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Empresas privadas también son blanco de corrupción

La corrupción y el fraude no son un mal que ataca únicamente al sector público. La ‘Encuesta sobre Fraude en Colombia’, revela detalles de cómo este problema también se produce y se propaga en compañías del sector privado.

Publicado: septiembre 3, 2018, 10:10 pm

Los hallazgos de la ‘Encuesta sobre Fraude en Colombia’ evidencian características propias de los fraudes, como el tiempo transcurrido entre el inicio de la conducta y la detección, que fue de entre un mes y seis meses en el 62% de los casos y entre seis y doce meses el 24% de los casos. Asimismo, las compañías indicaron que en el 85% de las situaciones, se logró identificar al perpetrador o perpetradores y en el otro 11%, que no fue posible. A pesar de los esfuerzos que han venido realizando las organizaciones en los últimos años, todavía existe una brecha en los procesos de investigación.

“Los resultados indican que más de la mitad de las organizaciones encuestadas han experimentado algún tipo de evento de fraude durante los últimos años. A su vez, encontramos que control interno fue el medio principal por el que se detectó el evento, con un porcentaje del 60%, seguido por los mecanismos de denuncia, con un 22%. Es así como estas áreas son claves a la hora de prevenir y detectar actividades delictivas”, Diego Ríos, Director de Servicios Forenses de KPMG Colombia, compañía que realizó la encuesta.

En cuanto a los impactos financieros, se identificó que el 45% de las empresas en Colombia logró cuantificar el monto defraudado en un valor de hasta diez mil dólares. Otro 20%, tuvo pérdidas entre los diez mil y 50 mil dólares; mientras que un 23% reportó un detrimento superior a los 50 mil dólares y con un tope de hasta 500 mil dólares.

Características de un corrupto

Según los resultados del estudio, el perpetrador es de sexo masculino el 56% de las veces, con edades entre los 25 y 40 años (57%) y un nivel de educación profesional (36%) o técnico/tecnológico (33%). En un 22% de los fraudes se presenta colusión. En el caso de las mujeres, se evidencia que solo en el 11% de los casos actúan individualmente.

Cuando se analiza la naturaleza de quién  comete el ilícito, se encuentra que en el 25% de las situaciones es un colaborador interno de la empresa, complicidad entre empleados (18%), supervisor (9%), alianzas entre colaborador y proveedor (7%) y alguien de la alta gerencia (7%). Es decir, el 80% de los eventos de fraude fueron perpetrados por empleados de la organización. Al revisar el promedio de antigüedad de las personas que cometen estos delitos, el 38% llevaba entre tres y cinco años, seguido por quienes llevaban más de 10 años (16%).

Diego Ríos, comentó: “Los motivos que llevaron a que los delitos se llevaran a cabo son diversos: el primero fue la presentación de la oportunidad, otros, la ambición y codicia, problemas económicos, presión por el alcance de los objetivos y resentimiento con la organización. Entre las causas directas se identificó la falta de controles internos, debilidad en la cultura ética, ausencia de políticas claras y bien definidas, o ausencia de un programa de entrenamiento de ética”.

El estudio destaca que, entre las consecuencias o perjuicios más relevantes por este tipo de eventualidades, se encuentran daños en la moral personal, deterioro a la imagen de la organización, afectación en las acciones o valor de la compañía, pérdida de contratos y multas económicas. Lo más preocupante es que el 29% de las empresas indicaron no tener conocimiento de los efectos negativos ocasionados; es decir, las organizaciones no suelen ser conscientes de la repercusión real de los eventos de fraude, teniendo en cuenta que las pérdidas económicas son tan solo una parte de los impactos totales.

El 69% de las compañías también indican que la investigación interna es la primera acción que toman una vez se tiene conocimiento del fraude. Después de comprobar la evidencia, inician una acción judicial contra el empleado/tercero o realizan la denuncia ante los organismos reguladores pertinentes. Sin embargo, el 33% expresa que no se generó una condena o sanción, a pesar de haber interpuesto una denuncia.

Asimismo, la mayor parte de los encuestados (47%) expresó no haber identificado ninguna señal de lo que sucedía, mientras que el 23% tuvo como indicio el estilo de vida del perpetrador, el cual estaba por encima de sus posibilidades.

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