Durante la quinta sesión de la Cátedra Repensar Nuestro Futuro, del Foro Nacional Ambiental, se abordó de la eficacia de las políticas para proteger la biodiversidad, haciendo énfasis en el caso colombiano, país que tiene cerca del 60% de sus ecosistemas en peligro.
Brigitte Baptiste, habló sobre los desafíos en Colombia para garantizar la gestión adecuada de los ecosistemas y así evitar un colapso ecosistémico. Más allá de lo que dicen los informes globales sobre biodiversidad, Baptiste llamó la atención sobre la noción de servicios ecosistémicos y la funcionalidad de la biodiversidad, un enfoque que es necesario tener en cuenta, pues este tiene en cuenta las relaciones entre las especies vivas y no se analiza la biodiversidad como “un gran inventario de seres vivos o un museo de animales muertos”. De hecho, parte de las relaciones de los seres vivos, incluido el ser humano.
Agregó que en país la situación para los ecosistemas es preocupante por los cambios acelerados en los usos de suelo y por fenómenos como la deforestación masiva. A estos problemas se suma la incapacidad del Estado para gestionar adecuadamente la biodiversidad. “Llevamos 15 años en la tarea de definir jurídicamente qué es un páramo y hasta dónde llegan con el fin de excluir ese territorio de actividades económicas relacionadas con agricultura y minería. La delimitación de los páramos ha sufrido embates complejos y todo ese procedimiento para trazar las líneas ha sido muy controversial”, manifestó.
En esas delimitaciones jurídicas, señaló Baptiste, surgen diferentes intereses por los desarrollos de actividades mineras y agropecuarias. La disputa por el oro en el páramo de Santurbán, por ejemplo, “parece no tener fin. Y teniendo en cuenta este caso surge la pregunta de si realmente necesitamos cambiar la Constitución cada vez que se presente un proyecto de gran impacto ambiental”, aseguró.
Frente al tema de la deforestación, Rodrigo Botero, director de la FCDS dijo que en últimos dos años se ha presentado una reducción en la deforestación en los departamentos que componen la Amazonia pero es probable que las cifras de 2020 y las que corresponden a lo que va de 2021 demuestren un repunte importante en el número de hectáreas deforestadas. El registro más reciente del Ideam señala que en 2019 fueron deforestadas 101.395 hectáreas en la Amazonia, mientras que en 2018 fueron 144.099 hectáreas.
Según Botero esto se debe a acaparamiento de tierras para desarrollar actividades como la ganadería, la agricultura, la minería, la construcción de vías y los cultivos de uso ilícito. “En la Amazonia se están concentrando núcleos de deforestación en áreas de parques nacionales y en corredores de conectividad ecológica como Chirbiquete, también en las zonas de sabana en la Orinoquía”, explicó.
La ganadería en la Amazonia colombiana, así como los cultivos de uso ilícito o los cultivos ilegales de palma, han generado una “explosión vial, combinando infraestructura planificada con recursos públicos y otro tipo de actividades”, agregó Botero. De hecho, preocupa la tendencia en ascenso de la deforestación en los departamentos de Guaviare, Meta y Caquetá.
Además, Juanita Aldana aseguró que que las políticas no solo en Colombia sino en América Latina y el Caribe han sido insuficientes y prueba de ello es que el 61% de los ecosistemas de la región están declinando y todavía no parece existir conciencia sobre lo que significa la vulnerabilidad socioecológica en nuestro país.
Finalmente, Ángela Echeverry manifestó que es importante que se aborde un problema a escala nacional y tiene que ver con los tiempos para ejecutar proyectos estratégicos, como los planes de desarrollo territorial y que estos, así como otras estrategias de gobernanza del territorio, estén alineados con metas claras de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).