Publicado: septiembre 15, 2017, 10:42 am
Como preocupante calificó Guillermo Botero Nieto, presidente de Fenalco, la situación de pequeños empresarios de productos agrícolas, quienes por no tener la capacidad operativa para cumplir con el reporte de información solicitado por el Ministerio de Agricultura, podrían ser duramente sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Con la expedición de los Decretos 1988 de 2013 y 625 de 2014 referentes a la obligación de reporte de información respecto de los insumos, el sector ha manifestado su preocupación en distintos y numerosos escenarios por la dificultad operativa que implica el cumplimiento de la norma, máxime si se tiene en cuenta que cerca de 4.000 establecimientos del sector son pequeños almacenes, que no cuentan con las herramientas para dar cumplimiento a cabalidad con la normativa, lo que puede llevar a millonarias sanciones.
Así serían las sanciones agrícolas
De acuerdo con lo manifestado por los empresarios del Sector Nacional de Insumos Agrícolas y Pecuarios de Fenalco, actualmente la manera como las empresas manejan su información no se acomoda de manera exacta a los ítems contenidos en los formatos establecidos por el Ministerio, en cuanto a la codificación de productos, clasificación de clientes y proveedores, entre otros. De igual manera, la mayoría de las empresas cuentan con un amplio portafolio de productos, algunas llegando a cifras de hasta 5.000 referencias en distintas presentaciones, por lo que su reporte detallado significa un inmenso desgaste operativo.
Durante el Congreso Nacional de Comerciantes Nexos 2017, los empresarios de Insumos Agropecuarios hicieron un llamado para que se evalúe el método y alcance de la norma, porque en las actuales condiciones de volumen y nivel de detalle de la información que solicita el Ministerio de Agricultura es muy difícil de procesar y entregar oportunamente.
Los representantes del sector insistieron que existe una gran preocupación por el posible inicio de procesos sancionatorios por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a estos pequeños almacenes, lo que generaría un grave impacto social y la posible desaparición de este tipo de establecimientos por sanciones que para ellos, por sus características, pueden llegar a ser confiscatorias.
Básicamente, lo que piden los empresarios es que se reporten sólo los productos más relevantes de la canasta agropecuaria, según su impacto en los costos de producción, según lo establece un estudio de la Universidad de los Andes contratado por el mismo Ministerio. De igual manera, que sólo se obligue a reportar a los almacenes que facturan más de determinada suma anual, simplificar la información a reportar y establecer períodos trimestrales o semestrales para realizar el reporte.
Así mismo, los empresarios expresaron la necesidad de que la Comisión Intersectorial de Insumos Agrícolas, que no se reúne hace cerca de dos años, resuelva este asunto de fondo y rápidamente para evitar daños irreparables al sector agrícola.
