El asfalto de Las Mercedes todavía guarda el calor del mediodía cuando los primeros grupos empiezan a congregarse en la plaza Alfredo Sadel. Esta zona, un hervidero comercial que a los ojos de un madrileño evocaría el ritmo del barrio de Salamanca, amaneció hoy con … un pulso distinto. Sindicalistas de rostros curtidos y familiares de detenidos por razones políticas aferrados a pancartas de cartón. El destino original era la sede diplomática norteamericana. La exigencia, doble: elecciones libres inmediatas y cuentas claras sobre los fondos petroleros que reposan bajo la custodia de la administración Trump.
Cumplido el primer trimestre del Gobierno de transición que encabeza Delcy Rodríguez, la promesa de reconciliación parece haberse evaporado en el aire denso de la capital. La Ley de Amnistía, vendida al mundo como el gran hito pacificador tras la caída de Nicolás Maduro, terminó estrellándose contra un muro de exclusiones quirúrgicas y un retardo procesal que asfixia. Aunque a último minuto los organizadores decidieron abortar la caminata por seguridad, una pequeña comisión logró abrirse paso hasta la embajada para entregar sus demandas.
El momento elegido no es casual. Coincide con un movimiento de piezas en el tablero de la Casa Blanca. La delegación estadounidense en Caracas estrena jefe: el diplomático John Barrett asume como encargado de negocios en reemplazo de Laura Dogu. Barrett aterriza en un país donde la calle arde, con la tarea de administrar la presión sobre 47.000 millones de dólares descongelados que los venezolanos exigen no entregar a una Administración transitoria que perciben ineficiente. La ironía no escapa a nadie: el nuevo enviado de Washington llega para vigilar una transición democrática, pero termina siendo el blanco de quienes le exigen que use ese dinero para reactivar hospitales y pagar salarios, en lugar de financiar burocracia.
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Drama humano
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