Publicado: junio 21, 2019, 9:04 am
El contrabando en Colombia se ha convertido en una problemática que tiene en jaque a diferentes sectores de la economía local. El comercio ilícito de cigarrillos, por ejemplo, alcanzó cifras alarmantes en 2018 al llegar a un 25% del mercado, la cifra más alta registrada desde 2011, y al duplicar el 13%, cifra de esta misma actividad en 2016, según el estudio “Incidencia de los cigarrillos ilegales en Colombia” realizado por el Invamer para la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).
El estudio también dio a conocer que el contrabando afectó a las entidades territoriales fuertemente, ya que estas dejaron de recibir 141 millones de dólares el año pasado, siendo La Guajira (86%), Cesar (80%), Magdalena (74%), Sucre (67%), Córdoba (62%), Bolívar (58%), Norte de Santander (55%) y Atlántico (32%), los departamentos en los que el comercio ilícito de cigarrillos está más presente.
Entre las posibles soluciones en el contexto nacional e internacional se encuentra la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), una iniciativa del sector privado, liderada por la Andi, con el objetivo de colaborar con los gobiernos de 16 países de la región de cara a la reducción de este delito (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela). La ALAC se constituye como el catalizador que facilita el intercambio de información y genera alianzas estratégicas, más allá de las fronteras para articular a los sectores público y privado.
“El comercio ilícito es uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico de América Latina, debido a las consecuencias negativas que ha generado en las instituciones, en la sociedad y en el mercado. En este sentido, las economías ilegales transgreden reglamentos, obligaciones tributarias, ponen en riesgo a los consumidores y propician una desventaja con los actores que se ciñen a los marcos regulatorios, desestimulando el empleo, la producción y la competitividad”, aseguró la ALAC.
Teniendo en cuenta las repercusiones que tiene el contrabando en la economía de las naciones, la solución presentada a países de la región es intensificar las medidas de control, como lo ha venido haciendo Colombia, y generar una agenda público-privada que responda de manera contundente al gran desafío de la ilegalidad.
Así mismo, la ALAC menciona la necesidad de evaluar todos los sectores, especialmente los más sensibles como los cigarrillos “No hay que generalizar y hay que revisar sector por sector. Cada uno tiene una condición y unas características distintas y por eso hay que revisarlo”, señaló la ALAC.
Finalmente, y como principal conclusión del estudio Invamer sobre “Incidencia de los cigarrillos ilegales en Colombia”, se puede deducir que existe una relación directa entre el aumento de los impuestos y el crecimiento del comercio ilícito de cigarrillos. Con base en este comportamiento, se puede afirmar que la reforma tributaria que entró en vigor en 2017 desconoció la capacidad de sustitución del mercado ilegal al legal que existe en el país.
