El fortalecimiento del ELN es evidente. Solo en 2017 se habrían vinculado cerca de 1.000 miembros y, según la más reciente estimación de la Fuerza Pública, para 2018 contaba con más de 4.000 integrantes. Como esta guerrilla no es exclusivamente militar, se estima que podría tener entre 4.000 y 5.000 milicianos.
Así lo advierte un análisis de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, según el cual el grupo guerrillero ha logrado llegar a regiones donde en el pasado no tenía presencia y en las que antes operaban las FARC.
“Las investigaciones de la FIP sugieren que el proceso de desarme de las FARC y el periodo de negociación del ELN durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, coinciden con esta expansión”.
Hoy, el ELN tiene presencia en regiones como el nordeste de Antioquia, el Bajo Atrato en el Pacífico norte, y algunas regiones de Nariño, considerados enclaves históricos de las FARC.
Pero este fortalecimiento y sus intentos de expansión, no implican necesariamente el incremento de los combates con la Fuerza Pública y las bajas.
“Más que una estructura militar de grandes dimensiones —como eran las FARC—, en algunos territorios el ELN está conformado por múltiples redes que desempeñan labores de inteligencia y de pequeña escala”.
Según la FIP, el grupo terrorista tiene una dimensión política y social que no se refleja en las cifras, por lo que su influencia es más amplia y compleja de lo que parece. Ejemplo de ello es lo que ocurre en el sur del Cauca y en el llamado Arco Minero del Orinoco (Arauca-Vichada-Guainía-Venezuela).
Sobre la presencia del ELN en Venezuela, donde tendría hasta un 40% de sus hombres, la FIP señala que la prolongación de la crisis en el vecino país favorece al grupo guerrillero y lo posiciona como un factor de desestabilización.
“La posibilidad de una intervención militar externa le da fuerza al discurso político del ELN y refuerza la relación de connivencia —y alianzas— con sectores del establecimiento venezolano”.
De hecho, en el país vecino, el ELN desarrolla actividades ilegales relacionadas con el contrabando de gasolina, la minería y la extorsión. Un trabajo de campo realizado por la FIP en Norte de Santander y Arauca, da cuenta de corredores controlados por esta guerrilla para el contrabando de gasolina, cárnicos, carbón y otros bienes.
“En Vichada, desde el 2017, hay información relacionada con el control de minas y la apropiación de minerales que ingresan a territorio colombiano por parte del ELN. Se suma que la migración masiva de venezolanos y su vulnerabilidad económica han facilitado su reclutamiento y participación en estas economías ilegales”.