Publicado: agosto 2, 2019, 5:26 pm
En Colombia, los tratamientos para pacientes con enfermedades respiratorias le representan al estado un gasto público importante, además que 17.000 personas mueren al año por esta causa. En ese sentido, invertir recursos económicos y técnicos para mejorar la calidad del aire se ha convertido en una prioridad para el Gobierno y diferentes entidades.
La industria está destinando fondos para adquirir nuevas tecnologías que sean más eficientes y menos contaminantes. Por su parte, Ecopetrol viene mejorando la calidad de los combustibles que produce para apuntar a que para el 1 de enero del 2023 el diésel tenga de 10 a 15 partes por y que para 2025 este nivel se reduzca a 10 partes por millón.
Por su parte, los importadores y comercializadores del sector automotor ya han venido trabajando para promover el uso de vehículos eléctricos, que se esperan lleguen a alrededor de 6.000 en 2030. Sin embargo existen grandes retos en el proceso de transición a este tipo de carros como el sobrecosto en comparación con modelos tradicionales, la efectiva implementación de beneficios tributarios y el desarrollo de infraestructura adecuada como estaciones de carga en diferentes partes de las ciudades.
Hace dos años se empezó a trabajar en estas normas que fueron recientemente aprobadas en primer debate por unanimidad. A partir de su entrada en vigencia, se deberá reglamentar el mecanismo para verificar el cumplimiento del límite permisible de emisiones de partículas contaminantes al aire, mediante prueba dinámica; además, se reglamentará el uso e inspección de los sistemas de autodiagnóstico para todos los vehículos con motor ciclo diésel.
El país se ha fijado la meta de reducir a largo plazo en 96 % las emisiones de partículas en camiones y buses diésel con vehículos EURO VI, teniendo en cuenta que el parque automotor hoy es principalmente EURO II y EURO III, y en motocicletas una disminución de la contaminación en 50%.
Además, en los próximos 6 años, las autoridades nacionales, municipales y los prestadores de servicio público deberán incorporar como mínimo el 30% de vehículos eléctricos en los carros contratados o adquiridos anualmente. Y para el caso de Sistemas de Transporte Masivo se espera que el 100% de los buses adquiridos a 2035 sean eléctricos.
De acuerdo con Angélica Lozano, una de las promotoras de los proyectos ante el congreso, concuerda con el ministro de la cartera de ambiente, Ricardo Lozano, que el reto más grande, más allá de la política, es lograr que haya un cambio de conciencia por medio de pedagogía que incida en el comportamiento individual para ser más consciente y asimilar los nuevos modos de vida que vienen con la movilidad sostenible.
