Los militares enviados por Donald Trump ya están en las inmediaciones de Chicago y el presidente de EE.UU. está calentando la tensa situación que se vive en la ciudad, entre protestas por la presencia reforzada de agentes federales para redadas de inmigrantes indocumentados … y por el despliegue del Ejército: en un mensaje en su red social del miércoles por la mañana, Trump defendió que tanto el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, como el gobernador del estado del que es su principal ciudad, J. B. Pritzker «deben estar en la cárcel por ser incapaces de proteger a los agentes de ICE» (ICE son las siglas en inglés de la Policía de Inmigración y Aduanas, la encargada de detectar, detener y procesar a inmigrantes indocumentados).
La exigencia de Trump solo sirve para echar leña al fuego en la guerra política por la mano dura en política migratoria y seguridad ciudadana, en la que el despliegue del ejército –200 efectivos de la Guardia Nacional para proteger edificios y agentes federales– forma parte de esa contienda política. Ni Johnson ni Pritzker, ambos demócratas, han sido investigados ni acusados de ningún delito, más allá de una posición feroz a las políticas de Trump y a su decisión de desplegar el Ejército.
Ambos han calificado el despliegue de «ocupación militar», contraria a la ley. La legislación estadounidense impone que el ejército no puede usarse para el mantenimiento del orden y el cumplimiento de la ley dentro del territorio de EE.UU.
La decisión de Trump de desplegarlo se ha producido después de incidentes, algunos de ellos violentos, en Broadview, un suburbio de Chicago donde se aloja un contingente de agentes de ICE llegados hasta allí para intensificar la detección y detención de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, la mayoría de esas protestas han sido pacíficas y con un número reducido de personas.
La amenaza de Trump ocurre en el mismo día en el que otro rival político del presidente, James Comey, exdirector del FBI, comparecía ante el juez en el comienzo de su procesamiento, en el que se juega ir a la cárcel. Comey se declaró no culpable y pidió ir a juicio con jurado, en el primer gran caso de ‘vendetta’ de Trump contra sus enemigos,.
Y ocurre también después de que el alcalde Johnson firmara el lunes una orden ejecutiva para la creación de una ‘Zona libre de ICE’, por la que prohíbe a los agentes federales utilizar propiedades o activos municipales para sus operaciones. Chicago, como muchas otras controladas por los demócratas, es una ‘ciudad santuario’, donde las fuerzas de seguridad locales no cooperan con las federales en el cumplimiento de la ley migratoria.
Chicago, zona peligrosa
En esta batalla política, Trump se ha apoyado también en los niveles altos de criminalidad que sufre Chicago como una razón para intervenir, como ya hizo en la capital del país, Washington, donde el presidente tiene competencias mucho más amplias, con el despliegue de más de 2.000 miembros de la Guardia Nacional.
Chicago, como la mayoría de las grandes ciudades de EE.UU., sufre un problema pertinaz de inseguridad, en especial, en sus barrios marginales. Pero en el último año, el índice de homicidios ha caído un 28% y casi un 50% desde su pico en medio de la pandemia de Covid-19.
«Si el gobernador no puede hacer su trabajo, nosotros haremos el trabajo, es así de simple», defendió Trump en la víspera desde la Casa Blanca. «No pueden con ello, no saben lo que están haciendo. El alcalde es completamente incompetente», añadió.
El despliegue en Chicago se produce después del mencionado de Washington, y pocos meses después de uno similar en Los Ángeles, donde también hubo protestas por la intensificación de las redadas migratorias. Trump también ha ordenado despliegues en Portland –por ahora bloqueado por una jueza federal– y Memphis. Este jueves se celebrarán vistas judiciales tanto en Chicago como en Portland para analizar si se paraliza de forma cautelar el despliegue militar.
Si eso ocurriera, Trump ya ha planteado que podría dar un paso más agresivo: invocar la Ley de Insurrección, un paso todavía más cuestionable y que no se utiliza en EE.UU. desde los disturbios raciales masivos de Los Ángeles de 1992.