La solicitud al Gobierno Nacional implicaría que las secretarías departamentales, municipales y distritales tomaran el control funcional de instituciones de salud tanto públicas como privadas en cada región.

La Organización Mundial de la Salud abrió el debate sobre el uso de esta herramienta de protección al afirmar esta semana que solo personal médico y autoridades deberían implementarlo.

Servicios que fueron previamente contratados y que no están siendo utilizados por los estudiantes, son la razón del inconformismo.