terminales perfectamente legibles bajo la luz directa del sol más ardiente de agosto, algo que hasta hace poco era terreno exclusivo de móviles con precios superiores a los 1.000 euros.

Las plataformas Meta, TikTok y YouTube se enfrentarán a un escrutinio judicial esta semana por las acusaciones de que sus plataformas están alimentando una crisis de salud mental juvenil, mientras el debate nacional sobre el tiempo que los niños pasan frente a las pantallas … entra en una nueva fase. El juicio en el Tribunal Superior de California, en el Condado de Los Ángeles, es un caso de prueba para miles de otras demandas que buscan indemnización por daños causados por las redes sociales, en una embestida legal que podría erosionar la sólida defensa legal de las grandes tecnológicas.
La demandante es una mujer de 19 años de California, identificada como K.G.M., quien afirma haberse vuelto adicta a las plataformas de las empresas a una edad temprana debido a su diseño llamativo, según documentos judiciales. Alega que las aplicaciones alimentaron su depresión y pensamientos suicidas, y busca responsabilizar a las empresas. La selección del jurado del caso comienza el martes.

Su demanda es la primera de varios casos que se espera que lleguen a juicio este año y que se centran en lo que los demandantes denominan «adicción a las redes sociales» entre los niños. Será la primera vez que los gigantes tecnológicos deban defenderse en un juicio por presuntos daños causados por sus productos, según declaró el abogado del demandante, Matthew Bergman. Un factor en el caso es una ley federal que exime en gran medida a plataformas como Instagram y TikTok de responsabilidad legal por el material que publican sus usuarios. Las empresas tecnológicas han argumentado que la ley las protege en el caso de K.G.M.

Un veredicto contra las empresas de redes sociales debilitaría esa defensa, que las ha protegido de demandas durante décadas. Demostraría que los jurados están dispuestos a responsabilizar a las propias plataformas. Es probable que el asunto llegue a la Corte Suprema, ya sea a través del caso de K.G.M. o de otro, afirmó Bergman. «Estamos escribiendo sobre una tabla rasa legal», declaró a Reuters.

WhatsApp está trabajando en una nueva opción de suscripción para la plataforma que permitirá a los usuarios utilizar la red social sin visualizar publicidad integrada en los Estados y Canales, ante la llegada anuncios prevista para este año en Europa. La plataforma de … mensajería instantánea propiedad de Meta anunció en junio del pasado año que comenzara a introducir publicidad en algunos espacios de la ‘app’. El objetivo: sacar rendimiento económico de una herramienta que tiene más de 2.000 millones de usuarios, pero con la que la tecnológica siempre ha tenido problemas para hacer negocio.
En ese momento, trasladó a la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC, por sus siglas en inglés), donde Meta tiene su sede en Europa, que dicha publicidad no se desplegaría para los usuarios europeos hasta este año 2026, de cara a abordar las preocupaciones respecto a la protección de datos antes de su implementación.

Ahora, la compañía liderada por Mark Zuckerberg está trabajando en una nueva opción de suscripción que permitirá utilizar la ‘app’ sin anuncios en los estados y canales, a cambio de una comisión. Así lo han podido comprobar desde Android Authority y el medio especializado ‘WaBetaInfo’ que, tras analizar la versión beta 2.26.3.9 de WhatsApp para Android, han encontrado líneas de código que hacen referencia a esta opción de suscripción en la ‘app’ de mensajería.
Desde ‘WaBetaInfo’ han matizado que se prevé que el plan de suscripción solo esté disponible para los usuarios de Europa y Reino Unido, de cara a cumplir con sus normativas y permitir optar por una experiencia sin publicidad. Algo similar a lo que Meta ya hizo en el pasado con Facebook e Instagram.

Apple ha presentado hoy su nuevo AirTag, el dispositivo de la empresa de la manzana pensado para que el usuario pueda localizar fácilmente cualquier objeto; desde las llaves del coche, hasta la cartera o la maleta. El ‘gadget’, que es reducido y de forma … circular, indistinguible a primera vista del primer modelo lanzado en 2021, llega con mayor alcance de localización y un altavoz más potente, para que sea más sencillo encontrar el objeto extraviado.
En su interior, el AirTag incorpora un chip de banda ultraancha de segunda generación, el mismo que incorporan los modelos de iPhone 17, el iPhone Air, el Apple Watch Ultra 3 y el Apple Watch Series 11, lo que, de acuerdo con Apple, «facilita la localización de objetos como nunca». Para poder sacarle todo el partido, hace falta un iPhone y emplear la aplicación ‘Buscar’. Desde ahí, se podrá comprobar la ubicación de los objetos con AirTag a través de la opción ‘Búsqueda de precisión’, para lo que es posible aprovechar las indicaciones visuales en pantalla, sonoras y por vibración. Además, la nueva versión tiene un rango de localización un 50% superior a la primera.

Los usuarios también podrán comenzar a utilizar la opción ‘Búsqueda por precisión’ desde el Apple Watch para ubicar el AirTag, siempre y cuando tengan un Series 9 o una versión más reciente del reloj. Y la nueva versión también suena más; desde Apple prometen que gracias a esta mejora es posible escuchar el sonido del objeto perdido desde una distancia dos veces mayor a la de antes. Según la experiencia de ABC con el primer modelo, esto debería ser más que suficiente para localizarlo si se encuentra en cualquier rincón de la casa. En la calle, probablemente la mejora ayudará, aunque la localización por sonido dependerá mucho del ruido que haya de fondo.
Apple recuerda que el AirTag se ha diseñado desde cero para velar por la privacidad y la seguridad de los datos de ubicación. No almacena físicamente esta información, y el cifrado de extremo a extremo protege todas las comunicaciones con la ‘app’ Buscar, lo que, de acuerdo con la empresa, garantiza que solo el propietario de un dispositivo pueda acceder a sus datos de ubicación. «Nadie conoce la identidad ni la ubicación de los dispositivos que han contribuido a encontrarlo, ni siquiera Apple», destacan desde la tecnológica estadounidense.

La Comisión Europea ha abierto una investigación a X, la red social propiedad de Elon Musk, que podría forzar la retirada de Grok de todo el mercado europeo. La decisión de la Comisión, adelantada en la mañana de este lunes por el medio … alemán ‘Handelsblatt’, ha sido provocada por el reciente uso de Grok por parte de usuarios para la generación de imágenes de carácter sexual de hombres, mujeres y menores de edad reales. Algo que, de acuerdo con expertos consultados por ABC durante las últimas semanas, va en contra de la normativa europea.
«Las ‘deepfakes’ sexuales de mujeres y niños son una forma violenta e inaceptable de degradación. Con esta investigación, determinaremos si X cumplió con sus obligaciones legales bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA) o si trató los derechos de los ciudadanos europeos, incluidos los de mujeres y niños, como daños colaterales de su servicio», ha señalado en un comunicado Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica de la UE.

Con esta investigación, la UE tratará de descubrir si xAI evaluó y mitigó adecuadamente los potenciales riesgos de Grok cuando lanzó el chatbot. Aquí se incluyen los riesgos relacionados con la difusión de contenido ilegal en Europa, como podría ser el caso de que el chatbot fuera empleado para la creación de imágenes sexualmente explícitas. Algo para lo que la herramienta ya ha sido explotada.
De acuerdo con un estudio elaborado recientemente por el Centro para la Lucha contra el Odio Digital, Grok fue empleado, entre el pasado 29 de diciembre y el 8 de enero, para la creación con IA de 3 millones de imágenes sexualizadas realistas a partir de fotografías auténticas. Entre ellas, 23.000 de niños. El día 14, xAI anunció que había tomado medidas para evitar que esta clase de contenido pudiese seguir siendo creado; sin embargo, ABC, como otros medios, comprobó que seguía siendo muy sencillo saltarse las nuevas barreras de seguridad del chatbot.

Las tres letras de una sigla dominan Mineápolis desde diciembre: ICE, la Policía de inmigración y aduanas, que tiene a miles de agentes desplegados en una operación migratoria descomunal, polémica y trágica. ‘Fuck ICE’ (‘Que le jodan al ICE’), dicen las … pintadas por toda la ciudad. ‘ICE out’ (‘ICE fuera’), gritan los manifestantes. «Han pasado dos coches del ICE por la avenida Portland con la calle 31, dirección sur», alerta en un grupo de Signal uno de los miles de voluntarios, armados con silbato y móvil, dedicados a detectar y documentar sus operativos. «No salgo de casa hasta que no se vaya el ICE», lamenta una indocumentada mexicana.
ICE, ICE, ICE… se escucha en una ciudad por lo general tranquila, somnolienta. Pero ahora sacudida por este despliegue masivo de agentes federales decretado por Trump, entre alegaciones de redadas indiscriminadas, detenciones de gente con papeles e incluso de ciudadanos, episodios de uso excesivo de fuerza y, también, acoso y resistencia a la labor de los agentes, en ocasiones de forma violenta. Y, por supuesto, la muerte de dos vecinos, ambos estadounidenses, ambos por disparos de agentes federales, en dos tragedias a todas luces innecesarias.
Los demócratas, que controlan Mineápolis y Minnesota, han combatido este despliegue, por ahora sin éxito. Una jueza federal decidió este sábado contra su exigencia de suspender las operaciones de los agentes federales. Y otro juez ordenó la liberación antes del martes del niño de cinco años Liam Conejo Ramos, cuya imagen se ha convertido en el símbolo de la crueldad de las redadas.

Mineápolis no ha sido la primera ciudad donde ha actuado el ICE. Antes vinieron Los Ángeles, Chicago o Nueva Orleans. Pero el despliegue en la principal ciudad de Minnesota puede haber sido una muestra de qué cara puede tener la mano dura de Trump: el desembarco de un pequeño ejército doméstico, fortalecido con inversiones multimillonarias y reclutamientos masivos, con tácticas agresivas y cuestionables y en confrontación con las autoridades locales.
«Mineápolis es un ensayo de lo que va a ocurrir en otros lugares de EE.UU.», advierte Madison, una entre varios cientos de manifestantes delante del edificio federal Whipple, un centro de operaciones cercano al aeropuerto. «Esto es la materialización de la deriva autoritaria de Trump, pero nosotros también estamos mostrando cómo hacerle frente».
Trump prometió en campaña la mayor deportación de inmigrantes indocumentados de la historia. Fue una promesa popular entre sus votantes, tras varios años bajo Joe Biden con la frontera desbordada, con cruces ilegales récord por parte de inmigrantes.

«Mineápolis es un ensayo de lo que va a ocurrir en otros lugares de EE.UU.»

Madison
Manifestante en una protesta ante el centro de operaciones del ICE

Nada más llegar a la Casa Blanca, Trump se puso manos a la obra. El primer requisito era fortalecer el brazo ejecutor de la política migratoria, la fuerza de seguridad encargada de detectar, detener y deportar inmigrantes indocumentados.

600.000 deportados

Con el apoyo de sus aliados republicanos, Trump ha llenado los bolsillos del ICE y del resto de agencias dedicadas al cumplimiento de la legislación migratoria. En la macroley de gasto aprobada en verano se incluyeron 170.000 millones de dólares (143.000 millones de euros) para ese objetivo. Tras el regreso del multimillonario neoyorquino al poder, el ICE ha visto triplicado su presupuesto operativo, además de fondos descomunales para el desarrollo de centros de detención. En total, 75.000 millones de dólares (63.000 millones de euros) solo para esta agencia.
Es conocido el gusto de Trump por los números redondos y simbólicos, que transmiten claridad en el mensaje. Por eso se puso como objetivo de política migratoria la deportación de un millón de indocumentados en un año. Es decir, unos 3.000 deportados por día. Se ha quedado muy lejos, en algo más de 600.000. Pero es un número muy importante si se tiene en cuenta que el presidente de EE.UU. ha logrado eliminar casi por completo las entradas ilegales en la frontera sur –uno de sus grandes logros–, donde es más sencillo ejecutar las deportaciones.
Para acercarse a ese objetivo, necesitaba multiplicar el número de efectivos: «boots on the ground», botas sobre el terreno. El cuerpo del ICE tenía unos 10.000 agentes hace un año. Ahora son más del doble, 22.000.
Para conseguirlo, se han tomado atajos. El periodo de entrenamiento en ICE era de cinco meses. Ahora dura ocho semanas, y no incluye clases de español, el idioma que hablan muchos de los objetivos de sus detenciones. Además, se han eliminado las limitaciones de edad. Antes se exigía que los candidatos fueran mayores de 21 años y menores de 40. También se han creado incentivos, como un bonus de entrada de 50.000 dólares (42.000 euros). Y se ha invertido en una campaña de publicidad multimillonaria por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el ICE. Una campaña que ha sido polémica, por el contenido de algunos de los anuncios, que incluyen referencias de extrema derecha y supremacismo blanco.

La ley de la frontera

Por ejemplo, un anuncio en redes sociales del pasado agosto utilizaba la expresión ‘Which way, American man’ (‘¿Qué camino tomarás, hombre estadounidense?’), tomada del libro ‘Which way, Western man?’, una novela antisemita y racista de la década de 1970. En otro anuncio, se utilizaba la frase ‘We’ll have our home again’ (‘Recuperaremos nuestra casa’), un título de una canción de Pine Tree Riots, que es popular en círculos ultras.
Marla, una vecina de Mineápolis, levanta un cartel en una protesta cerca de donde murió Alex Pretti, el enfermero de 37 años al que dos agentes federales dispararon en medio de un altercado. ‘Incompetent Chaotic Executioners’ (Verdugos caóticos e incompetentes), se lee en el cartel, que utiliza las siglas del ICE para criticar la forma en la que los agentes federales han actuado en Mineápolis. «Su formación es cuestionable, no están preparados y operan fuera de la ley», critica.
Más allá de la formación apresurada de los nuevos agentes, el ICE opera con mano ancha desde el regreso de Trump. Su Gobierno ha relajado las regulaciones o las ignora. La Administración Trump eliminó la directiva de no realizar detenciones en lugares sensibles, como colegios, hospitales o iglesias. El DHS ha determinado que es legal entrar en los hogares de sospechosos sin órdenes judiciales, solo con órdenes administrativas, algo que está siendo combatido en tribunales. Y un juez federal reprendió esta semana a los responsables del ICE por violar casi cien órdenes judiciales en menos de un mes. «El ICE probablemente ha violado más órdenes judiciales en enero de 2026 que algunas agencias federales en toda su existencia», aseguró el magistrado Patrick Schiltz. «El ICE no es la ley en sí misma», criticó.

Marco Antonio Rubio, 54 años, entró el pasado miércoles 28 de enero en la pequeña y oscura sala de audiencias del Comité de Relaciones Exteriores del Senado con la naturalidad de quien regresa a un territorio que conoce de memoria. Había servido él mismo … años en esa comisión y ahora comparecía como secretario de Estado con una autoridad acumulada que iba mucho más allá del cargo. Washington seguía digiriendo la operación que había puesto fin al mandato de Nicolás Maduro exactamente 25 días antes y Rubio llegaba con una carpeta gruesa, cifras en la cabeza y una realidad difícil de ocultar: pocas veces un político estadounidense había concentrado tanto poder real sobre el destino inmediato de Venezuela y Cuba sin necesidad de grandes discursos. Para algunos en su entorno, podía ser incluso el hombre que acabara logrando lo que Washington persigue desde antes de la caída de la URSS: que Cuba, por fin, deje de ser una excepción histórica.

Su intervención fue sobria, técnica, casi administrativa, un trámite. Habló de fases, de estabilización, de transición, de control de flujos financieros, de petróleo. Evitó el lenguaje épico y las proclamas ideológicas de sus viejos días de senador. Pero el mensaje era claro. Estados Unidos no solo condicionaba el futuro político de Venezuela; administraba de facto su principal fuente de ingresos y decidía el ritmo de una transición que aún no tenía forma definitiva.
Algunos senadores lo miraban con incomodidad. Otros, con una mezcla de respeto y diríase que recelo. Rubio no estaba allí para pedir permiso, sino para explicar decisiones ya tomadas. La paradoja era evidente. En sus años de senador, al otro lado de esa misma mesa, habría estallado ante la idea de que el Ejecutivo actuara sin consultar, de que se administrara una crisis de ese calibre al margen del Congreso. Había hecho carrera denunciando opacidades, exigiendo dureza, reclamando coherencia moral en nombre de la democracia venezolana.

Arriba, en 2012: Rubio se reubicó con rapidez en torno a John McCain y se convirtió en uno de sus rostros útiles en Miami. Fotografía facilitada por la Oficina del senador John McCain de Marco Rubio, senador por Florida; el expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales FAES, José María Aznar; John McCain, senador por Arizona, y Saxby Chambliss, senador por Georgia, durante la visita del político español al Senado de Estados Unidos. Abajo, dos estampas del álbum más personal de Rubio
EFE

Ahora, en cambio, hablaba el lenguaje del poder de verdad: fases, estabilidad, control de ingresos, transición sin vacío de poder. En lugar de reclamar pureza democrática, pedía margen de maniobra. En vez de denunciar concesiones, las explicaba como necesarias. Era el mismo Rubio, con las mismas obsesiones, pero en el lado donde las decisiones no se someten a votación, sino que se ejecutan.

Hijo de inmigrantes cubanos

Para entender cómo alcanzó Rubio ese lugar hay que retroceder casi dos décadas, a una Florida distinta, cuando aún era un político estatal en ascenso y una biografía que empezaba a llamar la atención del Partido Republicano. Hijo de inmigrantes cubanos, nacido en Miami en 1971, Rubio creció en un entorno marcado por el exilio, el anticastrismo y la convicción de que la política estadounidense era el único terreno desde el que se podía influir en el destino de una isla tan cercana y tan apartada a la vez.
Sus padres habían abandonado Cuba antes de la llegada de Fidel Castro al poder, un detalle que con los años se convirtió en munición política. Para sus detractores, servía para cuestionar la épica del relato familiar; para sus defensores, no alteraba lo esencial: pertenecía a la comunidad cubanoamericana que construyó su identidad en torno a la pérdida de la isla y a la oposición frontal al castrismo. Rubio hizo de esa herencia un eje de su carrera, decisivo para entender su obsesión estratégica con Cuba y, más tarde, con Venezuela y Nicaragua.

La oposición utilizó el origen de sus padres como munición política; él, en cambio, hizo de esa herencia un eje de su carrera

En 2008 Florida seguía siendo un territorio abierto. Barack Obama acabaría ganándolo dos veces, en 2008 y en 2012, y los latinos tendían todavía a votar mayoritariamente con el Partido Demócrata. El trumpismo estaba lejos y el Partido Republicano buscaba figuras jóvenes capaces de hablarle a un electorado hispano que se le escapaba.

El trampolín

Rubio, entonces un joven presidente de la Cámara de Representantes de Florida, usó aquel ciclo electoral como trampolín nacional. En las primarias apoyó primero a Rudy Giuliani, que había apostado por Florida como pieza estratégica. Cuando Giuliani —que acabaría siendo el abogado de Donald Trump— se hundió, Rubio se reubicó con rapidez en torno a John McCain y se convirtió en uno de sus rostros útiles en Miami: disciplinado, bilingüe, con el perfil perfecto para una campaña que necesitaba contrapesos en el sur del Estado.
Aquella etapa le dio contactos, credibilidad interna y visibilidad ante donantes y estrategas nacionales. Era, en esencia, una promesa del conservadurismo hispano en un espacio que parecía marginal: el núcleo cubano del sur de Florida, la llamada despectivamente «gusanera», una anomalía republicana dentro del voto latino. La ironía es que esa excepción acabaría convirtiéndose en el centro dominante. Con el tiempo, serían precisamente esas redes —obsesionadas con Cuba, con Venezuela, con el lenguaje de la guerra fría— las que ascenderían al poder mayor dentro del Partido Republicano, sobre todo bajo un presidente sin frenos como Trump.
Dos años después, en 2010, dio Rubio el salto al Senado en una de las elecciones más simbólicas de la era del Tea Party. Se enfrentó al gobernador republicano Charlie Crist, que acabó compitiendo como independiente, y a un candidato demócrata relegado por la división del momento. Rubio ganó con un discurso de ortodoxia fiscal, rechazo al intervencionismo federal y defensa sin matices de una política dura frente a Cuba y Venezuela. Llegó a Washington como una de las estrellas emergentes de la nueva derecha y, desde el primer momento, buscó un asiento en las comisiones que realmente importaban.
El Comité de Exteriores se convirtió pronto en su plataforma principal. Allí empezó a construir una reputación de senador aplicado, especialmente en asuntos de América Latina. Mientras otros colegas delegaban la región en asesores, Rubio se implicaba en los detalles, mantenía contacto constante con opositores venezolanos y cubanos, y presionaba a las administraciones de turno para endurecer sanciones y aislar diplomáticamente a los regímenes que consideraba autoritarios. Durante los años de Obama fue uno de los críticos más constantes del deshielo con Cuba y Venezuela. Para Rubio, cualquier concesión sin un cambio político previo era una forma de apuntalar al régimen.
En sus años en el Senado, Rubio se labró una reputación bien distinta a la de muchos de sus colegas. No fue un legislador discreto que trabajara entre bambalinas: construyó una identidad política clara, dura, áspera, marcada por la defensa inflexible de posiciones ideológicas contra los gobiernos que él consideraba antidemocráticos y socialistas en América Latina.

El candidato a senador por Florida, en 2010

reuters

Durante más de una década en el Capitolio, Rubio llevó esas posiciones a audiencias, legislaciones y comisiones, insistiendo en sanciones más duras, rechazo a cualquier giro aperturista hacia La Habana y la necesidad de contrarrestar la presencia de aliados de gobiernos adversarios en la región, incluidos China, Rusia e Irán. En ese camino se consolidó como uno de los principales portavoces del anticomunismo y de una política exterior de enfrentamiento claro.
Ese estilo lo colocó durante años en las primeras filas del debate sobre Latinoamérica en Washington. Fueron años posteriores a la marea rosa, a los vaivenes de la izquierda latinoamericana, a un ciclo de gobiernos que avanzaron entre promesas de justicia social, pulsiones autoritarias y crisis económicas. El dominio de Chávez, de Lula, de Evo y Correa marcó una época, una América Latina inclinada hacia la izquierda, atravesada por el auge de las materias primas y el discurso de la soberanía. Rubio supo leer ese escenario como una oportunidad política.

Probó suerte para ser presidente

Su perfil lo llevó inevitablemente a probar suerte en la carrera presidencial de 2016. Durante meses fue presentado como la gran esperanza del ‘establishment’ republicano frente al ascenso de Trump. El enfrentamiento fue áspero. Trump lo ridiculizó con apodos —«pequeño Marco»—, cuestionó su temple y lo arrinconó en debates televisados. Rubio respondió tarde y mal, y su derrota en las primarias de Florida selló el final de su aspiración presidencial.
Aquel episodio podría haber marcado el declive. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en uno de los momentos decisivos de su carrera. Tras la victoria de Trump, Rubio optó por una estrategia pragmática. No se sumó a la resistencia interna del partido. Mantuvo su escaño, apoyó las principales iniciativas de la Casa Blanca y fue ganando espacio como interlocutor en política exterior.
Durante el primer mandato de Trump, Rubio fue clave en el endurecimiento de la política hacia Venezuela. Presionó para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, impulsó sanciones financieras y trabajó estrechamente con el exilio venezolano en Florida. Con Cuba, su influencia fue aún más nítida: el desmantelamiento del acercamiento iniciado por Obama llevó su sello.
La relación con Trump evolucionó de la desconfianza a una alianza funcional. Hubo, sin embargo, un momento de zozobra. En abril de 2019 Rubio respaldó el pronunciamiento fallido contra Maduro, cuando Guaidó y Leopoldo López aparecieron con un pequeño grupo de militares en Caracas. Desde Washington se dio por hecho que altos mandos se sumarían. Fracasó en horas. Maduro resistió y Trump estalló de furia. Para Rubio fue una advertencia: lo que se ejecuta debe estar atado.
Cuando Trump regresó al poder y buscó secretario de Estado, las alternativas quedaron en dos. Entre los últimos nombres estaban Richard Grenell y Rubio. Trump se decantó por el senador de Florida. La confirmación llegó con un voto de 99 a 0, un resultado que al presidente le encantó por la unanimidad.
Grenell maniobró para quedarse con algo, viajó a Caracas, se vio con Maduro. Pero Trump le ordenó cortar contactos paralelos. Terminó relegado, dirigiendo espacios culturales en Washington como el Kennedy Center.
Rubio, en cambio, acumuló funciones con rapidez. Secretario de Estado, consejero interino de Seguridad Nacional —una combinación inédita desde Kissinger—, archivista nacional y, sobre todo, el papel más delicado: convertirse en el rostro y coordinador de facto de la política estadounidense para gestionar la transición venezolana. Bajo su mando Washington permitió ventas limitadas de crudo, canalizó ingresos mediante mecanismos supervisados y condicionó cada paso. En la práctica, era el gobernador de Venezuela desde su despacho en Washington.
Ese papel le valió comparaciones inevitables con Henry Kissinger, no por el estilo, sino por la centralidad estratégica. Kissinger fue el ancla de un presidente imprevisible como Nixon: el hombre que ordenaba el caos y mantenía la maquinaria del Estado en marcha cuando la Casa Blanca se movía por instinto.
Rubio cumple hoy, salvando las distancias, una función parecida. Concentra información, coordina agencias y habla directamente con el presidente, en un segundo mandato de Trump donde la política exterior se decide a menudo en ráfagas. En el caso venezolano, su firma es imprescindible. En el cubano, su influencia sigue siendo determinante.

Cuba, eje emocional de su carrera

Y ahí está la cuenta pendiente. Cuba ha sido siempre el eje emocional de su carrera. Ha defendido que cualquier transición debe pasar por una ruptura clara con el régimen y ha rechazado soluciones graduales. Desde el Departamento de Estado ha mantenido esa línea, reforzando sanciones y limitando cualquier margen de maniobra a La Habana.

El relevo en el trumpismo, después de Trump
En Washington le atribuyen ambiciones presidenciales de cara a 2028, con un rival interno, J. D. Vance, que no oculta las mismas aspiraciones

Foto familiar de un joven Marco Rubio

Hoy, desde el centro del poder ejecutivo, Rubio es una figura distinta a la de aquel joven senador de 2010. Ha perdido parte del aura de promesa, pero ha ganado una capacidad de decisión real que pocos alcanzan. Muchos en esta ciudad de eterna rumorología política le atribuyen ambiciones presidenciales de cara a 2028. Su principal rival interno es el vicepresidente, J. D. Vance, que no oculta las mismas aspiraciones.
Esa puede ser su nueva batalla, no ya Cuba o Venezuela, sino el futuro del trumpismo cuando Trump salga de la escena. Rubio ha pasado quince años escalando desde un rincón ideológico del exilio hasta el centro del poder imperial. Ahora, con expedientes históricos en sus manos y el continente americano como tablero, se enfrenta a otra transición de altura, la del relevo dentro de su propio partido.

Costa Rica, la que alguna vez fue llamada la Suiza de Centroamérica, se enfrenta a una de las elecciones más esperadas de las últimas décadas. El panorama político, según las últimas encuestas como la del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad … de Costa Rica (CIEP-UCR), se divisa bastante claro para la candidata del oficialismo, Laura Fernández, del centrista Partido Pueblo Soberano, quien lidera la intención de voto con un 43% proyectado. Mucho más atrás, con poco margen de maniobra, se encuentra una muy debilitada oposición, que no logra ni siquiera un 10% de intención de voto.
Las migajas que ha dejado el oficialismo se las reparten entre tres candidatos de izquierda —Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, con un 9%; Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, con un 8,6%; y Ariel Robles, del Frente Amplio, con un 3,8%—, y un carismático candidato conservador, José Aguilar Berrocal, del partido Avanza, que ha acaparado los focos mediáticos, pero quizás demasiado tarde, con apenas un 2,8% de intención de voto.
La clave del proceso electoral es, sin embargo, lo que no se ve. Un 25,9% del electorado que asegura que permanece indeciso y que se inclinará por algún candidato, instantes antes de votar. La mayoría de estos indecisos son jóvenes de entre 18 y 35 años. A ese público es al que los más de 20 candidatos que buscan la presidencia han intentado conquistar en las últimas horas. La oposición teme que, con los datos que arroja la última encuesta del CIEP-UCR, el oficialismo consiga ganar cómodamente en la primera vuelta. De acuerdo con la ley electoral costarricense, una candidatura debe obtener al menos el 40% de los votos válidos para ganar la presidencia en primera ronda. Si ninguna candidatura alcanza ese umbral, las dos personas con mayor cantidad de votos deben disputar una segunda ronda electoral, según establece el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Así, el 43% de intención de voto para Fernández y el oficialismo le aseguraría la presidencia en primera vuelta, un hito histórico. Y es que en las tres últimas elecciones presidenciales —la de 2014, 2018 y 2022—, la definición de la presidencia se dio en una segunda ronda electoral. Fernández rompería así una especie de tradición electoral y se convertiría en la segunda mujer en presidir la nación.

Los retos de una nación encendida

La elección es clave también porque Costa Rica se enfrenta a problemas que creyó, algún tiempo atrás, que había resuelto y cuyos indicadores sociales así lo comprobaban. De ser el país más seguro de la región, ha pasado a ser uno de los más inseguros, superando a Guatemala, Nicaragua y al ahora «paradisiaco» El Salvador, con una tasa de homicidios de 17,5 por cada 100.000 habitantes. Las encuestas lo reflejan. El 42,4% del electorado asegura que la seguridad ciudadana es el tema prioritario a resolver, seguido del empleo y el crecimiento económico (13,3%) y la lucha contra la corrupción y la transparencia (7,5%).

De ser el país más seguro de la región, ha pasado a ser uno de los más inseguros, superando a Guatemala y El Salvador

El acercamiento del presidente saliente, Rodrigo Chaves, con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, es el grito de auxilio del oficialismo para mejorar la cuestión de seguridad. Y parece que ha dado resultados. La cercanía de Chaves y Bukele, que han firmado múltiples acuerdos y se han visitado mutuamente en viajes oficiales en los que no han faltado los apretones de manos y abrazos, también ha repercutido en la preferencia electoral por la elegida por Chaves, Laura Fernández —su exministra de de la Presidencia— y su abrumador respaldo frente a sus 19 competidores.
El reto para Fernández, en caso de ganar las elecciones, será separarse de Rodrigo Chaves lo suficiente para no ser considerada un títere, pero tampoco tanto para no perder el respaldo del electorado del rodriguismo y sus fieles seguidores, que han hecho de la figura del presidente saliente una especie de ícono salvador. Puede que le sirva a Fernández tomar como referencia la gestión que ha hecho la actual mandataria de México, Claudia Sheinbaum, la ungida de otro presidente muy popular que salió del gobierno por todo lo alto, Andrés Manuel López Obrador.
El padrón electoral está conformado por 3,7 millones de ciudadanos, lo que representa un aumento del 4,3% en comparación con 2022, equivalente a casi 161.000 electores más. Todo está en juego este domingo; o se afianza el rodriguismo y se consolida como el poder del poder en Costa Rica, o revive, e milagro, una oposición que ha nacido moribunda y que parece estar destinada a una sepultura larga y dolorosa.

«Fue realmente un éxtasis». «Sentimos una felicidad desbordante pero cautelosa». «Mucha emoción y alegría». Estas son algunas de las reacciones que los familiares de los presos políticos de Venezuela, tanto excarcelados como todavía detenidos, manifiestan ante la noticia de que viene una ley … de amnistía general anunciada el viernes por Delcy Rodríguez.
En la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se reúnen los familiares de los presos políticos todos los días desde el 8 de enero, fecha de las excarcelaciones anunciadas por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, presidenta encargada y presidente de la Asamblea Nacional.
Hasta el día el día de hoy se han liberado condicionalmente solo unos 303 de los mil detenidos según la ONG del Foro Penal. La Plaza del Rectorado de la UCV se ha convertido en un centro de acopio de víveres, alimentos y productos de primera necesidad, ayuda, encuentro y de intercambio entre familiares de los que han sido liberados y los que faltan por excarcelar. «Somos una gran familia muy unida», dice a ABC Adriana Briceño.

Adriana Briceño es esposa del preso político Ángel Godoy, un ingeniero de 52 años, que estuvo nueve meses detenido en El Helicoide y luego tres meses y seis días en Yare. En total estuvo un año y seis días por trabajar en la página informativa digital Punto de Corte. Le imputaron los cargos de terrorismo, instigación al odio y a la insurrección armada. Fue excarcelado el 14 de enero.
«Cuando escuchamos la noticia de la amnistía, estábamos reunidos la familia. Fue realmente un éxtasis, porque en el caso de mi esposo, que está en libertad bajo medidas cautelares, esperamos que su caso sea revisado y pueda tener libertad plena en toda su expresión«, confía Adriana. Tanto ella como su familia estallaron de felicidad: «Estamos empezando a ver la luz al final del túnel».
La detención arbitraria e injusta de Ángel Godoy le cambió la vida a Adriana. Además de privarla de su marido, la despidieron después de trabajar 21 años en una empresa del Estado. «Gracias a la ayuda económica de mi familia y mis amigos, pudimos sobrevivir un año sin ingresos», reconoce.

En la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela
En la primera imagen, Marha Cambero, esposa de Nicmer Evans, un reportero que fue liberado en la ronda del 14 de enero junto a los 19 periodistas detenidos. En la segunda, el liberado Ángel Godoy (a la derecha), junto a su mujer, Adriana Briceño (centro). La Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela es el punto de reunión para reclamar la excarcelación de los presos políticos (última foto)
ABC

Angeli de la Cruz, esposa de Carlos Azuaje, quien fue puesto en libertad el 17 de enero tras siete meses en El Helicoide y luego en Yare, también se muestra satisfecha: «Bueno, realmente estoy muy contenta y feliz gracias a Dios, que escuchó nuestras plegarias. Vamos a salir de esta situación, pero quedan todavía muchos presos políticos y personas mayores».
La familia de Angeli creció en la Plaza del Rectorado. «Hacemos familia con todos y les tomamos cariño y afecto. Me parece una gran noticia la ley de amnistía, la estábamos esperando justo cuanto hay cientos y cientos de presos políticos. No lo veo como un favor que nos hace el régimen, sino algo que tienen que hacer, es su obligación. Todavía falta más de la mitad; ni siquiera llegamos al 50% de excarcelaciones».

Localizados 90 centros de tortura para la represión sistemática de disidentes
Organizaciones de derechos humanos han identificado más de 90 centros de tortura operados por cuerpos de seguridad del Estado venezolano, distribuidos en al menos 18 estados del país, como parte del plan sistemático de represión establecido por el régimen chavista contra la disidencia. Su estructura está organizada. Los centros señalados incluyen sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), comandos policiales regionales, retenes, anexos penitenciarios, hospitales militarizados y espacios clandestinos utilizados para interrogatorios y desapariciones temporales.

Diego Casanova es miembro de la ONG Comité por la libertad de Presos Políticos (Clipp). También es familiar de los detenidos por razones políticas. Su hermano, José Gregorio Pérez Maita, fue liberado hace un año en enero de 2025, pero debe presentarse al tribunal antiterrorista cada 30 días.
«En medio de esta lucha tan dura que vivimos, el anuncio de la ley de amnistía es un momento de alivio y de alegría. Sentimos que nuestra lucha y presión es tomada en cuenta, que le estamos torciendo el brazo al régimen, que tiene que ceder y mantener el compromiso de liberar a los presos políticos», añade Diego.
En su opinión, «tiene que darse un proceso de excarcelaciones masivas. Sentimos una felicidad cautelosa porque ellos (el régimen chavista) actúan desde la mentira, la crueldad y la arbitrariedad. Tenemos dudas de su sinceridad y hasta que no se concrete la ley de amnistía no podemos cantar victoria».

«No lo veo como un favor que nos hace el régimen, sino algo que tienen que hacer, es su obligación»

Angeli de la Cruz
Esposa de Carlos Azuaje, preso político liberado el 17 de enero

Para Diego Casanova, si los hermanos Rodríguez no han cumplido con sus promesas de excarcelar a los presos políticos el pasado 8 de enero, «es difícil creer que lo hagan ahora. Esto no es un perdón porque los presos políticos no han delinquido. Claro, es un hecho beneficioso pero debemos tener claro que lo hacen porque les han presionado».
Martha Cambero es la esposa de Nicmer Evans, un reportero que fue liberado en la ronda del 14 de enero junto a los 19 periodistas detenidos. Estuvo 51 días detenido entre El Helicoide y Yare.
En la Plaza del Rectorado, tanto Martha como Nicmer ayudan a organizar la ayuda solidaria con los familiares que hacen vigilia por la liberación de los presos políticos. «Estoy feliz, pero me tomo con recelo la noticia de la amnistía», señala Martha, quien desea ver en qué términos se redacta el texto de la ley.

«Esto no es un perdón porque los presos políticos no han delinquido. Lo hacen porque los han presionado»

Diego Casanova
Miembro de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos y hermano de un liberado

Martha está de acuerdo con el cierre de El Helicoide, el principal centro de tortura del país. Pero no está de acuerdo con convertirlo en un centro cultural, social, deportivo y comercial para la comunidad del gremio policial como propone la presidente interina.
En su opinión, la sociedad tiene la memoria muy corta y El Helicoide debe convertirse en un centro o en un museo para la humanidad para recordar el oprobio y la tortura de los miles de venezolanos que sufrieron la injusticia y nunca más se repita.

31/01/2026 a las 23:43h.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, presuntamente ha informado a ejecutivos de algunas empresas de que podrían celebrarse elecciones en Venezuela dentro de 18 o 24 meses, según ha informado este sábado el diario ‘The Wall Street Journal’.
Algunos miembros … de la Administración Trump han intentado tranquilizar a legisladores, líderes extranjeros y empresarios, para lo que han afirmado que la cooperación de Washington con el Gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, es temporal, según el diario estadounidense.

La Administración de Trump no ha detallado públicamente plazos para la transición democrática en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero durante un ataque de Estados Unidos en el país caribeño.

Las últimas elecciones presidenciales celebradas en el país sudamericano fueron las del 28 de julio de 2024, en las que Maduro fue reelegido, de acuerdo con las autoridades venezolanas y a pesar de las acusaciones de fraude de la oposición y de varios países, que reconocieron la victoria del candidato Edmundo Gonzñalez Urrutia.

El juez federal por el Distrito Occidental de Texas, Fred Biery, ha ordenado la liberación provisional del niño de cinco años Liam Conejo Ramos y a su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, internados en el centro de detención de inmigrantes de Dilley mientras se … resuelve el procedimiento de inmigración abierto.
La detención de Conejo Arias y su hijo en Minnesota durante una intervención de los agentes federales enviados por la Administración del presidente Donald Trump provocó una oleada de indignación por la edad del niño. La orden de Biery, recogida por el diario ‘San Antonio Express-News’ y confirmada después por la cadena de televisión CNN, prevé la liberación de ambos para el próximo martes.

Los abogados de los dos ecuatorianos aseguran que han solicitado formalmente asilo en el país, pero las agencias federales sostienen que no están legalmente en el país y que el plazo para salir de Estados Unidos terminó en abril.

Ahora, el dictamen del juez señala a la Administración federal por «ignorar un documento histórico estadounidense llamado Declaración de Independencia», porque el caso de Conejo «tiene su génesis en un intento de aplicar unas cuotas de deportación mal concebidas y aplicadas de forma incompetente, incluso traumatizando a niños».

La juez federal Katherine Menéndez ha desestimado la demanda del fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, para paralizar la conocida como operación Metro Surge para perseguir a inmigrantes indocumentados en este estado, una iniciativa que se ha cobrado ya la vida de dos ciudadanos … tiroteados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).
«Los demandantes piden al Tribunal ampliar la jurisprudencia existente en un nuevo contexto en el que su aplicación es menos directa: un despliegue sin precedentes de agentes federales de inmigración armados para aplicar agresivamente la normativa de inmigración», explica la juez en un documento de 30 páginas en referencia a la cita a la Décima Enmienda mencionada por Ellison.

Esta enmienda de la Constitución protege a los estados frente a una injerencia de las autoridades federales. «Ninguno de los casos en los que se basa son siquiera similares», ha argumetnado Menéndez, nombrada por el expresidente Joe Biden.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha enviado a unos 3.000 agentes del ICE y de Aduanas para perseguir a inmigrantes irregulares con el objetivo de deportarlos. En respuesta, Ellison presentó un recurso al que se sumaron las ciudades de Minneapolis y Saint Paul incluso antes de las muertes.

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/farandula/notas/la-preteen-model-world-2025-visita-puerto-rico-rumbo-a-la-nueva-generacion-de-modelos-infantiles/ A Puerto Rico llegó una nueva reina. Ivana Melinc Corzo, Preteen Model World 2025, está de visita …

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Los empresarios rechazan el incentivo fiscal que ha puesto sobre la mesa el Gobierno para intentar atraer a la patronal a un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026. Así lo ha trasladado CEOE en un comunicado publicado este lunes en el que critica con dureza la medida, que tacha de «fórmula trilera», que exige condiciones «inalcanzables» y que excluye a las empresas en pérdidas y a los autónomos.El rechazo de la patronal, que ha trasladado su desagrado al haberse enterado por la prensa de los detalles del incentivo, aleja la posibilidad de un pacto a tres bandas entre Trabajo, sindicatos y empresarios para subir el SMI. Esta tarde, las tres partes se volverán a reunir para tratar de cerrar el nuevo salario mínimo. El departamento que dirige Yolanda Díaz y los sindicatos ya están de acuerdo en aplicar una subida del 3,1%, pero las conversaciones se han alargado para buscar una fórmula con la que incluir a los empresarios en el pacto. El comunicado que firman CEOE y Cepyme acusa al Gobierno de faltar al respeto al diálogo social por haber difundido a los medios de comunicación los detalles del incentivo antes de haberlo presentado en la propia mesa de negociación. Los empresarios lamentan que se haya sustituido el diálogo social «por la política del anuncio y la puesta en escena». Respecto al contenido de la propuesta, las organizaciones empresariales reprochan al Ejecutivo que se haya optado por la vía de un incentivo en el impuesto de Sociedades en lugar de cambiar la ley de desindexación de los contratos públicos. Una norma que impide que las empresas que contratan con la administración pública puedan repercutir los aumentos de costes sobrevenidos como las subidas del salario mínimo.La consecuencia de ello, sostiene CEOE, es que el incentivo deja fuera a todos los autónomos y «a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores». También se excluye a las empresas en pérdidas, las cooperativas y las entidades sin ánimo de lucro. En concreto, los empresarios consideran que la propuesta de Hacienda es una fórmula «trilera» que «no compensa los costes asociados a la actualización del SMI planteada» y que se hace «de espaldas» a lo compartido por todos los interlocutores sociales. Además, denuncian que las condiciones que establece son «inalcanzables para la mayoría de empresas» y suponen «una nueva injerencia en la negociación colectiva y la libertad de empresa». «Es puro intervencionismo», sostienen. Menos impuesto de SociedadesEl incentivo diseñado por Hacienda contempla reducir la base imponible en el impuesto de Sociedades que pagan las empresas en proporción a los costes que les supongan las subidas del salario mínimo y otra serie de variables. En concreto, se exige a las empresas que aumenten el número de trabajadores que ganan más que el salario mínimo. Cuantos más sueldos se suban por encima del SMI mayor es la bonificación que obtiene la empresa. El incentivo fiscal también exige a las empresas que no reduzcan su plantilla y mantengan las condiciones anteriores durante al menos dos años y en principio solo estaría vigente durante el año 2026. Además, solo podrían acogerse a él las empresas que destinen más del 70% de sus gastos a personal. Fuentes de Hacienda recuerdan que la posibilidad de explorar esta vía de compensación estaba vinculada a que los empresarios accedieran a la subida del 3,1%. Todo apunta a que el acuerdo se cerrará sin el apoyo del sector empresarial, así que la bonificación fiscal no llegaría a aplicarse. 

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