Publicado: febrero 18, 2019, 5:02 am
Este martes, el Gobierno dará a conocer el Plan de Desarrollo 2018-2022; un documento en el que planea las principales estrategias de su gobierno y hacia dónde dirigirá sus esfuerzos en los diferentes aspectos socio económicos del país.
Sin embargo, el documento, que se puede descargar de forma gratuita de la página web del DNP ha suscitado toda serie de críticas especialmente por cinco puntos, que, de acuerdo con los expertos, afectan a los colombianos y corto, mediano y largo plazo.
1.Eliminación de los subsidios para estrato 3
El esfuerzo que representa para la economía del país, y la inversión de cerca de 700.000 millones de pesos son las razones por las cuales el Gobierno decidió, en el artículo 179 del Plan Nacional de Desarrollo, eliminar lo subsidios de energía para el estrato 3 y la reducción para los estratos 1 y 2.
El subsidio, que para el estrato 3 era del 15% será eliminado gradualmente, mientras que para los estratos 1 y 2 no podrá sobrepasar el 50% y el 40% respectivamente. Esto despertó la molestia de los ciudadanos que tendrán que pagar, en promedio, 15.000 pesos más de energía de lo que normalmente pagaban, es decir, que pasará un recibo de 75.000 pesos a 90.000 pesos aproximadamente.
De acuerdo con el gobierno, muchos de los hogares de estrato 3 no necesitan de este beneficio y hay un déficit fiscal que se puede subsanar con este ahorro.
2. Impuesto de licores
Los gobernadores de diferentes departamentos del país pusieron el grito en el cielo tras conocerse Los artículos 146, 147 y 148 del PND que plantea un nuevo impuesto a los licores, especialmente al aguardiente y los vinos.
Estos proponen varios cambios a la Ley 1816 que había sido aprobada en 2016, entre otros, aplicar una tarifa única “por grado de alcohol para los licores y aperitivos y otra para vinos y aperitivos vínicos. En la ley de 2016 ya habían acordado que una parte del impuesto se debe determinar sobre el precio de venta de los licores y otra de acuerdo a la cantidad de alcohol que contengan.
Sin embargo, para los gobernadores y comerciantes que se oponen a la medida, esto afectaría los ingresos de los productores y vendedores, ya que ya no se cobrará teniendo en cuenta que unos licores son más costosos que otros, sino que pone tabla rasa sobre todos ellos. Y además, las personas que consumen licores de menor costo, tendrán que pagar más impuestos.
3. Aumento de pagos de prestaciones para los trabajadores independientes
Recientemente, el senador Carlos Motoa prendió las alarmas al dar a conocer que el artículo 140 del PND que obligaría a los trabajadores con contrato por prestación de servicios e independientes a aumentar al base de su cotización a un 15% más de lo que están pagando actualmente, medida que se aplicaría para ingresos superiores e iguales a un salario mínimo.
El senador calificó de absurda la medida ya que los trabajadores independientes ya deben sacar gran parte de sus ingresos para cancelar este valor y esto reduciría drásticamente sus ingresos.
4. Trasladar el manejo del presupuesto de inversión de Planeación Nacional al Ministerio de Hacienda
Actualmente, el monto del presupuesto de inversión es acordado entre la cartera de Hacienda y el DNP, recursos que son asignados por Planeación teniendo en cuenta las prioridades contempladas en el Plan de Desarrollo o por el CONPES. Sin embargo, el artículo 47 del PND plantea la eliminación de la participación de Planeación Nacional en la administración de los recursos y faculta únicamente al Ministerio de Hacienda para hacerlo.
Según los expertos se estaría eliminando una de las principales funciones técnicas de la entidad y es la coordinación de la inversión pública y la elaboración del presupuesto de inversión.
5. Presidente podría recortar o eliminar entidades estatales
El artículo 181 otorga facultades extraordinarias al Presidente de la República para crear o eliminar nuevas entidades públicas y cargos en el Estado. Esto implicaría que, según los deseos presidenciales, podría eliminarse o no una entidad en cualquier momento.
La representante a la Cámara Norma Hurtado, de La U, dice que el Gobierno “debe especificar y soportar con estudios técnicos las entidades que proyecta crear o modificar; el Congreso no puede entregar al presidente Duque un cheque en blanco para reformar la Administración central y sus entidades descentralizadas”.
