Publicado: abril 25, 2017, 9:49 am
Las estadísticas publicadas y analizadas recientemente por WOLA (Washington Office on Latin America), demuestran un aumento en los cultivos de coca, históricamente producida por grupos indígenas en Perú, Bolivia y en algunos sectores de Colombia. Según este reporte, de acuerdo con el Gobierno de EE.UU. en el 2015, en Colombia se cultivaron alrededor de 159.000 hectáreas de coca y en 2016 los cultivos alcanzaron o excedieron 180.000 hectáreas.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas lanzó sus propios estimados con la ayuda de la Policía Nacional en el mes de Junio. Utilizando una metodología explicada en sus reportes, la ONU halló 96.000 hectáreas en el 2015. Aunque los dos estimados presentados son divergentes, ambos tienden a seguir tendencias similares y dan muestras concretas de dicho incremento.
El Gobierno estadounidense, la ONU y los analistas señalan distintas razones que explican el incremento de la producción de coca en Colombia. Estas incluyen:
- Desde octubre del 2015, el Gobierno colombiano suspendió el programa de aspersión aérea apoyado por el Gobierno de EE.UU. y su reemplazo con otras políticas ha sido lento e inefectivo. La suspensión tuvo lugar después de que la Organización Mundial de la Salud determinara que el uso del herbicida glifosato para este propósito era potencialmente cancerígeno para los humanos. El programa de fumigación fue controversial a lo largo de sus 22 años de existencia, y no fue bien recibido por los habitantes rurales. Otra falla fue que los cultivadores de coca fueron eficaces en hallar otras estrategias para continuar cultivando sin acercarse a las áreas fumigadas. En general, la erradicación contó con pocos esfuerzos de coordinación y los esfuerzos para crear una presencia estatal en las áreas abandonadas fue escaso.
- Colombia redujo otras formas de erradicación manual. En el 2008, los esfuerzos manuales de erradicación de cultivos patrocinados por soldados, policías, e incluso ciudadanos, contribuyeron a la disminución de cultivos post 2008. Sin embargo, el proceso de erradicación manual se llevó a cabo a un alto precio social y humano: más de 200 erradicadores de coca fueron asesinados en la última década y otros 1.000 resultaron lesos, principalmente por ataques guerrilleros o paramilitares. La eliminación manual de cultivos en el 2015 fue menos de un quinto de las 96.000 hectáreas del 2008. Aparte de los peligros del conflicto, el Gobierno colombiano también argumenta que la erradicación manual es demasiado costosa en estos momentos y se están empezado a coordinar encuentros con grupos de la oposición para hallar soluciones viables a este problema.
- Esfuerzos para acercar al Gobierno a las zonas de cultivo y el desarrollo de alternativas a través de programas de erradicación voluntaria, no incrementaron tras la suspensión del programa de aspersión aérea. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó un reporte en Julio del 2016 criticando: “la reducción general en alternativas de desarrollo para el país entero”. Esto solo está cambiando hasta ahora, desde que Colombia tomó los primeros pasos hacia la implementación de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC en noviembre del 2016.
- El precio del oro en caída. La minería ilícita de metales preciosos ha servido como un “programa alternativo de desarrollo” en muchas áreas de Colombia a partir del 2010 desde que la crisis financiera a nivel mundial empujó los precios hacia niveles estratosféricos. Desde esta caída, el crimen organizado ha revertido a la cocaína.
- El dólar se ha fortalecido, aumentando desde 1,800 COP en el 2013 hasta casi 3,000 COP en el 2017. A pesar de que los precios de la coca no han aumentado en términos de dólares, su equivalencia en peso si ya que un kilogramo de hoja de coca subió de 2,150 pesos en el 2014 a 3,000 pesos en el 2015, según reportes de la ONU.
- Se difundió que los cultivadores de coca recibirían beneficios tras los acuerdos de paz, motivando a algunos campesinos a unirse a la práctica. En mayo del 2014, el Gobierno colombiano y las FARC anunciaron un borrador del acuerdo “para solucionar el problema de los cultivos ilícitos”. En dicho acuerdo, el Gobierno se comprometió en firmar tratados con comunidades y familias que se dedicaban a cultivar coca, para que ellos voluntariamente erradicarían sus cultivos a cambio de beneficios (La mayoría de estos beneficios son títulos de propiedad, acceso a los mercados, entre otras responsabilidades elementales del Estado). Durante los dos años y medio del diálogo, se propagó la promesa del Gobierno en la que se comprometía a subsidiar a las familias que plantaran coca; dicho mensaje fue esparcido activamente por las FARC de acuerdo con el Departamento de Estado.
- Los cultivadores de coca organizaron una resistencia que mitigó los esfuerzos de erradicación. El Gobierno, en medio de las negociaciones con la guerrilla, decidió no responder de una manera controversial que podría resultar en una ola de confrontaciones violentas con los campesinos en las áreas de alta concentración de las FARC. Desafortunadamente, el Gobierno tampoco actuó incrementando su presencia en dichas zonas ni realizó esfuerzos en garantizarle los servicios básicos a estas poblaciones.
Fuente:
Washington Office on Latin America
https://www.wola.org/es/
