Publicado: mayo 29, 2020, 12:36 pm
El grueso de las peticiones (12.332) fueron por la prestación del servicio de energía eléctrica, seguidas por las del acueducto (3.791) y gas natural (2.623), así lo informó la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, en una reunión virtual convocada por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y ambiental (Acodal).
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La directiva enfatizó en que, entre el 24 de marzo y el 17 de mayo, la entidad ha recibido 30.656 peticiones de usuarios de todo el país, de las cuales 19.259 se relacionan con facturación.
Por cuenta de la pandemia la Superintendencia de Servicios ha fortalecido el monitoreo de las finanzas de las empresas de servicios públicos, al punto que ya se pueden generar alertas tempranas e inmediatas, a fin de cuidar la salud financiera de éstas. “En la medida que se afecta la caja, se elevan alertas que pueden aliviar esta situación y no se pone en riesgo la prestación de los servicios públicos”, puntualizó Avendaño.
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Además, la entidad quedó facultada para realizar pruebas de calidad del agua en el país, lo que permitirá garantizar a los usuarios que obtengan lo mejor en ese recurso, esto por determinación del Plan Nacional de Desarrollo.
Sanciones impuestas
En lo corrido del año, la Superintendencia ha impuesto multas por más de $45.157 millones a 72 prestadores de servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas por incumplir la regulación vigente.
Dentro de los sancionados se encuentran 27 prestadores de energía, 20 de gas, 11 de acueducto, alcantarillado y aseo, siete de acueducto, seis de aseo y uno de acueducto y aseo. Además, los procesos de investigación se iniciaron entre 2016 y 2019.
Las principales razones tras las multas son el incumplimiento a indicadores de calidad del agua, normas técnicas, regulación en materia de subsidios, reglamento de instalaciones eléctricas, inversiones y metodologías tarifarias.
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Asimismo, se han interpuesto sanciones por fallas en la continuidad de la prestación del servicio, medición del consumo, reporte de información, planes de contingencia, recolección y disposición final de residuos, entre otros.
“Iniciamos las indagaciones preliminares y requerimientos a las empresas sobre las cuales hemos recibido quejas de los usuarios durante este año; y en particular desde que inició la emergencia sanitaria, en relación con incremento de tarifas, medición por promedio y cortes o suspensiones no autorizados», añadió la superintendente, Natasha Avendaño García.
