En Colombia el número de investigadores por millón de habitantes es de 350 aproximadamente, lo que significa que la nación es superada «dos y tres veces por países como Chile, Costa Rica, Brasil y Argentina y 30 veces por países europeos como Islandia, Finlandia y Noruega».
Así lo revela el más reciente documento publicado este lunes por Función Pública, Aprendizaje organizacional y gestión del conocimiento, que aborda el tema de la eficacia y eficiencia de la administración pública, escrito por el doctor en Ciencias Sociales, economista y filósofo César Vallejo Mejía, integrante del grupo de expertos, docentes e historiadores de la Red Académica del Estado (RedE) de la que hacen parte 42 universidades del país.
La investigación revela que si bien en el país existe un potencial para el aprendizaje y la gestión del conocimiento gracias a los 487 programas en administración pública que brindan las universidades (8 doctorados, 61 maestrías, 27 especializaciones, 305 pregrados y 16 de nivel técnico o tecnológico), aún «hay una falta de claridad sobre la importancia de la gestión del conocimiento para el desarrollo».
Según el documento, un 40 % de los grupos de investigación se encuentra en Bogotá, otro 25% en la zona noroccidental (Medellín y Eje Cafetero) y un 15% en la zona Caribe y del Pacífico.
Así mismo, el experto resalta que la existencia de los grupos de investigación en las principales ciudades «puede ser el resultado de la ausencia de políticas para hacer llegar la gestión de conocimiento a las distintas regiones del país».
Y agrega que «el gran desafío del sector público colombiano en materia de gestión del conocimiento como base y motor del desarrollo (…) es promover la articulación de las distintas fuentes de información y conocimiento y su difusión oportuna (…) para que sus decisiones sean de mayor calidad y conduzcan al progreso de la nación».
«Con la excepción de algunas entidades, no es posible afirmar que existe una cultura del aprendizaje y la gestión del conocimiento, del diálogo, las alianzas, el compromiso de todos y la reflexión en medio de las funciones y responsabilidades operativas. Esa cultura es tanto más importante cuanto que el contexto cambia aceleradamente y lanza desafíos de cambios significativos y necesarios para conservar o mejorar los índices de eficiencia y eficacia, en las entidades públicas y las privadas», concluye el documento.