Publicado: diciembre 12, 2017, 5:14 pm
De acuerdo con las cifras de Coordenada Urbana, en los últimos 12 meses, a octubre de 2017, la inversión de los hogares en vivienda nueva alcanzó los 32,4 billones de pesos, los cuales representaron un área comercializada de 11,6 millones de metros cuadrados y 174.373 unidades habitacionales.
De acuerdo con la presidente Ejecutiva de Camacol, Sandra Forero Ramírez, “el impulso a la vivienda social y el positivo efecto del programa Mi Casa Ya marcaron un hito en la inversión en vivienda. Este segmento creció 22% en ventas con un gran dinamismo en las iniciaciones de obra en las principales regiones del país. Por otro lado, en el segmento medio del mercado (135-435 smmlv), la cobertura a la tasa de interés ayudó a contener la actividad en un nivel modesto frente a los últimos años, y que pese a ser menor que en 2016, aportó más de 90.000 unidades al consolidado”.
Según el tipo, área, valor y número de habitaciones, el comportamiento de la inversión en vivienda nueva por parte de los hogares colombianos se enfocó en mayor parte, según los datos registrados por Coordenada Urbana, en apartamentos entre 50 y 70 metros cuadrados, tres habitaciones, cuyos valores oscilaron entre 100 y 283 millones de pesos.
“En este segmento las expectativas para 2018 son positivas teniendo en cuenta la tendencia decreciente de la tasa de interés hipotecaria en línea con las acciones de política monetaria, la recuperación de los indicadores de confianza, la continuidad del subsidio para el segmento medio, y los efectos de una mayor dinámica económica agregada”, asegura la Ejecutiva del Gremio, quien agrega que la apuesta es incrementar las ventas de vivienda en un 9,5%, donde la vivienda social y el segmento medio se sigan destacando; y generar un 4.6% más de valor agregado frente al 2017.
Aunque las variables macroeconómicas sugieren un panorama optimista para el sector, uno de los desafíos más importantes para el Gremio se relaciona con las afectaciones directas a los proyectos de edificaciones en algunas regiones, donde la subjetividad es el patrón de las decisiones administrativas que las circundan y donde la inestabilidad jurídica toma fuerza en contra de la factibilidad de los proyectos y las apuestas de los empresarios.
“El compromiso con la recuperación económica, la generación de empleo y el desarrollo urbano formal debe ser integral, y la función pública en los frentes ambientales, territoriales o administrativos deben ser fuente de fortaleza institucional y articulación, y no un cúmulo de actuaciones discrecionales, subjetividad e incertidumbre. Así, la mirada del 2018 debe darse con base en factores objetivos que describen un terreno favorable, pero sin olvidar la necesidad de que se adopten acciones concretas en todos los niveles institucionales para salir de la subjetividad y del entorno de inestabilidad jurídica actual”, concluye Sandra Forero.
