Publicado: noviembre 14, 2017, 3:57 pm
“La ley estatutaria del derecho a la salud en Colombia estableció que todo medicamento que se comercialice forma parte del POS, de modo que los pacientes cuentan con diversos mecanismos para acceder a ellos”, explica la profesora Claudia Vaca González, directora del Centro de Pensamiento sobre Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).
Por esta razón, cualquier paciente podría tener derecho a solicitar un medicamento o tratamiento e interponer una tutela para acceder a estos.
Tales tratamientos, que ya se están aplicando en Estados Unidos y Europa, tienen un costo que asciende a los 450 mil euros, equivalentes a más de 12.200 millones de pesos.
Si se tiene en cuenta que en el país existen cerca de 70 mil nuevos casos de cáncer y que cada año se reportan aproximadamente 700 de cáncer infantil, el asunto pondría en jaque los recursos de la salud. A ello se suma que los diagnósticos de hemofilia ascienden a los 3 mil y que todos ellos podrían tratarse con estos nuevos procedimientos.
“El mercado y la ciencia siempre superan al Estado, por ello las decisiones públicas sobre estos asuntos a veces operan como un tsunami: aunque se prevén, se terminan tomando medidas reactivas”, manifestó Carolina Gómez, directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud, durante el Foro de Terapias Médicas celebrado en la U.N.
Cómo se clasificarán estos productos y qué priorización tendrán son algunos de los interrogantes que abre esta coyuntura. Por otro lado, se plantea la necesidad de establecer normas básicas que regulen la actividad de clínicas de investigación, prácticas de fabricación y vigilancia, además de evaluar la mejor manera de regular los precios.
“Puesto que estamos ad portas de un año electoral, tenemos proyectado plantear sesiones de debate para discutir estas inquietudes, con el fin de que hagan parte de la agenda de los candidatos y que ellos entiendan que se trata de un asunto al que debe dársele la mayor importancia”, prosigue la profesora Vaca.
Aunque se esperaría que dentro de uno o dos años se pudiera contar con una normativa adecuada, una de las recomendaciones del Centro de Pensamiento sobre Medicamentos es la priorizar los aspectos más sensibles, así podrían abordarse progresivamente a manera de contingencia, lo que también se ha denominado ‘regulación de parcheo’.
“La única alternativa que tiene el Estado es ir armando las piezas del conjunto de la regulación, sin tratar de dar una solución definitiva a la totalidad del problema”, puntualiza la directora del Centro de Pensamiento, para quien un primer paso debería ser la definición y priorización de las estrategias que tendrían mayor impacto en el sistema de salud.
Terapias médicas avanzadas
Estos tratamientos incluyen, por un lado, el cultivo de células que regeneran tejidos, por ejemplo, en pacientes que han sufrido quemaduras o que necesitan tejidos de columna vertebral o crecimiento de retina, y, por el otro, modificaciones genéticas para resolver enfermedades hereditarias de forma permanente.
“Para este último caso se trata de una promesa de curación. Existe una gran discusión sobre sus posibles contraindicaciones, asociadas a una manipulación del sistema inmune, las cuales pueden ser fatales en algunos casos. Además, se desconoce su beneficio real, por tratarse de tratamientos a largo plazo; sin embargo, los primeros hallazgos son prometedores”, destaca la docente.
Europa y Estados Unidos ya las han clasificado como tratamientos de rescate, de difícil manejo o sin alternativas terapéuticas disponibles. En estas dos jurisdicciones la autorización se condiciona a que se realicen estudios básicos con muy pocos pacientes y que se haga seguimiento al suministro de información de los avances.
Para el caso de Colombia, el Centro de Pensamiento sobre Medicamentos, Información y Poder ha hecho un estudio comparativo sobre la regulación que existe a nivel mundial. Su objetivo es promover una propuesta y realizar mesas de trabajo con participación de la industria farmacéutica, la academia, el Invima y el Ministerio de Salud
