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Corrupción no deja sanear finanzas públicas

Ninguna medida será suficiente para sanear las finanzas públicas si no hay primero un ataque frontal a la corrupción, flagelo que le cuesta al país cerca de 50 billones de pesos al año.

Publicado: marzo 7, 2018, 10:17 am

Así lo asegura Víctor Mauricio Castañeda, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) , para quien leer los informes de la Contraloría General de la República es la mejor manera de cerciorarse del desangre diario del Estado colombiano.

Al respecto, el docente advierte que basta mencionar el caso de la Refinería de Cartagena (Reficar), de donde se saquearon cerca de 8.5 billones de pesos. Para poner en perspectiva la cifra, fue el mismo monto que adicionó el Gobierno nacional, en julio del año pasado, para aumentar el gasto público y atender programas e inversiones en cinco ministerios.

Según el profesor, el creciente déficit fiscal colombiano no había sido un problema visible para la opinión pública durante los últimos lustros, debido a que los excedentes de la renta petrolera cubrían el vacío.

Sin embargo, desde 2014, con la caída de esos ingresos, se confirmaron los problemas estructurales del país para mantener el crecimiento del gasto público y se evidenció aún más el despilfarro y el robo de una buena parte de esos recursos. 

“El informe de Fitch Ratings, el pasado 12 de febrero, mostró los problemas de Colombia para cumplir la regla fiscal, en particular por la eliminación de ciertas fuentes tributarias (es el caso de la sobretasa al impuesto de renta del 4%) y por la inflexibilidad del gasto público”, mencionó Castañeda. En este sentido, explicó que se vuelve a poner sobre la mesa una discusión de larga data: cómo lograr estabilidad, toda vez que hay grandes retos de desarrollo como salir de la pobreza y lograr una sociedad más inclusiva.

Recordó que la reforma tributaria de 2014 buscó, precisamente, aumentar la recaudación introduciendo el impuesto a la riqueza, el cual dejó de cobrarse este año y es una de las causas de menores ingresos al sistema.

Orlando Villabona, profesor de la FCE de la U.N., ha enfatizado en varios escenarios para que este impuesto deba mantenerse en las personas naturales –no en las jurídicas–, al ser un mecanismo que propicia equidad. “Lo anterior debe ir acompañado de mecanismos de control estrictos para evitar la fuga de recursos hacia paraísos fiscales; por ejemplo, prohibir giros hacia esos lugares o imponer una tarifa de impuestos del 100 % por envío”, subrayó.

Cómo reducir el gasto

Sobre las fórmulas que se han sugerido para disminuir el gasto público hay unas inviables desde lo político señaló el profesor Castañeda, como excluir a algunos beneficiarios de los sistemas especiales de salud y pensión.

Hay otras propuestas, añadió, que podrían funcionar en el mediano plazo, pero el problema con la regla fiscal es actual, y si la meta es llegar a un déficit estructural del 1 % en el 2022, como se propuso en la Ley 1473 del 2011, el reto es grande.

Ese panorama, manifestó el docente, dará lugar a una nueva reforma tributaria al finalizar el año, algo que por lo general ocurre cuando se posiciona un nuevo gobierno.

Además, agrego que lo más seguro será la llegada de nuevos recortes por el lado del gasto de inversión, asunto muy grave debido a que se sumaría a lo reducido el año pasado en sectores como educación e investigación.

Lo que no podría hacer el nuevo Ejecutivo sería tocar gastos inflexibles como los de funcionamiento y el servicio de deuda, consignados en el Artículo 351 de la Constitución.

“Lo anterior lleva a pensar que será muy poco probable resolver el problema. Lo que el país necesita es solucionar con urgencia el fenómeno de la corrupción, que hoy se observa más como noticia coyuntural que como un problema estructural de la sociedad colombiana”.

De nada serviría compensar el déficit reduciendo el gasto o aumentando los impuestos si no se asegura que el recaudo se destine a los fines para los cuales fueron creados.

En la actualidad, es muy rentable ser corrupto, porque al final de una investigación se devuelve solo una parte del valor apropiado o expropiado por un funcionario público, y las penas privativas de la libertad son irrisorias”, enfatizó el profesor Castañeda.

Por eso, en su opinión, lo deseable es que el próximo Presidente de la República tenga entre sus planes una gran ofensiva contra la corrupción, pues este es el real obstáculo para el desarrollo nacional; si no es así, cualquier esfuerzo tributario se quedará corto, sentenció.

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