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¿A quién se deben los miembros de las Juntas Directivas, a los Accionistas o a los Stakeholders?

Es indiscutible la dificultad que ha tenido el gobierno corporativo en el mundo debido a que la ley no acompaña a la misma velocidad el desarrollo de las buenas prácticas, o se mantiene anclada en un pasado inaceptable.

Foto: unsplash

Publicado: abril 17, 2021, 9:50 am

Por :Gonzalo Gómez Betancourt, Ph.D

Este artículo pretende llamar la atención de todos aquellos que hacemos parte de Juntas Directivas, debido a que muchos de nosotros estamos formados en el mundo empresarial y seguimos las tendencias de desarrollo de gobierno corporativo, por ejemplo, incorporando las ideas de la medición de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la ONU que empezamos a implementar con mucho entusiasmo en nuestras empresas, por sus propósitos loables, pero que muchas veces no son cotejados a nivel de regulación en materia de nuestra responsabilidad legal y que incluso pueden llevarnos a correr riesgos de los cuales no estamos al tanto.

Debo empezar contándoles que en las clases de gobierno corporativo que he tenido la fortuna de transmitir, siempre hago la pregunta al auditorio: ¿A quién se debe el miembro de junta directiva?, hace 20 años el 100% de la clase contestaba, pues obvio “…al accionista”, incluso parecía ingenua la pregunta; hoy aproximadamente el 60% de la clase contesta “….a la empresa” y unos más conscientes señalan “…a todos los stakeholders”; La discusión se vuelve apasionante, porque son efectivamente las tendencias mundiales del gobierno corporativo. Evidentemente, hoy en día es imperativo que los miembros de junta directiva le respondan a todos los stakeholders de manera que se encuentre un equilibrio entre todos los actores del ecosistema empresarial y no terminemos quitándole algo a los demás actores, en aras de maximizar el beneficio del accionista.

Pero el problema anterior, no es trivial, ni semántico. La mayoría de la doctrina corporativa que utilizamos en nuestros países es norteamericana, no europea, y eso hace que nuestra ley 222 de 1995 (Bastante obsoleta en mi criterio), deba interpretarse a la luz del principio según el cual los administradores (Miembros de Junta y ejecutivos principales, entre otros) deben actuar siempre buscando el interés de la sociedad, que no puede ser otro distinto al interés de los accionistas; es decir, que los miembros de junta solo podrían decidir la realización de temas altruistas directamente relacionadas con su objeto, y en todo caso, en la medida en que dicho altruismo de alguna u otra manera repercuta o genere algún beneficio cuantificable para sus accionistas. Por fuera de esto, la realización de estos actos supone decisión previa por parte de la asamblea general de accionistas. Igualmente, la Superintendencia de Sociedades, ha sido muy clara dentro de su jurisprudencia al señalar que los miembros de junta se deben a los accionistas. Incluso, para poder tratar de adaptarse a lo que está sucediendo, a los legisladores se les ocurrió, crear las sociedades BIC (Sociedades comerciales de beneficio de interés colectivo) de manera que, al ampliar el objeto social a mayor cantidad de partes interesadas, los administradores no tengan las anteriores dificultades. ¿Pero cuántas empresas en el país se han convertido en BIC?, en el último reporte que vi, no pasaban de 100.

El problema para los miembros de juntas directivas en empresas que no sean BIC es simple, en caso de que se esté asignando dinero a alguna función altruista, como haciendo donaciones a una fundación, y algún tercero sienta que al hacer eso puso en riesgo la organización, ya sea por un acto deliberado o de omisión, la demanda a los administradores podría ser totalmente válida, al demostrase que no actuaron en beneficio de los accionistas, que dicho acto se ejecutó por fuera del objeto social de la compañía, y, finalmente, que fueron perjudicados por esa donación. Aunque siempre existe la forma de demostrar la debida diligencia, con un estudio riguroso por parte de la junta de que esa donación está en función del objeto social, y que representa de una u otra manera algún beneficio para los accionistas (por ejemplo, porque otorga reconocimiento a la marca ante el público, lo cual al final se puede traducir en más clientes). Ahora bien, imaginen lo que ha sucedido desde la pandemia, muchas de las empresas hicieron donaciones en temas diversos como respiradores, mercados para los menos favorecidos, sostenimiento de empleos, aunque no fueran necesarios, etc., que van más allá del objeto social, … ¡uhh que ironía, por tratar de hacer más, a alguien se le puede ocurrir que se trata de negligencia de la junta directiva!

Es increíble, a nivel mundial, tenemos muchos ejemplos de juntas directivas, en especial en Estados Unidos, que han sido condenadas debido a este tema, y lo peor, es que nuestra legislación sigue a los norteamericanos “by the book”. Entonces como a ellos se les ocurrió crear un nuevo tipo de sociedad que ampliará a más partícipes, nosotros igual. En vez de legislar para todas las sociedades y que trabajen por el beneficio de todos los stakeholders, como ha sido la petición mundial de cortar con el capitalismo salvaje y pasar a un capitalismo consciente.

Ahora, como es lógico pese a las buenas intenciones del gobierno corporativo, debemos entender que primero está la ley, aunque algunas de sus normal estén muy alejadas de las buenas prácticas, nos toca primero cumplirlas y adaptarnos. Pero nunca renunciar a todos los beneficios que trae un buen gobierno. Entonces a manera de conclusión, para poder pensar en todos los stakeholders, debemos convertirnos en sociedades BIC, para no correr riesgos legales, y pedirles encarecidamente a nuestros legisladores que aquellos cambios que están sucediendo en nuestra humanidad puedan ser tratados más eficientemente, no pensando solamente en los pocos empresarios que quieren y pueden hacerlo, ya que dificultan el proceso de transformación social. Antes se debe ver que es lo mejor para todo el ecosistema empresarial, por lo tanto, la legislación debería proponerle, a todas las empresas ser BIC y el que no quiera hacerlo pues que se salga de la fotografía y deje de serlo, ya que estaríamos desconociendo el direccionamiento propuesto por la ONU. Nos estamos quedando muy rezagados y lo peor, los legisladores se demoran en discusiones eternas, ni siquiera han solucionado lo de las empresas colaborativas, esperemos que avancen con mayor rapidez en este tema.

Ph.D. – CEO Legacy and Management Consulting Group.

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