Publicado: febrero 20, 2020, 1:15 pm
El Gobierno Nacional expidió un decreto para ampliar la oferta y cobertura de los servicios financieros y, de paso, combatir la modalidad de préstamo de ‘gota a gota’ y llegar a las zonas rurales donde se registra menos presencia de esos servicios.
La normativa modifica las condiciones de los créditos de consumo de bajo monto. Esta modalidad estará dirigida a personas naturales que no hayan accedido a un crédito bancario, que ya no estará limitado a 36 meses y podrá tener carácter rotativo.
Dichos créditos, en principio, tendrán un monto máximo de 4 salarios mínimos, que podrá ampliarse con el tiempo.
El propósito de esta medida es permitir a la población acceder de forma ágil y sencilla a las entidades financieras, lo cual contribuirá a mejorar su situación económica y a la larga acceder a productos más sofisticados, como el microcrédito o el crédito hipotecario.
También se fortalecerá el canal físico de la corresponsalía que hoy se ofrece a través de comercios, droguerías o tiendas de barrio, por ejemplo, habilitando esquemas de corresponsalía móvil y digital.
Datos sobre inclusión financiera
A septiembre de 2019, el 83,8% de la población adulta tenía al menos con un producto financiero, y de este porcentaje el 84,5% de los adultos contaban con un producto activo.
Desde 2015 el 100% de los municipios del país tienen presencia física del sistema financiero.
Todavía existen 6.3 millones de adultos sin ningún producto financiero y cerca de 6 millones de personas registran cuentas inactivas.
En las ciudades el indicador de inclusión financiera es del 88,7% y existen 359 corresponsales por cada 100 mil habitantes.
En los municipios rurales dispersos esas mediciones bajan a 60,7% y 195 corresponsales por cada 100 mil habitantes.
