La decisión fue tomada por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), órgano de fiscalización internacional, conformado por miembros del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, que limitó el cupo de producción de Colombia a 1,95 toneladas, frente al otorgado en 2018 que fue de 44 toneladas.
Según Adriana Guzmán, directora general de PS Consultores “la medida puede desestimular a muchos pequeños jugadores del mercado que en el momento están en la etapa de planeación y estructuración de sus empresas, esto teniendo en cuenta que ahora tendremos que esperar un año más para conocer el nuevo cupo que se nos asignará, y el cupo que solicite el gobierno nacional para el siguiente año”.
La expectativa del sector apunta a que en el momento que se conozca el nuevo cupo, noticia que se espera para finales del 2019, ya la industria nacional se encuentre un paso adelante y lista para producir activamente y para adelantar nuevas gestiones para participar en el mercado internacional.
Esta medida se recibe negativamente especialmente porque este es uno de los sectores que más cifras está moviendo en cuanto a inversión. Colombia, que fue pionera en el negocio ilegal de la marihuana en los 70, podría convertirse en protagonista de una industria que, según la consultora Grand View Research, podría alcanzar los US$146.000 millones para el 2025.
Para ello cuenta con una legislación avanzada (contenida en la Ley 1787 de 2016) aunque susceptible de mejorarse, teniendo en cuenta que se trata de una actividad legal incipiente que aún genera recelos en todo el mundo, por lo cual está atrayendo abundante inversión local y extranjera, principalmente canadiense y de Estados Unidos, que está apalancando a más de 100 compañías que hoy buscan posicionarse.