Publicado: abril 16, 2020, 7:00 am
Con el fin de crear un sistema de recuperación empresarial, que evite la quiebra de firmas y la pérdida de empleos, el Gobierno expidió el Decreto Ley 560 de 15 de abril de 2020 que contempla medidas transitorias en materia de insolvencia.
«El Decreto Ley busca generar opciones para que las empresas puedan salir adelante y preservar el empleo”, señaló Juan Pablo Liévano, Superintendente de Sociedades.
Según esa entidad, en un escenario de recesión económica, más de 2.600 empresas enfrentarían riesgos de insolvencia, y deberían acudir a procesos concursales, la mayoría pequeñas y medianas (mipymes).
Las medidas tendrán vigencia de dos años y se sustentan en 4 pilares:
1. Creación de herramientas extra-judiciales de negociación expeditas: se introducen dos nuevas herramientas dentro del marco de las reorganizaciones empresariales de carácter extra-judicial, que permiten la solución pronta y adecuada de la crisis de la empresa y la atención de diferentes sectores de la economía.
2. Creación de mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, el empleo y el crédito:
(i) Se reducen los requisitos formales para admisión a los procesos, (ii) Se permite el pago de pequeñas acreencias y venta de activos para su pago sin autorización judicial, (iii) Se crean mecanismos de mejoramiento del flujo de caja de la empresa que facilita la celebración de acuerdos (capitalización de acreencias, descarga de deudas y pactos de deuda sostenible, (iv) Se generan incentivos de prelaciones y garantías para créditos nuevos en la etapa de negociación judicial, (v) Se crean mecanismos para evitar la liquidación de una empresa a través de la compra de la empresa en marcha, (vi) Se suspenden las cuotas de los acuerdos de reorganización de abril, mayo y junio, las cuales se considerarán vencidas en julio, y tendrán una periodo de tres (3) meses después de su audiencia.
3. Beneficios tributarios: se adoptan medidas tributarias, hasta el 31 de diciembre de 2020, orientadas a brindar ayuda con la caja y aliviar la situación de los deudores admitidos a un proceso de reorganización empresarial o que hayan celebrado un acuerdo de reorganización y se encuentren ejecutándolo, de renta presuntiva y de retención en la fuente a título de renta e IVA.
4. Suspensión de normas y obligaciones legales: se suspenden normas y obligaciones legales con el fin de preservar las empresas y facilitar el manejo del orden público económico, tales como la causal de disolución por pérdidas.
