Publicado: noviembre 29, 2020, 3:45 pm
El viernes pasado, al referirse a la negociación del salario mínimo, el presidente Iván Duque reiteró la voluntad del Gobierno de llegar a un acuerdo pero también insistió en la necesidad de tener en cuenta los efectos de la pandemia y dar prioridad a la generación de empleos.
“Los debates son bienvenidos, pero hoy más que nunca es urgente que 2021 se traduzca en mayor crecimiento, nuevos puestos de trabajo y más oportunidades”, explicó.
En un momento en el que se proyecta una contracción del PIB superior al 7% y la tasa de desempleo se sitúa en niveles del 16%, según la última medición del DANE en septiembre, un acuerdo luce poco probable teniendo en cuenta que los sindicatos llegan con una solicitud del 14%, mientras que gremios y expertos han recomendado un aumento entre 2% y 3%.
El año pasado, con una economía creciendo a una tasa superior el 3%, las partes (Gobierno, Gremios y Sindicatos) no se pusieron de acuerdo y el salario mínimo legal fue establecido por decreto (6%) en $877.803 más el auxilio de transporte de $102.854, lo que equivale a $980.757.
“Incrementar el salario mínimo legal, llevándolo a un $1.000.000 más 120.000 pesos de subsidio de transporte es lo más inteligente, es la única manera de activar la economía de un país”, señaló Julio Roberto Gomez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Pero esta afirmación es rebatida por gremios y economistas que sostienen que un aumento en los costos laborales superior al incremento de la productividad, que en los últimos años se ha estancado, se traducirá en más desempleo.
Según un análisis realizado por investigadores de la Universidad de los Andes, no se debería fijar un incremento basado en la inflación sumado a un reconocimiento adicional, como se ha hecho en años anteriores.
Para Hernando Zuleta, profesor de la Facultad de Economía: “A la hora de negociar el salario mínimo se debe tener en cuenta la coyuntura actual: una recesión gigantesca, el enorme incremento del desempleo, la perdida de empleos formales y la crisis que ha obligado al cierre de empresas. Cuando se tienen en cuenta esos elementos es claro que para ayudar a la recuperación económica se requiere un ajuste modesto al salario mínimo”.
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“La coyuntura actual de pandemia, cuyos devastadores efectos en la economía no han dejado de sentirse, obligan a que el aumento del próximo año contribuya a la reactivación y no se constituya en un obstáculo para la creación de nuevos empleos”, dijo María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana.
“Este año se han perdido más de cinco millones de empleos y la recuperación ha sido lenta. Aún tenemos la incertidumbre por lo que pueda venir en los próximos meses y el fantasma de un rebrote nos ronda», agregó.
Mauricio Santamaría, presidente de ANIF, señaló por su parte que es crucial mantener en cintura los sobrecostos laborales y evitar que el ajuste del mínimo desborde las ganancias en productividad.
“El gobierno deberá afinar su pedagogía laboral de cara al fallo del Consejo de Estado que ahora le exige explicar y defender los cálculos detrás de los ajustes del SML, cuando no se logre un acuerdo al interior de la Comisión Tripartita”.
Según el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, la mayor parte de las sesiones serán virtuales, aunque habrá una o dos presenciales. Además, como parte del diálogo, en la sesión de este lunes participarán expertos que analizarán los efectos de la pandemia en el mercado laboral, mientras que el Gobierno intervendrá el 2 y 3 de diciembre con ponencias del Ministerio de Hacienda, Banco de la República y DANE.
En caso de no haber acuerdo, se programarán sesiones extraordinarias que busquen acercar a las partes. El decreto de salario mínimo y auxilio de transporte tiene plazo máximo para su expedición el 30 de diciembre y entrará en vigencia el 1º de enero del siguiente año.
La Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales está integrada por los sindicatos: Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Confederación General del Trabajo (CGT), Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Confederación Democrática de Pensionados (CDP); la ANDI, SAC, Acopi, Fenalco y Asobancaria por el sector privado; y los Ministerios del Trabajo, Hacienda, Agricultura, Comercio, Industria y Turismo, y el DNP, por el Gobierno.
