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Colombia retrocederá 20 años en materia de pobreza y desigualdad

Más de 7 millones de personas caerán en la pobreza por cuenta de la peor recesión del país en su historia, según un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.

@Bogota

Aunque la cuarentena de más de 2 meses ha logrado evitar la muerte de miles de personas, como sucedió en Europa o algunos de países vecinos, ya es un hecho que está generando la peor recesión en la historia de Colombia, con un contracción del PIB superior al 5%, según las estimaciones del Gobierno.

Que un país como Colombia no crezca quiere decir que su población se empobrecerá, por cuenta de la quiebra de miles pequeñas y medianas empresas y la pérdida de millones de empleos formales e informales.

De hecho, un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes considera que la pobreza y la concentración del ingreso -la segunda peor de la región- llevarán al país a retroceder a los niveles de comienzos del siglo XXI.

Conozca el estudio: https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/BM%2020.pdf

Las estimaciones indican que para 2002 la proporción de la población por debajo de la línea de pobreza monetaria era 49,7% y para 2018 se había reducido a 27%, explica el estudio al destacar los avances que había logrado el país en las dos últimas décadas.

Según el DANE, en 2002 el índice de Gini -que mide la concentración del ingreso- era de 0,573 y en 2018 mejoró hasta 0,517. (Entre más cerca de 1 es peor la situación).

“Colombia es, además, la segunda economía con mayor desigualdad en distribución del ingreso en la región, solo superada por Brasil. Chile, un país como Colombia con alta desigualdad al inicio del siglo XXI, pasó de tener un índice de Gini de 0,507 en 2002 a uno de 0,454 en 2018”, recuerda el análisis.

El problema es que, según del documento, los avaces que ha logrado el país en reducción de la pobreza se han traducido en el crecimiento de una clase media frágil.
Se trata de hogares con niveles de ingreso y consumo superiores a las líneas de pobreza, pero no muy lejos de este margen y con un alto riesgo ante coyunturas recesivas como la actual.

Según los cálculos de Uniandes, para 2019, un 18,5% del total de la población sería clase media vulnerable (2,5 millones de hogares aproximadamente).

En un país con altos niveles de informalidad y ‘cuentapropismo’, el análisis subraya que los hogares de ingresos medios y medios bajos tienen mayor dependencia en sus fuentes de ingreso de trabajos asociados a los sectores más vulnerables a la crisis.

Es decir, aquellas actividades más expuestos a los efectos del confinamiento y a la pérdida de demanda por las medidas de protección sanitaria actuales.

En los escenarios que plantea el documento, las consecuencias más preocupantes de la crisis son:

1- Un incremento de cerca de 15 puntos porcentuales adicionales de pobreza: 7,3 millones de personas más que en 2019, y una caída total en los ingresos mensuales de 4,8 billones de pesos.

2- En cuanto a la distribución del ingreso, estima que el efecto global de la recesión se vería reflejado en un incremento del coeficiente de Gini que pasaría de 0,509 a 0,574. Es decir, un retroceso a la situación de inicios del siglo XXI.

A pesar de las ayudas del Gobierno, que corresponden a un paquete fiscal efectivo del 3% del PIB que podría aumentar en 6 puntos del PIB (por cuenta de las garantías crediticias ofrecidas), el documento plantea que son de corto plazo y que suponen una recuperación de los ingresos informales en cuanto se reactiven las actividades productivas de esos sectores.

“Ello no está del todo garantizado porque algunos de esos ingresos son altamente dependientes de una demanda que requiere alto contacto físico con poca posibilidad de aplicar protocolos estrictos de bioseguridad”.

Para enfrentar la situación, el análisis sugiere:

Primero, la necesidad de acelerar las reformas estructurales para consolidar la reducción de la pobreza y de una clase media menos vulnerable a los ciclos económicos.

Segundo, la importancia de considerar mecanismos de aseguramiento a los desempleados, que permitan tener un mercado laboral formal más flexible sin el temor de una pérdida total de ingresos laborales de buena parte de la población frente a choques de coyuntura.

Finalmente, retomar el debate aplazado acerca de una estructura tributaria que permita mejor distribución del ingreso, además de financiar el tremendo esfuerzo fiscal que se está haciendo y que se deberá seguir haciendo en los próximos meses.

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