Publicado: marzo 28, 2019, 6:07 pm
Pese a que la última Misión del FMI elogió el desempeño reciente de la economía colombiana, también puso el dedo en la llaga al advertir los desafíos que enfrenta el gobierno para cuadrar sus cuentas fiscales.
Tanto es así que, a pesar de su papel de guardián de la ortodoxia económica, el organismo no dudó en recomendarle al gobierno la posibilidad de revisar la regla fiscal para enfrentar la crisis migratoria venezolana, la cual, según el Ministerio de Hacienda, tiene un costo estimado que ya supera el ½ punto del PIB, es decir, unos US$1.500 millones. Se trata de una recomendación similar a la que ya había hecho la OCDE, en un momento en el que el número estimado de migrantes supera de lejos el millón de personas.
Y aunque el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, había insistido hasta ahora en los efectos positivos de la última reforma tributaria sobre el crecimiento y el recaudo, hace unas semanas admitió que el gobierno estaba considerando pedir la revisión de la regla fiscal, una especie de camisa de fuerza que lo obliga a alcanzar unas metas puntuales en materia de déficit: 2,4% del PIB en 2019 hasta llegar al 1% en 2022 (en 2018 la meta era de 3,1% y sí la cumplió).
“No hay razones para considerar que peligra el grado de inversión del país, ya que los principales indicadores de nuestra economía están en línea con los de otras similares que tienen grado de inversión”, explicó Carrasquilla, quien ha dicho que el gobierno espera vender activos por unos $3 billones en 2019.
Y aunque la decisión del Comité Consultivo de la regla fiscal solo se conocerá oficialmente hoy viernes, el miércoles trascendió que sería positiva, algo que se daba por descontado. Gracias a ello, el gobierno podría exceder entre 0,4% y 0,5% la meta de déficit fiscal en un período que deberían establecer los miembros de ese cuerpo asesor independiente.
“El gobierno Duque no ha escuchado las advertencias que hemos hecho los economistas sobre la necesidad de adoptar un plan B de ajuste fiscal, ya que la ley de financiamiento no resolvió el problema del 2020 en adelante”, explicó el exministro Guillermo Perry y quien también es miembro del Comité.
De hecho, en su informe la misión del FMI señaló que aunque la Ley de Financiamiento debería impulsar la inversión, puede llevar a menores ingresos a medida que entre en efecto la reducción en la carga tributaria para las empresas desde 2020 en adelante.
Por ello, señaló que el gobierno debería considerar la posibilidad de tomar medidas estructurales en materia de ingresos y gasto público, con el fin de aumentar el recaudo en 2 ó 3 puntos del PIB (una suma nada despreciable ya que el recaudo total de 2018 fue del 13,6% del PIB), y adoptar las medidas sugeridas por la comisión del gasto público para mejorar su eficiencia, incluyendo una orientación de los subsidios energéticos y una mejor selección de los proyectos financiados con inversión pública.
“Los desafíos fiscales crecientes deberán afrontarse pronto, mientras que las reformas estructurales siguen siendo determinantes para darle impulso al crecimiento inclusivo y a la competitividad externa”, explicó el FMI al señalar que, aunque el flujo migratorio desde Venezuela conlleva algunos costos de ajuste, con el tiempo acarrearía un aumento en el PIB potencial.
