El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que tiene un plan para conseguir que las redes sociales sean un lugar menos nocivo; en el que la desinformación no campará a sus anchas y los más jóvenes estarán protegidos. Para conseguirlo, anunció ayer, dentro … de la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubai, que tiene intención de prohibir el acceso de menores de 16 años a redes sociales. También busca aumentar el control sobre las plataformas con una nueva batería de medidas entre las que figura un sistema denominado ‘huella de odio y polarización’. Este consistirá en la «creación de un ranking de peores a mejores plataformas en relación con la presencia de odio y polarización en las mismas» que será creada por el propio Gobierno.
Expertos en derecho digital consultados por ABC se muestran muy preocupados por este proyecto concreto, temen que se esté intentando «usar la seguridad de los menores como excusa para hacer seguimiento de todo aquello que al Gobierno le parece mal». «Con la medida de la ‘huella de odio’, lo que parece que hará el Ejecutivo es marcar como ‘odio’ o ‘desinformación’ todo aquello que vaya en su contra. Y eso no lo puede decidir un Gobierno. Un Gobierno no puede decir qué es discurso de odio ni qué es desinformación», señala Borja Adsuara, abogado y exdirector general de Red.es.

El experto teme, además, que el Gobierno intente presionar a las plataformas para que tomen medidas contra el contenido que no es de su gusto, por mucho que sea legal: «Podemos empezar a encontrarnos con situaciones en las que se intente forzar a las redes a eliminar contenido con la excusa de que se incita al odio». Además, destaca que deja en claro que «lo que a Pedro Sánchez le gustaría es obligar a las redes sociales a eliminar todas las informaciones que puedan ir contra él o contra su entorno».
En la misma línea se mueve el jurista e ingeniero informático Sergio Carrasco Mayans, que destaca que, con este sistema, «la libertad de expresión puede estar en riesgo»: «El tema de limitar el acceso de los menores a redes sociales puede tener sentido. Sin embargo, el hecho de controlar y señalar a las plataformas desde los poderes públicos es casi como crear un ministerio de la verdad». El experto remarca que el plan es «muy preocupante»: «Seguramente habrá contenidos en los que la desinformación o la incitación al odio será muy clara; pero que desde el propio Gobierno se entre a señalar la red social más polarizada me parece algo muy complicado. ¿Qué entendemos por ‘polarización social’? ¿Qué se hable mal del Gobierno? No tiene mucho sentido».

«¿Quieren meter a Zuckerberg en la cárcel?»

Los expertos también ponen en duda la efectividad del plan del Gobierno para restringir el acceso de los menores de 16 años a redes sociales. El proyecto va un paso más allá del anunciado en Consejo de Ministros en 2024 y que se encuentra en fase de tramitación desde el septiembre pasado, ya que este solo considera elevar la edad mínima para tener una cuenta de los 14 a los 16 años. Para ello, es imprescindible llegar a acuerdos con otros partidos. Asimismo, será necesario que las redes sociales pongan de su parte y establezcan mecanismos de verificación de edad efectivos que mantenga a los más jóvenes lejos de sus espacios. Algo que resulta complicado, porque hay aplicaciones VPN con las que es posible engañar a una web para que se piense que se está intentando acceder desde un país diferente. En la práctica, para evitar que los niños españoles puedan entrar en TikTok todos los países tendrían que tener la misma prohibición.
«Siempre ha habido formas por las que los menores pueden saltarse estas prohibiciones», apunta Carrasco. «No creo que el camino de la prohibición sea el adecuado, porque quebrantar siempre resulta atractivo, y ya sabemos que hay formas de saltarse estas barreras, como las ‘apps’ con VPN. Me parece, de primeras, ponerle puertas al campo», señala, por su parte, el ‘hacker’ Antonio Fernandes.
Cabe recordar que tanto en Australia, donde el límite de acceso a redes sociales quedó limitado a 16 años el pasado diciembre, como en Reino Unido, donde se bloqueó el acceso de menores a sitios de apuestas y pornografía, los jóvenes han seguido encontrando medios para esquivar la prohibición, tal y como ha informado este periódico.
Sánchez también anunció que tiene intención de hacer a los directivos de las redes «responsables penalmente» de las infracciones cometidas en sus servicios, en particular cuando incumplan una orden de retirada de contenidos ilícitos. «¿Quieren meter a Mark Zuckerberg en la cárcel? Que lo intenten», señala Adsuara. Cabe recordar que, actualmente, la Ley de Servicios Digitales de la UE establece que son las plataformas las que tienen la obligación de retirar cualquier contenido ilegal que se vierta en su interior siempre y cuando sean conscientes de su existencia. «El Gobierno español frente a las grandes plataformas no puede hacer nada. La competencia la tiene la Comisión Europea», remata el jurista.
El presidente también compartió que el Gobierno tiene intención de penalizar la manipulación de los algoritmos que facilite la amplificación deliberada de contenidos ilegales. Esto será difícil de demostrar siempre y cuando las plataformas no compartan dicha información, algo a lo que, sobre el papel, solo les puede obligar un juez, según remarcan los juristas. Finalmente, el Gobierno señaló que, a partir de ahora, «actuará con tolerancia cero frente a las posibles infracciones cometidas por plataformas como Grok o TikTok relativas a la generación con IA de contenido sexualizado vinculado a menores o a la difusión de los mismos». Cabe recordar que el pasado enero la ministra de Juventud, Sira Rego, solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigase si X (antes Twitter), a través de su herramienta de inteligencia artificial Grok, había incurrido en delitos de difusión de material de violencia sexual contra la infancia.

Un nuevo capítulo en la guerra de Sánchez

Para Borja Adsuara, lo único que busca Pedro Sánchez con estos anuncios es «figurar como uno de los líderes contra los señores digitales a nivel internacional». No es la primera vez que el presidente ataca directamente a las redes sociales. Durante su participación en el Foro Económico de Davos de 2025 destacó que «estas plataformas han dado lugar a una concentración de poder y riqueza en manos de unos pocos. Todo ello a costa de nuestra cohesión social, nuestra salud mental y nuestras democracias». Recientemente, el PSOE solicitó la presencia de Zuckerberg en el Congreso para que declarase sobre un supuesto caso de espionaje a los usuarios de las aplicaciones de Meta en Android. El CEO no acudió y Meta envió en su lugar a José Luis Zimmermann, director de Políticas Públicas de la multinacional para España y Portugal.
 

Pedro Sánchez quiere evitar que los menores de 16 años sigan accediendo a redes sociales. El presidente del Gobierno ha anunciado que España seguirá la estela de países como Francia o Australia en donde ya se han dado pasos para restringir el acceso … de menores a espacios como TikTok o Instagram. Para conseguirlo, el Ejecutivo tiene intención de obligar a las plataformas a establecer sistemas efectivos de verificación de edad «que vayan más allá de simples declaraciones formales» en las que el internauta, únicamente, tiene que pulsar un icono en el que afirma tener la edad suficiente para acceder.
Sea como sea, el plan, sobre el papel, tiene muchos agujeros, tal y como han explicado a ABC varios juristas y expertos en ciberseguridad. Así es como esperan que afecte a los usuarios el movimiento del Gobierno.

¿Por qué quieren establecer el límite en los 16 años?

El Reglamento General de Protección de Datos, que es el que impera en la Unión Europea, permite establecer entre los 13 y los 16 años la edad límite para que los internautas puedan tener cuenta en redes sociales. Desde el Ejecutivo señalan que subir la edad es necesario para salvaguardar la salud, el bienestar y la seguridad de los niños y adolescentes del país. En concreto, se quiere proteger a los más pequeños del contenido nocivo que se publica en su interior y del uso compulsivo de estos espacios.

¿Cuál es la edad mínima actualmente?

Actualmente, España tiene fijada la edad mínima para el acceso a redes sociales en los 14 años. El Gobierno ya anunció en 2024, en Consejo de Ministros, que tenía intención de subir la edad a los 16. Actualmente, el anteproyecto de ley para conseguirlo se encuentra desde septiembre en tramitación en el Congreso de los Diputados, donde deberá ser aprobado para su entrada en vigor.

El ‘hacker’ Román Ramírez todavía se acuerda bien de la primera vez que la página web de su empresa, RootedCon, sufrió una caída a causa de los bloqueos de IP ordenados por LaLiga para combatir la piratería. «Fue a finales de enero del año … pasado o principios de febrero. Un fin de semana, nos dimos cuenta de que estábamos teniendo problemas con la web. Lo más insidioso de todo fue que no nos dimos cuenta de la razón; en un primer momento, pensamos que era culpa nuestra», recuerda en conversación con ABC. Sin embargo, no tardó mucho en confirmar que su problema no era un caso aislado: durante los días de partido, las webs de cientos de compañías acababan, en muchos casos, completamente inaccesibles. Algo que, con el paso de los meses, ha afectado, entre otras, a las páginas de varios medios de comunicación, Madrid Salud, la RAE o a plataformas de videojuegos como Steam y redes sociales como X.
«Un año después, creo que muchos han asumido que los días de fútbol van a tener problemas en internet. Lo malo es que se ha ido asimilando, cosa que me parece peligrosísima, porque no se trata de una situación normal», señala el experto en ciberseguridad, que se ha convertido en uno de los principales opositores al sistema que LaLiga emplea para evitar que alguien pueda ver fútbol sin pasar por caja. El «problema», según señala Ramírez, surgió en diciembre de 2024, cuando el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona habilitó a LaLiga a solicitar directamente a los operadores de telecomunicaciones el bloqueo de direcciones IP vinculadas a emisiones pirata. Lo que ocurre es que una sola IP puede ser compartida por miles de páginas web; entonces, cuando se ordena la retirada de una emisión ilegal, es fácil que sitios legítimos sufran también los efectos.

«Yo he visto dos casos muy graves. Uno, el de Madrid Salud, que se llegó a quedar sin poder mostrar el historial clínico de los pacientes y sin dar opción de reservar cita con el médico. El segundo, el de una aplicación de teleasistencia de la que prefiero no decir el nombre, y que llegó a quedarse sin capacidad para reportar los avisos», dice Ramírez. «Entiendo que la postura de LaLiga sea la de negar la mayor, pero ellos saben que cuando se llevan una dirección IP por delante están tumbando muchos servicios. Es como si la Policía se pone a disparar indiscriminadamente en la Puerta del Sol para detener a un solo criminal. Se sabe que eso no se puede hacer, porque puedes matar a gente inocente que pasa por ahí, y eso va en contra de los derechos fundamentales», remata el experto.

Román Ramírez, CEO de RootedCon

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Para intentar parar los bloqueos, RootedCon, junto con otros afectados, presentó el pasado mayo un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El objetivo: paralizar el auto que da poder a LaLiga para solicitar el bloqueo de direcciones IP. «Esperamos que el Constitucional se pronuncie dentro de poco», apunta Ramírez. El ‘hacker’ añade que, aunque la justicia no le dé la razón, no tiene intención de rendirse: «La lógica dice que el siguiente paso es ir a altos tribunales de la Unión Europea, algo que nos costaría mucho dinero, y que habrá que estudiar. Sí que haremos una cosa importante, que es liberar herramientas completamente legales para que los usuarios puedan evadir cualquier tipo de bloqueo y filtrado».

El Gobierno lo deja en manos de los jueces

Si Ramírez no tiene intención de rendirse, tampoco piensa hacerlo Ofelia Tejerina, jurista especializada en asuntos digitales y presidenta de la Asociación de Internautas. La semana pasada, esta organización, con el apoyo de la Fundación España Digital (FED) y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) presentó un nuevo requerimiento ante el Defensor del Pueblo para que inste al Gobierno a actuar de oficio para acabar con los bloqueos.
«Ya lo hicimos la pasada primavera, pero el Defensor del Pueblo nos indicó que antes debíamos dirigirnos a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)», explica Tejerina en conversación con este periódico. Y eso fue lo que hicieron las asociaciones, aunque sin demasiado éxito; porque, según señalan, dejaron de recibir respuesta del Gobierno después de compartirles toda la información sobre las operadoras implicadas y los afectados.

Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas

ABC

«Cuando alguien no responde eso ya es un mensaje. Lo que ‘recibimos’ fue la publicación de una fotografía del secretario de Estado (Antonio Hernando) dándose la mano con el responsable de los ataques que sufrimos muchas webs legales (Javier Tebas, presidente de LaLiga)», dice la abogada. Esa imagen, compartida este mes de enero, responde a un acuerdo entre el Gobierno y LaLiga para «impulsar la cultura de la ciberseguridad». Tejerina destaca que «viendo que la secretaría de estado no tiene problemas para conversar, negociar y llegar a acuerdos» con LaLiga, en su opinión, el Gobierno, simplemente ha estado «ignorando deliberadamente las peticiones de intervención».
«Si la empresa privada domina al Gobierno, entonces, ¿cómo le llamamos a esto? Porque la fotografía lo que transmite al resto de los mortales, es que hay una empresa privada controlando secciones del Gobierno para sus propios intereses privados. Desde luego el secretario de Estado no está protegiendo a los ciudadanos que están sufriendo los daños», lamenta Tejerina. La abogada remarca que «el Gobierno, directamente, nos ha ignorado».
Fuentes de Seteleco señalan a ABC que el Ministerio de Transformación Digital, del que depende, «está escuchando a instituciones, pequeñas empresas y usuarios individuales para conocer el impacto que esta situación les está produciendo». Asimismo, se señala que los bloqueos «se realizan en cumplimiento de una orden judicial» y que el ministerio «no tiene participación en el proceso ni conocimiento de las IP que se vean afectadas».
A Tejerina le parece «más grave» todavía que el juez que dictó la sentencia con la que se dio poderes a LaLiga para bloquear direcciones IP no haya rectificado. Lo acusa de haber ignorado «dos criterios esenciales» a nivel legal: «Uno es la notoriedad del daño, porque el juez señala que no le consta que se hayan producido daños, cuando es algo notorio. Además, no recoge el abuso de derecho. Un juez cuando detecta que hay o podría estar dándose un abuso de derecho, incluso un fraude procesal, tiene la obligación de intervenir».
Desde LaLiga se niega que los bloqueos estén siendo masivos, tal y como denuncian los afectados. Además, gracias a su sistema, de acuerdo con sus propios datos datos, se registró una disminución de la piratería de un 60% durante la temporada 2024/25. La competición de fútbol nacional culpa de la situación a Cloudflare, una red de distribución de contenidos estadounidense que desempeña un papel clave en el funcionamiento de internet, y que comparte la misma IP con varias páginas que usan sus servicio. Esto hace que cuando LaLiga bloquea una concreta, muchas otras puedan sufrir los efectos.
«La protección que ofrece Cloudflare es gratis y es una pasada, porque me protege del 95% de ataques que puede sufrir mi web», dice Ramírez, que destaca, además, que la tecnológica estadounidense no puede «detectar a un criminal antes de que empiece a delinquir»: «Lo que quiere LaLiga es que Cloudflare le de acceso a las herramientas propias de la empresa para poder cortar directamente (una emisión pirata) con un margen de 15 minutos. Si ya hemos visto que les da igual todo y se llevan por delante medio internet cortando, imagínate si Cloudflare les da un acceso privilegiado a sus redes para poder cortar lo que quieran».
El caso de los bloqueos ha llegado ya al Congreso de los Diputados. El pasado mes de octubre, la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital votó en contra de una proposición no de ley que buscaba que el Gobierno interviniera. En una respuesta a una consulta realizada por ERC, el Ejecutivo señaló que «anima a cualquier persona o entidad afectada a ejercer sus derechos por las vías legales y seguirá con atención la evolución de la situación para valorar posibles medidas en el marco de sus competencias». Asimismo, se señaló que el Ministerio de Cultura «no ha recibido hasta la fecha comunicaciones o quejas formales que acrediten casos concretos de sobrebloqueo».

Cada vez que se paga con tarjeta, se envía un mensaje por el móvil o se accede a una red wifi, entra en acción un sistema invisible que protege la información personal y financiera de millones de personas en todo el mundo. Ese pilar … silencioso de la vida digital es el motivo por el que los ingenieros belgas Joan Daemen y Vincent Rijmen han sido distinguidos con el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Tecnologías de la Información y la Comunicación, en su XVIII edición.
El jurado ha reconocido a ambos investigadores por el diseño del algoritmo criptográfico Rijndael, base del actual estándar internacional cifrado de datos(AES, por sus siglas en inglés), utilizando desde hace más de 25 años para garantizar la seguridad y privacidad de internet, los teléfonos móviles, los ordenadores, las tarjetas bancarias o el almacenamiento de datos en la nube. Se trata de una tecnología que, en palabras del acta,«sustenta la era digital actual» y se ha convertido en una parte esencial de la vida cotidiana.

Daemen y Rijmen desarrollaron este algoritmo a finales de los años noventa, cuando el sistema de cifrado entonces vigente comenzaba a mostrar graves debilidades. Ante esa situación, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos(NIST) convocó un concurso internacional para encontrar un nuevo método que fuera más rápido y seguro. El algoritmo Rijndael, fruto de años de investigación matemática en criptografía, superó las pruebas de resistencia de la comunidad científica y fue elegido en 2001 como estándar en Estados Unidos, extendiéndose en 2005 al resto del mundo.

Ela algoritmo Rijndael se encarga de e transformar la información legible en una secuencia indescifrable, mediante operaciones matemáticas que solo pueden revertirse con una clave secreta conocida por el emisor y el receptor. De este modo, aunque los datos sean interceptados, resultan inútiles para terceros que accedan a esta información. La fortaleza del sistema reside tanto en su solidez matemática como en su eficiencia: es lo suficientemente rápido para operar de forma constante en millones de dispositivos sin afectar a su rendimiento.

Elon Musk sueña con un futuro en el que nuestros cerebros puedan conectarse directamente a internet. Al menos, eso fue lo que, cuando anunció Neuralink, en el año 2017, atrajo la atención de medio mundo, entre reacciones de horror, estupefacción y emoción en … menor medida. Ante tamaña misión de conectar cerebro y máquina, la realidad está siendo más limitada y paulatina: este miércoles, la compañía ha publicado un vídeo en el que personas «que han perdido el uso de su cuerpo» aparecen jugando videojuegos por aparente telepatía.
‘Telepathy’ (‘Telepatía’, en español) es, de hecho, el nombre del implante de Neuralink que de momento llevan conectado a su cerebro 21 participantes, a los que llaman ‘Neuronautas’. Que puedan jugar a videojuegos sin usar más que su mente es un logro que ha costado dos años de desarrollo, y más allá de lo futil que puede parecer, acerca las posibilidades de poder controlar, por ejemplo, un smartphone solo con el pensamiento. No es la evolución del ser humano que nos prometieron, pero es un logro sólido hacia un avance médico real. Aunque no es la primera vez que se consigue algo así.

‘Telepathy’ se basa en una interfaz cerebro-computadora (BCI, por sus siglas en inglés), que en el caso de Nauralink, «registra la actividad neuronal directamente desde las regiones del cerebro responsables de los músculos de las manos y los brazos, y traduce esas señales en comandos digitales, evitando las vías neuronales dañadas».
De esta manera, los escasos usuarios de esta tecnología en desarrollo pueden mover un brazo biónico con sensaciones muy parecidas a cómo recuerdan que es mover su propio brazo. También pueden manejar el cursor de un ordenador con bastante fluidez, y según el testimonio del primer participante, a veces «el cursor llegaba al lugar correcto antes de que se dieran cuenta conscientemente de dónde querían que fuera».

Hace ya más de una década que Motorola puso ‘patas arriba’ el mercado global de la telefonía móvil. Fue el 13 de noviembre de 2013, el día en que se lanzó el primer Moto G. En aquel momento, la compañía aún no era aún … consciente de que esa familia de móviles recién estrenada iba a establecer un antes y un después, y a demostrar que no es necesario gastar un sueldo entero para tener un teléfono funcional, fluido, potente y fiable. Aquel dispositivo se convirtió en el ‘rey de la gama media’ y marcó el camino a seguir para el resto de la industria. Hoy, en 2026 y con una competencia más feroz que nunca, Motorola vuelve a la carga con una renovación completa, otra, de su familia más icónica: llegan los nuevos Moto g67, g77, g17 y g17 Power.
En ABC hemos seguido de cerca la presentación oficial de estos terminales. Y aunque aún no hemos podido ponerlos a prueba en nuestro laboratorio, cosa que haremos en cuanto las primeras unidades estén disponibles, las especificaciones sobre el papel y la estrategia planteada por la marca sugieren un salto cualitativo importante. Y es que Motorola parece haber escuchado las sugerencias de los usuarios: mejores pantallas, cámaras más resolutivas y, sobre todo, más resistencia para afrontar los retos crecientes de la vida diaria.

Pantalla Extreme AMOLED

Si hay algo que define a esta nueva generación, especialmente en los modelos superiores (g77 y g67), es la pantalla. Hasta ahora, la gama media solía conformarse con paneles OLED funcionales, es cierto, pero poco brillantes. Pero ahora Motorola ha decidido romper esa barrera.
Tanto el Moto g77 como el Moto g67, en efecto, montan una pantalla de 6,78 pulgadas que la marca denomina ‘Extreme AMOLED’, con resolución 1.5K. ¿Qué significa esto para el usuario? Básicamente, una nitidez un 17% superior a los estándares Full HD habituales. Pero el dato que realmente llama la atención en la hoja técnica es el brillo pico: 5.000 nits. Si esta cifra se mantiene en el uso real, estaríamos ante terminales perfectamente legibles bajo la luz directa del sol más ardiente de agosto, algo que hasta hace poco era terreno exclusivo de móviles con precios superiores a los 1.000 euros.

Las plataformas Meta, TikTok y YouTube se enfrentarán a un escrutinio judicial esta semana por las acusaciones de que sus plataformas están alimentando una crisis de salud mental juvenil, mientras el debate nacional sobre el tiempo que los niños pasan frente a las pantallas … entra en una nueva fase. El juicio en el Tribunal Superior de California, en el Condado de Los Ángeles, es un caso de prueba para miles de otras demandas que buscan indemnización por daños causados por las redes sociales, en una embestida legal que podría erosionar la sólida defensa legal de las grandes tecnológicas.
La demandante es una mujer de 19 años de California, identificada como K.G.M., quien afirma haberse vuelto adicta a las plataformas de las empresas a una edad temprana debido a su diseño llamativo, según documentos judiciales. Alega que las aplicaciones alimentaron su depresión y pensamientos suicidas, y busca responsabilizar a las empresas. La selección del jurado del caso comienza el martes.

Su demanda es la primera de varios casos que se espera que lleguen a juicio este año y que se centran en lo que los demandantes denominan «adicción a las redes sociales» entre los niños. Será la primera vez que los gigantes tecnológicos deban defenderse en un juicio por presuntos daños causados por sus productos, según declaró el abogado del demandante, Matthew Bergman. Un factor en el caso es una ley federal que exime en gran medida a plataformas como Instagram y TikTok de responsabilidad legal por el material que publican sus usuarios. Las empresas tecnológicas han argumentado que la ley las protege en el caso de K.G.M.

Un veredicto contra las empresas de redes sociales debilitaría esa defensa, que las ha protegido de demandas durante décadas. Demostraría que los jurados están dispuestos a responsabilizar a las propias plataformas. Es probable que el asunto llegue a la Corte Suprema, ya sea a través del caso de K.G.M. o de otro, afirmó Bergman. «Estamos escribiendo sobre una tabla rasa legal», declaró a Reuters.

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Goma es una de las ciudades más castigadas por el último capítulo de la enquistada guerra del Congo, donde han muerto más de seis millones de personas en los últimos treinta años. En enero del año pasado, la ciudad fue invadida por el grupo rebelde … Movimiento 23 de Marzo (M23) –promovido por el Gobierno de Ruanda para hacerse con las minas de oro, cobalto y coltán–. Las autoridades congoleñas calculan que murieron 7.000 personas, entre ellas muchas mujeres y niños indefensos.
Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, es, tras la entrada del M23, una ciudad sin ley, fantasma y caótica. Contaba con alrededor de 160.000 habitantes antes del conflicto. Está situada en la zona este de la República Democrática del Congo (RDC), al oeste del Gran Valle del Rift, en la frontera con Ruanda. Actualmente los bancos no han reabierto sus puertas y solo funcionan algunos comercios.

Las zonas rurales han quedado aisladas y desabastecidas. Cerca de la ciudad se encuentra el parque nacional de Virunga. Se cuentan ya por miles las personas desplazadas hacia campos de refugiados como en Burundi, donde han huido más de 100.000 personas en un mes.
Esta ciudad fue uno de los lugares donde huyeron los hutus de Ruanda durante el genocidio de 1994. La masiva afluencia provocó una importante crisis humanitaria por la falta de agua y comida. Los refugiados también sufrieron cólera y otras enfermedades.
Los continuos enfrentamientos entre el M23, el Ejército congoleño (FARDC) y más de 200 grupos guerrilleros que operan en la zona han dejado un sangriento reguero de muertos y heridos, muchos de ellos con graves mutilaciones provocadas por las bombas, minas antipersona y drones suicidas. Además, cientos de niñas y mujeres han sufrido salvajes violaciones por soldados y guerrilleros de ambos bandos. El reciente acuerdo de paz firmado por Ruanda y la RDC en Estados Unidos parece haber quedado en papel mojado.
En este escenario desgarrador sobrevive Wivine Kavira Mukata (Beni, 1997), quien sufrió la amputación de la pierna izquierda el domingo 2 de marzo de 2014. Aquel día que nunca olvidará, le cortaron la pierna tras un bombardeo de un grupo rebelde ugandés en su casa en Kivu del Norte mientras estaba en la cocina preparando sopa de pescado para su familia. Tenía 17 años. El atentado fue perpetrado por los rebeldes del ADF/NALU (Fuerzas Democráticas Aliadas / Armada Nacional para la Liberación de Uganda).

Wivine Kavira Mukata trabaja sus prótesis en su taller en Goma (RDC)
REUTERS y ABC

Mukata, de 28 años, habla con ABC para contar su prometedor futuro profesional, que cambió tras formarse en ortopedia y prótesis con el fin de ayudar a otras víctimas de la guerra en el este de la RDC. Algunas de ellas han seguido su camino.
Mukata tiene cinco hermanas pequeñas, tres se graduaron el año pasado, pero no pudieron continuar con sus estudios por falta de medios, y las dos más jóvenes, que son gemelas, todavía están en la escuela primaria.

Amputación

«Mis padres se quedaron paralizados cuando se enteraron de que me iban a amputar la pierna. Mi madre estaba triste porque yo era la hermana mayor. Ese día resultamos heridos mi padre, mi madre y yo», recuerda. «Mi madre resultó herida en el tobillo, mi padre en el tronco y yo sufrí heridas tan graves que perdí la pierna izquierda. La pierna derecha también resultó afectada, pero no me la amputaron. También me encontraron fragmentos de metralla en el abdomen, por lo que tengo una gran cicatriz en esa zona».
Después de sufrir el ataque junto a su familia, Mukata recibió su primera prótesis en el centro ortopédico Shikira la Umoja, en Goma.
«No me resultó fácil aceptar la pérdida de mi pierna, recibí ayuda psicológica en el mismo centro sanitario donde me atendieron en el hospital CBCA Ndosho de Goma, donde me atendió el Centro Internacional de la Cruz Roja (CICR). También me refugié en la fe; porque después de aceptar mi discapacidad, comprendí que nada sucede por casualidad», comenta.
Mukata tenía la intención de casarse algún día y cursar una carrera. «He cumplido parte de mis sueños, como el de estudiar en la universidad, aunque no fue la misma carrera que había elegido antes de la amputación. Empecé a formarme en ortopedia y prótesis, después de mi amputación. Antes quería estudiar informática y especializarme en redes y telecomunicaciones, pero lo abandoné justo después de perder la pierna».

Su vocación

«La idea de convertirme en especialista ortoprotésica se me ocurrió cuando fui a Bukavu para recibir mi primera prótesis. Allí vi a un paciente con doble amputación que estaba triste antes de probarse sus dos prótesis, pero, cuando se las probó, se alegró de poder ponerse de pie y fue su alegría y su sonrisa lo que me dio la idea de formarme en ortopedia y prótesis», afirma.
Pero Mukata no lo tuvo fácil, ya que en la RDC no hay escuelas de formación en ortopedia y prótesis. Si alguien quiere estudiar esta especialidad en África, tiene que irse a Togo o Tanzania, «pero, por desgracia, es muy caro, así que ni siquiera tuve la oportunidad de ir porque mi familia no es lo suficientemente rica como para pagarme dicha formación».
Después del bachillerato, continuó con sus estudios superiores y, tras graduarse a finales de 2020, fue a Goma para renovar su prótesis y aprovechó para preguntar cómo podía formarse allí.

Heridos por la guerra
«Son, sobre todo, soldados que han perdido miembros o partes del cuerpo por minas antipersona»

«Por desgracia, me dijeron que no era posible. Volví a casa triste porque no había conseguido mi objetivo. Al llegar a casa, me enteré que la Cruz Roja había puesto en marcha un curso de formación en ortopedia y prótesis para estudiar en Lomé (Togo) durante tres años. Así que presenté mi solicitud desde Beni, mientras que otras personas hicieron la prueba aquí en Goma y yo la hice en línea. Por suerte para mí, gané el concurso y me fui a Lomé para estudiar durante tres años».
El día que el M23 invadió Goma, Mukata estaba de vacaciones en Beni porque acababa de terminar sus estudios en Lomé y se había ido de vacaciones para celebrar la Navidad y el año nuevo 2025 con su familia, ya que hacía mucho tiempo que no la veía.

Regreso a la zona de guerra

Estaba preparando su regreso a Goma para el 27 de enero del año pasado, «pero, por desgracia, ese fue el día en que el M23 tomó la ciudad y mi vuelo fue cancelado. Temía por la población que se encontraba allí. A pesar de su presencia en la ciudad de Goma y, dada la demanda (el número de víctimas había aumentado) en el centro Shirika la Umoja, me vi obligada a ir a Goma a pesar del miedo, pasando por Uganda y Ruanda, para comenzar el trabajo el 3 de marzo de 2025».
La toma de Goma por el M23 ha multiplicado el número de jóvenes heridos y amputados, «sobre todo soldados que han perdido miembros o partes del cuerpo por minas antipersona». «La mayoría han quedado realmente traumatizados y les cuesta aceptar su situación actual de discapacidad», señala Mukata.
«Lo primero que aconsejo a los nuevos amputados es que acepten la situación, aunque no sea fácil, porque lo importante es la mentalidad y, sobre todo, rodearse de personas positivas, personas que nos acepten a pesar de la discapacidad, e ignorar a quienes nos menosprecian o nos recuerdan que no somos capaces», argumenta.
Según los datos del centro Shirika la Umoja, unas 700 personas recibieron alguna prótesis durante 2024. Hasta septiembre de 2025, más de 500 personas recibieron algún tipo de rehabilitación física y cerca de 300 recibieron algún tipo de prótesis y órtesis.

Ayuda a sus pacientes

Desde que se reavivó el conflicto, han sido muchas las personas –sobre todo jóvenes– que han pasado por la consulta de Mukata. Arline P. es una joven de 18 años que también resultó herida por una bomba y perdió una pierna. «Salía de la iglesia con sus amigos y, por desgracia, fueron víctimas de una mina antipersona. Todos sus amigos murieron y ella fue la única superviviente, quedando gravemente herida. Permaneció más de un mes en coma en cuidados intensivos», recuerda.
Melissa H., de 30 años, es otra de sus pacientes. Esta mujer sobrevivió a un bombardeo que le dejó las piernas paralizadas y múltiples cicatrices. Mukata le confeccionó unas prótesis con las que ya puede ir y volver sola al centro médico.

«Lo primero que aconsejo a los nuevos amputados es que acepten la situación, porque lo importante es la mentalidad»

El padre de Mbusa Mbula, otro joven de 32 años amputado víctima de la guerra, fue asesinado por los rebeldes del ADF/ NALU en un campo de Mbau, cerca de Beni. «Cuando vio que estaba muerto y que la hambruna se había instalado en su casa, su madre quiso ir al campo para salvar la situación. Tenía miedo de perder también a su madre, por lo que tomó la decisión de ir al campo», explica Mukata.
«Desgraciadamente para él, los rebeldes estaban allí. Al llegar, quería cortar plátanos para llevarlos a casa, pero los rebeldes le dispararon en ambas piernas. Tuvo la oportunidad de escapar arrastrándose por el suelo y sangrando. Afortunadamente para él, alguien lo vio y lo salvó para llevarlo al hospital. Dada la gravedad de las heridas, se decidió amputarle una pierna y ponerle la otra en tracción», recuerda.
Mukata concluye: «Yo ya solo necesito paz en mi país, porque la guerra solo trae cosas malas. Además de perder una pierna, he perdido a mis seres queridos en esta guerra y por eso la detesto. Ya basta, es atroz todo lo que está pasando aquí, en nuestro país, ¡queremos la paz! Estamos cansados, es todo lo que puedo decirle al mundo».

Son muchos miles y llevan casi una década malviviendo en campos de concentración desde que en 2017 fracasó el primer intento histórico de poner en obra un ‘califato islamista mundial’, el llamado Estado Islámico (Daesh por el acrónimo en árabe) con capital en Raqa y … territorio conquistado a fuego en Siria e Irak. Los islamistas fanáticos que respondieron a la llamada de la yihad, la guerra santa contra Occidente, antes de ser derrotados a campo abierto por Estados Unidos y sus aliados, proceden de al menos 70 países, muchos de ellos europeos. Ahora nadie sabe qué hacer con ellos. Y las posibilidades de que escapen de las cárceles, tras la llegada a Siria de un régimen islamista que se proclama moderado, son muy altas.
Estados Unidos, que controlaba hasta ahora las prisiones y los campamentos anejos para sus esposas e hijos, quiere enviarlos a otros lugares de detención más seguros en Irak, ante la resistencia de los países de origen a reclamarlos para juzgarlos en casa por múltiples crímenes de guerra.
Irak acaba de decir que ha aceptado una pequeña cantidad de terroristas presos enviada por los norteamericanos. Según la agencia Reuters, alrededor de 500 yihadistas. Pero advierte que no tiene capacidad para más. Y amenaza con aplicarles la justicia por la vía rápida y decapitarles.

La comunicación por varias vías diplomáticas –a las que ha tenido acceso Reuters– ha llevado a Estados Unidos a detener ipso facto el envío de más presos desde el norte de Siria, y a volver a ejercer presión sobre decenas de países para que repatríen y se hagan cargo de sus connacionales.
Según informa la AFP, las autoridades judiciales de Irak –donde gobierna desde la caída de Sadam Husein una inestable alianza de líderes chiíes y suníes– han confirmado que se ha abierto el proceso de investigación a 1.387 presuntos militantes de Estado Islámico. Como ya ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, muchos serán condenados a muerte y decapitados. Los jueces iraquíes se quejan de que sus cárceles no tienen espacio, de que el sistema está colapsado y de que se dicta sentencia por la vía rápida porque en Irak eso no es ilegal.
La amenaza ha surtido efecto, y el Pentágono y el Departamento de Estado han detenido el envío de presos desde Siria a Irak. Pero los Gobiernos extranjeros implicados miran a otro lado y no quieren asumir su responsabilidad.
En el complejo de Al Hol, controlado hasta hace poco por los kurdo-sirios de las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), hay yihadistas sirios, iraquíes, de Tayikistán, Azerbaiyán, Francia y Rusia. Hace poco más de tres años, España repatrió a dos viudas españolas de milicianos de Daesh, junto a sus hijos, para ser juzgadas en su país. Pero ha sido casi la excepción. Los trámites para reclamar presos de Daesh con pasaporte extranjero son complejos; y mucho más garantizar un juicio justo en los países de origen, cuando se trata de encontrar pruebas condenatorias de hechos ocurridos hace más de diez años.
¿Qué ha ocurrido para que esta trágica situación haya salido a flote? El factor determinante ha sido la ofensiva contra los kurdos de las FDS por parte del Gobierno instalado en Damasco desde diciembre, y que preside Ahmed al Sharaa, un ex líder yihadista suní aunque no tan radical como los de Estado Islámico. Desde su llegada al poder, Al Sharaa ha sabido maniobrar con prudencia y astucia para convencer a muchos –entre otros el presidente Trump– que no aspira a ningún califato, ni mundial ni regional, sino solo a reconstruir Siria después de 13 años de guerra civil. Eso pasa por garantizar la unidad territorial, y desbancar a los kurdos de las FDS, que desde hace mucho controlan gran parte del territorio sirio; entre otras cosas, los campos de petróleo y gas, y las instalaciones carcelarias donde han ido a parar los yihadistas derrotados de Daesh. Cayeron por la ofensiva norteamericana, pero los kurdos son –o eran hasta hace poco– los carceleros.
La derrota militar reciente de las FDS tras la ofensiva del Ejército sirio fue aprovechada por docenas de presos de Daesh para escapar. Muchos temen que si se retiran ahora las fuerzas especiales norteamericanas de la zona de Raqa, y Damasco se hace con el control de las cárceles, las fugas puedan ser masivas. La alternativa es el traslado a Irak –y la perspectiva de la guillotina– o una negociación con los países de procedencia que se antoja muy difícil.

Gustavo Petro acudió a Washington con la intención de estabilizar la relación con el Gobierno de Donald Trump después de un año de fuertes turbulencias. La reunión fue a puerta cerrada y ambos aseguraron que hubo sintonía y optimismo, aunque no hubo detalles … sobre resultados concretos del encuentro.
«Nos llevamos muy bien», dijo Trump en un acto posterior desde el Despacho Oval. «Estamos trabajando en varias cosas, incluyendo las sanciones. Tuvimos una muy buena reunión, él es fantástico».
«Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque no lo conocía en absoluto», añadió sobre el presidente de Colombia.

Tampoco ofreció nada específico Petro, que compareció en rueda de prensa y mantuvo una entrevista con la emisora colombiana Radio Caracol. «Fue de nueve», puntuó la reunión con Trump, de la que dijo que ayudó a deshacer «la bola de desinformación» entre ambos mandatarios.
«Me gustan los gringos francos, que dicen lo que sienten», dijo Petro sobre el presidente estadounidense. Señaló que el encuentro fue «positivo» y que ambos «nos agarramos a lo que nos junta, no a lo que nos separa».
Petro dijo que ha nacido «un nuevo camino» entre él y Trump. «Gente diferente, regímenes diferentes, maneras de pensar diferentes, poderes diferentes, pero que se pueden encontrar».
No aclaró si esta nueva sintonía supondrá la eliminación de las sanciones que la Administración Trump le impuso el pasado otoño, después de vincularle con el negocio del narcotráfico. Fue en la misma época en la EE.UU. eliminó la certificación de Colombia como aliado en la lucha contra la droga.
«Trump me dijo que él no cree en las sanciones, que no las ve en este caso particular, y yo creo que tiene razón», defendió Petro. «Este no es un camino de sanciones, es un camino de libertad».

Petro defendió su política contra el narcotráfico, pese a las diferencias evidentes al respecto de la Administración Trump y pese a las estadísticas de la ONU, que aseguran que la producción de cocaína en el país sudamericano ha batido récords.
Una parte importante de la conversación tuvo que ver con Venezuela, vecino de Colombia, el día en el que se cumplía un mes de la captura de Nicolás Maduro en Caracas. «Hablamos de cómo reactivar a Venezuela», dijo Petro, y aseguró que la Administración Trump debería levantar las sanciones y permitir los flujos económicos a través de su frontera. También aseguró que el presidente de EE.UU. le preguntó tanto por Maduro como por su sucesora, Delcy Rodríguez, la presidenta chavista que está cooperando con la Administración Trump. El colombiano dijo que él está en contacto tanto con la oposición como con el chavismo y defendió, sin dar detalles, que «Venezuela se merece que se encuentren las fuerzas racionales».
Petro contó que Trump le regaló uno de sus símbolos políticos, la gorra roja con las siglas MAGA de ‘Make America Great Again’ (‘Hacer a EE.UU. grande otra vez’). El colombiano aseguró que cogió un rotulador y pintó una ‘S’, para el plural de ‘Américas’, como una forma de invitarle a una cooperación y entendimiento con todo el continente.
Todavía está por ver cómo cambia la política de la Administración Trump hacia Colombia tras este espectáculo de sintonía y buenas palabras.

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