Con el objetivo de mitigar los efectos de la emergencia que atraviesa el país, el Gobierno anunció la expedición de un decreto, por el cual se prohíben los desalojos durante la emergencia económica y dos meses adicionales.
Adicionalmente, se congela el precio de los arrendamientos, lo que equivale a suspender el reajuste anual de los cánones, así como la causación de los intereses moratorios o las penalidades por incumplimiento así los contratos lo estipulen, desde abril hasta dos meses después de finalizada la emergencia.
“Es importante aclarar que en ningún momento se habla de No pago, en todos los casos el arrendatario deberá honrar sus obligaciones y si es el caso, llegar a acuerdos con el arrendador”, explicó el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.
El funcionario agregó que la norma “también prorroga la vigencia de los contratos, lo que quiere decir que aquellos que finalizaban durante el tiempo de la emergencia se entienden prorrogados durante la coyuntura, salvo si hay acuerdos entre las partes. Además, cuando se llegue a acuerdos privados de pago, estos estarán desprovistos de penalidad y no se cobrarán intereses de mora”.
Pero el decreto, que estará listo en los próximos días, va más allá, ya que hace ajustes relacionados con la propiedad horizontal, entre ellos, da luz verde para que se habilite el uso del fondo de imprevistos de las copropiedades durante la emergencia, para el mantenimiento de los contratos de trabajo del personal.
Igualmente, señala que las asambleas ordinarias se podrán realizar de forma virtual o se tendrán que aplazar hasta después de la emergencia, sin que esto implique la imposición de sanciones por inasistencia.