“Un presidente no hace milagros y nosotros no vamos a lograrlos de un día para otro”, dijo Iván Duque el 17 de mayo de 2018 en un discurso de celebración que estuvo centrado en la necesidad de poner al país a crecer a tasas del 4% o más, luego de un período de ‘vacas flacas’ por cuenta del fin del ciclo alcista en el precio de las materias primas.
Dos años después, su Gobierno enfrenta la peor recesión económica en la historia de Colombia, con una caída del PIB entre 6% y 10%, que no solo está poniendo en jaque los avances sociales del país en las últimas dos décadas sino que creará un escenario muy favorable para el populismo, en las elecciones de 2022.
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“La opción de no pagar cuentas, aumentar el tamaño del Estado, prometer de todo y evadir las decisiones difíciles es el escenario perfecto para el socialismo del siglo XXI”, explica el ex ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. “Y todo esto mientras la derecha sigue desenfocada, pensando en el pasado. Los resentimientos no van a servir para ganar las elecciones de 2022, y mucho menos para gobernar en ese momento”.
En un ambiente enrarecido por las cuarentenas, el elevado desempleo, el aumento en el número de contagios y de fallecidos y la polarización política, la Corte Suprema de Justicia dejó a Duque sin su escudero o padrino, el ex presidente y actual senador, Álvaro Uribe Vélez, al dictarle detención domiciliaria la semana pasada, por cuenta de un caso que él mismo inició.
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“Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”, dijo Duque al criticar la decisión de la Corte y hablar de la necesidad de una reforma judicial aunque sin apoyar una Constituyente que han propuesto algunos de sus copartidarios del Centro Democrático en el Congreso.
“Hay gran consenso nacional entre sectores políticos, partidos, la rama judicial, que han expresado que se requiere una reforma a la justicia que corrija fallas, una justicia más cercana al ciudadano, que le dé confianza a los colombianos, y que dé garantías para el ejercicio de la defensa y que permita al ciudadano ejercerla en libertad como primera línea”, aseguró Duque a los medios.
“La detención de Uribe pondrá el foco en los esfuerzos legislativos de su partido en una reforma judicial que ya se está discutiendo”, dijo el analista político Sergio Guzmán de Colombia Risk Analysis a la agencia Reuters.
La propuesta buscaría consolidar las altas cortes en una sola y darles autonomía presupuestaria, entre otras iniciativas, pero podría quitarle foco al Gobierno en las reformas estructurales (laboral, fiscal, pensional, entre otras) que debe llevar al Congreso en la actual legislatura que Duque instaló, en forma virtual, el pasado 7 de agosto, para superar la crisis.
El Centro Democrático está usando la detención de Uribe como “pretexto” para impulsar la reforma judicial y comenzar la campaña para las elecciones de 2022, incluso en medio de la pandemia de COVID-19 y las consecuencias económicas, aseguró Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático.
“El momento es absolutamente inadecuado. ¿Qué pueden pensar los ciudadanos si se están muriendo de hambre, están enfermos, tienen a sus hijos sin educación, no tienen con que pagar el arriendo y entonces lo que ven es al Centro Democrático mirando a ver cómo gana las elecciones?”.
“Es la economía estúpido”
Aunque el Gobierno prevé un rebote de la economía en “V” en 2021, esto es, una recesión del 5,5% este año y un crecimiento del 6,6%, en 2021, en una rara aparición, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo recientemente que el margen para aumentar el gasto está llegando a su límite.
“Vamos a subir la deuda pública en cerca de 10 puntos del PIB -hasta el 65,6% del PIB- y debemos pensar en la sostenibilidad de esa deuda”, explicó.
Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, después de cerrar 2019 con un déficit del 2,5%, el Gobierno Nacional Central tendrá un faltante de recursos del 8,2% del PIB en 2020, aunque después disminuiría al 5,1% del PIB en 2021.
Cada punto del PIB equivale a unos $10 billones. En plata blanca, eso quiere decir que el Gobierno tendrá que lograr la aprobación en el Congreso de una reforma tributaria que le permita aumentar el recaudo en unos $20 billones (2 puntos del PIB) para comenzar a equilibrar las cuentas.
Dicha cifra ($20 billones) equivale a 3 veces el tamaño de las últimas reformas tributarias, lo cual hará difícil su aprobación en 2021, seguramente en el primer semestre, dado que en 2022 habrá elecciones legislativas y presidenciales.
Pero, ¿cuáles son las alternativas que baraja el Gobierno y qué esperan algunos de los principales analistas? ¿Un IVA del 19% generalizado? ¿Más impuestos a la clase media y menos a las empresas?
“A mediano plazo tenemos que pensar en generar mayores ingresos para la Nación, más eficiencia del gasto y a su vez focalizarlo y racionalizarlo, pensando en un Estado más pequeño”, explica el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño.
Pero tal como lo han destacado algunos analistas, como el ex ministro Carlos Caballero Argáez los estimativos del Ministerio de Hacienda parten de varios supuestos de difícil realización en la práctica:
Uno es que el gasto público que ha tenido que ejecutarse para hacer frente a la pandemia y aislamiento social –aproximadamente 27 billones de pesos– se eliminaría de tajo el año próximo.
Otro, que en 2021 se aprobaría una reforma fiscal para generar algo así como 20 billones en 2022 por la vía de aumentar los recaudos tributarios, reducir el gasto y vender participaciones en el capital de empresas estatales.
En su habitual columna de El Tiempo, Caballero señaló que el cumplimiento de las proyecciones del ‘Marco fiscal de mediano plazo’ requiere un esfuerzo político descomunal.
“Necesita un compromiso vertical del presidente Duque, y la búsqueda de un acuerdo político alrededor de la reforma tributaria, las privatizaciones y la recomposición del gasto público”, explicó el ex ministro. “Los políticos tendrían que dejar de lado las propuestas populistas y someterse a dicho acuerdo. Todo esto en la segunda mitad del período presidencial, cuando senadores y representantes comienzan a pensar en su reelección”.
En su edición del 10 de mayo, el New York Times Magazine publicó una portada en rojo con el elocuente título: ¿Puede la democracia sobrevivir a la pandemia?
En un escenario como el que el enfrenta el país, Caballero y el ex ministro Mauricio Cárdenas, afirman que “de no llegarse a un consenso político mínimo alrededor del programa gubernamental, se correría el riesgo de que la economía se deslice sin rumbo, a la deriva, hacia el futuro. Una perspectiva muy peligrosa por sus impredecibles consecuencias políticas, no exentas del autoritarismo o el populismo desenfrenado”.