Publicado: marzo 22, 2020, 12:23 pm
Ante la inminencia de la crisis sanitaria que se le avecina al país y a la par con todos los anuncios y medidas que se han venido tomando, se hace necesario evaluar si las mismas van por el camino correcto y corresponden a lo que se debe hacer. Con el auge del Coronavirus, las instituciones deben actuar para garantizar que los servicios sanitarios se encuentren en las mejores condiciones para afrontar la situación, no con ello entrando a desvirtuar las acciones que hasta la fecha se han tomado.
A manera de ejemplo, en Bogotá, del 100% de la red de prestadores de servicios de salud, el 70% de estos hacen parte del sector privado y solo un 30% respecta al sector público, donde la ocupación global de la red es del 80%, lo que deja entrever ,de manera simple, una fragilidad para afrontar una crisis que proyecta una infección del 60% de la población. Si vemos las cifras de contagio, Colombia ha superado a países como Italia en el número de infectados en los primeros días de aparición del Covid-19, lo que nos hace pensar que el gobierno nacional busca copiar el metodo implementado por los ingleses: la «inmunidad del rebaño”; pues ya no estamos hablando de si nos vamos a contagiar o no, sino cuándo lo vamos hacer.
Es clave analizar como otros países han tomado acciones que fortalecen financieramente a las instituciones médicas, que finalmente son las que van afrontar la crisis en la fase más crítica, es decir, lo que se prevé es que del 10% al 15% de los pacientes terminen hospitalizados en una ciudad como Bogotá, donde la red pública solo corresponde al 30%. Es aquí donde surgen preguntas como: ¿Podrán nuestras instituciones responder a esta demanda? ¿Se ha tomado alguna medida concreta que permita a las instituciones afrontar de manera real la crisis a partir de planes de ampliación, nueva contratación de personal y nuevas necesidades de suministros y equipos médicos? -Hasta el momento se desconocen acciones que se le acerquen a una medida seria y responsable-.
Una de las fallas más grande en el sistema de salud es el estado financiero de las IPS, que son la última barrera de contención, sin embargo, las mismas, se hallan en un estado precario y lamentable, debido a años de no pago por servicios, superando así los 12 billones de pesos en deudas a dichas instituciones. Pero es muy curioso o llamativo -por no decir cantinflesco- que las medidas adoptadas y ordenadas a las IPS generan más gastos; recargando sus ya precarias situaciones económicas, haciendo que todas las actuaciones ordenadas sean muy difíciles de ejecutar para estas instituciones en crisis y sin elasticidad para responder a las mismas.
Esta situación ha servido para replantear muchas cuestiones que permitirán cambios buenos o malos a futuro. Un cambio vital por ejemplo, puede ser que instituciones como Supersalud, encargada de vigilancia y control, obligue a las EPS a pagar sus cuentas por servicios de salud, y no solo pretenda que los prestadores garanticen la atención de los usuarios sin ningún compromiso o expectativa de pago. En la actualidad, las deudas que las EPS poseen con la red de prestadores se ha venido transfiriendo entre los diferentes actores tales como proveedores y recursos humanos ¿cómo se pretende que los proveedores y las IPS sigan financiando la prestación del servicio y específicamente la crisis? ¿Cómo se pretende que el personal de salud, al cual en la mayoría de instituciones le adeuda nóminas por más de 3 meses, arriesgue su vida y la de su familia cuando ni siquiera su sueldo está garantizado?
Es claro que el panorama no es muy alentador para lo que sería las medidas de contención de la pandemia y el post-coronavirus, pero existen soluciones y propuestas para poder apaciguarlo. Verbigracia, es viable lograr una revisión inmediata del estado de cartera del sector y a través de créditos entre gobierno, Fosyga y EPS se saneé en forma importante la cartera de las IPS a fin de que cuenten con recursos para responder a la crisis. Igualmente es posible que se apropie una línea de crédito blando o sin intereses para las clínicas y hospitales a través de Findeter con plazos entre 3 a 5 años, que le permita a las instituciones flexibilidad y capacidad de reaccionar ante los nuevos retos.
La crisis requiere que las instituciones contraten más personal, aprovisionen recursos como insumos y medicamentos, apropiación de equipos, principalmente de cuidados intensivos (respiradores, los cuales son críticos en la fase más aguda de la epidemia), las medidas de aislamiento desde luego aumentan los costos de la prestación, todos estos aspectos son en los que se necesita intervenir rápidamente y no esperar hasta que se colapsen los debilitados centros de salud.
El interés no es, como se expresa coloquialmente, echarle leña al fuego, sino hacer un llamado de atención a los estamentos que manejan y regulan el sector salud para que no entremos en crisis, sobre todo en instituciones sin fortaleza y capacidad para reaccionar.
El sector y los colombianos esperamos un liderazgo de nuestras instituciones que den herramientas a los servicios de salud. Ojalá la crisis nunca llegue, pero es de sabios siempre prepararse para lo peor y no nos tome por sorpresa. Es imprescindible establecer cuántas camas adicionales somos capaces de construir y en cuánto tiempo, sin excluir públicas o privadas, es el momento para actuar coordinadamente, para fortalecernos y tomar las acciones correctivas que por amiguismo, corrupción, politiquería y populismo nos hemos negado a tomar; no por desconocimiento, sino por conveniencia.
Nuestras autoridades pueden pasar a la historia como aquellos que enfrentaron la crisis con decisión y oportunidad o aquellos que permitieron el caos y muerte de un gran número de colombianos por insuficiencia de nuestro sistema de salud y una futura crisis del post-coronavirus.
Por: William Aristizábal
Gerente General de la Clínica Medical
