Publicado: diciembre 8, 2020, 4:20 pm
El proceso de reapertura económica tras el estricto confinamiento significó la reducción en el aumento de solicitudes de insolvencia empresarial que entre abril y noviembre ascendieron a 880, siendo agosto el mes con el mayor número de requerimientos.
En una presentación ante la Cámara de Comercio Colombo Americana, el superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, indicó que “desde el primero de abril hasta el 26 de noviembre hemos recibido 880 solicitudes de insolvencia, donde el pico se observó en agosto con 169 solicitudes. La ayuda del gobierno y la reapertura han contribuido a que las solicitudes bajen”.
De acuerdo con la presentación, en abril se presentaron 36 solicitudes; mayo 64; junio, 124; julio 135; agosto 169; septiembre, 143: octubre 118 y noviembre 91.
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Del total de solicitudes a nivel nacional, 690 fueron de procesos de reorganización y 190 de procesos de liquidación. Bogotá fue la ciudad donde se dieron más solicitudes (432), seguido por Medellín (161), Bucaramanga (98), y Cali (96).
Liévano agregó que estas 880 solicitudes abarcan 30.947 empleos, de los cuales 28.498 están en procesos de reorganización y 2.449 en liquidación. También representan 9,3 billones en activos, 8,4 billones en pasivos para un total de 883 mil millones de pesos en patrimonio.
Según la composición de las empresas, el Superintendente confirmó que esta es una crisis que les pega más duro a las micro y pequeñas.
“En el 2018 y 2019 teníamos alrededor de 100 solicitudes de insolvencia mensuales y para el primer trimestre del 2020 estábamos mas o menos en 70 y eso era muy bueno ya que mostraba que íbamos muy bien en el tema económico”, aseguró el funcionario.
Según los escenarios desarrollados en marzo por la Superintendencia de Sociedades sobre el impacto del COVID-19 en la economía y las empresas, entre el 17,8% y 37% estarían en riesgo de insolvencia, donde las micro y pequeñas empresas serían las más afectadas.
Según el funcionario, los seis pilares para la reactivación empresarial son: 1. las aperturas económicas responsables, 2. mantener el tejido empresarial con acuerdos entre acreedores y deudores, 3. creación de instrumentos financieros para las empresas, 4. creación de beneficios fiscales, 5. modificación del régimen general de sociedades y 6. incorporar la legislación de manera permanente de los decretos 560 y 722 de 2020.
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