Publicado: julio 3, 2018, 9:50 pm
Contrario a al idea que se tenía de que, con la firma dela acuerdo de paz, los cultivos de coca se reducirían, un análisis de la Fundación Ideas para La Paz, FIP, demostró que las hectáreas de la planta han ido creciendo sistemáticamente desde hace 10 años y, en 2017, alcanzaron su punto más alto y una cifra récord.
De acuerdo con los analistas, en 2017 se alcanzaron 209.000 hectáreas de cultivos de coca en el país. Ante ello, el gobierno saliente de Juan Manuel Santos ha reaccionado con la activación de la fumigación aérea con glifosato se podrán erradicar más del 50% de los cultivos que se mantienen en el país.
Esto inevitablemente ha traído tensiones entre los gibarnos de Estados Unidos y Colombia quienes han trabajado en la erradicación de estos cultivos.
Pero, la fumigación se había suspendido debido al proyecto de erradicación manual. Como meta, el proyecto esperaba erradicar 100.000 hectáreas para 2020, pero, hasta el momento, esto no lleva ni el 50% cumplido y cada vez salen más aristas al problema: los beneficiarios aseguran que no han recibido los subsidios prometidos por el gobierno, el aumento de actos violentos contra quienes se cobijaron al programa, entre otros hechos, que no han permitido que este proceso se pueda llevar a cabo.
A esto se le suma la recomposición del narcotráfico en las zonas tradicionalmente reconocidas por el conflicto. De acuerdo con el análisis de la FIP, «En medio del proceso de negociación y tras el desarme de las FARC, en las zonas que se encontraban bajo el control e influencia de este grupo guerrillero, la economía ilegal del narcotráfico se recompuso rápidamente. Las FARC funcionaron como un sistema de regulación alrededor el cual se movían otros agentes, que podían comprar pasta de coca a los precios fijados por la organización guerrillera: redes transnacionales, comerciantes de insumos químicos y grupos delincuenciales, entre otros. Con el proceso de dejación de armas, dicho sistema tuvo un reacomodo».
Por otra parte, el aumento de las incautaciones de cocaína, que en 2017 alcanzaron las 435 toneladas, podrían estar incentivando el cultivo de la coca para aumentar la producción de la misma. Además, de acuerdo con la FIP, «en 2017 el aumento de los cultivos de coca siguió vinculado, en parte, a la expectativa de los cultivadores de recibir beneficios en contraprestación a la sustitución voluntaria; las comunidades pensaron que, a mayor número de cultivos, mayores beneficios».
Según así recomendaciones de la FIP se pide que haya un replanteamiento de las políticas gubernamentales encaminadas a mejorar la sustitución de los cultivos de forma manual, que se mejoren los programas en beneficio de los campesinos que puedan encontrar otro tipo de productos para mejorar su calidad de vida.
Es un reto que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno.
