Publicado: noviembre 22, 2017, 10:51 am
Tras conocerse la aprobación, en último debate, por parte de la Cámara de Representantes de la “Ley de infraestructura”, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, aseguró que no hay excusa para que las entidades bancarias gestionen la aprobación de los cierres financieros de grandes obras como las autopistas de cuarta generación, conocidas como 4G.
El titular de la cartera de Hacienda aseguró que, con esta ley, los terceros que, de buena fe, financien un proyecto que sea sometido a un proceso de nulidad no se verán afectados por esa decisión y podrán tener claridad sobre cómo debe hacerse el pago de las obligaciones. “Es más, esta ley permite que, en algunos casos, los mismos bancos asuman y terminen los proyectos si los contratistas o los concesionarios entran en dificultades”, aclaró Cárdenas Santamaría.
El funcionario recordó que, raíz del escándalo de Odebrecht, los bancos y demás entidades financieras, como los fondos de pensiones, detuvieron sus inversiones en proyectos como las 4 G, debido a que sentían que había una incertidumbre jurídica que no permitía tener claridad sobre las consecuencias de financiar un proyecto que se viera afectado por un proceso de nulidad. “Esta ley aclara eso –enfatizó el ministro-. Entonces ese es un mensaje para los bancos. Aquí se definieron las reglas de juego y por eso nuestro llamado es claro y categórico, debemos acelerar los cierres financieros, tenemos proyectos en todo el país que necesitan créditos”.
Con esta ley, que ahora pasará a conciliación en el Congreso, el Gobierno busca formalizar la contratación de las obras públicas en el país. A este respecto, el ministro Mauricio Cárdenas resaltó que con la aprobación de los llamados “pliegos tipo” se impedirá que se sigan “amañando” los pliegos de las licitaciones. “Lo que queremos es que haya unos niveles mínimos de exigencia, y no como ahora que, en muchos casos, desde el momento de su diseño, los pliegos están direccionados hacia un proponente, que es el que cumple todos los requisitos”.
Cárdenas Santamaría destacó que lo que el Gobierno busca es que haya transparencia. “Con esta ley le damos garantías al sector privado para que participe en los procesos y dejemos atrás esa práctica de otorgar contratos en licitaciones donde aparece un único proponente, eso es desastroso, la contratación pública tiene que asegurar pluralidad”.
En caso de ser aprobada la conciliación en el Congreso, el Gobierno tendrá seis meses para reglamentar los “pliegos tipo”, los cuales deberán ser de obligatorio cumplimiento, no solo para el Gobierno Nacional sino para alcaldes y gobernadores. “Tenemos que sacar esa reglamentación rápido”, concluyó Cárdenas. (Fin).
