Publicado: agosto 3, 2020, 4:56 pm
La investigación recaerá sobre las compañías Vanti, Alcanos, Gas Natural Cundiboyacense, Gases del Caribe, Enel – Codensa y Cedenar por presuntos incumplimientos de las normas sobre medición de consumo y algunas disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional para aliviar el costo de los servicios públicos a los usuarios, durante la emergencia sanitaria.
De acuerdo con la entidad, entre los meses de marzo, abril y mayo se evidenció que las empresas no habrían realizado las acciones necesarias para medir el consumo real como lo establece la ley y la regulación.
El reporte de la Superintendencia de Servicios Públicos revela que el consumo promediado se efectuó a 2.133.376 suscriptores de Vanti, 729.784 de Alcanos, 372.491 de Gas Cundiboyacense, 362.315 de Gases del Caribe, 260.708 de Enel-Codensa y 151.895 de Cedenar.
Además de las posibles irregularidades en la medición del consumo, lograron identificar que varias empresas que no aplicaron oportunamente los alivios anunciados por el Gobierno Nacional durante la época de cuarentena.
Por lo tanto, si se llegan a confirmar algunas de estas alteraciones, las compañías podrán recibir una millonaria sanción que dependerá de los cargos que les sean comprobados. Según establece la norma, podrán tener un tope máximo de 100 mil salarios mínimos, es decir 87 mil millones de pesos.
Las empresas de gas responden
Ante esta investigación, la Asociación de Gas Natural señaló que las empresas sí tomaron acciones durante el aislamiento obligatorio.
El documento señala que durante esta época realizaron reconexiones gratuitas a más de 117 mil familias, de estratos 1, 2 y 3.
Igualmente, aseguraron que “Las empresas comercializadoras de gas natural han ido más allá de los alivios otorgados por el gobierno, financiando la factura a 0 % de interés, lo cual ha representado una financiación adicional a cargo exclusivo de ellas de $52 mil millones para estratos 1 y 2”.
Otro de los puntos que destacaron fue «el aporte de $10.900 millones (a corte del 17 de julio) en el descuento del 10% del valor no subsidiado para los usuarios de estratos 1 y 2 que pagaran su factura a tiempo».
Finalmente, como parte del debido proceso, las empresas podrán presentar sus descargos ante la Superintendencia de Servicios Públicos, para su respectivo análisis.
