Publicado: julio 17, 2020, 5:00 pm
Entre marzo y junio del 2020, la organización hizo una exhaustiva investigación que demuestra que los grupos armados informaron a las poblaciones locales que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación de Covid-19 en los departamentos de Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo.
Según el informe, al menos cinco de estos departamentos los grupos utilizaron la violencia para imponer el cumplimiento de sus normas, y en al menos otros cuatro amenazaron con recurrir a la violencia.
A través de los panfletos y mensajes de WhatsApp, comunicaban a las comunidades las medidas restrictivas que debían seguir para evitar la propagación del virus.
En el departamento del Bolívar, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) difundió un panfleto, a principios de abril en el cual anunciaban que se sentían “forzados a dar bajas humanas con fines de preservar vidas” debido a que la población no había “acatado las órdenes de prevención en contra del Covid-19”.
La organización humanitaria, aseguró que estos grupos ilegales han puesto brutales “castigos”, incluidos asesinatos, a quienes supuestamente incumplen sus normas. Estos crímenes se le atribuyen al ELN y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
De acuerdo con la investigación, hasta el momento nueve personas han sido asesinadas por estos grupos ilegales. Entre los casos que denuncia el informe está uno ocurrido el 26 de abril en el que, las disidencias de las FARC mataron a tres civiles e hirieron a otros cuatro en el departamento de Cauca. El fiscal a cargo aseguró que los civiles fueron asesinados por no cumplir con las medidas de aislamiento impuestas por el grupo armado.
Por otra parte, el informe señala que las medidas impuestas por estos grupos han dificultado aún más el acceso a alimentos para las comunidades que viven en situación de pobreza, acceso que ya era limitado debido al aislamiento ordenado por el gobierno.
“Este brutal control social refleja las históricas falencias del estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
