El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha sancionado una nueva ley que endurece las penas contra el crimen organizado como respuesta a la repercusión de la megaoperación policial en las favelas de Peña y Alemao contra la facción Comando Vermelho (CV) … que dejó más de 120 muertos esta semana, la más letal de la historia brasileña. El mandatario también ordenó la aproximación y apoyo de su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, al gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, que ordenó y asumió el resultado de la acción sin comunicar al Gobierno Central.
La operación y las muertes ocurrieron el martes, cuando Lula estaba incomunicado en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) sin internet, de vuelta de una gira diplomática a Asia. Según Lewandowski, Lula reaccionó con «horror» y «sorpresa» al conocer el número de muertes y convocó inmediatamente a una reunión con sus principales ministros, que duró tres horas, el miércoles.
La medida siguiente fue sancionar leyes más duras, publicadas el jueves en el ‘Diario Oficial’. La Ley 15.245 modifica el Código Penal y la Ley de Organizaciones Criminales, tipificando delitos de obstrucción de acciones contra el crimen organizado y conspiración para obstrucción, con penas de reclusión de cuatro a doce años.
En ambos casos, el texto enfatiza que la prisión provisional del investigado deberá cumplirse en un establecimiento penal federal de seguridad máxima, incluso antes del juicio. Además, la legislación aumenta la protección personal de autoridades judiciales, fiscales y agentes de seguridad en riesgo. La ley busca cerrar las brechas para los líderes y mandantes de crímenes, y evitar su influencia desde las cárceles.
En el plano político, Lewandovski, que había intercambiado críticas con Castro, ha establecido una alianza de última hora con el gobernador de Río, con el anuncio de la creación de una oficina de emergencia para mejorar la integración de las esferas federal y estatal contra el crimen organizado.
«Es un foro donde las fuerzas van a conversar entre sí, tomar decisiones rápidamente hasta que la crisis sea superada. Este es el embrión de aquello que queremos crear con la legislación de la Seguridad Pública», afirmó el ministro.
El Gobernador Castro, que días antes había acusado al Gobierno Lula de dejarlo «solo en esta guerra», se mostró alineado, y reforzó que el objetivo es eliminar las barreras para hacer «una seguridad pública que atienda a nuestro verdadero y único cliente, que es el ciudadano».
Lula defiende estrategia coordinada
En sus redes sociales, el presidente Lula defendió la necesidad de un trabajo coordinado para golpear la «espina dorsal del tráfico» sin poner en riesgo a inocentes. Lula citó como ejemplo la Operación Carbono Oculto de agosto, realizada en Sao Paulo, que golpeó a otra facción, el Primer Comando de la Capital (PCC), por bloquear sus fuentes de blanqueo de fondos. El caso ha sido recordado por usar la inteligencia policial y sin dar un solo tiro.
El mandatario también pidió la aprobación de una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de la Seguridad que envió al Congreso Nacional, para garantizar que las diferentes fuerzas policiales actúen de manera conjunta en el enfrentamiento a las facciones criminales. Lula ha dejado claro que prefiere una estrategia que ataque las finanzas y bloquee el abastecimiento de armas al crimen, en contraposición al modelo de confrontación directa y alta letalidad como la operación de Río.
Riesgo político de Castro
La Operación Contención, llevada a cabo por las Policías Civil y Militar de Río, ha sido duramente criticada por la ONU, movimientos sociales, ONG de Derechos Humanos y expertos, que la han calificado de «masacre» y «carnicería».
En medio de la crisis de seguridad, el Gobernador Claudio Castro enfrenta un riesgo político inminente. La presidenta del Tribunal Superior Electoral (TSE), Carmen Lucía Antunes Rocha, marcó para el próximo martes el juicio de dos acciones que podrían llevar a la casación e inelegibilidad de Castro y otros aliados, acusados de abuso de poder político y económico en otro caso que vincula al político en un escándalo de corrupción electoral. Para aliados de Castro, la acción de la jueza estaría coordinada con el Gobierno Lula, al pautar el asunto justo en el momento de la repercusión de la operación.
Una persona envuelta en una bandera brasileña con manchas de sangre falsa protesta al día siguiente de la operación policial
reuters
El juicio puede colocar en riesgo la carrera del gobernador y llevarlo incluso a una destitución, en un momento en que Castro apuesta en su reelección el próximo año.
Desde las favelas atacadas, donde viven más de 100 mil personas, el escenario es desolador después de la exhibición de más de 60 cuerpos en una plaza de la favela Peña. Los testimonios recogidos en la prensa local traen denuncias de tortura, de ejecuciones sumarias, incluso de personas rendidas. La fiscalía de Río de Janeiro ha solicitado a la policía que entregue las imágenes de las cámaras corporales de los agentes.
«Encontramos muchos muertos sin camisa, fusilados, con manos y dedos amputados y también decapitados», declaró a Agencia Brasil un vecino que participó en el rescate de cuerpos en la madrugada en el bosque vecino a la favela. La mayoría de las declaraciones son anónimas.
«Muchos cuerpos estaban deformados, con perforaciones en el rostro, perforaciones de cuchillo, cortes de huellas dactilares, dos cuerpos decapitados, la mayoría de los cuerpos no tenía cara, esa era la condición», contó Erivelton Vidal Correa, presidente de una asociación comunitaria.
Madres y familiares denunciaron que sus hijos enviaron mensajes o audios indicando que se estaban rindiendo antes de morir. «Mi hijo se entregó, salió esposado. Y le arrancaron el brazo», afirmó Elieci Santana, madre de una de las víctimas, cuyo relato es común entre las familias. Los propios habitantes tuvieron que retirar decenas de cuerpos del bosque en camionetas, en un intento desesperado por llevar heridos al hospital.