Publicado: enero 21, 2022, 12:37 pm
La infraestructura es reconocida como la base del desarrollo social y económico, así como un factor determinante para la competitividad y el crecimiento incluyente; sin embargo, en la última década países como Colombia han entendido además que la inversión en infraestructura no puede limitarse a un simple aumento del gasto público sino que debe ser determinada por la sostenibilidad, entendida no solo desde su comprensión tradicional y un enfoque ambiental y social, sino también institucional y financiero.
De acuerdo con la asociada senior de Mendoza y experta en temas de infraestructura y financiación de proyectos de infraestructura, Clara Robledo Sánchez, “la sostenibilidad se ha convertido en una necesidad esencial en la planeación del desarrollo de la infraestructura como consecuencia del reconocimiento de que la construcción y operación de infraestructura es fuente de alrededor del 70% de emisiones de gases de efecto invernadero, impacta directa e indirectamente la biodiversidad y los ecosistemas, a menudo ocasiona exclusión y/o desplazamiento de segmentos sociales y su financiación es un factor que puede llevar a deuda insostenible”.
Por tal razón toma trascendencia el Documento CONPES 4060, cuyo objetivo es establecer los lineamientos de política pública para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte sostenible aplicable a las Concesiones 5G, publicado el 29 de noviembre de 2021 por el Departamento Nacional de Planeación – DNP.
Esta política tendrá un horizonte de aplicación de 10 años y busca atender a cada uno de los pilares de desarrollo de infraestructura sostenible identificados internacionalmente: ambiental, social, financiera e institucional; sumándole un quinto pilar: intermodalidad, el cual busca brindar un enfoque transversal que reconozca la necesidad de contar con diferentes medios de transporte interconectados de manera eficiente, para poder tener una infraestructura que cumpla con objetivos tanto funcionales como de sostenibilidad.
A su vez, como alternativa para impulsar la sostenibilidad social se propone que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI defina el alcance de las intervenciones sociales para las Concesiones 5G, implementado mecanismos diferentes a la consulta previa que faciliten el relacionamiento con la comunidad y la involucre en el desarrollo del proyecto en todas sus etapas. Igualmente, se propone fortalecer la oferta de bienes y servicios públicos locales en las zonas de proyectos de concesión y establecer un enfoque de género en los cargos directivos y operativos generados por los proyectos.
En particular, con respecto a la sostenibilidad financiera, el documento distingue dos facetas: fuentes de pago y fuentes de financiación. Con respecto a la primera, se resalta que las fuentes de pago tradicionales (tales como peajes, explotación comercial y vigencias futuras) son insuficientes para atender las necesidades de inversión; y con respecto a las fuentes de financiación, se destaca la ausencia de mecanismos de financiación sostenible y la limitada capacidad de la banca local y el mercado de capitales colombiano para financiar la inversión en infraestructura.
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En relación con la sostenibilidad institucional, el diagnóstico de sostenibilidad institucional que realiza el DNP en el Documento CONPES 4060 concluye que existe una limitada capacidad administrativa, institucional y de coordinación de las entidades estatales a cargo de proyectos de infraestructura, especialmente la ANI.
Adicionalmente, se identificó que las acciones de las distintas autoridades suelen no estar coordinadas entre sí, lo que genera retrasos e ineficiencias en los proyectos. Por lo anterior, este año la ANI deberá implementar estándares de gobierno corporativo, siguiendo los estándares de la OCDE en materia de gobernabilidad y transparencia, con el fin de mejorar sus procesos internos de planeación, diseño, adjudicación y monitoreo de proyectos de infraestructura realmente sostenibles que permitan garantizar la memoria institucional y la gestión de riesgos.
