Human Rights Watch denuncia deficiencias en la protección de líderes sociales

Publicado: febrero 10, 2021, 4:57 pm

En un nuevo informe la organización no gubernamental (ONG) Human Rights Watch evidencia que en los últimos cinco años se ha registrado un aumento en los asesinatos a líderes sociales.  Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), desde el 2016 se han presentado más 400 crímenes en el país.

Ante esto, la organización calificó al gobierno de Iván Duque de reaccionar de manera “lenta y deficiente” en la implementación de políticas para prevenir estos hechos.

«En los últimos años, Colombia ha tenido el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina; mientras tanto, la respuesta del gobierno ha estado más enfocada en elaborar discursos y anuncios que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

La Oficina del ACNUDH también denunció que estos crímenes, pasaron de 41 en 2015 a 108 en 2019, mientras que en 2020 documentó 53 y otros 80 que están siendo verificados. Asimismo, reveló que desde 2016 al menos 49 defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas.

Estos hechos habrían aumento desde la desmovilización de las FARC como parte del acuerdo de paz de 2016. Según el reporte, los grupos armados, incluyendo las “disidencias” se han disputado el control de los territorios, desarrollando actividades ilegales y ataques contra civiles.

“La incapacidad de las autoridades para ejercer un control efectivo y establecer una presencia estatal civil significativa en muchas zonas anteriormente ocupadas por las FARC ha permitido en gran medida esta dinámica”, señala HRW.

De igual modo, revela que estos crímenes obedecen dinámicas distintas según la región. En el Norte del Cauca, las disidencias han asesinado a numerosos defensores de derechos humanos de las comunidades indígenas nasa que se oponen a la presencia de los grupos armados y al tráfico de drogas en sus territorios.

En Tumaco, los crímenes están relacionados por no obedecer las órdenes de los grupos armados o por supuestas colaboraciones con el Ejército.  Además, han amenazado a las personas que apoyan proyectos para sustituir los cultivos de coca.

“El gobierno ha desplegado militares en muchas zonas del país, pero no ha logrado fortalecer el sistema de justicia, mejorar la protección de la población ni asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos”, aseveró la organización de derechos humanos.

«Colombia tiene un gran número de políticas, mecanismos y leyes para prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo. Sin embargo, su implementación a menudo ha sido pobre», concluyó Human Rights Watch.