Publicado: mayo 19, 2017, 8:29 am
A las empresas American Pipe, Manufacturas de Cemento Titán y Tubox se les imputaron cargos por presuntamente haber conformado un cartel empresarial para fijar los precios de las tuberías de alcantarillado y repartirse las ganancias y los clientes entre las tres compañías.
Desde 2004, las tres empresas fijaron artificialmente los precios de los tubos para la construcción de alcantarillado. Además, formaron un cartel para repartirse los clientes dejando sin competencia a los demás fabricantes del país.
En el pliego de cargos, la Superindustria le imputó a las empresas investigadas, que en forma coordinada y concertada habrían identificado los potenciales compradores de tubería de concreto para alcantarillado, principalmente, a partir de los proyectos de alcantarillado ubicados en Bogotá y sus alrededores, con el fin de distribuirse los clientes que cada empresa atendería y coordinar los precios a los cuales las empresas presuntamente cartelizadas deberían cotizar y vender la tubería de concreto para alcantarillado, incluyendo, la fijación de los porcentajes de descuento
Una de las empresas implicadas rompió el silencio y entregó las pruebas que la involucran en la formación del cartel. Además, entregó documentos que comprometen a los tres fabricantes en los hechos delictivos.
Dentro de las pruebas hay declaraciones, correos electrónicos, citaciones a reuniones y archivos digitales que darían cuenta de la forma como se ejecutó el presunto cartel empresarial, los lugares (clubes sociales) en donde se hacían las reuniones de estructuración, seguimiento y ejecución del acuerdo anticompetitivo y la forma en que los altos ejecutivos habrían pactado eliminar el rastro de su conducta dejando de usar los correos electrónicos institucionales y utilizando servicios de mensajería instantánea no convencionales.
Adicionalmente, la Superindustria formuló Pliego de Cargos contra 7 altos directivos y ex – directivos de las mencionadas empresas, por presuntamente haber colaborado, facilitado, autorizado y ejecutado las conductas anticompetitivas investigadas.
Las 3 empresas a las que se les formuló Pliego de Cargos habrían tenido ventas en el mercado colombiano de tubos de concreto para alcantarillado por un valor superior a $250 mil millones durante el período investigado.
De hallarse culpables, las empresas tendrían que pagar una multa de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes que equivalen $73.771.700.000 por cada infracción y los directivos acusados dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalentes $1.475.434.000 por cada infracción.
Los carteles más recordados
El cartel de los tubos se suma a la lista de actividades irregulares de empresas de diferentes sectores industriales del país. Por ejemplo, en mayo de este año la SIC denunció a 17 empresas de subastas ganaderas que violaron la libre competencia al fijar una comisión que se les cobraba a quienes compraban ganado en subastas públicas. Quienes están implicados en el cartel del ganado tendrán que pagar una multa de 2.692 millones de pesos.
En junio de 2016, el ente de control reveló que, por más de 11 años, las firmas Tecnoquímicas (Winny) y otras dos viejas conocidas en estas lides: Kimberly (Huggies) y Familia (Pequeñin) orquestaron una trama anticompetitiva para fijar precios de los pañales y bloquear la competencia. Las compañías y directivos acusados tuvieron que pagar $209.000 millones.
Por cartelización empresarial, la SIC impuso sanciones a KIMBERLY, FAMILIA, PAPELES NACIONALES y C. Y P. DEL R., al haber incurrido, durante más de una década (2000-2013), en una conducta concertada, continuada y coordinada para fijar artificialmente el precio de los papeles suaves en Colombia, sector integrado por 4 productos: papel higiénico; servilletas; toallas de cocina; y pañuelos para manos y cara. Las sanciones impuestas ascendieron a una suma global superior a los $ 185 mil millones de pesos.
En una resolución de 275 páginas, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó que durante 13 años operó en Colombia un cartel empresarial para la fijación de precios de los cuadernos y sancionó a las compañías implicadas, incluyendo a varios directivos. Carvajal, Kimberly y Scribe fueron multados por un total de $60.000 millones.
